CE - Sentencia 76001233300020210069602 de 2025

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Nº Interno: 0223-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00696-02 (0223-2025)1

Demandante: UGPP Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derechoLesividad_ Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

Pretensiones:

La UGPP solicitó que se declare la nulidad de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Blanca Inés Flores Gómez en calidad de cónyuge del causante, señor Eduardo Enrique Gómez G arcía, tras considerar que no le asiste derecho, puesto que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003

del causante, señor Eduardo Enrique Gómez G arcía, tras considerar que no le asiste derecho, puesto que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 dado que no acreditó los requisitos de convivencia requeridos para el efecto.

1 Expediente digital 2 Expediente digital 022

Nº Interno: 0223-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

A título de restablecimiento del derecho pidió lo siguiente: SEGUNDA. - Que, como consecuencia de la declaración anterior, se declare y concluya que a la señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del se ñor EDUARDO ENRIQUE GOMEZ GARCIA, pues no acredito los requisitos de convivencia requeridos para el efecto. TERCERA. - Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante EDUARDO ENRIQUE GOMEZ GARCIA a pagar o reintegrar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI ÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI ÓN SOCIALUGPP, todas las sumas de dinero pagadas de manera indebida. CUARTA. – La condena respectiva se ajustará tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A. QUINTA. - Si la señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ beneficiaria de la

CUARTA. – La condena respectiva se ajustará tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A. QUINTA. - Si la señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante EDUARDO ENRIQUE GOMEZ GARCIA no efectúa el pago en forma oportuna, deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios conforme al artículo 192 del C.P.A.C.A. SEXTA. - Que se condene en costas a la parte demandada señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante EDUARDO ENRIQUE GOMEZ GARCIA, si a ello hubiere lugar.

Los hechos en que se fundamenta la demanda son los siguientes:

La UGPP relató que mediante la Resolución No. 3786 de 21 de septiembre de 1990, la Seccional Valle del Cauca I.S.S., en calidad de Patrono reconoció una pensión de jubilación con expectativa a compartir a favor del señor Gómez García, en cuantía de equivalente a $ 442.403, a partir del 11 de julio de 1990, prestación equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el último año de servicio, 11 julio de 1989 – 10 julio de 1990, de conformidad a lo señalado en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y en artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.3

Nº Interno: 0223-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

La entidad demandante relató que, posteriormente y mediante la Resolución No.

Nº Interno: 0223-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

La entidad demandante relató que, posteriormente y mediante la Resolución No. 002586 de 28 de marzo de 1995 el ISS en calidad de Asegurador reconoció una pensión de vejez al señor Eduardo Enrique Gómez García, en cuantía de $411.494, a partir del 24 de junio de 1993, prestación que se liquidó aplicando una tasa de reemplazo del 69% del promedio de lo devengado en las últimas 1000 semanas de conformidad con lo señalado en el Decreto 758 de 1990 y reconoció un retroactivo a favor del Instituto del Seguro Social ISS en calidad de Patrono en cuantía de $12.412.955.

Expresó que, el fallecimiento del señor Eduardo Enrique Gómez García tuvo lugar el día 31 de agosto de 2019, según el Registro Civil de Defunción aporta do con la demanda, y que, con ocasión de dicho suceso, se presentó la demandada, señora Blanca Inés Flórez Gómez en calidad de cónyuge supérstite a reclamar la pensión de sobrevivientes.

La UGPP, a través de la Resolución N° RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, reconoció la pensión de sobrevivientes, a partir del 01 de septiembre de 2019, día siguiente al fallecimiento del causante, en las mismas cuantías devengadas en porcentaje del 100%.

Refirió que, aunque se reconoció la prestación, existían dudas sobre si se cumplió el requisito de la convivencia por el término de 5 años, entre la señora Flórez Gómez, y

porcentaje del 100%.

Refirió que, aunque se reconoció la prestación, existían dudas sobre si se cumplió el requisito de la convivencia por el término de 5 años, entre la señora Flórez Gómez, y el causante. Con fundamento en ello, se adelantó una investigación interna de la entidad. A través del Informe Técnico de Investigación Administrativa No. 218691 de 10 de diciembre de 2019, respecto de la convivencia entre causante y solicitante se concluyó lo siguiente:4

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Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

“INCONFORME: Una vez revisados los documentos obrantes aportados en la presente solicitud por Blanca Inés Flórez Gómez y con base en las pruebas recabadas y analizada s. De acuerdo con la información verificada, entrevistas y trabajo de campo, se logró establecer que la señora Blanca Inés Flórez Gómez (solicitante) y el señor Eduardo Enrique Gómez García (causante) convivieron como pareja desde día 28 enero de 2017 hasta el día 31 agosto de 2019, fecha de fallecimiento del causante. Lo anterior en contradicción con lo manifestado por la solicitante en su declaración extra juicio, en la que manifestó haber convivido c on el causante desde el 15 de febrero de 2012. El resultado de la convivencia no está avalado por cuanto no se pudo verificar con los testimonios de los familiares y vecinos del causante su convivencia en las fechas aludidas anteriormente. Adicionalmente se manifestó por parte de la solicitante algunas inconsistencias con respecto al lugar y tiempo de residencia de la pareja puesto que no se encontraron vecinos

se pudo verificar con los testimonios de los familiares y vecinos del causante su convivencia en las fechas aludidas anteriormente. Adicionalmente se manifestó por parte de la solicitante algunas inconsistencias con respecto al lugar y tiempo de residencia de la pareja puesto que no se encontraron vecinos que pudieran dar fe de su convivencia y algunos familiares manifestaron no conocer su convivencia antes de la celebración de su matrimonio”.

La UGPP en atención del mencionado informe, expidió el acto administrativo No. ADP 000285 de 22 de enero de 2020, en el cual solicitó a la señora Blanca Inés Flórez Gómez autorización para revocar la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019 en razón a que el Informe Técnico realizado arrojó inconsistencias en el tiempo de convivencia entre el causante y la beneficiaria , toda vez que , únicamente convivieron desde el 28 de enero de 2017 fecha del matrimonio con el causante y hasta el fallecimiento del mismo, ocurrido el día 31 de agosto de 2019 y frente a la contingencia de muerte del afiliado, el sistema general de seguridad social reg uló la pensión de sobrevivientes y fijó una serie de requisitos para su obtención, para el caso en específico de la señora Blanca Inés Flórez Gómez en calidad de Cónyuge, la normatividad vigente para la fecha en que ocurrió el deceso, es la contenida la Le y 797 de 2003, que exige un mínimo de tiempo de convivencia (5 años), los que no logro acreditar la citada señora, puesto que no fue posible verificar la convivencia aducida desde el 15 de febrero del 2012, ya que no se encontraron ni familiares, ni vecinos

acreditar la citada señora, puesto que no fue posible verificar la convivencia aducida desde el 15 de febrero del 2012, ya que no se encontraron ni familiares, ni vecinos que pudieran dar fe de dicha convivencia.Nº Interno: 0223-2025

Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

1.2. Concepto de violación.

Disposiciones Constitucionales: 4, 48, artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Disposiciones Legales: artículo 47 Ley 100 de 1993, Decreto 1653 de 1977 artículos 19 y 21, artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, Ley 797 de 2003.

La UGPP señaló que, en el presente asunto se han quebrantado las siguientes disposiciones superiores y legales por indebida aplicación, errónea interpretación e infracción de las normas en las que el acto debi ó́ fundarse, falsa motivación, e ilegalidad del acto expedido por la UGPP por medio del cual se reconoció́ y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora BLANCA INES FLOREZ GOMEZ en calidad de cónyuge; contrariando así́ el ordenamiento jurídico que era el aplicable en el presente asunto como pasa a verse: […]

Expresó de manera amplia que, el reconocimiento pensional que se realizó en el acto demandado, vulnera el derecho a la estabilidad financiera en el sistema del sistema de seguridad social establecido en el artículo 48 constitucional, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta que para ser

el acto demandado, vulnera el derecho a la estabilidad financiera en el sistema del sistema de seguridad social establecido en el artículo 48 constitucional, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005, teniendo en cuenta que para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, quien reclama la prestación, en ese caso, la cónyuge supérstite la señora Blanca Inés Flórez Gómez debió haber realizado vida en común con Eduardo Enrique Gómez García, hecho que fue desvirtuado por el informe técnico adelantado al interior de la entidad, en donde se advirtió que no logró demostrarse el periodo de convivencia de 5 años que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Argumentó que , en atención de dicho informe, y ante la negativa de la demandada de autorizar la revocatoria de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, consideró necesario acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, para enjuiciar su propio acto, en aras que, no se siga reconociendo la pensión de sobrevivientes a la demandada, ya que como se demuestra con el citado informe no cumple con la condición de tiempo exigida en el art. 47 de la Ley 100 de 1993.6

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Demandante: UGPP

Demandada: Blanca Inés Flórez Gómez

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2. Contestación de la demanda

La señora Blanca Inés Flórez no dio respuesta a la demanda, como se dejó constancia secretarial en el índice 00015 de Samai.

3. Alegatos de primera instancia

2. Contestación de la demanda

La señora Blanca Inés Flórez no dio respuesta a la demanda, como se dejó constancia secretarial en el índice 00015 de Samai.

3. Alegatos de primera instancia

Solamente la parte demandante presentó alegatos de conclusión. Para el efecto, reiteró los argumentos expresados en la demanda y destacó una vez más que, no se encuentra demostrado el requisito de convivencia que exige la norma para el reconocimiento pensional.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas en esta instancia. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:

Lugo de analizar el régimen p ensional y la pensión de sobrevivientes, el tribunal determinó que, la UGPP no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía, puesto que, si bien citó la investigación administrativa adelantada por la entidad a la señora Blanca Inés Flórez Blanco, la cual arrojó a su juicio que la demanda no acreditó la convivencia por el término de 5 años anteriores a la muerte del c ausante, lo cierto es que, no se aportó el soporte de las declaraciones de los testimonios rendidos, así como tampoco fueron solicitados como pruebas testimoniales en el curso de este proceso, por lo que a juicio del tribunal no se surtió el derecho de contradicción de las pruebas practicadas administrativamente y por ende estaría en duda la fuerza probatoria de dicho informe para desconocer la legalidad del acto demandado.

Recurso de apelación

a juicio del tribunal no se surtió el derecho de contradicción de las pruebas practicadas administrativamente y por ende estaría en duda la fuerza probatoria de dicho informe para desconocer la legalidad del acto demandado.

Recurso de apelación

La UGPP, como apelante única , solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado. En concreto, sostuvo que no es cierto como lo señaló la primera instancia que no se hayan aportado las pruebas que demostraran la ausencia7

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de convivencia entre la demandada y el causante, puesto que el informe técnico es prueba suficiente para anular el acto demandado, por fal ta del cumplimiento del requisito de convivencia de 5 años que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

II. CONSIDERACIONES

2.2. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establ ecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.3 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, le corresponde a la Sala de Subsección determinar , si revoca la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, analizará si la señora Blanca Inés

corresponde a la Sala de Subsección determinar , si revoca la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, analizará si la señora Blanca Inés Flórez cumple con el requisito de convivencia de 5 años, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge supérstite del señor Eduardo Enrique Gómez García.

Con el propósito de desatar el p roblema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.4 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional, 2.5 Hechos probados y 2.6. Análisis sustancial.

3 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»8

Nº Interno: 0223-2025

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deberán alegarse durante la audiencia.»8

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2.4 Cuestión previa

Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé:

(i) Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena del suceso de la caducidad de la acción.

(ii) A manera de excepción, cuando la demanda sea pro movida contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o contra actos producto del silencio administrativo, puede presentarse en cualquier tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.

restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.

No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas rel acionadas con pensiones, de la siguiente manera:9

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«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser eje rcidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el

tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024, día de promulgación de la comentada ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado de manera contrari a a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal son de orden p úblico y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubier en comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».10

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comenzaron a surtirse las notificaciones».10

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Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, la Sala realizará el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la

2.5. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, la Sala realizará el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Como bien lo ha dicho esta Sala 4, la muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer de forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir.

Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de los

4 Sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014, expediente 08001 23 31 0002001 02315 01 (0964-2012). MP Gerardo Arenas Monsalve11

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beneficiarios de esta prestación; la primera de ellas, concedida con ocasión del fallecimiento del pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente dicho estatus, pero que no se le había reconocido fo rmalmente, y la segunda otorgada en virtud de un afiliado no pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las condiciones para acceder a una pensión.

En cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional, esta Subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional, esta Subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

Ahora bien, como quiera que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, con aplicación del régimen consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, mediante Resolución No. 0431 del 10 de marzo de 2004 5 reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual de vejez a favor del señor Jaime Francisco Correa , a partir del 1º de febrero de 2003 y el derecho a la sustitución de la pensión de invalidez se causó con la muerte del causante, ocurrida el 19 de noviembre de 20166, le resultan aplicables las disposiciones consagradas en el régimen general de pensiones, esto es la Ley 100 de 1993.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», previó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, disposición normativa modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 «Por la cual se reform an algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».

Por su parte, el artículo 47 de la legislación general modificado por el artícul o 13 de la Ley 797 de 2003, previó el orden de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes . Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

sobrevivientes.

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes . Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

5 Folios 51, 52 y 53 del expediente prestacional 6 A folio 20 del expediente judicial obra el registro civil de defunción12

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a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la

su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo 7. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente (…) Entonces, con respecto al cónyuge y al compañero permanente se tiene que: sí a la fecha del fallecimiento del causante, el cónyuge o compañero permanente tiene 30 años de edad, la pensión se reconoce de manera vitalicia; si es menor de dicha edad, sin hijos con el causante, la pensión será temporal, por 20 años. El cónyuge o compañero o compañera permanente debe acreditar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte, así como la

si es menor de dicha edad, sin hijos con el causante, la pensión será temporal, por 20 años. El cónyuge o compañero o compañera permanente debe acreditar que hizo vida marital con el causante hasta su muerte, así como la

7 La Corte Constitucional, por sentencia C -1035 de 2008 declaró exequible este apartado, en el entendido que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.13

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convivencia con el causante no menos de cinco años continuos anteriores a su deceso.

En el caso de que solo haya cónyuge la pensión corresponderá a este. Si no hay cónyuge, pero hay compañera o compañero permanente, la pensión corresponderá a estos últimos8.

Cuando solamente está el cónyuge la pensión corresponde a este, ni no hay cónyuge, pero si existe el compañero o compañera permanente, la pensión corresponderá al compañero o compañera. Sobre este aspecto

2.6. Hechos probados . A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamie