CE - Sentencia 76001233300020210107702 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025)

Demandante: Rubiela García Arboleda Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden territorial. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Rubiela García Arboleda instauró demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

ANTECEDENTES

La señora Rubiela García Arboleda instauró demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la Resoluci ones (i) RDP 045961 del 5 de noviembre de 2015 y (ii) RDP 020847 del 27 de mayo de 2016, por medio de las cuales la entidad negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 Ver índice 3 de SAMAI-Tribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a reconocer y pagar la mencionada pensión a partir del 1.° de marzo de 2015, en un monto equivalente al 75% de todo lo devengado durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus.

Que la entidad pague las mesadas atrasadas, reconozca los reajustes por concepto de Ley 71 de 1988 y Ley 100 de 1993 desde que se consolidó el derecho.

Que se condene a la demandada en costas y que reconozca los intereses moratorios del CPACA a partir de la ejecutoria de la sentencia.

HECHOS

Que se condene a la demandada en costas y que reconozca los intereses moratorios del CPACA a partir de la ejecutoria de la sentencia.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 2 de septiembre de 1951 y prestó sus servicios como docente oficial desde el 6 de octubre d e 1974 en el municipio El Dovio, Valle del Cauca, hasta el 30 de agosto de 1978. De manera posterior, laboró al servicio del departamento a través de OPS, desde el 2 de septiembre de 1996 hasta el 30 de junio de 1997.

Continúo con el ejercicio de labores docentes con la misma entidad territorial en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 009 del 12 de julio de 1999, desde 1.° de agosto de 1997 hasta el 1.° de marzo de 1999, y a partir de esta última fecha, siguió desempeñando sus labores en las mismas calidades, completando los 20 años de servicio el 1.° de marzo de 2015 como docente territorial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgreden los artículos: 13 de la Constitución Polít ica, 1.° y 4.° de la Ley 114 de 1993, 3.° de la Ley 37 de 1933, 126 y 127 de la Ley 115 de 1994, 15 de la Ley 91 de 1989, 6 de la

Leu 60 de 1993, 279 de la ley 100 de 1993 , 32 y 34 del Decreto 2277 de 1979; la Ley 39 de 1903, y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018.

Que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, la Ley 116 de 1928, la Ley 37 de 1933 y la Ley 91 de 1989, las cuales reconocen la pensión gracia para maestros de escuelas primarias oficiales, inspectores e instructores públicos que hayan servido al menos 20 años.

Sostiene que el Consejo de Estado, en sentencias como la del 20 de agosto de 2015 y la del 21 de junio de 2018, reconoce estos derechos siempre que se demuestre el cumplimiento de los requisitos legales, rechazando únicamente aquellos casos donde las certificaciones sea n irregulares o el tiempo de servicio no estéCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) debidamente probado, como se observa en la revisión de los expedientes hasta octubre de 2025.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA El 11 de febrero de 20222 fue admitida la demanda, y se notificó a la UGPP, quien manifestó que3, según los documentos del expediente, la demandante trabajó entre 1974 y 1978 en el municipio de El Dovio con una vinculación municipal, y entre 1999 y 2017 en el departamento del Valle del Cauca, con vinculación nacional. Por tanto,

manifestó que3, según los documentos del expediente, la demandante trabajó entre 1974 y 1978 en el municipio de El Dovio con una vinculación municipal, y entre 1999 y 2017 en el departamento del Valle del Cauca, con vinculación nacional. Por tanto, no reúne el tiempo mínimo exigido de 20 años en calidad territorial o nacionalizada, lo que impide el reconocimiento de la prestación. Propuso como excepciones las que denominó: (i) ine xistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción. El 8 de febrero de 20234, el tribunal de primera instancia fijó el litigio e incorporó las pruebas documentales presentadas con la demanda y la contestación . El 5 de agosto de 2024 incorporó las pruebas documentales allegadas por el municipio de El Dovio y el 18 de noviembre de 2024 y las aportadas por el departamento del Valle del Cauca ; cerró el debate probatorio y corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto, si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de enero de 2025, negó las pretensiones. Expuso que, el tiempo acreditado es insuficiente para obtener la pensión gracia , pues la actora no demostró la calidad de docente territorial o nacionalizad a por más de 20 años, y solo tuvo en cuenta 10 años, 4 meses y 14 días laborados como educadora bajo un vínculo nacionalizado, según

para obtener la pensión gracia , pues la actora no demostró la calidad de docente territorial o nacionalizad a por más de 20 años, y solo tuvo en cuenta 10 años, 4 meses y 14 días laborados como educadora bajo un vínculo nacionalizado, según los decretos de nombramiento de 1974, 1997, 1999, la orden de servicio de 1996 y los certificados aportados por el municipio de El Dovio y el departamento del Valle del Cauca.

Respecto a la labor ejercida en los años 1978, 2001 y 2004, aunque se aportaron las actas de posesión , no se incluyeron los respectivos actos de nombramiento ni certificados que detallen el tiempo labora do o confirmen de manera inequívoca el tipo de vinculación, y que entre el 4 de mayo de 2008 y el 1.° de octubre de 2017, en el certificado de historia laboral se indica una vinculación nacional y no se presentaron pruebas relacionadas que desvirtuaran el contenido de dicho

2 Ver índice 5 de SAMAITribunales. 3 Ver índice 11 de SAMAITribunales. 4 Ver índice 15 de SAMAITribunales. 5 Ver índice 39 de SAMAITribunales.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) documento. Además, en la base de datos de Fiduprevisora la demandante figura con una vinculación nacional.

Sin condena en costas.

EL RECURSO DE APELACIÓN6

documento. Además, en la base de datos de Fiduprevisora la demandante figura con una vinculación nacional. Sin condena en costas.

EL RECURSO DE APELACIÓN6

La demandante interpuso recurso apelación. Expuso que el tribunal incurrió en un defecto fáctico por una valoración arbitraria del certificado de historia laboral , y advierte que pese a que reconoció la vinculación territorial entre el 1.° de marzo de 1999 y el 3 de mayo de 2008, según el certifi cado, contradijo su propio criterio al desconocer los periodos posteriores, también consignados en el mismo documento.

Además, señaló que el Consejo de Estado ha aclarado que la naturaleza de la vinculación docente se determina por los actos administrati vos de nombramiento, no solo por el certificado de historia laboral. En su caso, manifiesta que los actos de nombramiento demuestran que fue designada por la Gobernación del Valle del Cauca tras un concurso de méritos, lo que confirma su vinculación territorial.

Que el tribunal de origen incurrió en un error al exigir los actos administrativos de nombramiento para el período del 4 de mayo de 2008 al 1 de octubre de 2017, pues estos no son nombramientos iniciales, sino novedades administrativas relacionadas que no modifican la naturaleza territorial del vínculo establecido por el Decreto 0279 del 15 de febrero de 1999, reconocido por el mismo operador judicial, y por tanto, al no reconocer un tiempo de servicio debidamente acreditado, se vulneran sus derechos. Señaló que el tribunal omitió ejercer plenamente su facultad oficiosa para decretar pruebas que aclararan su vinculación territorial, y aunque requirió al municipio de El

derechos. Señaló que el tribunal omitió ejercer plenamente su facultad oficiosa para decretar pruebas que aclararan su vinculación territorial, y aunque requirió al municipio de El Dovio y al departamento del Valle del Cauca, y este último aportó el Decreto 027 9 de 1999 y otros documentos que confirman el vínculo territorial, el despacho no insistió en obtener el expediente completo, trasladando indebidamente la carga probatoria a la demandante. Que cumplió con los requisitos de tiempo, edad y buena conducta, y tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de julio de 2025 7 se admitió el recurso de apelación y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

6 Ver índice 42 de SAMAITribunales 7 Ver índice 8 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) El Ministerio Público presentó concepto8 solicitando confirmar la sentencia apelada considerando que la actora no cumple con los requisitos, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo prestado fue bajo un vínculo nacional.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún periodo en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

De igual forma , el artículo 3 .° de dicha norma estableció que : «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó» , mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispu esto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta.

(Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

5. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

8 Ver índice 12 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una naci onal, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aqu ellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos

normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aqu ellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretar ía […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley» 9. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se d esarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la

en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nac ional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión

9 Consejo de Estado, Sección Segunda-SubsecciónA, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren, expediente 0417-07.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria

www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a par tir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedi o del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199710 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)

incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de un ificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 11 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaba n a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. 11 Proceso identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805 -2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación

factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo d e esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en e ducadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educ ativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defec to, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recurso s de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la

es de carácter territorial.

1. Origen de los recurso s de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala e n esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto , se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza del cargo aCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) ocupar, lo cual se puede advertir , entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se

ocupar, lo cual se puede advertir , entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia d e los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022 ,12 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anterior es providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

En tal sentido, confo rme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alc alde o gobernador pero en representación del

Gobierno Nacional.

12 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 76001-23-33-000-2021-01077-02 (1582-2025) iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que la señora Rubiela García Arboleda nació el 2 de septiembre 195113, de modo que cumplió los 50 años de edad el 2 de septiembre de 2001.

El segundo requisi to atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

• Periodo I: del 6 de octubre de 1974 al 30 de agosto de 1978

En relación con este período, obra en el expediente el Certificado de Información Laboral del 5 de junio de 2015 14, en el cual se indica que la actora se desempeñó como maestra municipal al servicio del municipio de El Dovio desde el 6 de octubre de 1974 hasta el 30 de agosto de 1978 . De igual forma, se encuentra el acta de posesión n.° 004615 como maestra municipal , que da cuenta de su vinculación a partir del 6 de oc