CE - Sentencia 76001233300020220067501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por l a parte demandante, Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), contra la sentencia del 28 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución GNR 180234 del 20 de mayo de 2014, mediante la cual se reliquidó e incluyó en nómina la pensión de vejez reconocida a la señora Nohra Hernández Domínguez, efectiva a partir del 1.° de enero de 2014, en cuantía inicial de $ 4.585.619, conforme con lo dispuesto el Decreto 546 de 1971.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) ordenar a la señora Nohra Hernández Domínguez reintegrar los valores pagados por concepto de aportes al fondo de solidaridad desde su inclusión en nómina de pensionados hasta que cese el pago, con

Hernández Domínguez reintegrar los valores pagados por concepto de aportes al fondo de solidaridad desde su inclusión en nómina de pensionados hasta que cese el pago, con la respectiva indexación ; y (ii) condenar a la accionada a l pago de los intereses a que haya lugar, así como las costas del proceso.

3. Argumentó que la liquidación de la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución GNR 180234 del 20 de mayo de 2014 fue contraria a derecho dado que la cuantía correcta ascendía a $ 2.038.822, actualizada a 2021 en $ 2.703.078 . Sin embargo, en el acto censurado se reconoció un valor de $ 4.585.619, debido a que se tomó un ingreso base de cotización (en adelante IBC) acumulado del mes de diciembre, Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación : 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023) Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Demandada : Nohra Hernández Domínguez Tema : Declara probada de oficio la excepción de caducidad de conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

2 sin depurar conforme a las reglas de liquidación, es decir, sin aplicar la asignación básica y las doceavas partes de los factores salariales correspondientes. Esta situación generó una mesada pensional desproporcionada.

Contestación de la demanda.

sin depurar conforme a las reglas de liquidación, es decir, sin aplicar la asignación básica y las doceavas partes de los factores salariales correspondientes. Esta situación generó una mesada pensional desproporcionada.

Contestación de la demanda.

4. Nohra Hernández Domínguez se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la presunta irregularidad en la liquidación de su pensión es atribuible a la entidad, ya que obedece a los procedimientos ejecutados por los funcionarios encargados de ese trámite, sin que pueda atribuírsele a ella , en su calidad de pensionada , conducta temeraria o dolosa.

5. Propuso las excepciones denominadas : cobro de lo no debido, ausencia de cumplimiento de la carga probatoria respecto de la falsedad, fraude o daño en el trámite pensional, y una excepción genérica. Estas fueron sustentadas en la improcedencia del reintegro de sumas de dinero, dado que no se utilizaron medios fraudulentos o ilegales y que, en todo momento, actuó de buena fe.

6. Finalmente, frente a la solicitud de condena en costas, señaló que no es procedente imponer dicha condena a ninguna de las partes, aun si el titular de la prestación resulta vencido, especialmente considerando que ella también ha incurrido en gastos por la contratación de un abogado.

II. SENTENCIA APELADA.

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas. Concluyó que los elementos probatorios aportados resultan insuficientes para efectuar la operación necesaria que permita determinar si el

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas. Concluyó que los elementos probatorios aportados resultan insuficientes para efectuar la operación necesaria que permita determinar si el acto administrativo acusado adolece de nulidad por un presunto error en el cálculo realizado durante la reliquidación de la mesada pensional. En consecuencia, señaló que, conforme al principio onus probandi, Colpensiones no acreditó del error alegado, lo que impide verificar la supuesta transgresión al régimen de pensiones invocada por la parte demandante.

8. Adicionalmente, el Tribunal consideró que no procede la condena en costas contra la entidad demandante, dado que en el proceso se ventilaron intereses de carácter público, concretamente el patrimonio del Estado.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

9. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación por la parte demandante al argumentar que para la liquidación de la pensión de la demandada se tuvieron en cuenta los valores cotizados y reportados como IBC. Señaló que la obligación de reportar correctamente el IBC recae en el empleador , conforme a lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. Indicó que el cálculo correcto arroja un valor de $ 2.038.822 para el año 2014, actualizado a $ 2.703.078 para el 2021, cifra inferior a la que actualmente percibe la demandada.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

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actualmente percibe la demandada.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

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10. Asimismo, insistió en que en el acto administrativo acusado aplicó indebidamente el Decreto 541 de 1976, al tomar cono base un IBC acumulado en del mes de diciembre , sin realizar la depuración correspondiente. Afirmó que no se acredita ron los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión bajo ninguna norma. Por último, solicitó que se ordene a la demandada reintegrar los valores recibidos indebidamente, por no asistirle derecho a percibirlos.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

11. Mediante auto proferido el 9 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte la demandante. Posteriormente, a través de providencia del 2 de abril de 2025 el despacho se abstuvo de decretar e incorporar la prueba documental allegada por la parte actora con el recurso de apelación , y se negó la solicitud de acumulación de procesos presentada por Colpensiones.

12. Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, la demandada presentó alegaciones respecto al recurso, señalando que la apelante carece de razón, dado que en su escrito introdujo asuntos que no fueron objeto del debate en primera instancia, como el presunto incumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez y la improcedencia de percibir doble asignación del erario . Además, discutió l os argumentos de la entidad relacionados con la devolución de las sumas pagadas, indicando que no se desvirtuó la presunción de buena fe y que no puede atribuírsele la

argumentos de la entidad relacionados con la devolución de las sumas pagadas, indicando que no se desvirtuó la presunción de buena fe y que no puede atribuírsele la responsabilidad de los errores de la administración.

13. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

14. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 de l Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia , corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico.

15. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

Aplicación de la regla de caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

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16. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier

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16. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

17. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma , según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se

disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma , según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vig or la ley. Frente a esta cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada norma2, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto es, el 16 de julio de 20243.

18. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual vulneración de l os principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,

1 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dic tan otras disposiciones”. 2 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022, C.P. Jorge Iván Duque

Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265 -2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 14312023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 3 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su

promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C -957 de 19977.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 39362018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

5 en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».

19. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

20. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o admi nistrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en l a necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho

Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en l a necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:

«[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P .), y del acces o efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P .). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho . […] el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados . […] Por ende, es extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.»4 (Subrayado propio).

21. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el

150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.»4 (Subrayado propio).

21. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico5.

22. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto origin al de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las

4 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 5 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

6 actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 6; y que fue en el segundo debate legislativo

Demandante: Colpensiones

6 actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 6; y que fue en el segundo debate legislativo adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es Ley de la República.

23. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C -835 de 2003 que declaró la inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229

C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):

«Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la

universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede ab andonarse a la suerte de un ad calendas graecas . Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notor iamente irracional y desproporcionada. […]

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P .), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los der echos de toda s las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la

integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los der echos de toda s las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»7 (Resaltado original, subrayado propio)

24. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del

6 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.” 7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

7 Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para que dicho reconocimiento sea cuestionado:

«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe,

«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es deci r, cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien a l Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.»8

25. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos

debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley par a jubilarse.

26. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores pensionados . C ontraposición en la cual, según el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenam iento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la

Constitución.

27. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que

derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la Constitución.

27. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta

8 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00675-01 (7682-2023)

Demandante: Colpensiones

8 Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.

28. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta , esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea»9.

29. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad concreto10, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.

30. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,

ostensible.

30. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla, advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.

31. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de algún delito.

32. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto último, aun si el demandado no la propuso como excepción.

Caso concreto.

curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto último, aun si el demandado no la propuso como excepción.

Caso concreto.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de no