CE - Sentencia 76001233300020240088603 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre del dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandantes: Michael Martínez Pérez Demandado: Consejo Nacional Electoral Temas: Constitución de áreas metropolitanas. Requisitos para su conformación. Consulta popular y aprobación ciudadana.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la decisión del 18 de julio del 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano Michael Martínez Pérez, actuando en nombre propio y con escrito del 19 de diciembre del 20242, presentó demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en la cual solicitó que se declare la nulidad de los

siguientes actos:

a) Resolución 001 del 26 de noviembre de 2024, proferida por la Comisión Escrutadora General del Valle del Cauca, donde se declara que los municipios de Cali y Jamundí

siguientes actos:

a) Resolución 001 del 26 de noviembre de 2024, proferida por la Comisión Escrutadora General del Valle del Cauca, donde se declara que los municipios de Cali y Jamundí cumplieron con los requisitos establecidos en los literales e) y f) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, aprobando la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia.

b) Resolución 001 del 26 de noviembre de 2024 proferida por la Comisión Escrutadora General del Cauca, donde se declara que el municipio de Puerto Tejada cumplió con los requisitos establecidos en los literales e) y f) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, aprobando la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia.

2. En consecuencia, solicitó que se ordene a los alcaldes del Distrito Especial de Santiago de Cali y de los municipios de Jamundí y Puerto Tejada cesar las acciones tendientes a la implementación de la referida área metropolitana.

1.1.2. Hechos y concepto de la violación

2. Con la Resolución 6042 del 24 de junio del 2024, la Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a los habitantes de Santiago de Cali, Palmira, Jamundí, Dagua, Candelaria

1 Archivo 001 de expediente digital. 2 Índice 3. Expediente en SAMAI, interfaz de usuario de tribunales administrativos.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

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2 Índice 3. Expediente en SAMAI, interfaz de usuario de tribunales administrativos.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (Valle del Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca) para la celebración de la consulta popular en la cual los ciudadanos decidirían si están o no de acuerdo con la creación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia.

3. Adelantados los comicios , a través de los actos demandados , las comisiones escrutadoras de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca declararon que en los municipios de Santiago de Cali, Jamundí y Puerto Tejada se cumplió con el requisito del literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 de 2013, aprobando la conformación territorial mencionada.

4. El demandante a legó que las decisiones expedidas por las autoridades electorales incurrieron en infracción de norma superior y en «falsa motivación por error de derecho» en la interpretación de aquel requisito.

5. En desarrollo de lo anterior, manifestó que el literal e) del artículo 8º del cuerpo normativo señalado dispone que «[s]e entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de [los] votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos la cuarta parte de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes».

la mayoría de [los] votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos la cuarta parte de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes».

6. Para el accionante, la disposición jurídica exige que el resultado electoral favorable se configure en la totalidad de los municipios interesados y no solo frente a algunos de ellos, por lo que no era procedente la decisión contenida en las resoluciones acusadas.

7. A su vez refirió que

«la pregunta planteada en la consulta se encaminaba a determinar si los ciudadanos estábamos de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia entre el Distrito Especial de Santiago de Cali y los municipios de Jamundí, Palmira, Candelaria, Dagua (Valle del Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), esto es Cali y seis municipios más, la misma no logró ser aprobada de ninguna manera, por cuanto la gente NO VOTÓ por la conformación del dicha área entre Cali y al menos uno de los municipios interesados sino por la totalidad de los mismos.

Incluso, si la intención era la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia entre Cali y cualquiera de los municipios interesados, la pregunta debió haberse planteado diferente. Ej: ¿Está usted de acuerdo con que su municipio conforme e integre el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, la cual estaría encabezada por el Distrito de Santiago de Cali?»3 (énfasis propio del texto original).

8. Precisó que una lectura de la norma desde su aspecto gramatical y de la exposición de

Metropolitana del Suroccidente de Colombia, la cual estaría encabezada por el Distrito de Santiago de Cali?»3 (énfasis propio del texto original).

8. Precisó que una lectura de la norma desde su aspecto gramatical y de la exposición de motivos en el correspondiente trámite legislativo, no permite entender que la aprobación de la conformación del área metropolitana puede surgir de la voluntad popular manifestada por una parte de los entes territoriales, por lo que, a su juicio, solo resulta válida la interpretación que propone como concepto de la violación.

1.2. Trámite procesal relevante

9. El 14 de enero del 20254, el sustanciador de primera instancia dispuso el traslado de la petición cautelar.

3 Se cita de forma literal, incluso con errores. 4 Índice 5. Sistema SAMAI. Interfaz de usuarios de tribunales administrativos.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10. Con auto del 6 de febrero del 2025 5, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió el medio de control de la referencia y negó la suspensión provisional de los efectos de las resolu ciones demandadas6. Esta última decisión fue objeto de apelación, siendo confirmada por esta judicatura en auto del 8 de mayo del 20257.

11. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se presentaron las siguientes

intervenciones:

confirmada por esta judicatura en auto del 8 de mayo del 20257.

11. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se presentaron las siguientes

intervenciones:

12. El Distrito Especial de Santiago de Cali8, actuando a través de apoderado judicial9, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En síntesis, además de proponer la excepción de inepta demanda, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Constitución, así como en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1454 de 2011 y 2º y 8º de la Ley 1625 del 2013, para la constitución de las áreas metropolitanas se requiere de la voluntad de dos o más municipios y no de la totalidad de aquellos como lo propone la parte demandante.

13. En esa medida, indicó que tanto el constituyente como el legislador, han dispuesto la existencia de dicho esquema asociativo, al cual pueden acudir, al menos, dos e ntes territoriales, como una manifestación de la autonomía que se les atribuye, que no puede estar condicionada a la expresión a favor de parte de otros municipios que, si bien manifiestan inicialmente su interés, no tuvieron el apoyo ciudadano necesario respecto de la iniciativa.

14. Citó el contenido del literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013, para referir que tanto el voto favorable que debe obtener la consulta como la participación mínima del censo electoral se verifica en punto de cada uno de los municipios intervinientes, mas no de la totalidad, por lo que resaltó que el accionante propone una lectura de la norma que resulta contraria a su tenor literal.

electoral se verifica en punto de cada uno de los municipios intervinientes, mas no de la totalidad, por lo que resaltó que el accionante propone una lectura de la norma que resulta contraria a su tenor literal.

15. A su vez, concordó lo anterior con el literal f) de la misma disposición jurídica, para resaltar que aquel consagra que en los municipios donde fuera aprobado el proyecto, los respectivos alcaldes procederán a protocolizar la conformación del área metropolitana, lo que, a su juicio, denota que tal posibilidad no requiere que todos los entes interesados hayan votado de forma positiva a la iniciativa.

16. Soportó la tesis anterior en pronunciamientos de la Corte Constitucional, especialmente, la sentencia C-072 del 2014, en la cual s e resaltó el ejercicio de la autonomía territorial, especialmente, cuando se plantea la conformación de un área metropolitana, indicándose que «el trámite de su conformación no puede supeditarse a la autorización de entes distintos a los entes locales».

17. El apoderado10 de la Registraduría Nacional del Estado Civil11 solicitó que se niegue la nulidad. Hizo referencia al marco legal que regula el proceso de constitución de áreas

5 Índice 20. Sistema SAMAI. Interfaz de usuario de tribunales administrativos. 6 En cuanto a esto último, la autoridad judicial de primer grado señaló que la petición cautelar no tiene «apariencia de buen derecho», dado que el artículo 2º de la Ley 1625 del 2013 prevé que las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público formadas por el conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de uno que se considera núcleo.

que el artículo 2º de la Ley 1625 del 2013 prevé que las áreas metropolitanas son entidades administrativas de derecho público formadas por el conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de uno que se considera núcleo. 7 Índice 19. Expediente digital SAMAI. Radicación 76001-23-33-000-2024-00886-01. 8 Índice 31. Expediente digital SAMAI. Interfaz de usuario de tribunales administrativos. 9 Abogado Andrés Felipe Cabezas Torres, identificado con cédula de ciudadanía 1.112.474.634, portador de la tarjeta profesional 263.184 del Consejo Superior de la Judicatura. 10 Luis Albeiro Rativa Atará, identificado con cédula de ciudadanía 80.762.189, portador de la tarjeta profesional 269.214 del Consejo Superior de la Judicatura. 11 Índice 37. Expediente digital SAMAI. Interfaz de usuarios de tribunales administrativos.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co metropolitanas, para luego señalar que la entidad no tiene legitimación en la causa, dado que la expedición de las resoluciones demandadas correspondió al Consejo Nacional Electoral, a través de sus comisiones escrutadoras, siendo que la Registraduría Nacional del Estado Civil solo actúa como secretario de las autoridades que llevan a cabo el conteo de votos y en los asuntos meramente logísticos relacionados con la celebración del certamen democrático.

18. El Consejo Nacional Electoral12 señaló que los actos demandados fueron expedidos

votos y en los asuntos meramente logísticos relacionados con la celebración del certamen democrático.

18. El Consejo Nacional Electoral12 señaló que los actos demandados fueron expedidos con fundamento en las leyes aplicables y, en consecuencia, están amparados por el principio de legalidad. Como soporte de lo anterior, refirió que las normas que regulan el trámite de conformación de las áreas metropolitanas no exigen que la voluntad popular sea mayoritaria en la totalidad de los municipios interesados, dado que basta para su integración la concurrencia de al menos dos entes territoriales.

19. El apoderado13 del municipio de Jamundí14 se allanó en su integridad a la defensa expuesta por el apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

20. En auto del 9 de abril del 202515, la sala de decisión del Tribunal Administrativo del Valle decidió sobre la excepción de inepta demanda presentada por el apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, la cual se fundó en la inexistencia de un acto susceptible de control, que declaró como probada y ordenó la terminación del proceso. Esta decisión fue objeto de recurso de apelación, que fue resuelto por esta Sección en providencia del 22 de mayo del corriente año16, en el sentido de revocarla.

21. El 10 de junio del 202517 se determinó obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior, así como dar aplicación al trámite de sentencia anticipada, para lo cual, se fijó el litigio18 y se decidió la incorporación de las pruebas documentales aportadas por las partes en sus escritos. Finalmente, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

1.3. Sentencia de primera instancia19

decidió la incorporación de las pruebas documentales aportadas por las partes en sus escritos. Finalmente, se ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

1.3. Sentencia de primera instancia19

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en decisión del 18 de julio del 2025, negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, la referida corporación judicial expuso que el literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013 señala la forma en que se entiende aprobada la consulta popular y el mínimo de participación ciudadana necesaria para el efecto, en cada uno de los municipios interesados en la conformación del área metropolitana, pero no dispone de manera expresa que se requiera el voto favorable en la totalidad de aquellos para proceder en tal sentido.

23. Resaltó que sostener que la aprobación debe ser unánime no solo implicaría desconocer el principio de autonomía territorial, sino que también otorgaría a los entes territoriales un

12 Índice 38. Expediente digital SAMAI. Interfaz de usuario de tribunales administrativos. Actuando a través de apoderada judici al, Carol Julieta Murcia Barón, con cédula 52.798.214 y portadora de la tarjeta profesional 174.731. 13 Carlos Andrés Echeverri Stechauner, cédula de ciudadanía 6.102.640, portador de la tarjeta profesional 151.823 del Consejo Superior de la Judicatura. 14 Índice 39. Expediente digital SAMAI. 15 Índice 52. Expediente digital SAMAI. 16 Índice 05. Expediente digital SAMAI. Radicación 76001233300020240088602. 17 Índice 72. Expediente digital SAMAI.

15 Índice 52. Expediente digital SAMAI. 16 Índice 05. Expediente digital SAMAI. Radicación 76001233300020240088602. 17 Índice 72. Expediente digital SAMAI. 18 En los siguientes términos: “Determinar si, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, para la conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia, era requisito indispensable que todos los municipios interesados aprobaran el proyecto sometido a consulta popular, y si la omisión de dicho requisito constituye una causal de nulidad de los actos administrativos demandados”. 19 Índice 82. Expediente digital SAMAI. Interfaz de usuario de tribunales administrativos.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co poder de veto que frustraría la voluntad democrática manifestada por la ciudadanía que, mayoritariamente, expresó su consentimiento para integrar el área metropolitana.

24. A su vez, refirió que «[e]l constituyente estableció que “dos o más municipios” pueden conformar un área metropolitana, y que una vez surtida la consulta popular, serán los alcaldes y concejos de los municipios donde haya sido aprobada quienes protocolicen su constitución. Esta visión es reiterada por el literal f) del mismo artículo 8, al disponer expresamente que la protocolización tendrá lugar únicamente en los municipios donde la propuesta haya sido aprobada. […] Una interpretación que exija unanimidad no solo contraría el principio constitucional

visión es reiterada por el literal f) del mismo artículo 8, al disponer expresamente que la protocolización tendrá lugar únicamente en los municipios donde la propuesta haya sido aprobada. […] Una interpretación que exija unanimidad no solo contraría el principio constitucional de autonomía territorial, sino que desconocería el contenido del modelo de integración voluntaria que rige a las áreas metropolitanas».

25. Bajo esta lectura, concluyó que «[e]stá plenamente acreditado que los municipios de Cali, Jamundí y Puerto Tejada cumplieron los requisitos legales de pa rticipación y aprobación. Por tanto, el proyecto fue válido en esos territorios y la conformación del área metropolitana con ellos tres resulta jurídicamente posible, legítima y ajustada al marco normativa aplicable. […] La falta de aprobación en Palmira, Candelaria, Dagua y Villa Rica solo impide su vinculación al esquema asociativo, pero no vicia el acto administrativo expedido en relación con los municipios donde sí se obtuvo aprobación válida».

1.4. Recurso de apelación20

26. La parte demandante recurrió la decisión de primera instancia, con fundamento en los

siguientes motivos de inconformidad:

27. Trajo a colación la caracterización de las leyes orgánicas desde la jurisprudencia constitucional, para concluir que aquellas son instrumentos mediante los cuales se determinan los procedimientos o pautas de aplicación de las normas del texto fundamental, indicando que, en el caso concreto, el artículo 319 Superior es el pilar fundamental del desarrollo de la Ley 1625 del 2013.

28. Consideró que la providencia del tribunal de instancia riñe directamente con el contenido constitucional y legal, en tanto bajo una interpretación que denominó «laxa» de las normas

desarrollo de la Ley 1625 del 2013.

28. Consideró que la providencia del tribunal de instancia riñe directamente con el contenido constitucional y legal, en tanto bajo una interpretación que denominó «laxa» de las normas aplicables, es claro que el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 del 2013 refiere a la s condiciones de aprobación del proyecto de conformación del área metropolitana .

Seguidamente, cuestionó que se hubi ere acudido al literal f) de la misma norma, que simplemente menciona el trámite dela protocolización de la decisión que obtuvo el apoyo ciudadano requerido.

29. Refirió que el sentido de la norma alegada como desconocida es claro y no contiene expresiones oscuras, al señalar que la conformación del área metropolitana se entenderá aprobada cuando la mayoría de los votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta, indicando que la expresión gramatical usada por la norma -cada uno-, necesariamente implica que se requiere la manifestación positiva en todos los entes territoriales que manifestaron su interés en la propuesta.

30. La providencia recurrida desconoce la interpretación en contexto y sistemática de la Ley 1625 del 2013, en tanto si bien el literal f) del artículo 8º refiere a la protocolización del proyecto aprobado, está circunstancia debe ser leída de manera exclusiva frente a la forma en que ello fue regulado en el literal e), que, insiste, requiere de los votos favorables en la

20 Índice 85. Expediente digital SAMAI.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

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20 Índice 85. Expediente digital SAMAI.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co totalidad de los municipios participantes. En esta medida, consideró que aceptar la tesis de la decisión apelada, implica que la consulta puede ser aprobada bajo dos criterios, es decir, aquel contenido en el literal e) y el que derivó el tribunal a quo de la lectura del literal f), lo que considera como no aceptable.

31. Finalmente, la sentencia impugnada dejó de lado el deber que les asiste a los jueces de aplicar al tenor literal de la norma, lo que desconoce el mandato impuesto por el artículo 230

Superior, así como los criterios de interpretación fijados en el artículo 27, 28 y 30 de la «Ley 84 de 1783», que según su juicio, prohíbe al operador judicial efectuar una interpretación distinta de aquella que deriva del texto de la disposición jurídica o de las que emanan de la Corte Constitucional o del legislador.

32. Conforme con lo expuesto, solicitó revocar el fallo del 18 de julio del 2025 y, en consecuencia, acceder a las pretensiones de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia21

33. Con auto del 25 de agosto del 2025 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr el traslado para alegar de conclusión. En esta oportunidad, se presentaron las siguientes

intervenciones:

33. Con auto del 25 de agosto del 2025 se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr el traslado para alegar de conclusión. En esta oportunidad, se presentaron las siguientes

intervenciones:

34. El apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil22 resaltó que la decisión recurrida fue acertada en punto de los requisitos necesarios para entender como aprobada una iniciativa para la conformación de un área metropolitana, en tanto no se requiere para el efecto la voluntad mayoritaria en la totalidad de los municipios interesados. A su vez, reiteró que la entidad carece de competencia para adelantar, tramitar y decidir sobre los escrutinios y resultados sobre la consulta popular cuestionada por el demandante.

35. El Consejo Nacional Electoral23 reiteró que los actos administrativos objeto de litigio fueron expedidos con apego al procedimiento fijado en la Ley 1625 del 2013, en tanto no se requiere la mayoría de la votación favorable en la totalidad de los municipios y, en ese sentido, afirmó que basta con la voluntad de dos o más en que ello ocurra para proceder con la constitución del área metropolitana. Por ello indicó que:

«Así las cosas, en el caso concreto una vez efectuado el escrutinio municipal mediante los actos demandados se declaró que los siguientes municipios constituirán el área metropolitana, en razón a que la mayoría de los ciudadanos de los siguientes municipios convocados en consulta popular votaron por la aprobación de la constitución: PUERTO TEJADA, CALI y

JAMUNDI.

Finalmente, los siguientes municipios NO constituirán el área metropolitana, atendiendo que en el escrutinio municipal se verificó que los ciudada nos de los siguientes municipios

JAMUNDI.

Finalmente, los siguientes municipios NO constituirán el área metropolitana, atendiendo que en el escrutinio municipal se verificó que los ciudada nos de los siguientes municipios convocados no cumplieron con los requisitos establecidos en los literales e) y f) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013: VILLA RICA, CANDELARIA, DAGUA Y PALMIRA.

En ese sentido se comparte la tesis de primera instancia que estableció que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, con base en los resultados válidos de la consulta popular, y en armonía con el marco normativo que rige la conformación de áreas metropolitanas. La interpretación del actor no se ajusta a una lectura integral de la ley y desconoce el carácter voluntario de la asociación territorial».

21 Consultable con el radicado 76001233300020240088603 22 Índice 008. Expediente digital SAMAI. 23 Índice 011. Expediente digital SAMAI.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

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36. El demandante24 reiteró sus argumentos de apelación.

37. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado25 solicitó confirmar el fallo de primera instancia. Consideró que la regulación de las áreas metropolitanas requiere de una interpretación sistemática y finalista, por lo cual, si bien puede resultar válida la lectura del demandante respecto del literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013, lo cierto es que

de una interpretación sistemática y finalista, por lo cual, si bien puede resultar válida la lectura del demandante respecto del literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013, lo cierto es que aquel debe ser entendido en el marco de las demás disposiciones de dicho cuerpo normativo que permiten la integración de estas formas asociativas con un mínimo de dos municipios, así como frente a la aplicación del principio de autonomía territorial y a la expresión ciudadana de los entes territoriales que sí aprobaron la iniciativa.

38. Con memorial del 12 de septiembre del 202526, se allegó memorial suscrito por Marlon Andrés Moreno Millán, quien acude en condición de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, aportando la documentación que lo acredita como tal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

39. De conformidad con lo establecido en el artículo 15027 y el literal d) del numeral 7º del artículo 15228 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 del 2024, esta Sección es competente para conocer del presente asunto29.

2.2. Cuestiones previas

40. Como fue expuesto en los antecedentes de esta providencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil alegó no tener legitimación en la presente causa, dado que su labor se limitó a aspectos meramente logísticos de la consulta popular llevada a cabo en Santiago de Cali, Palmira, Jamundí, Dagua, Candelaria (Valle del Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), mientras que correspondía al Consejo Nacional Electoral , a través de las comisiones

Palmira, Jamundí, Dagua, Candelaria (Valle del Cauca), Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), mientras que correspondía al Consejo Nacional Electoral , a través de las comisiones escrutadoras, expedir los actos demandados una vez concluido el escrutinio y declarar los municipios en los cuales se cumplió con la exigencia relativa al logro o no del apoyo ciudadano a la iniciativa del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia.

41. Revisado el trámite de instancia, se tiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no resolvió sobre el particular, por lo que corresponde a esta Sección emitir un pronunciamiento al respecto.

42. Sobre ello, es de resaltar que, en efecto, revisadas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, aquellas no tienen relación en punto de las irregularidades que aquí se alegan, que corresponden al presunto incumplimiento de los requisitos legales para declarar el cumplimiento de las exigencias del literal e) del artículo 8º de la Ley 1625 del 2013, dado que en virtud de la misma norma, la única labor que se asigna

24 Índice 012. Expediente digital SAMAI. 25 Índice 013. Expediente digital SAMAI. 26 Índice 015. Expediente digital SAMAI. 27 ARTÍCULO 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelacion es de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del

de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelacion es de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 28 ARTÍCULO 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) d) De la nulidad del acto electoral que declare los resultados del referendo o de la consulta popular del orden departamental, distrital o municipal (…). 29 El 10 de abril de 2025, la Sala negó la manifestación de impedimento de quien funge como ponente.Radicación: 76001-23-33-000-2024-00886-03

Demandante: Michel Martínez Pérez

Demandado: Consejo Nacional Electoral

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a dicha entidad es la de convocar a la consulta popular una vez se estudia el proyecto de conformación del área metropolitana y, en consecuencia, organizar el desarrollo de dicho mecanismo de participación (literal c) del artículo 8º, ibidem).

43. En esa medida, no se puede considerar que, en el presente asunto, la Registraduría Nacional del Estado Civil tenga legitimación en la causa por pasiva, por lo que, en atención a los argumentos expuestos por el apoderado de aquella, se declar