CE - Sentencia 76001233300020250057501 de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-202-00575-01

Demandante: Juan Carlos Oliveros Corrales

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-000-2025-00575-01

Accionante: Juan Carlos Oliveros Corrales

Accionado: Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de tutela

Tutela contra acto administrativo que ordenó traslado laboral. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó el actor en contra de la sente ncia del 8 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la solicitud de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 27 de agosto de 2025, Juan Carlos Oliveros Corrales, en nombre propio, interpuso acción de tutela1 con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada para prepensionados, a la dignidad humana, a la seguridad y a la familia, que consideró vulnerados por parte de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a la Resolución nœm. 05057 del 17 de julio de 2025, por medio de la cual se ordenó su reubicación de

vulnerados por parte de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a la Resolución nœm. 05057 del 17 de julio de 2025, por medio de la cual se ordenó su reubicación de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos - Cali a la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos - Guaviare.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente situación fÆctica:

2.1. El seæor Juan Carlos Oliveros Corrales se desempeæaba como Fiscal 94 Especializado adscrito a la Dirección Contra las Violaciones a los Derechos Humanos en Cali.

1 ˝ndice 00003 del aplicativo SAMAI del expediente dig ital de primera instancia, certificado B8C22B11FFDA662D 44305E4B49199E68 2E224BC99D2CA429 FB99D92205F8AF69.0000

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2.2. El 21 de julio de 2025 fue notificado de la Resolución nœm. 05057 d el 17 julio de 2025, proferida por el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación , mediante la cual se dispuso la reubicación del cargo de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos – sede Cali, a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos – sede Guaviare.

2.3. El accionante informó que contra la anterior decisión presentó recurso de

Violaciones a los Derechos Humanos – sede Cali, a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos – sede Guaviare.

2.3. El accionante informó que contra la anterior decisión presentó recurso de reposición bajo el argumento de que el acto desconoció el mandato legal que impide trasladar a un funcionario si ello implica condiciones menos favorables, pues n o basta con invocar la necesidad del servicio en abstracto, sino que es imperativo demostrar que dicha necesidad no afecta negativamente al empleado. Sustentó su recurso en (i) falta de motivación suficiente y específica, (ii) desconocimiento de sus condiciones personales y familiares, (iii) ausencia de un anÆlisis tØcnico o funciona l que respalde el traslado, (iv) violación al principio de proporcionalidad y razonabilidad, y (v) vulneración del artículo 2.2.5.9.3 del Decreto 1083 de 2015 (condiciones menos favorables). No obstante, manifestó que hasta la fecha de presentación de la solicitud de amparo de la referencia, no ha recibido respuesta.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, al mínimo vital, a la estabilidad l aboral reforzada para prepensionados, a la dignidad humana, a la seguridad y a la familia. En consecuencia, pidió que se ordene a la Fiscalía General de la Nación dejar sin efectos la Resolución nœm. 05057 del 17 de julio de 2025.

Como medida provisional deprecó la suspensión de los efectos de la Resolución 05057 del 17 de julio de 2025 con el fin de evitar la configuración de un perjuicio

Resolución nœm. 05057 del 17 de julio de 2025.

Como medida provisional deprecó la suspensión de los efectos de la Resolución 05057 del 17 de julio de 2025 con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, ya que una vez en firme el acto administrativo, tendría que trasladarse al departamento del Guaviare y asumir los perjuicios derivados de esta situación.

El accionante argumentó que la orden de traslado afecta sus garantías constitucionales por las siguientes razones:

3.1. Sostuvo que actualmente cuenta con graves afecciones de salud que le imponen un tratamiento mØdico constante y un abordaje clínico integral en la ciudad de Cali, debido a que fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada por alto estrØs.

3.2. Indicó que su esposa Sandra Milena Candelo Sandoval se encuentra radicada en la ciudad de Cali, cuenta con un arraigo personal, familiar y profesional, pues se encuentra vinculada por contrato de prestación de servicios en la gobernación del departamento del Valle del Cauca y en la alcaldía municipal, en su con dición de0000

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abogada. Adicionalmente informó que junto con ella adelantan un tra tamiento de fertilidad que no podría continuarse en Guaviare.

3.3. Puso de presente que su madre, la seæora María Elvia Corrales de Oliveros, tiene 90 aæos, padece mœltiples enfermedades y se encuentra bajo su cuidado, sumado al hecho que recibe atención especializada en la ciudad de Cali.

tiene 90 aæos, padece mœltiples enfermedades y se encuentra bajo su cuidado, sumado al hecho que recibe atención especializada en la ciudad de Cali.

3.4. Expuso que tiene un hijo de 18 aæos que estudia en el exterior, en la Universidad de Florida – Estados Unidos, a quien sostiene económicamente, situación que no fue tenida en cuenta en la cuestionada resolución.

3.5. Explicó que el traslado afectaría gravemente su derecho a la salud, la unidad familiar y el mínimo vital, al no existir en San JosØ del Guaviare infraestructura mØdica adecuada ni cobertura del plan medicina prepagada que actualmente utiliza.

3.6. Advirtió que si bien la reubicación que se impone hace parte de la potestad propia del empleador para atender razones de la necesidad del servicio, lo cierto es que esa decisión solo puede ser ejecutada siempre y cuando respete los crite rios de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso en concreto.

3.7. Seæaló que, desde el 1 de agosto de 2025, fecha en que prese ntó el recurso de reposición contra la Resolución 05057, habían transcurrido los 15 días para que la Fiscalía General de la Nación emitiera una decisión.

3.8. Manifestó que a pesar de que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo adecuado para controvertir el acto censurado, lo cierto es que la acción de tutela se torna procedente con el fin de evitar un perjuicio irremediable, pues todas las circunstancias anotadas dan cuenta de que su traslado afectarías de manera ostensible su derecho a la salud y el de sus familiares.

es que la acción de tutela se torna procedente con el fin de evitar un perjuicio irremediable, pues todas las circunstancias anotadas dan cuenta de que su traslado afectarías de manera ostensible su derecho a la salud y el de sus familiares.

3.9. Por œltimo, resaltó que, iba a instaurar la respectiva demanda ordinaria, por ello, con el escrito de tutela adjuntaba poder conferido a un profesional del derecho en el que lo facultaba para presentar solicitud de conciliación prejudicial y así agotar el requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

4. TrÆmite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente de primera instancia, mediante auto del 28 de agosto de 20252, admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada y ordenó la notificación a las partes.

2 ˝ndice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 3A5243186BBCD55B

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Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió la siguiente respuesta:

4.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones y deprecó que se declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. De manera subsidiaria solicitó negar el amparo en la medida en que el acto que ordenó la reubicación fue fundamentado en el marco legal que regula la

se declara la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. De manera subsidiaria solicitó negar el amparo en la medida en que el acto que ordenó la reubicación fue fundamentado en el marco legal que regula la planta de personal y en los direccionamientos estratØgicos de la entidad.

Precisó que los argumentos expuestos por el accionante debían ser ventilados ante el juez ordinario, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la tutela solo procede de manera residual y subsidiaria, cuan do el afectado haya recurrido y agotado primero todos los mecanismos ordinario s de defensa que tenga a su alcance.

Puso de presente que, contrario a lo manifestado por el convocan te, el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución nœm. 05057 del 17 de julio de 2025, si fue resuelto por esa entidad mediante Resolución nœm. 06052 del 25 de agosto de 2025, que resolvió no reponer el acto administrativo impugnado.

Sostuvo que el acto administrativo cuestionado se encontraba debidamente motivado y obedecía a las facultades legales otorgadas por el Decreto Ley 020 de 2014 y al cumplimiento de las necesidades que surgen de la implementació n de planes, programas y estrategias que la administración ha estructurado para el fortalecimiento de la acción institucional, lo que busca garantizar la correcta prestación del servicio encomendado a esa entidad, especialmente en la ejecución del Direccionamiento EstratØgico 2024-2028.

Afirmó que no se vulneraron los derechos invocados, ya que la reubicación del seæor Oliveros Corrales se realizó en el mismo cargo y se garantizan las condiciones

del Direccionamiento EstratØgico 2024-2028.

Afirmó que no se vulneraron los derechos invocados, ya que la reubicación del seæor Oliveros Corrales se realizó en el mismo cargo y se garantizan las condiciones laborales y de salud, lo que incluye la portabilidad de servicios mØdicos para el servidor y su nœcleo familiar. Asimismo, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sostenido que los traslados de servidores en plantas globales y flexibles no constituyen violación de derechos salvo que sean arbitrarios, intempestivos o afecten de manera grave e irremediable la salud o la familia del trabajador, condiciones que no concurren en el presente caso.

Respecto al diagnóstico del accionante y al tratamiento de la esposa y madre seæaló que la medida no ponía en riesgo la salud de Øl ni de su famil ia, toda vez que los procedimientos mØdicos que recibían a travØs de la EPS podían continuar en la nueva ubicación gracias al principio de portabilidad, que garantiza acceso a servicios de salud en cualquier municipio sin trÆmites excesivos.0000

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Por otra parte, arguyó que los cuidados de la madre del actor reque rían atención constante que este no podría asumir debido a su horario laboral, independientemente del lugar de trabajo.

Advirtió que, en aras de estudiar de fondo la situación del servidor, se consultó con el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional el cual, mediante correo

constante que este no podría asumir debido a su horario laboral, independientemente del lugar de trabajo.

Advirtió que, en aras de estudiar de fondo la situación del servidor, se consultó con el Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional el cual, mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2025 explicó que emitió el concepto mØdico realizado por el TØcnico en Prevención – MØdico ESO, en el cual indicó que “una vez revisados los soportes aportados por el servidor JUAN CARLOS OLIVEROS CORRALES, identificado con cØdula 16724058 y habiendo sido validados por medicina laboral, se considera que el concepto del Departamento en relación a su solicitud, es DESFAVORABLE”3.

Por lo tanto, seæaló que contrario a lo manifestado por el solicitante, la entid ad accionada evaluó el caso concreto para realizar la reubicación necesaria.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de primera instancia el 8 de septiembre de 2025 4, en la que negó la solicitud de amparo constitucional, al estimar que no se cumplieron los requisitos para la procedenci a excepcional de la acción de tutela contra actos de traslado laboral.

El a quo precisó que, en principio, el accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a travØs del cual podía controvertir l a legalidad del acto administrativo que ordenaba su reubicación, mediante el cual tambiØn puede solicitar el decreto de medidas cautelares como la suspensión provisional. Sin embargo, resaltó que, conforme a la jurisprudencia Constitucional y

legalidad del acto administrativo que ordenaba su reubicación, mediante el cual tambiØn puede solicitar el decreto de medidas cautelares como la suspensión provisional. Sin embargo, resaltó que, conforme a la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado referenciadas en esta providencia, la tutela procede de manera excepcional cuando la decisión de traslado resulta ostensiblemente arbitraria y, ademÆs, afecta de manera clara, grave y directa los derechos fundamentales del trabajador o de su nœcleo familiar, tales como la salud, la vida, la integridad o la unidad familiar. Por lo tanto, realizó un estudio con la finalidad de verificar si en el caso se configuraban las condiciones para la procedencia de la acción de tutela de manera excepcional.

Así entonces, luego de revisar los actos administrativos, el juez constitucional de la primera instancia advirtió que estos se encontraban motivados en necesidad de la prestación del servicio y en la implementación de planes, programas y estrategias para el fortalecimiento de la acción institucional, lo que indicaba que la decisió n de reubicación se adoptó con sustento jurídico y no de manera arbitraria, mÆxime

3 ˝ndice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 9DF929284F8932B9 1041F088DAB7E2FE 8F6295A55F8F96B3 DFDDDE8F982C85B7. 4 ˝ndice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado BB90D5868612040A

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4 ˝ndice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado BB90D5868612040A

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teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación puede asignar funcione s en todo el país bajo el principio de planta global y flexible, lo que n o advierte una desmejora en el cargo.

Respecto a los problemas de salud reportados por el actor, adujo que no se acreditó de manera suficiente que en el Departamento del Guaviare resulte imposible continuar con la atención requerida, no se probó que en dicho te rritorio no existan alternativas de atención mØdica bÆsica o especializada que permitan dar continuidad a su tratamiento, ni que su estado de salud presente una condición de gravedad tal que impida el traslado.

En lo relativo al tratamiento de fertilidad, el a quo afirmó que no se demostró que el traslado del accionante constituya un impedimento real o definitivo para su continuidad, de modo que dicho tratamiento podría seguir de manera independiente a la reubicación laboral.

En cuanto a la condición de la madre del accionante, el juez de primera instancia explicó que la dependencia familiar y emocional no era suficiente para lim itar la potestad de traslado, ya que podría contar con otros apoyos familiares o s ervicios profesionales.

Por œltimo, en relación con el hijo del solicitante, que estudia en el exterior, sostuvo

potestad de traslado, ya que podría contar con otros apoyos familiares o s ervicios profesionales.

Por œltimo, en relación con el hijo del solicitante, que estudia en el exterior, sostuvo que la obligación económica derivada de ello subsistía con independen cia de su lugar de trabajo, por lo que no se demostraba una afectación directa a su mínimo vital ni a la unidad familiar por el traslado.

En consecuencia, consideró que no se cumplieron los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos de traslado laboral.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación 5 contra la decisión de primera instancia en el que reiteró los todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Explicó que a pesar de que la Fiscalía General de la Nación, mediante Resolució n 06052 del 25 de agosto de 2025, resolvió el recurso de reposición interpu esto el 1 de agosto del mismo aæo, esta nunca le fue notificada. Sin embargo, afirm ó que, en igual sentido, esta se adoptó sin considerar sus condiciones personales y familiares.

Por otra parte, adujo que el fallo impugnado no valoró de manera suficien te los principios de integralidad del derecho a la salud, ni la especial afectación al derecho de conformar una familia en condiciones de dignidad, seguridad mØ dica y

5 ˝ndice 00015 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 93906CE4D848E555

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continuidad terapØutica, en un tratamiento de alta complejidad como lo es el de fertilidad asistida.

Insistió que, aunque el mecanismo ordinario para demandar un acto administrativo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, era necesari o considerar que dicha acción no resultaba materialmente idónea toda vez que los tØrminos judiciales eran extremadamente extensos.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto del 17 de septiembre de 2025 6, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Juan Carlos Oliveros Corrales al ser el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron vulneradas, en la medida que fue la persona objeto de la reubicació n ordenada por la Fiscalía General de la Nación.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación porque fue la entidad que emitió el acto administrativo que el

ordenada por la Fiscalía General de la Nación.

2.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación porque fue la entidad que emitió el acto administrativo que el actor seæala como vulnerador de sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera instancia que negó el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o

6 ˝ndice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 7A9E5BF2760E165A

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amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica o de un particular, en los casos que establece la ley.

5. Subsidiariedad

5.1. En virtud de su carÆcter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el solicitante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice com o mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediab le, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y

solicitante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice com o mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediab le, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso i ndebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

5.2. Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 7 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 68 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevØn como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. Para el efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que:

“La acción de tutela ha sido concebida œnicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir segœn la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre Øste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción

factible de elegir segœn la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre Øste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el œltimo recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, segœn la Constitución, es la de œnico medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales” 9.

7 “Toda persona tendrÆ acción de tutela para reclamar ante l os jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por qui en actœe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que Østos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pœblica. (…) Esta acción solo procederÆ cuando el afectado no dispo nga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca) . 8 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederÆ:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquØlla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios serÆ apreciada en concreto, en

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquØlla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios serÆ apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)” 9 Corte constitucional, sentencia C-543 de 1992.0000

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5.3. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tute la, el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficacesque tenía a s u disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

5.4. Sin embargo, en estrecha relación con lo anterior, especificando el caso en que la acción sea solicitada como mecanismo transitorio para evitar un perjuici o irremediable, ha seæalado la jurisprudencia que:

“En principio, no existe obligación alguna de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la tutela. Basta que dicha posibilidad estØ abierta al interpone rse la demanda. Con todo, debe observarse que, a fin de no desnaturalizar la figura, en aquellos casos en los cuales las acciones ordinarias estÆn sujetas a caducidad o, en general, a limitaciones temporales, en principio le asiste al demandante la carga de iniciar la acción pertinente, sea al momento de interponerse la acción o durante su trÆmite -si el tØrmino de caducidad op era durante el trÆmite- “10.

demandante la carga de iniciar la acción pertinente, sea al momento de interponerse la acción o durante su trÆmite -si el tØrmino de caducidad op era durante el trÆmite- “10.

5.5. No obstante, tambiØn habrÆ de reconocerse que aœn en los casos en qu e concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establ ecido que existen excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquØllos hayan sido agotados, como son, que el medio de de fensa judicial dispuesto por la ley no sea idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, así como las hipótesis en las que pese a existir un med io de defensa judicial idóneo, Øste no impide la ocurrencia de un perjui cio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio11.

5.6. Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daæos provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende , es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscab o de derechos fundamentales.

5.7. Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios p ara

manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscab o de derechos fundamentales.

5.7. Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios p ara identificar el perjuicio irremediable, así: “es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daæo es inmin ente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daæo producido; (iv) q ue resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que

10 Corte Constitucional, sentencia T-871 de 2011. 11 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.0000

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hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”12 .

6. Procedencia de la acción de tutela respecto a decisiones de traslado

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acci ón de tutela respecto de las decisiones de traslado de la Fiscalía General de la Nación en ejercicio del ius variandi. Sobre el particular ha determinado que “(i) por regla general, el acto administrativo que ordene un traslado debe ser discutido ant e la Jurisdicción Contencioso Administrativa a travØs del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que pueden pedirse medidas cautelares, como

general, el acto administrativo que ordene un traslado debe ser discutido ant e la Jurisdicción Contencioso Administrativa a travØs del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que pueden pedirse medidas cautelares, como sería la suspensión provisional del acto administrativo; y (ii) de manera excepcional, esos actos administrativos pueden ser controvertidos mediante la acción de tutela, cuando la decisión (ii.1.) sea arbitraria, lo que se configuraría cuando sea adoptada sin consultar las circunstancias particulares del trabajador -por ejemplo, si el traslado le genera problemas de salud serios-, (ii.2.) no obedezca a las necesidades del servicio y desmejore las condiciones de trabajo, o (iii.3.) afecte de forma clara, grave y directa los derechos del accionante y su nœcleo familiar Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela, la Corte ha precisado que no toda implicación en los derechos f