CE - Sentencia 76001233300120130080901 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138)

Actor: LAURA AMALFY BOLAÑOS Y OTROS Demandados: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO DERIVADO

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS – INDEBIDA

ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL

JUDICIAL

Síntesis del caso: debido a la implementación del nuevo sistema integral de transporte masivo de Cali Mío fueron canceladas las tarjetas de operación de los buses tradicionales de los demandantes y fueron forzados a chatarrizar los vehículos, sin que se les garantizara una rentabilidad mínima, lo cual, en criterio de la parte actora, configuró una operación administrativa causante de un daño antijurídico que debe ser resarcido.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, según lo explicado en la parte motiva.

Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la presente sentencia.

(…)” (fls. 17 y 18 índice 41 SAMAI primera instancia – mayúsculas fijas del original).2

Expediente 76001-23-33-001-2013-00809-00 (71.138) Actor: Laura Amálfy Bolaños y otros Reparación directa - apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2013 (índice 1 SAMAI primera instancia) la señora Laura Amálfy Bolaños y otros1 promovieron una demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Tránsito y Transportes y Metrocali

SA con las siguientes súplicas: “2.1 Declarar Administrativa y Extracontractualmente RESPONSABLES

a: LA NACIÓNMINISTERIO DE TRANSPORTE, AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES y a METRO CALI S. A., por la operación ilegal de ejecución de la Ley de Transporte Masivo (A Partir de las leyes 105 de

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES y a METRO CALI S. A., por la operación ilegal de ejecución de la Ley de Transporte Masivo (A Partir de las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 310 de 1996, 688 de 2001, la 769 de 2002 y los decretos 3109 de 1997 y 170, 171, 172, 172, 175, 175 de 2001 y el 3366 de 2003 lo mismo que los documentos Compes, 2932 de 1997, 3166 de 2002, 3167 de 2002, 3260 de 2003, 3307 de 2004, 3369 de 2005, 3394 de 2005, 3504 de 2007 y 3573 de 2009 y amparado en las leyes orgánicas de los Planes de Desarrollo contenidas en las Leyes 812 de 2003; 1151 de julio 24 de 2007 y Ley 1450 de junio 16 de 2011 que corresponde al Plan 2011 -2014) al excluirse a los propietarios tradicionales de buses de transporte masivo de la ciudad de Cali para pertenecer a una de las operadoras que desarrollan el Sistema o de no ofrecerles la oportunidad de ingresarlos al sistema y de no garantizar real y efectivamente una rentabilidad mínima igual a la que se generaba antes de la intervención de la cancelación de tarjetas de operación a los pequeños propietarios de buses, con lo que se produjo una falla del servicio que consecuencialmente origina responsabilidad de las entidades públicas demandadas y como consecuencia el pago de los perjuicios económicos solicitados en esta demanda. 2.2 Condenar como consecuencia de la anterior declaración a las

servicio que consecuencialmente origina responsabilidad de las entidades públicas demandadas y como consecuencia el pago de los perjuicios económicos solicitados en esta demanda. 2.2 Condenar como consecuencia de la anterior declaración a las entidades demandadas a pagar a mis poderdantes el valor de los PERJUICIOS MORALES de la siguiente manera: 200 salarios mínimos mensuales por los daños morales ocasionados a cada uno de los perjudicados directos y 100 salarios mínimos mensuales a cada uno de los familiares que forma el núcleo familiar. (...). 2.3 Pagar igualmente a los demandantes por PERJUICIOS MATERIALES por los siguientes Conceptos: DAÑO EMERGENTE: Lo que corresponde a los valores de cada uno de los vehículos que posee cada trasportador y se estima para los demandantes de la siguiente manera: según el modelo y números de 1 Demandaron 93 transportadores junto con cada uno de sus grupos familiares.3

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vehículo. (...) TOTAL DEL DAÑO EMERGENTE: $ 14.681.237.512 LUCRO CESANTE: se estima en la vida productiva de cada transportador a 30 años: fórmula que se aplica del ingreso diario del valor de pasaje con el promedio del número de pasajeros por los días laborados. (...) TOTAL: perjuicios lucro cesante: SETECIENTOS OCHO MIL MILLONES DE PESOS ($ 708.000.000.000) (…)” (fls. 19 a 38 índice 39 SAMAI primera instancia – mayúsculas sostenidas originales).

MILLONES DE PESOS ($ 708.000.000.000) (…)” (fls. 19 a 38 índice 39 SAMAI primera instancia – mayúsculas sostenidas originales).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda la parte actora narró, en síntesis, lo siguiente:

1. Los demandantes son antiguos propietarios y conductores de buses vinculados a diversas empresas de transporte terrestre urbano de pasajeros en Cali (Valle del Cauca), tales como Coomoepal Ltda, Pance SA, Alameda SA, Montebello SA y La Ermita Ltda, quienes desarrollaban actividades de dicho transporte público antes de la implementación del denominado Sistema

Integrado de Transporte Masivo (MIO).

1. En el año 1996 se constituyó la sociedad Metro Cali SA con el propósito de operar el MIO como parte de la política nacional de modernización del transporte masivo contenida en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 310 de 1996, 688 de 2001, 769 de 2002 y los decretos 3109 de 1997, 170 a 175 de 2001 y 3366 de 2003, así como también en los documentos CONPES 2932 de 1997 y 3504 de 2007, entre otros.

1. En el año 2006 se adjudicó la operación del sistema de transporte masivo MIO a cuatro concesionarios en dicha ciudad y los vehículos se chatarrizaron antes de tiempo debido al acoso permanente de las cuatro operadoras, circunstancia que demuestra que los pequeños propietarios se quedaron por fuera del sistema o a los que ingresaron no se les garantizó la rentabilidad mínima que obtenían en el sistema convencional.4

de tiempo debido al acoso permanente de las cuatro operadoras, circunstancia que demuestra que los pequeños propietarios se quedaron por fuera del sistema o a los que ingresaron no se les garantizó la rentabilidad mínima que obtenían en el sistema convencional.4

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1. En efecto, con la ejecución de la Ley de Transporte Masivo (llamado así al conjunto de normas mencionadas anteriormente, que establece el marco legal para los sistemas de transporte público masivo de pasajeros) se produjo la cancelación de tarjetas de operación a los pequeños propietarios de buses, lo cual los excluyó de participar como operadores en el nuevo sistema y les impidió continuar ejerciendo su actividad económica; pese a las obligaciones legales, las entidades públicas demandadas no les ofrecieron alternativ as reales de vinculación al MIO ni garantizaron una rentabilidad mínima equivalente a la que percibían antes de la reestructuración.

1. Desde el momento en que se cancelaron las tarjetas de operación de los vehículos de los pequeños propietarios que se quedaron por fuera del sistema se originó “un evidente daño”.

1. Se trató de una operación administrativa ilegal de ejecución de la Ley de Transporte Masivo por cancelar las tarjetas de operación, suprimir rutas y expedir actos administrativos que impidieron la continuidad de la actividad transportadora, sin indemnización ni alternativas laborales para los demandantes, lo cual generó una falla del servicio atribuible a las demandadas.

2. Posición de las entidades demandadas

expedir actos administrativos que impidieron la continuidad de la actividad transportadora, sin indemnización ni alternativas laborales para los demandantes, lo cual generó una falla del servicio atribuible a las demandadas.

2. Posición de las entidades demandadas

1. La Nación - Ministerio de Transporte (fls. 1056 a 1066 índice 39 SAMAI primera instancia) propuso las excepciones de i) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto los sistemas de transporte masivo responden a la autonomía administrativa de cada ente territorial, de suerte que la entidad solamente actúa como intermediaria para la obtención de cierto porcentaje de los recursos, pero, de ninguna maner a hace parte de la organización administrativa y planificadora de los proyectos, en este caso, del Sistema de Transporte Masivo de Santiago de Cali; ii) “inexistencia de la obligación”, por el hecho de que el ministerio se encuentra desligado de cualquier obligación, en este caso por el hecho de no tener competencia, funciones ni obligaciones relacionadas con los hechos de la demanda, y iii) “inexistencia de responsabilidad”, debido a que la expedición de las tarjetas de operación de los vehículos de los demandantes y su posterior cancelación fue responsabilidad del5

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municipio de Santiago de Cali a través de su Secretaría de Tránsito y Transporte y no del Ministerio de Transporte; de modo que, en el evento de probarse alguna responsabilidad corre a cargo del aludido municipio.

1. Por su parte, Metrocali SA (fls. 1111 a 1116 índice 39 SAMAI primera

y no del Ministerio de Transporte; de modo que, en el evento de probarse alguna responsabilidad corre a cargo del aludido municipio.

1. Por su parte, Metrocali SA (fls. 1111 a 1116 índice 39 SAMAI primera instancia) se opuso a las súplicas de la demanda, para lo cu al esgrimió las siguientes excepciones: i) “indebida escogencia de la vía procesal”, por el hecho de que ha debido interponerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos por medio de los cuales se cancelaron las tarjetas de operación de los transportadores; ii) “caducidad de la acción” de nulidad y restablecimiento del derecho, porque los actos fueron expedidos en el año 2007, y, ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto no hay sustento jurídico ni probatorio que demuestre que esos actos administrativos fueron expedidos o ejecutados por la sociedad.

1. A su turno, el municipio de Santiago de Cali (fls. 1135 a 1147 índice 39 SAMAI primera instancia) replicó todas las pretensiones del libelo introductorio y formuló las excepciones que se exponen a continuación: i) “indebida escogencia de la vía procesal”, porque debían demandarse los actos administrativos expedidos por la secretaría de tránsito municipal que cancelaron las tarjetas de operación, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) “caducidad de la acción”, porque los actos fueron expedidos en los años 2007 y 2010, esto es, se demandó luego de vencido el término de cuatro (4) meses legalmente previsto para ese fin, y iii) “inexistencia de la indemnización por daños

“caducidad de la acción”, porque los actos fueron expedidos en los años 2007 y 2010, esto es, se demandó luego de vencido el término de cuatro (4) meses legalmente previsto para ese fin, y iii) “inexistencia de la indemnización por daños y perjuicios materiales e inmateriales”, con fundamento en que el Consejo de Estado ha establecido que el otorgamiento de una licencia de tránsito o la autorización de una ruta de transporte no genera derechos adquiridos sobre la mismas, sino una mera expectativa de explotación transitoria.

3. Audiencia inicial

El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso , declaró no probadas las excepciones previas propuestas por las entidades demandadas y en cuanto a la caducidad decidió resolverla en la sentencia, fijó6

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el litigio2 y decretó las pruebas testimoniales solicitadas por la parte actora, las cuales se practicaron en la respectiva audiencia de pruebas, en donde, una vez concluidas ordenó correr traslado para alegar de conclusión (fls. 1280 a 1286 y 1319 a 1322 índice 39 SAMAI primera instancia). La parte actora, el municipio de Santiago de Cali y Metrocali SA presentaron escritos de alegaciones, en tanto que las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Trámite relevante en primera instancia

Algunos de los demandantes presentaron desistimiento de las pretensiones relativas a la indemnización por concepto de daño emergente por el hecho de

que las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Trámite relevante en primera instancia

Algunos de los demandantes presentaron desistimiento de las pretensiones relativas a la indemnización por concepto de daño emergente por el hecho de que recibieron el valor de los buses reclamado en la demanda, desistimiento parcial que fue aceptado en auto proferido el 23 de agosto de 2015 (fls. 1239 a 1243 índice 39 SAMAI primera instancia).

5. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral en sentencia del 30 de noviembre de 2023 (índice 41 SAMAI expediente primera instancia) desestimó la excepción de caducidad del medio de control judicial de reparación directa y denegó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, explicó que el daño se atribuye a la cancelación de tarjetas de operación de los vehículos de los demandantes, al igual que la exclusión de los pequeños propietarios tradicionales de buses de transporte masivo para pertenecer a una de las empresas operadoras que desarrollan el sistema, y por motivo de no garantizar real y efectivamente una rentabilidad mínima por lo menos igual a la que se generaba antes de la creación de las empresas operadoras del sistema, como consecuencia de la implementación del servicio de transporte masivo de pasajeros de Cali; en ese sentido, como ello ocurrió con actos administrativos expedidos en los años 2012 y 2013, y la demanda se 2 Lo hizo en los siguientes términos: “[E]l litigio consiste en determinar si las entidades demandadas son administrativamente responsables por los eventuales perjuicios materiales y

actos administrativos expedidos en los años 2012 y 2013, y la demanda se 2 Lo hizo en los siguientes términos: “[E]l litigio consiste en determinar si las entidades demandadas son administrativamente responsables por los eventuales perjuicios materiales y morales que aducen haber sufrido los demandantes, con ocasión a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo – MIO” (fl. 128 índice 39 SAMAI primera instancia).7

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presentó en el año 2013, est o es, se hizo dentro del término legalmente establecido para ello.

En cuanto al fondo del asunto, los demandantes, en su condición de propietarios que prestaban el servicio público de transporte, no se les causó un daño grave que no tuvieran el deber jurídico de soportar, puesto que el distrito especial de Santiago de Cali está autorizado para cancelar las licencias de operación de transporte público; conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las habilitaciones o autorizaciones para prestar el servicio público de transporte no generan derechos adquiridos ni son i nmodificables; se trata de permisos temporales sujetos a las nuevas condiciones que imponga la regulación legal y reglamentaria, como la implementación del denominado Sistema de Transporte Masivo.

La Corte Constitucional ha precisado que la regulación del transporte público debe garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad para los usuarios, de modo que priorice los sistemas masivos; por lo tanto, la creación del Sistema MIO en Cali tiene respaldo normativo y jurisprudencial, pues, busca optimizar la

debe garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad para los usuarios, de modo que priorice los sistemas masivos; por lo tanto, la creación del Sistema MIO en Cali tiene respaldo normativo y jurisprudencial, pues, busca optimizar la prestación del servicio público de transporte.

Aunado a ello, esta actividad no es libre sino regulada; las licencias no confieren derechos adquiridos porque el transporte involucra un interés colectivo que prevalece sobre los intereses individuales; en consecuencia, el retiro de los vehículos tradicionales y la cancelación de sus matrículas automotrices para dar paso al nuevo sistema no constituye un daño antijurídico ni una carga desproporcionada, sino una consecuencia legítima que los transportadores debían soportar en atención al interés general comprometido en dicha actividad.

6. El recurso de apelación

La parte demandante (índice 44 SAMAI expediente primera instancia) impugnó el fallo de primera instancia sobre la base de aducir que fue injusto y debe ser revocado, para en su lugar declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas por la ejecución ilegal de la ley de transporte masivo que, para la ciudad de Cali, no garantizó a los propietarios8

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de buses, busetas y microbuses la rentabilidad mínima que tenían en el sistema tradicional y los dejó por fuera del nuevo sistema masivo de transporte porque no han tenido la oportunidad de pertenecer a una de sus operadoras; no se discute la ilegalidad de los actos administrativos de autoridades de tránsito

tradicional y los dejó por fuera del nuevo sistema masivo de transporte porque no han tenido la oportunidad de pertenecer a una de sus operadoras; no se discute la ilegalidad de los actos administrativos de autoridades de tránsito municipal ni se controvierte el derecho del Estado a implementar el sistema.

Se trató de una ejecución ilegal que violó el artículo 13 constitucional, toda vez que, los pequeños transportadores del sistema masivo tradicional no recibieron la misma protección y trato de las autoridades en la ejecución de las leyes de transporte masivo; además, el nuevo sistema no llenó las expectativas de los habitantes de la ciudad por el hecho de no tener la cobertura necesaria y además haber generado endeudamiento.

7. El concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Esta entidad considera que la sentencia apelada debe ser confirmada (índice 9 SAMAI) por las siguientes razones:

1. El apelante no formuló reparos concretos ni razones claras contra la decisión, simplemente repitió los argumentos de la demanda; de conformidad con los artículos 243 y 247 del CPACA la sustentación es requisito indispensable para que el superior pueda conocer de la apelación; la Corte Constitucional ha dicho que no es instrumento para “probar suerte” ante el juez superior y el Consejo de Estado ha precisado que su omisión impide un pronunciamiento de fondo; en ese orden de ideas, se debe confirmar la sentencia por falta de sustentación idónea.

1. El daño alegado proviene de los actos administrativos que implementaron el MIO (Resoluciones números 456 de 2007 y 0408 de 2012); por ende, el medio de control judicial procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho,

1. El daño alegado proviene de los actos administrativos que implementaron el MIO (Resoluciones números 456 de 2007 y 0408 de 2012); por ende, el medio de control judicial procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, no el de reparación directa.

1. En todo caso, la lesión alegada no trasciende la carga normal que los demandantes debían soportar en aras del interés colectivo, pues, ellos no tenían derecho adquirido a una rentabilidad mínima ni a la permanencia en la prestación9

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del servicio, dado que este es de interés público y permite al Estado modificar su organización para mejorar la eficiencia; según lo regulado en la Ley 336 de 1996 y establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, los permisos de operación son revocables y no generan derechos adquiridos; a su turno, la Corte Constitucional ha señalado que en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros prevalece el interés general sobre el particular para garantizar seguridad y eficiencia. El Estado podía reasumir la pres tación o adjudicarla a otros operadores mediante procesos licitatorios sin arbitrariedad; además, el Decreto 302 de 2007 ofreció alternativas a los pequeños transportadores para vincular sus vehículos a otras rutas o ciudades; de manera que, las pérdidas económicas son resultado de una decisión legítima del Estado y no configuran un daño antijurídico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

transportadores para vincular sus vehículos a otras rutas o ciudades; de manera que, las pérdidas económicas son resultado de una decisión legítima del Estado y no configuran un daño antijurídico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la demanda, 3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades demandadas son patrimonialmente responsables del supuesto daño antijurídico consistente en la cancelación de las tarjetas de operaci ón de los vehículos automotores de los demandantes, quienes quedaron por fuera del nuevo sistema de transporte terrestre masivo de pasajeros en la ciudad de Cali, y a quienes ingresaron no se les garantizó una rentabilidad mínima, lo cual configuró una operación administrativa.

1. La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se declarará probada la excepción de indebida escogencia de l medio de control judicial ejercido con la demanda propuesta por el municipio de Santiago de Cali y Metrocali SA, por ser evidente que el origen de la imputación se encuentra en10

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unos específicos actos administrativos respecto de los cuales hay reproches de nulidad, razón por la cual ha debido interponerse el medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho y no el de reparación directa.

1. Lo anterior en concordancia con lo resuelto por la corporación en casos similares, en los cuales se ha demandado al Estado por la implementación del sistema integrado de transporte masivo en Cali y se ha fundamentado la responsabilidad en la ilegalidad de las actuaciones de la administración, la Sección ha establecido que el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto lo que se reclama es que los actos particulares que autorizaron la cancelación de la matrícula de los vehículos de transporte urbano fueron expedidos con falsa motivación3.

2. Análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la demanda

1. En la demanda se alega que las entidades accionadas incurrieron en una supuesta operación administrativa ilegal que le causó un daño antijurídico a demandantes por el hecho de haber ejecutado el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali con violación de las normas que exigían garantizar a los demandantes la continuidad de su actividad económica, pues, les fueron canceladas sus tarjetas de operación y no fueron aceptados en el nuevo sistema, o quienes fueron aceptados no se les garantizaron una rentabilidad mínima.

1. En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la demanda es la expedición irregular de los actos administrativos a través de los

o quienes fueron aceptados no se les garantizaron una rentabilidad mínima.

1. En ese contexto, la Sala encuentra que en realidad el fundamento de la demanda es la expedición irregular de los actos administrativos a través de los cuales se cancelaron las tarjetas de operación de los vehículos automotores destinados al servicio público de transporte terrestre de pasajeros.

1. Aunque la demanda es confusa e incluso afirma que no cuestiona los actos administrativos expedidos por la administración, la Sala evidencia que el daño 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 28 de abril de 2025, proceso no. 76001-23-33-000-2013-00931-01 (69.195), MP Alberto Montaña Palta; del 19 de octubre de 2023, expediente 76001-23-33-000-2013-00444-01 (57.003), MP Martín Bermúdez Muñoz; del 26 de enero de 2022, expediente 76001 -23-31-000-2010-01504-01 (45.481), MP Martín Bermúdez Muñoz; y de la Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, expediente 76001-2333-000-2014-00854-01(65.018) MP Marta Nubia Velásquez Rico.11

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reclamado se centra en la afectación que dicen haber sufrido los demandantes por la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad económica consistente en la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, para lo cual

reclamado se centra en la afectación que dicen haber sufrido los demandantes por la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad económica consistente en la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, para lo cual exponen como argumentos que fundamentan la responsabilidad del Estado por ese daño las actuaciones irregulares de las demandadas en la implementación del sistema del transporte, que implicaron forzar a los propietarios de los buses tradicionales para que retiraran sus automotores de las rutas y cedieran los derechos de chatarrización.

1. En efecto, entre los hechos de la demanda, la parte actora adujo que:

“[Los vehículos] se fueron chatarrizando antes del tiempo estipulado por parte de los pequeños propietarios de los vehículos, incluso automotores que tenían aún vigencia de vida útil, todo ello por el acoso permanente de las cuatro operadoras, lo que demue stra que los pequeños propietarios que se quedaron por fuera del sistema o los que ingresaron y no se les garantizó una rentabilidad mínima que venían obteniendo en el sistema convencional, fueron abandonados a su suerte, sin ninguna protección por parte del Estado” (fls. 73 y 74 exp. digital índice 39 SAMAI).

“Por las medidas administrativas tomadas por la Secretaría de Tránsito se desvincularon más de 2200 vehículos (microbuses y busetas), eliminándose rutas y modificándose otras. Todas esas actuaciones significaron para los propietarios de buses una chatarriz ación que superó las expectativas (...) [con un] monto aproximado de 1480 vehículos” (fl. 75 ibidem).

“[D]esde el mismo momento en que se cancelan las tarjetas de

superó las expectativas (...) [con un] monto aproximado de 1480 vehículos” (fl. 75 ibidem).

“[D]esde el mismo momento en que se cancelan las tarjetas de operaciones de los vehículos de los pequeños propietarios que se quedaron por fuera del sistema y retiraron los buses de sus operaciones, origina un evidente daño y perjuicio contra los propietarios de los buses y como consecuencia por ese daño debe condenársele al pago de los perjuicios (…), no solo por excluir o no aceptar en el sistema al transportador tradicional (propietario de buses antes de la intervención), sino por no garantizar a los pequeños propietarios de buses de transporte masivo que ingresaron a las empresas que licitaron una rentabilidad mínima por lo menos igual a la que venían generando antes de la creación de las empresas operadoras del sistema” (fl. 77 ibidem – resalta la Sala).

1. Lo anterior significa que la parte actora cuestionó las decisiones administrativas que dejaron a los propietarios de los buses por fuera del nuevo sistema o sin garantizarles la rentabilidad mínima, en tanto afirmó, entre otras cosas, que la chatarrización de muchos vehículos respondió al “acoso12

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permanente de las cuatro operadoras”, con lo cual pretende demostrar una falsa o una indebida motivación de las decisiones administrativas.

1. En ese sentido, esta misma Subsección se pronunció recientemente el 28 de abril de 20254 y, con anterioridad5 ya había considerado que ante el

o una indebida motivación de las decisiones administrativas.

1. En ese sentido, esta misma Subsección se pronunció recientemente el 28 de abril de 20254 y, con anterioridad5 ya había considerado que