CE - Sentencia 76001233300420160041101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: HUMBERTO HURTADO MONTOYA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Tema: Principio iura novit curia . Error jurisdiccional. No se reúnen los presupuestos para estudiar el error alegado. Culpa exclusiva de la víctima.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 1º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 3 de enero de 2008 , Humberto Hurtado Montoya fue remitido del Hospital José Rufiano Vivas al Hospital Universitario del Valle Evaristo García por presentar vómito y sangrado rectal. En la misma fecha, el personal médico de este último centro hospitalario le formuló al paciente medicamentos para tratar la gastritis, le realizó una endoscopía y un examen de hemoglobina que arrojó como resultado un nivel de 9.6, tras lo cual fue dado de alta. Al día siguiente, el señor Hurtado Montoya ingresó al Hospital José Rufiano Vivas presentando pérdida de la visión , estando

nivel de 9.6, tras lo cual fue dado de alta. Al día siguiente, el señor Hurtado Montoya ingresó al Hospital José Rufiano Vivas presentando pérdida de la visión , estando allí se le realizó un nuevo examen de hemoglobina que dio como resulta do 4.3. Inmediatamente, fue remitido nuevamente al Hospital Universitario del Valle Evaristo García en donde se le realizó una transfusión de sangre.

En virtud de lo anterior, Humberto Hurtado Montoya y su núcleo familiar presentaron demanda de reparación directa contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García por falla del servicio médico asistencial . Luego, mediante sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó lasRadicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

2 pretensiones de la demanda, al cons tatar que no se acreditó una falla del servicio por inadecuada y/o inoportuna prestación del servicio médico por parte parte del HUV.

Los demandantes consideran que “la Nación – Rama Judicial es administrativamente responsable por el daño causado ante el evidente incumplimiento en sus obligaciones al proferirse la sentencia del 30 de mayo de 2013”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de abril de 20161, Humberto Hurtado Montoya, Dufay Barona Velásquez, Derly Barona, Sujey Barona y Maribel Hurtado Barona, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial por los perjuicios irrogados con ocasión de la

Barona, Sujey Barona y Maribel Hurtado Barona, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Rama Judicial por los perjuicios irrogados con ocasión de la providencia del 30 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como pretensiones de su demanda, la parte actora solicita condenar a la entidad demandada a pagarle, por perjuicios morales, la suma de $306.862.000 a Humberto Hurtado Montoya, y $90.000.000 a Dufay Barona Velásquez, Derly Barona, Sujey Barona y Maribel Hurtado Barona; y por lucro cesante, la suma de $360.000.000 a Humberto Hurtado Montoya.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 3 de enero de 2008, Humberto Hurtado Montoya fue remitido del Hospital José Rufiano Vivas al Hospital Universitario del Valle Evaristo García por presentar vómito y sangrado rectal.

Sostiene que, en la misma fecha, el personal médico del referido centro hospitalario le formuló al paciente medicamentos para tratar la gastritis, le realizó una endoscopía y

1 Fl. 63 a 66, C. Ppal.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

3 un examen de hemoglobina que arrojó como resultado un nivel de 9.6, tras lo cual fue dado de alta.

Aduce que, al día siguiente, el señor Hurtado Montoya ingresó al Hospital José Rufiano Vivas presentando pérdida de la visión, estando allí se le realizó un nuevo examen de

dado de alta.

Aduce que, al día siguiente, el señor Hurtado Montoya ingresó al Hospital José Rufiano Vivas presentando pérdida de la visión, estando allí se le realizó un nuevo examen de hemoglobina que dio como resultado 4.3.

Indica que, en virtud de lo anterior, el paciente fue remitido al Hospital Universitario del Valle Evaristo García en donde se le realizó una transfusión de sangre.

Manifiesta que el 26 de febrero de 2010, Humberto Hurtado Montoya y su núcleo familiar presentaron demanda de reparación directa contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García por falla del servicio médico asistencial.

Pone de presente que, mediante sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó una falla del servicio por inadecuada y/o inoportuna prestación del servicio médico por parte del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

Los demandantes aseguran que “la Nación – Rama Judicial es administrativamente responsable por el daño causado ante el evidente incumplimiento en sus obligaciones al proferirse la sentencia del 30 de mayo de 2013”.

2. Contestación

El 14 de septiembre de 20162 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. La Rama Judicial 3 se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que no incurrió en un error jurisdiccional. Señaló que los actores con su demanda pretenden el desarrollo de una tercera instancia para que se reexaminen los

2.1. La Rama Judicial 3 se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que no incurrió en un error jurisdiccional. Señaló que los actores con su demanda pretenden el desarrollo de una tercera instancia para que se reexaminen los supuestos fácticos del proceso reparación directa adelantado en contra del Hospital

2 Fl. 77 a 78, C. Ppal. 3 Fl. 89 a 92, C. Ppal.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

4 Universitario del Valle Evaristo García, así como las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para denegar las pretensiones de la demanda. Finalmente, advirtió que la parte demandante no agotó los recursos ordinarios procedentes contra la decisión judicial cuestionada.

3. Audiencia inicial

El 29 de mayo de 20184 el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca celebró la audiencia inicial, en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “la Nación – Rama Judicial irrogó un daño indemnizable a la parte demandante con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 76001233100020100031000, dada la valoración material probatoria ahí efectuada”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 76001233100020100031000, dada la valoración material probatoria ahí efectuada”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de diciembre de 20185 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora6 y la Rama Judicial7 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

4 Fl. 101 a 107, C. Ppal. 5 Fl. 115, C. Ppal. 6 Fl. 118 a 120, C. Ppal. 7 Fl. 116 y 117, C. Ppal.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 1º de agosto de 20248 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no era procedente estudiar el error jurisdiccional contenido en la providencia del 30 de mayo de 2013, por cuanto “ la parte actora no ejerció los recursos de ley procedentes contra la sentencia que hoy considera le causó un daño, y por ende, no se cumplen los presupuestos del error jurisdiccional”.

6. Recurso de apelación

El 8 de agosto de 20249 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual

presupuestos del error jurisdiccional”.

6. Recurso de apelación

El 8 de agosto de 20249 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 19 de septiembre de 202410 y admitido el 15 de noviembre de 202411.

6.1. El extremo activo 12 argumentó que el a quo incurrió en un yerro al analizar el presente asunto bajo la óptica de un error jurisdiccional, siendo que se trata de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Textualmente refirió: “Se hace recaer la negativa de la pretensión en cuanto que este asunto debe analizarse bajo la óptica del error jurisdiccional, sin serlo […] Para lo anterior falsamente se sostiene que se alega el daño por negarse las pretensiones en el proceso 76001233100020100031000 […] Salta al ojo que la providencia que se apela encausa su decisión por lo correspondiente a un error jurisdiccional, siéndolo que es un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.

8 Archivo “Sentencia_201600411”, índice 28, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 9 Archivo “ ApelacióndeSe_20240808”, índice 32, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 10 Archivo “AutoConcedeAp_201600411”, índice 37, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 11 Archivo “Autoqueadmite_72042”, índice 3, Samai del Consejo de Estado. 12 Archivo “ApelacióndeSe_20240808”, índice 32, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca. 11 Archivo “Autoqueadmite_72042”, índice 3, Samai del Consejo de Estado. 12 Archivo “ApelacióndeSe_20240808”, índice 32, Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 2021 13, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso la Rama Judicial 14 solicitó confirmar la decisión de primera instancia. Por su parte, los demandantes y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 1º de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del CPACA.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

13 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

13 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 14 Archivo “Pronunciamientoen2da”, índice 11, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

7 artículo 140 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia.

Ahora bien, s obre este particular, es menester precisar que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia;

administración de justicia.

Ahora bien, s obre este particular, es menester precisar que el Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad 16; es decir, comprenden supuestos distintos bajo los cuales se puede estructurar la responsabilidad del Estado.

Por un lado, frente a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial derivada del error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley ”. En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 17 y que causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría

15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 16 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996. 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2001. Rad.: 13164.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

8 causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

De forma distinta, frente a la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 estableció que “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. Este título de atribución de responsabilidad tiene las características siguientes: i) se predica de las actuaciones judiciales para

daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”. Este título de atribución de responsabilidad tiene las características siguientes: i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales18; ii) proviene de los funcionarios judicia les, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; iv) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable19, y v) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad20.

Al efecto, esta Corporación ha diferenciado el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado, así: “ En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales”21.

Bajo el anterior contexto, se advierte que el título de imputación por medio del cual se debe encausar el medio de control en el proceso contencioso administrativo obedece al petitum que se ventile y sobre la base del principio de iura novit curia o

18 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22

obedece al petitum que se ventile y sobre la base del principio de iura novit curia o

18 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de noviembre de 2001. Rad: 13164. 19 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 55999. 20 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2017. Rad: 23769. 21 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2012.Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

9 “el juez conoce el derecho” , de ahí que no está sujet o al arbitrio o capricho de la parte procesal, sino que se encuentra supeditada a lo que se persiga en sede judicial y sobre ese derrotero el operador judicial constata que se ejerció bajo el título de imputación correcto.

En este sentido, en el caso concreto, los demandantes alegan que “la Rama Judicial es administrativamente responsable por el daño causado ante el evidente incumplimiento en sus obligaciones al proferirse la sentencia del 30 de mayo de 2013 […] El tribunal no advirtió la mala atención al regreso del paciente al Hospital, que se probó con la prueba testimonial que no analizó, es evidente el incumplimiento en sus obligaciones, generando un daño. Si el tribunal hubiera cumplido con su obligación habría encontrado configurada la falla en el

Hospital, que se probó con la prueba testimonial que no analizó, es evidente el incumplimiento en sus obligaciones, generando un daño. Si el tribunal hubiera cumplido con su obligación habría encontrado configurada la falla en el servicio”. (Se resalta)

Según lo expuesto, de la lectura integral del libelo introductorio se evidencia que lo que realmente pretende la parte demandante es controverti r la providencia del 30 de mayo de 2013 , mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de l a demanda de reparación directa instaurada por Humberto Hurtado Montoya, Dufay Barona Velásquez, Derly Barona, Sujey Barona y Maribel Hurtado Barona contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García al interior del proceso identificado con número de radicado 76001233100020100031000.

En efecto, la providencia del 30 de mayo de 2013 es la que se pretende controvertir, pues fue la decisión que concluyó que la parte demandante no acreditó una falla del servicio por inadecuada y/o inoportuna prestación del servicio médico de parte del Hospital Universitario del Valle Evaristo García al señor Hurtado Montoya, es decir, fue aquella sentencia la que pudo eventualmente “no advert[ir] la mala atención al regreso del paciente al Hospital, que se probó con la prueba testimonial que no analizó”.

En suma, se evidencia que los demandantes alegan que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 13 de mayo de 2013 incurrió en un error jurisdiccional por indebida valoración probatoria de los testimonios obrantes en elRadicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

jurisdiccional por indebida valoración probatoria de los testimonios obrantes en elRadicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

10 plenario, los cuales en su consideración daban cuenta de la falla médica en que presuntamente incurrió el Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto s e trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio22.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 23, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia d efinitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,

concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

11 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,

jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 26,

24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al inte resado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”. 25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesa l de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesa l de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 26 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja tra nscurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyenRadicado: 76001233300420160041101 (72042)

Demandante: Humberto Hurtado Montoya y otros

12 cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues im plica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el