CE - Sentencia 85001233100020110009602 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-01 (72.933)

Ejecutante: MILVER TERESA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS

Ejecutado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL Y OTRO Medio de control: EJECUTIVO - CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA QUE DECIDIÓ

EXCEPCIONES

Síntesis del caso: la parte ejecutante pretende el pago de un saldo insoluto de una sentencia condenatoria de reparación directa; la Policía Nacional, una de las entidades ejecutadas, propuso la excepción de inexistencia de la obligación. El tribunal de primera instancia negó la excepción propuesta y ordenó seguir adelante con la ejecución. Apela la mencionada entidad ejecutada.

Temas: proceso ejecutivo – sentencia que decide excepciones – excepción de inexistencia de la obligación – condena solidaria – la obligación existe y está contenida en una sentencia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional, entidad ejecutada, en contra de la sentencia proferida en audiencia el 2 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“FALLA

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA S las excepciones propuestas por el extremo ejecutado.

el Tribunal Administrativo de Casanare mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“FALLA

PRIMERO. DECLARAR NO PROBADA S las excepciones propuestas por el extremo ejecutado.

SEGUNDO. SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, en los términos del mandamiento de pago librado el 13 de diciembre de 2024, por la suma de DOSCIENTOS VENTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENT OS SETENTA Y NUEVE PESOS ($223524.979.00) más los intereses causados, a la tasa máxima autorizada, desde el 14 de marzo de 2018 hasta la fecha del pago total de la obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Se exceptúa el lapso comprendido entre el 14 de septiembre y el 7 de diciembre de 2018, por haber operado la cesación de intereses.

TERCERO. Con cargo a la parte interesada, PRACTICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, en los términos del artículo 446 del CGP.2

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

CUARTO. ORDENAR que el expediente de la referencia permanezca en la Secretaría por el término de dos (2) años.

Se insta a la parte interesada para que adelante las gestiones tendientes

Ejecutivo Apelación de sentencia

CUARTO. ORDENAR que el expediente de la referencia permanezca en la Secretaría por el término de dos (2) años.

Se insta a la parte interesada para que adelante las gestiones tendientes a la satisfacción total de la obligación. Si transcurrieren más de dos (2) años sin que se promueva trámite alguno, procederá la declaratoria de desistimiento tácito.

QUINTO. ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

SEXTO. Se notifica esta decisión en estrados (…)” (índice 45 SAMAI, primera instancia - negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 15 de noviembre de 2024 (índice 15 SAMAI, primera instancia), los señores Milver Teresa Rodríguez Hernández, Carlos Armando Rey Rodríguez y Camilo Antonio Rey Rodríguez presentaron demanda ejecutiva en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional para que

se acceda a las siguientes súplicas:

“Que se libre mandamiento de pago en favor de mis clientes (…) y en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional de Colombia, toda vez que a la fecha no se cumple con el ciento por ciento (100%) del pago de la condena impuesta dentro del medio de control de reparación directa, por las siguientes sumas de dinero:

1. Por la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) al momento de librar mandamiento de pago, por concepto de indemnización de perjuicios inmateriales por

1. Por la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) al momento de librar mandamiento de pago, por concepto de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral , a favor de la señora MILVER TERESA RODRÍGUEZ

HERNÁNDEZ (cónyuge de Henry Calixto Rey Morales).

2. Por la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) al momento de librar mandamiento de pago, por concepto de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, a favor del señor CAMILO ANTONIO REY RODRÍGUEZ

(hijo de Henry Calixto Rey Morales).

3. Por la suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) al momento de librar mandamiento de pago, por concepto de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, a favor del señor CARLOS ARMANDO REY RODRÍGUEZ

(hijo de Henry Calixto Rey Morales).

4. Por la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($92722.721) Moneda Corriente , equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de la condena impuesta en sentencia de segunda instancia (TERCERA DISPOSICIÓN, Numeral 4) por concepto de indemnización de perjuicios3

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

materiales por lucro cesante , a favor de la señora MILVER TERESA

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

materiales por lucro cesante , a favor de la señora MILVER TERESA

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.

5. Por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS S IETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($10707.957) Moneda Corriente, equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de la condena impuesta en sentencia de segunda instancia (TERCERA DISPOSICIÓN, Numeral 5) por concepto de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante , a favor del señor CARLOS ARMANDO REY

RODRÍGUEZ.

6. Por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL UN PESOS ($2908.001) Moneda Corriente , equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de la condena impuesta en sentencia de segun da instancia

(TERCERA DISPOSICIÓN, Numeral 6) por concepto de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, a favor del señor CAMILO

ANTONIO REY RODRÍGUEZ.

7. Por los intereses moratorios sobre las anteriores sumas de dinero desde la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, proferida por el CONSEJO DE ESTADO , a través de la sala de lo CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN B, el treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), hasta que se verifique el pa go total de la condena conforme la normatividad vigente para el presente asunto; esto es el régimen administrativo establecido en el decreto 01 de 1984 artículos 172 y

hasta que se verifique el pa go total de la condena conforme la normatividad vigente para el presente asunto; esto es el régimen administrativo establecido en el decreto 01 de 1984 artículos 172 y siguientes, hasta la fecha efectiva de pago.

8. Que se condene en costas a las demandad as LA NACIÓN,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL Y

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.

PETICIÓN ESPECIAL:

Que las sumas de dinero que aún adeudan LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA a mis clientes MILVER TERESA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, CARLOS ARMANDO REY RODRÍGUEZ y CAMILO ANTONIO REY RODRÍGUEZ sean pagadas conforme el artículo 192 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin que tengan que esperar otros 4 o 6 años hasta que las entidades asignen presupuesto para el cumplimiento de la misma” (índice 15 SAMAI, primera instancia - resaltado y mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso , en síntesis, lo siguiente:

1. El 30 de noviembre de 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de reparación directa con el mismo número de radicac ión de la referencia, y declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por4

la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de reparación directa con el mismo número de radicac ión de la referencia, y declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por4

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

el secuestro y desaparición del señor Henry Calixto Rey Morales, motivo por el cual condenó a la reparación de los daños y perjuicios sufridos por los señores Milver Teresa Rodríguez Hernández, Armando Rey Rodríguez y Camilo Antonio Rey Rodríguez.

1. El 3 de diciembre de 2018 se radicó ante el Ministerio de Defensa la cuenta de cobro para el pago de la sentencia judicial antes referida.

1. Mediante Resolución no. 0012 del 12 de enero de 2019 expedida por el Ministerio de Defensa se le asignó el turno 4780-2018 para el pago de la providencia judicial.

1. El 30 de septiembre de 2022 se pagó la suma de $453848.226, valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la condena.

1. Luego de varias peticiones formuladas, la Policía Nacional negó la existencia de una cuenta de cobro pendiente de pago ; sin embargo, la misma fue puesta en conocimiento por el Ministerio de Defensa a través del oficio no. Ofi20 -01MDNDSGDLGROL del 19 de octubre de 2020.

3. El mandamiento de pago

El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

DSGDLGROL del 19 de octubre de 2020.

3. El mandamiento de pago

El 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de MILVER TERESA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, CARLOS ARMANDO REY RODRÍGUEZ y CAMILO ANTONIO REY RODRÍGUEZ y en contra de la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y la

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por la

suma de DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($223.524.979,00), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, se libra mandamiento de pago por los intereses causados, a la tasa máxima autorizada, desde el 14 de marzo de 2018, hasta la fecha del pago total de la obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Se exceptúa el lapso comprendido entre el 14 de septiembre y el 7 de diciembre de 2018, por haber operado la cesación de intereses.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSO NALMENTE este proveído a los representantes legales de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL , conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de l a Ley 2080 de 2021. De igual

EJÉRCITO NACIONAL y de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL , conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de l a Ley 2080 de 2021. De igual forma, al Agente del Ministerio Público designado ante este Tribunal.5

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

TERCERO: CORRER TRASLADO al extremo demandado, para que en el término legal de diez (10) días , de considerarlo necesario, proponga excepciones a su favor, o dentro de los cinco (5) primeros días cancele la obligación.

CUARTO: Al extremo ejecutante, NOTIFICAR esta providencia por estado.

QUINTO: Por Secretaría, REMITIR copia de esta providencia, en conjunto con la demanda y sus anexos, al buzón de correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a lo previsto en el inciso final del artículo 199 del CPACA.

SEXTO: RECONOCER PERSONERÍA (…).

SÉPTIMO: Vencido el término de traslado, INGRESAR el expediente al Despacho para proveer” (negrillas y mayúsculas fijas del original - índice 16 SAMAI, primera instancia).

El tribunal consideró que la suma que se pretende ejecutar surge de un valor no pagado de la obligación contenida en título judicial base de recaudo , pues, el Ejército Nacional efectuó el pago de la condena pero solo en una proporción

El tribunal consideró que la suma que se pretende ejecutar surge de un valor no pagado de la obligación contenida en título judicial base de recaudo , pues, el Ejército Nacional efectuó el pago de la condena pero solo en una proporción equivalente al 50% como consta en la Resolución no. 5557 de 16 de septiembre de 2022, circunstancia por la cual s e tiene que a la fecha no se ha reconocido una suma de capital equivalente a la ya pagada, esto es, de doscientos veintitrés millones quinientos veinticuatro mil novecientos setenta y nueve pesos ($223524.979,00).

4. La excepción propuesta

La Policía Nacio nal propuso la excepción de “inexistencia y prescripción de la obligación” (índice 23 SAMAI, primera instancia) y, por su parte, el Ejército Nacional formuló la de “inexistencia de la obligación por pago total a cargo de la entidad” (índice 25 SAMAI, primera instancia); la primera entidad indicó que los ejecutantes no demostraron haber presentado formalmente la cuenta de cobro ante la ventanilla única de radicación de la Policía Nacional, mientras que la segunda sostuvo que la obligación derivada de la sentencia judicial se encuentra saneada sin remanentes o saldos pendientes por concepto de capital o intereses a su cargo.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia dictada el 2 de abril de 2025 (índice 45 SAMAI, primera instancia) negó las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución, decisión adoptada con los siguientes fundamentos:6

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

seguir adelante con la ejecución, decisión adoptada con los siguientes fundamentos:6

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

1. En relación con la excepción de pago de la obligación es relevante advertir que la sentencia de reparación directa objeto de ejecución condenó solidariamente tanto al Ejército Nacional como a la Policía Nacional; además, el primero como la segunda pertenecen a una misma cartera ministerial como integrantes de la Fuerza Pública, por lo que, en todo caso, el Ministerio de Defensa Nacional en su conjunto es el llamado a responder por el pago total de la obligación.

1. Frente a la excepción de inexistencia de la obligación, la Policía Nacional afirmó no tener pendiente ninguna solicitud de pago de esta condena judicial; empero, el apoderado judicial de la entidad no expuso ni desarrolló de qué manera esa circunstancia generó la supuesta prescripción de la obligación.

1. En consecuencia, no hay lugar a modificar el mandamiento ejecutivo en la forma en que fue librado, porque, si bien es cierto que el Ejército Nacional efectuó el pago de la condena en la proporción que consideró le correspondía, se encuentra obligado al pago total por haber sido condenado solidariamente con la Po licía

Nacional.

1. Finalmente, la Policía Nacional tampoco debe ser exonerada ya que, también fue condenada con el Ejército Nacional y, se reitera, ambas entidades están adscritas al Ministerio de Defensa.

6. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la Policía Nacional presentó oportunamente recurso de

condenada con el Ejército Nacional y, se reitera, ambas entidades están adscritas al Ministerio de Defensa.

6. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la Policía Nacional presentó oportunamente recurso de apelación (índice 47 SAMAI, primera instancia ); adujo que la cuenta de cobro fue allegada única y exclusivamente ante el Ministerio de Defensa, como se reconoc e expresamente en la demanda ejecutiva y, por lo tanto, en ningún momento se presentó ante la Dirección General o ante la Secretaria General de la Policía Nacional; por consiguiente, el trámite para el pago se adelantó por el Ejército Nacional y era esta entidad encargada de saldar la totalidad de la obligación, pues, la Policía Nacional no realizó ni adelantó gestión alguna para el pago debido a que no tuvo conocimiento de la radicación de la sentencia que se pretende cobrar.7

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 28 de abril de 2025 (índice 49 SAMAI, primera instancia) se concedió el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional y mediante proveído del 25 de junio de 2025 (índice 3 SAMAI) se admitió por esta Corporación.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La discusión planteada consiste en determinar si se debe revocar la decisión de primera instancia porque, a juicio de la Policía Nacional, el a quo debió declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación.

La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que , en primer término, la excepción propuesta no e s de las expresamente previstas por el legislador en el numeral 2 del artículo 442 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) y, en segundo lugar, la condena que se pretende cobrar se impuso tanto al Ejército como a la Policía Nacional, es decir, de manera solidaria par a cada entidad pública, de allí que los ejecutantes podían perseguir el saldo insoluto de la deuda respecto de cualquiera por tener asignaciones y segmentos presupuestales distintos.

2. El caso concreto

1. El numeral 2 del artículo 442 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, preceptúa lo siguiente: “ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se

someterá a las siguientes reglas: (…).

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de

someterá a las siguientes reglas: (…).

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o8

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. (…).” (resalta la Sala).

En ese orden de ideas, la Policía Nacional propuso la e xcepción de “inexistencia y prescripción de la obligación”; empero, es particularmente relevante precisar que en relación con la prescripción no sustentó ni explicó cómo habría operado la misma y, frente a la inexistencia, se limitó a indicar que la cuenta de cobro fue presentada ante el Ministerio de Defensa Nacional pero no ante la Dirección o la Secretaría General de la Policía Nacional, circunstancia por la cual la entidad no estaba obligada o compelida al pago de la obligación.

1. La Sala advierte qu e la excepción de “inexistencia de la obligación” no tiene vocación de prosperar porque no está prevista, expresa e inequívocamente, en el numeral 2 del artículo 442 del CGP ; adicionalmente, no se puede desconocer que la obligación, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, existe y está

vocación de prosperar porque no está prevista, expresa e inequívocamente, en el numeral 2 del artículo 442 del CGP ; adicionalmente, no se puede desconocer que la obligación, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, existe y está contenida en una providencia judicial debidamente ejecutoriada.

1. De otra parte, el 30 de noviembre de 2017 esta Subsección condenó de manera solidaria al Ejército Nacional y a la Policía Nacional por el desaparecimiento forzado y posterior muerte del señor Henry Calixto Rey Morales.

En efecto, en los ordinales 1º y 3º de la referida providencia se consignó lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Ejército Nacional responsable por el daño antijurídico ocasionado a los demandantes en virtud del desaparecimiento forzado y posterior muerte de que fue víctima el señor Henry Calixto Rey Morales a manos de miembros de las ‘Autedefensas de Casanare’, en hechos ocurridos el 4 de agosto de 2003 en cercanías al municipio de Monterrey, Casanare.

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios, las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites” (negrillas y mayúsculas fijas del original – índice 15 SAMAI, primera instancia).

1. En ese contexto fáctico y no rmativo, la excepción propuesta no está acreditada o demostrada por la sencilla pero suficiente razón de que la condena impuesta se

del original – índice 15 SAMAI, primera instancia).

1. En ese contexto fáctico y no rmativo, la excepción propuesta no está acreditada o demostrada por la sencilla pero suficiente razón de que la condena impuesta se hizo de manera solidaria y, por ende, comprometió tanto el patrimonio del Ejército9

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

Nacional como el de la Policía Nacional, de modo que ambas instituciones castrenses están compelidas a saldar la deuda o acreencia.

1. En esa perspectiva, el saldo pendiente por pagar podía cobrarse judicialmente a ambas entidades, puesto que las dos quedaron cobijadas por la condena solidaria en los términos del artículo 2344 del Código Civil.

1. El artículo 1568 del Código Civil determina que las obligaciones solidarias (in solidum) son aquellas en que pueden existir pluralidad de acreedores (solidaridad activa) o de deudores (solidaridad pasiva) -según el extremo del vínculo de que se trate-, y cada uno de los últimos debe de manera completa la obligación a cada uno de los primeros; en otros términos, cualquiera de los a creedores puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores y el pago integral realizado por uno de estos extingue la obligación.

1. En este caso concreto, los acreedores (ejecutantes) estaban facultados para tramitar la solicitud de pago ante ambas entidades deudoras o ante cualquiera de ellas, a su arbitrio, con el objetivo de exigir el pago de la totalidad de la deuda, sin

1. En este caso concreto, los acreedores (ejecutantes) estaban facultados para tramitar la solicitud de pago ante ambas entidades deudoras o ante cualquiera de ellas, a su arbitrio, con el objetivo de exigir el pago de la totalidad de la deuda, sin que ninguna pudiera proponer el beneficio de divi sión o el fraccionamiento de la responsabilidad en el pago de la prestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 1571 del Código Civil.

En suma, avalar la posición de la entidad recurrente, según la cual la obligación sería inexistente por no radicar ante la Policía Nacional los documentos exigidos por la ley para el pago de la condena , implicaría, en primer término , desconocer la literalidad del título ejecutivo que expresamente señala que las entidades demandadas están obligadas solidariamente frente a los beneficiarios de la condena judicial y, por otro lado, dejar en manos de las entidades deudoras el cumplimiento parcial de la obligación en contravención de lo dispuesto expresamente en la ley.

1. Así las cosas, no era procedente exigirle a la parte actora que agotara nuevamente el procedimiento administrativo de cobro ante la Policía Nacional , por cuanto, por tratarse de una condena judicial que establece una condena solidaria por pasiva, resultaba suficiente que el acreedor efectuara el cobro ante cualquiera de las demandadas, como en efecto lo hizo.10

Expediente: 85001-23-31-000-2011-00096-02 (72.933)

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

3. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del Código

Ejecutante: Milver Teresa Rodríguez Hernández y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

3. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del Código General del Proceso (CGP) se con denará en costas de la segunda instancia a la Policía Nacional porque se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en l os artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

1º) Confírmase la sentencia del 2 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

2º) Condénase en costas a la Policía Nacional, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) ALBERTO MONTAÑA PLATA Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado

Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.