CE-SP-483-1965-0218

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de congresistas / CARGO POR FALTA DE FIRMAS EN LAS ACTAS DE ESCRUTINIO – No prospera El cargo así formulado no puede prosperar porque la Corte Electoral verificó los escrutinios de las mesas mencionadas sobre las respectivas papeletas y no con base en las Actas de escrutinios de los Jurados de Votación. CARGO POR NO COINCIDIR LOS RESULTADOS NI EL NÚMERO DE PAPELETAS DE CADA LISTA CON EL NÚMERO DE VOTOS EN LAS ACTAS DE ESCRUTINIO – No prospera No expresa la demanda qué disposición legal fue violada por haberse incurrido en las irregularidades anotadas, ni dio prueba alguna de que éstas se cometieron. Por tanto, el cargo de nulidad no puede prosperar. CARGO POR INTRODUCIR REGISTROS ELECTORALES EXTEMPORÁNEAMENTE – No prospera No dice expresamente la demanda qué disposición legal se estima violada con los hechos mencionados, aunque sí aparece citado, bajo el epígrafe "derecho", entre otras normas infringidas en general por el acto acusado, el ordinal 4º del artículo 196 de la Ley 167 de 1941. (…) Prescindiendo de la deficiencia anotada y teniéndose, como bien formulado el cargo, por falta de prueba no puede prosperar. El demandante no pidió ni adujo las copias de las actas o registros sobre introducción de los pliegos en las Arcas Triclaves de Codazzi y Fundación, para establecer, que los de las mesas mencionadas fueron introducidos extemporáneamente. De otra parte cabe hacer la observación que el

razonamiento que contiene la demanda, como concepto de la violación, sólo es pertinente respecto de los pliegos de los corregimientos e inspecciones de Policía, pero no en cuanto a la introducción de los correspondientes a las mesas de votación que funcionan en las cabeceras municipales, como son las poblaciones de Codazzi y Fundación, porque para los provenientes de estas mesas no se tiene en cuenta ni se fija el término de la distancia. (V. Art. 26, Decreto 3254 de 1963).

FUENTE FORMAL: DECRETO 3254 DE 1963 – ARTÍCULO 26

CARGO POR HABER EXPEDIDO, REDACTADO Y FIRMADO LAS ACTAS DE ESCRUTINIO EN UN LUGAR DISTINTO AL DE LAS ELECCIONES – No

prospera / SITIO DISTINTO SEGÚN LA CAUSAL DE NULIDAD ELECTORALAlcance

[N]o prueban los testimonios ratificados dentro del término de prueba del juicio que los escrutinios (…) se hubieran practicado y extendido y firmado las actas respectivas, en sitios distintos de los locales en que funcionaron las mesas de votación. El cargo, por tanto, no puede prosperar. (…) Como puede observarse sin dificultad, no concuerdan las declaraciones de los testigos que en lo pertinente se han transcrito, con lo que dice el certificado o constancia del Inspector de Policía. (…) Ahora bien, el certificado o constancia expedido por el Inspector de Policía del Corregimiento no tiene la calidad de documento auténtico, porque no da fe sobre "negocios que le están confiados por razón de su empleo" (artículo 315 del C. de

R. P. y M.), o "en lo referente al ejercicio de sus funciones", para que se haga plena prueba acerca de su contenido, como lo exige el artículo 632 del Código Judicial. Tal certificación versa sobre hechos de que se dio cuenta como testigo y sobre ellos ha debido deponer con las formalidades exigidas por la ley para la validez de la prueba testimonial. La Sala tiene, pues que prescindir de tal certificado o constancia, como prueba con valor legal. Queda entonces para apreciarse en relación con el cargo, la prueba testimonial antes referida y cabe entonces preguntar: ¿ si por falta de los Miembros de los Jurados de Votación no pudieron terminar los escrutinios en los mismos sitios en donde funcionaron las mesas, son nulas las actas o registros de tales escrutinios, conforme al ordinal 4o del artículo 196 del C. C. A.? (…) La noción de "sitio distinto" a que alude la causal invocada, no puede tener una interpretación tan estrecha que impida dar validez a escrutinios que han debido hacerse por fuerza de las circunstancias en un local, en un área de terreno diferente de aquél o aquella donde funcionó la mesa de votación. Como lo dice la jurisprudencia transcrita "pueden ocurrir contingencias" que hagan imposible la confección de los pliegos exactamente en el mismo lugar.

Cuanto la ley quiere, en beneficio de la limpieza del sufragio, es que los escrutinios y confección de pliegos se hagan públicamente y no en reserva, para cerrar toda posibilidad a un intento de fraude, y por ello toma precauciones enderezadas a que los ciudadanos puedan directamente, si lo desean, vigilar todo

el proceso electoral. Circunstancias de fuerza mayor o de otro orden, pueden obligar a los jurados de votación en un momento dado a verificar los escrutinios y confeccionar los pliegos pertinentes en sitio o recinto distinto de aquel en que la elección tuvo lugar; pero si el hecho es justificado y además se realizó públicamente, el proceso electoral debe tenerse por válido. En el caso presente, el solo traslado de los jurados y elementos de las votaciones a una casa para utilizar una lámpara que en ella había de modo que pudieran realizar su tarea, no puede tenerse por sí sólo como una transgresión a lo dispuesto por el numeral 4o del artículo 196. Si, de una parte, la oscuridad de la noche no permitía la confección de documentos en el sitio mismo donde funcionaron las mesas, parece natural que el traslado aludido se hacía necesario para completar la labor; y si, de otra, no se ha demostrado y las declaraciones no lo hacen que la elaboración de los do¬cumentos y registros electorales se hicieron secreta o reservadamente, esto es, en sitio inaccesible para el público, es preciso admitir que la elaboración de los registros se cumplió con arreglo, y por tanto el cargo no prospera. Iguales consideraciones proceden respecto del cargo formulado a la forma como se elaboraron los registros de la única mesa que funcionó en el Corregimiento de Boca de Tamalameque, Municipio de Tamalameque, cargo que consiste en haber sido trasladados los elementos de confección de los registros del frente de la casa de Lucía de Mier, donde funcionó la mesa de votación, al frente o a la casa de Agustín Perales por falta de luz en el primero de los sitios indicados. Y ello aparte

de que los testigos se cuidaron de señalar la distancia que medía entre los dos puntos y de aclarar si la elaboración de los registros se hizo privadamente o si por el contrario el público tuvo posibilidad de acceso al proceso de su confección. No prospera el cargo.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 693 / LEY 167 DE 1941 – ARTÍCULO 282 / LEY 4 DE 1913 – ARTÍCULO 315 /

CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 632

CARGO POR HABER SIDO FIRMADO EN BLANCO LOS REGISTROS ELECTORALES – No prospera Como las declaraciones de nudo hecho no pueden apreciarse como prueba, según se dejó dicho atrás, y el testimonio del señor Zamora no forma por sí sólo plena prueba (artículo 696 del C. J.), el cargo debe tenerse como no probado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 696

JEFE DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y CONTROL EJECUTIVO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO – No tiene jurisdicción, ni autoridad civil, política o militar El cumplimiento de los deberes o el ejercicio de las funciones que se determinan en el artículo transcrito, no implican que el Jefe de tal Oficina se halle investido de jurisdicción o autoridad civil, política o militar, ya sea que se entienda por jurisdicción la facultad de administrar justicia o que se admita la definición del Diccionario de la Lengua, como "el poder que uno tiene para gobernar y poner en ejecución las leyes", o bien sea que se considere que ejerce autoridad civil quien

reconoce y declara los derechos civiles de las personas, o que autoridad política es la que ejercen los que gobiernan y mandan ejecutar las leyes. En ninguna de las atribuciones de la Oficina de Coordinación y Control Ejecutivo del Ministerio aparece la facultad para resolver por propia autoridad en alguno de los asuntos que le están confiados. Todo se limita a una tarea de vigilancia sobre las labores técnicas y administrativas de las dependencias del Ministerio y aunque también se comprenden en la norma legal, el adelantamiento de investigaciones administrativas y el cumplimiento de comisiones, no aparece que el ejercicio de estas funciones tenga aparejado el poder decisorio, porque en lo que respecta a comisiones, la disposición sólo habla de presentar los correspondientes informes.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1631 DE 1963 – ARTÍCULO 7

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: GUILLERMO GONZÁLEZ CHARRY Bogotá D.E, dieciocho (18) de febrero de mil novecientos sesenta y cinco (1965) Radicación número: 483-CE-SP-1965-02-18

Actor: JORGE POSADA C.

Demandado: CORTE ELECTORAL El ciudadano Jorge Posada C, mayor de edad y vecino de esta ciudad, en demanda presentada el 10 de julio de 1964 solicita "la nulidad del Acuerdo número 9 de junio 30 de 1964, emanado de la Corte Electoral, en cuanto en su artículo 3º declaró electos Representantes a la Cámara a los señores Daniel Meneses y Abel Sinning Marriaga, principal y suplente respectivamente, en representación del partido conservador y en cuanto en su artículo 12 ordenó la expedición de las

correspondientes credenciales". Solicita, además, la rectificación de los respectivos escrutinios y la expedición de las credenciales a los que resulten elegidos. La demanda se refiere a la declaración de elección de Representantes por la circunscripción electoral del Magdalena y le sirven de fundamentos los hechos y omisiones a que se hará referencia más adelante, al estudiarlos en relación con las pruebas, con las disposiciones legales que se estiman violadas y con el concepto de la violación. El juicio se adelantó con la intervención de los señores Daniel Meneses y doctor Abel Sinning quienes se constituyeron parte impugnadora, por medio de su apoderado doctor Luciano Moreno Uribe, y con la intervención del señor Fiscal Primero del Consejo a cuya vista de fondo se hará referencia oportunamente. Para fallar la Sala analiza los distintos cargos formulados por el demandante contra el Acuerdo de la Corte Electoral, agrupando los hechos que sirven de fundamento a una misma acusación de ilegalidad, así: '"1o La Corte Electoral contabilizó en el escrutinio de los votos los correspondientes a los jurados de votación números 22, 43 y 60 del Municipio de Santa Marta, no obstante que las actas de escrutinio no estaban firmadas por los Jurados de Votación o por menos de tres de los mismos jurados, contra expresas disposiciones legales. "2o Lo propio sucedió con la Mesa correspondiente al Jurado de Votación número 2 del Municipio de Aracataca. "3o La mesa de votación que funcionó en el corregimiento de Guacoche, Municipio de Valledupar, está en idénticas circunstancias a las relatadas en los puntos

anteriores porque no fue firmada el acta de escrutinio por ninguno de los miembros del jurado de votación y al golpe de vista se aprecia clara y nítidamente que una misma persona escribió los nombres de los miembros del Jurado que, repito, no firmaron dicha acta". Dice la demanda en el "Concepto de la Violación": "Respecto de la ausencia de firmas de los Jurados de Votación en las Actas de Escrutinio, o de menos de tres firmas en las mismas, no se trata, como lo cree la Corte Electoral, "de deficiencias" de las dichas actas sino de la inexistencia legal de dichos documentos que por carecer de firmas no son auténticos y, por la misma razón, no constituyen prueba de la verificación de las elecciones y de sus resultados. No de otra manera puede interpretarse lo dispuesto por el numeral 2o del artículo 195 de la Ley 167 de 1941, en armonía plena con lo que sobre el mismo particular establecen el Decreto 3325 de 1959 y últimamente el numeral 7o del artículo 41 del Decreto 3254". El cargo así formulado no puede prosperar porque la Corte Electoral verificó los escrutinios de las mesas mencionadas sobre las respectivas papeletas y no con base en las Actas de escrutinios de los Jurados de Votación. Se lee, en efecto, en la copia del Acuerdo acusado: "Que con relación a las mesas números 22, 43 y 60 del Municipio de Santa Marta y 2 del Municipio de Aracataca los Delegados de la Corte negaron las solicitudes de nulidad interpuestas por "deficiencias en las firmas, en las actas de escrutinio

de los jurados de votación". La Corte debe confirmar lo resuelto por sus delegados, por cuanto ellos obraron de conformidad con el ordinal 7o del artículo 41 del Decreto 3254, y además porque en los escrutinios especiales que practicó la Corte (artículo 160 de la Ley 85 de 1916) se encontró completa concordancia entre los pliegos de estas mesas y los votos depositados en ellas". (Subrayado de la Sala) (fs. 6 del Cuaderno Principal). "Que con relación a la mesa número 1 que funcionó en el Corregimiento de Guacoche, Municipio de Valledupar, los señores Lázaro Serrano de Andreis, Ricardo Barrios Zuluaga, Hugo Escobar Sierra y José Ignacio Vives E. solicitaron la nulidad de esta mesa por "irregularidades en las actas de jurados de votación" y "deficiencias en las firmas del acta de escrutinio". La Corte revisó dicha mesa y no apareció más irregularidad que el parecido con el tipo de letra de las cuatro firmas del acta de escrutinio, fenómeno que puede ser producido porque una misma persona haya anotado los nombres de los jurados de votación, sin simular firma y pensando que los renglones designados para ellas lo eran para anotar los nombres de los jurados; caso ya contemplado y resuelto en el mismo sentido, en el acuerdo en que se resolvió la impugnación de algunas mesas en el Departamento del Valle, correspondientes a las elecciones del corriente año. Por lo tanto, la Corte confirma lo resuelto, al respecto, por sus Delegados, pues la confrontación que hizo sobre las papeletas y demás documentos de la mesa,

coincidió con lo anotado por ellos (artículos 143 y 166 de la Ley 85 de 1916) (fs. 7 ibid.). (Subrayado de la Sala). Hecho "4o Respecto de la votación cumplida en el Jurado de Votación Unico de Caracoli, Corregimiento del Municipio de Valledupar, se presenta una situación extraña y verdaderamente curiosa, que es la siguiente: Las diferentes actas de escrutinio no coinciden entre sí respecto de los resultados en favor de las diferentes listas de candidatos y tampoco coincidió el número de papeletas de cada una de las listas con el número de votos anotado para cada una de las listas en las diferentes actas de escrutinio. Tampoco coincidió el número de votantes anotado en el respectivo registro con el número de papeletas y, por otra parte, en algunas de las actas aparece anotado un buen número de votos en favor del candidato a la Asamblea señor Humberto Llanos, a quien no le aparece una sola papeleta. "Lo anterior demuestra el grave desorden allí protagonizado a través de graves irregularidades que, en su conjunto, evidencian un fraude protuberante que no puede ser prohijado por las Corporaciones Electorales y mucho menos por el Consejo de Estado. "Siendo evidentes, como son, las discrepancias entre las diferentes actas de escrutinio y entre las papeletas y el número de votos anotados, la nulidad debe prosperar en guarda de la pureza electoral". No expresa la demanda qué disposición legal fue violada por haberse incurrido en las irregularidades anotadas, ni dio prueba alguna de que éstas se cometieron.

Por tanto, el cargo de nulidad no puede prosperar. Hechos 5o y 6o: "Los registros electorales correspondientes a la mesa número 17 del Municipio de Codazzi fueron introducidos extemporáneamente al Arca Triclave y, en consecuencia, resultan nulos los votos correspondientes a dicha mesa, además de que existe expresa constancia de que uno de los jurados de votación previamente había trasladado la totalidad de los documentos a su residencia particular, en donde, clandestinamente, y sin participación de los demás miembros del Jurado de Votación hizo los respectivos escrutinios". "Igualmente fue introducida extemporáneamente al Arca Triclave el acta de escrutinios correspondiente a la mesa de votación número 9 del Municipio de Fundación". No dice expresamente la demanda qué disposición legal se estima violada con los hechos mencionados, aunque sí aparece citado, bajo el epígrafe "derecho", entre otras normas infringidas en general por el acto acusado, el ordinal 4o del artículo 196 de la Ley 167 de 1941. En el acápite concepto de violación dice: "La extemporaneidad respecto de la introducción de los pliegos en las respectivas Arcas Triclaves, es una cuestión de hecho que surge de comparar la hora de la introducción de los registros electorales con el término legal señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para cada circunscripción electoral, en este caso, la del Magdalena, términos fijados con base en autorización legal contenida en el Decreto 3254 de 1963". Prescindiendo de la deficiencia anotada y teniéndose, como bien formulado el

cargo, por falta de prueba no puede prosperar. El demandante no pidió ni adujo las copias de las actas o registros sobre introducción de los pliegos en las Arcas Triclaves de Codazzi y Fundación, para establecer, que los de las mesas mencionadas fueron introducidos extemporáneamente. De otra parte cabe hacer la observación que el razonamiento que contiene la demanda, como concepto de la violación, sólo es pertinente respecto de los pliegos de los corregimientos e inspecciones de Policía, pero no en cuanto a la introducción de los correspondientes a las mesas de votación que funcionan en las cabeceras municipales, como son las poblaciones de Codazzi y Fundación, porque para los provenientes de estas mesas no se tiene en cuenta ni se fija el término de la distancia. (V. Art. 26, Decreto 3254 de 1963). Hechos 7o, 8o, 9°, 10, 11, 12 y 13: "7o Las mesas correspondientes a los Jurados de Votación números 1, 2, 3 y 4 del Corregimiento de San Alberto y 1, 2, 3, 4 y 5 del Corregimiento de San Martín, ambos dentro de la jurisdicción del Municipio de Río de Oro, fueron extendidas (las actas de escrutinio), redactadas y firmadas por los Jurados de Votación en sitio distinto al lugar donde se realizaron las elecciones el 15 de marzo (numeral 4o del artículo 196 del C C A.). "8o Idéntica situación a la enumerada (sic) en el punto anterior tuvo lugar respecto de las mesas correspondientes a los Jurados de Votación 1 y 2 del Corregimiento

de Zapatosa y la que funcionó en las Bocas (sic) de Tamalameque, todas en el Municipio de Tamalameque. "9o Las actas de escrutinio correspondientes a los Jurados de Votación 7 y 9 de los Corregimientos de El Palomar y Angosturas, respectivamente, ambos dentro de la jurisdicción del Municipio de San Zenón, fueron firmadas en blanco por los jurados, sin haber hecho el escrutinio y la distribución de los votos y posteriormente un extraño al jurado de Votación las llenó según su particular interés. "10. Por haberse firmado las actas en blanco y haber sido llenadas posteriormente, y además, porque los Jurados de Votación hicieron el escrutinio en lugar distinto a aquél donde se realizó la elección (numeral 4o del artículo 196 de la Ley 167 de 1941), solicito la nulidad de los votos emitidos en los Jurados de Votación números 7 y 8 del Corregimiento de Guacamayal en el Municipio de Ciénaga. "11. En el Corregimiento de la Jagua de Ibírico, Municipio de Chiriguaná, según consta en declaraciones juramentadas de los miembros de los Jurados de Votación, las elecciones se realizaron desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, es decir durante un término de doce horas, hecho éste manifiestamente irregular que la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado sanciona con nulidad cuando el exceso es de cuatro horas o más, como ocurre en los casos de los Jurados de Votación 1, 2, 3, 4 y 5 de la Jagua de Ibírico. Por otra

parte los escrutinios se realizaron en lugar distinto a aquél donde se realizaron las elecciones, punto éste que ya fue analizado ampliamente en este escrito. Por todo lo anterior solicito la nulidad de las mesas que funcionaron en dicho Corregimiento (numeral 4o del artículo 196 de la Ley 167 de 1941). "12. Igualmente solicito la nulidad de las mesas números 1, 2, 3 y 4 del Corregimiento de Rincón hondo, Chiriguaná, en virtud de que los escrutinios todos se realizaron en las horas de la noche en la casa particular del señor Lorenzo Villalobos, según lo declaran los respectivos Jurados de Votación. "13. También por haberse realizado en lugar distinto a aquél en eme se efectuaron las votaciones (numeral 4o del artículo 196 de la Ley 167 de 1941), solicito la nulidad de las mesas 1, 2 y 3 del Corregimiento de San Roque (Chiriguaná)". En relación con las irregularidades a que se refieren los hechos transcritos, expuso la demanda en el concepto de la violación: "No menos procedente (sic) son las peticiones que se amparan en lo dispuesto en el numeral 4o del artículo 196 de la Ley 167 de 1941, respecto de nulidades de los registros electorales cuando hayan sido extendidos y firmados en local distinto a aquél donde se realizaron las elecciones. Un aspecto más grave puede alegarse y es el que se refiere a la confección de las actas de escrutinio por personas extrañas a los Jurados de Votación que son funcionarios electorales, así tengan

un carácter transitorio de empleados públicos. Gentes aguzadas para la viveza del fraude suelen a menudo, en apartadas regiones, abusando dolosamente de la ignorancia de las gentes, ofrecerse para elaborar los pliegos electorales alegando en aquel momento tener mejores dotes intelectuales y caligráficas que los propios Jurados de Votación. Ese es el agenté del fraude y su autor, porque el particular interesado en determinados resultados hace él mismo el escrutinio, pretextando el recuento de papeletas, cuando, en la mayoría de los casos, está adulterando la voluntad popular mediante el cambio de papeletas. En la medida en que esto se realiza, el fraude es perfecto e incontrolable. De ahí la extraordinaria importancia que tiene para la organización electoral el escrutinio que realizan los Jurados de Votación como fuente exacta y auténtica de la verdad electoral y por la misma razón las corporaciones escrutadoras tienen que ser rígidas e inflexibles, como lo ha sido y lo es el Consejo de Estado, cuando exige las firmas de los Jurados de Votación. "El Consejo de Estado no puede ser dúctil y flexible en estas materias porque entonces, y teniendo en cuenta el medio antes anotado, podría contribuir a que prosperara en forma general una viciosa costumbre que pondría en peligro la real voluntad de los conciudadanos expresada en las urnas. "El escrutinio de las elecciones, individualizado en cada Jurado de Votación, es un acto en el que, por mandato de la ley, deben participar todos los escrutadores o la mayoría de ellos. Debe realizarse, también por mandato de la ley, en el mismo

lugar donde funcionó el Jurado de Votación y el Acta de Escrutinio debe extendérselo sea escribirse y redactarse, y firmarse en el mismo sitio. Como es un acto público que se cumple inmediatamente después de que termine el certamen electoral, de esta manera el legislador ha querido darle publicidad ante la ciudadanía para asegurar asimismo su autenticidad. Los representantes de los partidos pueden presenciar todos estos actos, incluido el recuento de las papeletas. Si así no fuere, por desaparecer el fenómeno de la publicidad, que tiene alcances jurídicos preestablecidos, simultáneamente desaparece la autenticidad de los documentos y, por tal razón, no pueden tenerse en cuenta. "El Consejo de Estado debe analizar cuidadosamente todas y cada una de las previsiones que el legislador ha tenido sobre la materia, porque son sabias y porque se orientan a garantizar la pureza de las elecciones. "En el momento en que los Jurados de Votación o los escrutadores se ocultan de la vista pública y se trasladan del lugar donde se realizaron las elecciones a sitio distinto, vgr. a una casa particular, lo que se cumple es un escrutinio clandestino que por no ser público ya no es auténtico. Fácil sería para los Jurados de Votación, en sitio cerrado, alterar la voluntad popular mediante el cambio de papeletas y conservando el número de ellas que es igual al número de votantes. Esto es lo que ocurre cuando el escrutinio es clandestino y si las Corporaciones Escrutadoras no desestiman tales documentos estarían propiciando un sistema fraudulento que la ley quiso impedir de modo

expreso. Todo lo anterior dice relación directa con lo establecido en el numeral 2o del artículo 195 de la Ley 167 de 1941, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4o del artículo 196 de la misma ley (C. C. A.)". Separadamente, la Sala analiza las pruebas aducidas por el actor en relación con cada uno de los hechos transcritos: Corregimiento de San Alberto Municipio de Río de Oro. Según la demanda, las actas de escrutinios de las mesas se extendieron y firmaron en lugar distinto al de las votaciones. Para acreditar el hecho, el actor presentó con el memorial de pruebas y para que fuera decretada su ratificación, varias declaraciones rendidas extrajuicio ante el Juez Municipal de Aguachica, por miembros de los Jurados de Votación. Los declarantes cuyo testimonio fue ratificado, a la pregunta en qué lugar se hicieron los escrutinios, aclarando "si se hicieron en el mismo sitio donde funcionó el Jurado de Votación o si tuvieron lugar en parte distinta, bien fuera en una Oficina Pública o en alguna casa particular", respondieron: Carlos Tulio Orrego quien dice haber sido suplente en la mesa N° 2: "Los escrutinios de ese día 15 de marzo de este año fueron en el kiosko de un lado del ejército, hicimos los escrutinios y en seguida me fui y no firmé ninguna acta como dije antes" (fs. 65 y 302 Cuaderno de Pruebas del actor). Alfonso Avila Mateus (fs. 302 v. y 303) :".. .yo actuaba en la mesa número dos pero no recuerdo en qué parte están y los escrutinios se realizaron en el mismo

sitio donde funcionaban las mesas de votación". Francisco Luis Martínez (fs. 66 y 303) quien afirma haber sido Jurado Suplente en la mesa número dos: "Los escrutinios de ese día fueron en el kiosko cerquita al cuartel del ejército en San Alberto". Natanael Mora Bautista (fs. 304), quien fue nombrado Jurado, pero fue reemplazado y no actuó: "No recuerdo la fecha en que fueron las elecciones y no me acuerdo en qué lugar fue que se hicieron". Joaquín Ortega Parada (fs. 304 v.) quien dice haber sido jurado en la mesa número 4: "...las mesas estaban regadas y los escrutinios los hicieron cada cual (sic) en su mesa de votación, pues la mía estaba en la Inspección de Policía, y todo fue al puro sol". Glicerio Antonio Quiceño Escudero (fs. 305 v.) quien dice haber sido suplente en la mesa número 4: "... se efectuaron ahí mismo en cada mesa y fueron al aire libre". Lisímaco Osorio Suárez (fs. 306) quien dice haber actuado como suplente sin recordar en qué mesa: ".. .fueron realizados ahí mismo en San Alberto y las mesas de votación se encontraban al aire libre". Juan B. Córdoba (fs. 64 v. y 307) quien dice haber actuado como Presidente de la mesa número 2: "Los escrutinios después de las elecciones del 15 de marzo y como a las cinco de la tarde los hicimos en el kiosko del ejército". Alirio Arcos Jativa (fs. 307 v.) quien dice haber sido nombrado Jurado, pero que no actuó, porque fue reemplazado: ".. .los escrutinios se realizaron en la carretera

central, fuera del pueblo, pero no me acuerdo si fueron hechos donde funcionaron las mesas de votación". Leonor Alvarez Zarate (fs. 308) quien actuó como Jurado Suplente en la mesa número 2: "... las mesas estaban en la carretera central y no me acuerdo dónde fueron los escrutinios". José Enrique Orjuela Díaz (fs. 309) quien actuó como Principal de la mesa de votación número 1: ".. .la mesa mía se encontraba al aire libre al frente de la enfermería y se hicieron ahí mismo". Como puede observarse no prueban los testimonios ratificados dentro del término de prueba del juicio que los escrutinios en el Corregimiento de San Alberto se hubieran practicado y extendido y firmado las actas respectivas, en sitios distintos de los locales en que funcionaron las mesas de votación. El cargo, por tanto, no puede prosperar. Para probar el mismo hecho respecto a las actas de los Jurados de Votación que funcionaron en el Corregimiento de San Martín, jurisdicción del mismo Municipio de Río de Oro, acompañó el actor con el memorial de pruebas y para que fueran ratificadas dentro del término de prueba del juicio, las declaraciones rendidas extrajuicio, ante el Juez Municipal de Aguachica que aparecen a los folios 80 a 87, según las cuales los escrutinios se hicieron en la casa del señor Daniel Vergel. La ratificación de los testimonios fue decretada y se libró el respectivo despacho comisorio al mismo Juez por haberlo pedido así el apoderado del demandante (punto 16°, memorial de pruebas, folio 127). El Despacho fue devuelto sin diligenciar por no haberse podido hacer comparecer a los testigos, porque el citado

Corregimiento pertenece al Municipio de Río de Oro. Ante la falta de ratificación, la Sala no puede apreciar como pruebas los testimonios de nudo hecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en el procedimiento contenciosoadministrativo en virtud del artículo 282 del C. C. A. En consecuencia, el cargo no fue probado y no puede prosperar. Mesas de votación del Corregimiento de Zapatosa, Municipio de Tamalameque. Respecto a estas mesas se formula el mismo cargo de haber sido extendidas y firmadas las actas en sitio distinto del local en que funcionaron. Para probar el hecho la parte actora presentó con el memorial de pruebas un certificado o constancia del Inspector de Policía del Corregimiento señor Humberto Martínez y declaraciones extrajuicio rendidas ante el mismo funcionario por quienes intervinieron como Miembros de los Jurados de Votación, pidiéndose en dicho memorial que