CE-SP-EXP1923-N0314

REGISTROS DE JURADOS DE VOTACION - Causales de nulidad / LISTAS DE SUFRAGANTES - Falsedad / FALSEDAD DE REGISTROS DE JURADOS DE VOTACION - Demostración corresponde al demandante

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA Consejero ponente: JOSE JOAQUIN CASAS Bogotá, catorce (14) de marzo de mil novecientos veintitrés (1923) Radicación número: 0314

Actor: JOAQUIN CASTRO HERRAN Demandado: Referencia: Sentencia en la demanda de nulidad de los registros formados por los jurados de votación del municipio de prado, en las elecciones para presidente de la república.

Vistos: por memorial de fecha 13 de febrero del ano último y presentado al juez 19 del circuito de purificación, el señor Joaquín Castro Herrán demandó ante el tribunal seccional de lo contencioso administrativo de Ibagué la nulidad de los registros hechos por los jurados de votación del municipio de prado, el día 12 del mes y año citados, y en los cuales se hicieron constar «los votos emitidos para presidente de la república»; y solicitó como consecuencia de la declaratoria de nulidad de aquéllos, se ordenase al jurado electoral del municipio de prado, en acatamiento, según dijo el actor, de lo dispuesto por el artículo 197 de la ley 95 de 1916, la «reposición de lo actuado, o sea la formación de un nuevo censo verdadero, tanto general como especial,» de acuerdo, según palabras del demandante, «con el código de elecciones y demás disposiciones legales sobre la materia.»

Fundó el señor Castro Herrán su libelo en los motivos que se resumen en seguida:

I. Falsedad de las listas que sirvieron a los sufragantes para votar.

II. Falsedad de los elementos que sirvieron para la formación de los registros, conforme al artículo 14 de la ley 96 de 1920, numeral 2º; y III Actos escandalosos de fraude en las inscripciones y en toda la actuación del jurado electoral.

El actor enumera los hechos en que apoya su demanda, así: 1º el jurado electoral no se reunió sino uno que otro día. 2° el jurado electoral nunca permaneció reunido las horas diarias que la ley señala. 3° el jurado electoral negaba por lo general toda constancia que se pedía en las actas; no expedía copias de ningún documento. 4º el jurado electoral no fijó las listas de altas y bajas. 5° el jurado electoral no citaba a la minoría para efectuar sus sesiones. 6° El Jurado Electoral negó a la minoría el derecho de enterarse de las actas y el de comparar las listas parciales de sufragantes que se fijaron para las elecciones. 7° El Jurado Electoral no se reunió el día de las elecciones. 8° El Jurado Electoral obró en todos sus actos con parcialidad escandalosa. En punto de derecho apoyó la demanda en las disposiciones sustantivas y procedimentales sobre" nulidad de los registros contenidos en el capítulo XI del Código de Elecciones, en la Ley 70 de 1917 y en la 96 de 1920. Después de recibir el negocio la tramitación señalada por la ley, y cumplidas las ritualidades pertinentes, el Tribunal de primera instancia dictó el fallo respectivo,

cuya parte resolutiva dice: «Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: FALLA «No es el caso de declarar la nulidad de los tres registros que aparecen firmados por los tres Jurados de Votación del Municipio de Prado, con fecha doce de febrero del corriente año, y en los cuales registros hicieron constar los Jurados los escrutinios de los votos emitidos para Presidente de la República. Tampoco es el caso, consecuencial, de ordenar que en cumplimiento del artículo 197 del Código de Elecciones, el Jurado Electoral de Prado deba reponer lo hecho por él, cumpliendo las disposiciones del capítulo 2° del referido Código, y de las leyes posteriores sobre la Materia. «Pásense al señor Fiscal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima todos los datos que sean conducentes para que se proceda a investigar al culpable o culpables de los delitos o culpas que se hayan cometido y juzgar a los que resulten responsables de las culpas o delitos cometidos. No habiendo sido apelado el fallo, ha venido el negocio en grado de consulta al estudio del Consejo de Estado, donde ha recibido la tramitación que señala el artículo 20 de la nombrada Ley 96 de 1920. Corrido el traslado correspondiente al señor Fiscal de la corporación, emitió éste su concepto dentro del término legal. Como muy bien lo hace ver dicho concepto, ninguno de los hechos determinados en la demanda como generadores de la falsedad a que ella se refiere, aparece comprobado en el expediente, pues aun cuando durante el término respectivo en

la primera instancia se pidió la práctica de numerosas pruebas, en los autos sólo se encuentran los registros formados por los tres Jurados de Votación del Municipio de Prado, con fecha 12 de febrero último; un certificado en que el Alcalde de allí asevera que en su oficina no se halla la diligencia de posesión de los señores Rafael Gualtero y Mauricio Navarro, como miembros del Jurado Electoral de dicho Municipio, y que lo único que existe al respecto es una nota de dicha corporación en que da cuenta de que tales señores fueron nombrados en interinidad para ocupar esos puestos; copia del cuadro de contribuyentes por impuesto predial del mismo Distrito, y una declaración jurada del doctor Germán Alvarado sobre irregularidades y abusos cometidos por el Jurado Electoral de Prado, documentos los cinco primeros que, por sí solos, nada demuestran acerca de las aseveraciones hechas por el demandante; el último, que es un testimonio singular, no constituye plena prueba con relación a los hechos que relata, atendido el artículo 606 del Código Judicial. La petición del actor, de que en caso de ser decretada la nulidad de los registros denunciados, se le ordene al Jurado Electoral de Prado que forme un censo, tanto general como especial, con observancia, según dice el actor, de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, es completamente extraña por todos aspectos, puesto que ni el artículo 197 de la Ley 85 de 1916, en que se apoya el demandante, ni ninguna otra disposición legal autoriza a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo para ordenar a los Jurados Electora, les que rehagan los censos que deben servir de base a las elecciones, sean cuales fueren las

irregularidades que en la formación de éstos se hubieren cometido. El artículo 197 en mención, que se halla en la actualidad reformado por el 24 de la Ley 96 de 1920, tan sólo contempla el caso de que un escrutinio deba repetirse, o una elección renovarse, sin que se refiera en manera alguna a la formación de los censos electorales. Apoyado en lo expuesto solicita, el señor Fiscal que se confirme la sentencia proferida por el Tribunal Seccional de lo Contencioso de Ibagué, con fecha 17 de octubre próximo pasado, que ha venido al Consejo en grado de consulta, y en la cual se niegan las peticiones formuladas por el demandante y se ordena la investigación de los hechos punibles que se registran en el proceso. Cumplidas como están las formalidades de tramitación propias de estos juicios, se procede a resolver, mediante las siguientes consideraciones: Al tenor del numeral 2° del artículo 14 de la Ley 96 de 1920, los registros formados por los Jurados de Votación son nulos cuando resulte que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hubieren servido para su formación.

Ahora bien: se basa la demanda para demostrar la falsedad de los registros y de los elementos que entraron en su formación, en que las listas de sufragantes fueron igualmente falsas o apócrifas; y para demostrar su aserto, enumera el actor una serie de irregularidades y abusos, que afirma se cometieron por el Jurado Electoral en la formación de las mencionadas listas.

Para cumplir con los términos de su demanda debió el demandante demostrar que

las listas que tuvieron presentes los Jurados de Votación de Prado, en el debate eleccionario, no fueron en realidad de verdad las mismas que había formado el respectivo Jurado Electoral con este objeto, sino otras distintas, o que por cualquiera otro punto de vista eran ellas contrarias a la verdad; pero, como se ha repetido, la prueba de tales hechos, que producirían lo falso o lo apócrifo de dichas listas, aunque no de otros elementos, y conforme al usual y recto sentido de aquellas palabras, no llegó a traerse al proceso. Ni se probó que las boletas o papeletas de votación, en cuya vista se formaron los registros acusados, y que (según doctrina sentada por el Consejo de Estado) constituyen los elementos que entraron en la formación de esos registros, fuesen falsos o apócrifos. No existe legalmente ninguna de las causales que conforme al artículo 14 de la Ley 96 de 1920 producen nulidad de los registros electorales. En síntesis, el demandante señor Castro Herrán no probó los fundamentos ni de hecho ni ele derecho en que basó su demanda, pues como bien lo analiza el Tribunal, de los registros o actas levantadas por los tres Jurados para relatad la manera como se verificaron ante ellos las votaciones y el resultado obtenido, actas que se acompañaron al libelo, no aparece comprobada ninguna de las irregularidades de que se tachan los trabajos y registros llevados a cabo por el Jurado Electoral de Prado durante la formación de las listas y del censo que sirvieron para las votaciones en referencia. Por las razones expuestas, el Consejo de Estado, de acuerdo con el concepto

fiscal y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia consultada, Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de su origen.

JOSE JOAQUIN CASAS

SERGIO A. BURBANO

SIXTO A. ZERDA

RAMON ROSALES

MIGUEL ABADIA MENDEZ

J. M. GARCIA HERNANDEZ

RAMON CORREA

JOSE ANTONIO ARCHILA

Secretario