CE-SP-EXP1998-NIJ003

EMPLEO DE CARRERA JUDICIAL - Cambio de Naturaleza / EMPLEADO DE CARRERA JUDICIAL - Extinción de los Derechos / CAMBIO DE

NATURALEZA DEL EMPLEO - Efectos

El demandante quien se hallaba inscrito en el escalafón de carrera judicial en el cargo de "Auxiliar de Magistrado", al pasar dicho cargo, a ser de libre nombramiento y remoción, por ministerio de la ley cambió su situación laboral frente al nominador, pues no se compadece con la lógica jurídica que un cargo discrecional por disposición legal, simultáneamente tenga inamovilidad relativa derivada del status de carrera judicial. Se impone unidad entre la norma y la realidad, presupuesto esencial del ordenamiento, de lo contrario el mandato legal no tendría vigencia, sería inocuo. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al definir el empleo que desempeñaba el actor como de libre nombramiento y remoción, lo hizo atendiendo los principios que orientan la función pública de administrar justicia, entre ellos prevalece el interés general y el servicio a la comunidad. En tal virtud, el interés que tenía el actor frente a la carrera, debe ceder al interés público. A lo anterior se agrega que el cambio de naturaleza del empleo dispuesto por la ley en los términos ya indicados, no implica retiro del servicio, se produce cambio de situación laboral, pero los sistemas de carrera y de libre nombramiento y remoción no se contraponen, por el contrario, para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, su funcionamiento debe ser armónico. En ambos casos se persigue el mismo fin: garantizar la eficiencia en la función pública.

CARRERA JUDICIAL - Exclusión Empleado de Carrera / CARRERA JUDICIAL - Campo de Aplicación / AUXILIAR DE MAGISTRADO - Naturaleza del Cargo / STATUS DE CARRERA - Pérdida por cambio de Naturaleza del Cargo / INTERÉS GENERAL - Prevalencia sobre el Particular En el caso presente no se discute la naturaleza del empleo, sino que se controvierten los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de los cuales excluyó al actor de la carrera judicial. El Consejo Superior de la Judicatura al excluir de la carrera judicial al demandante, no desarrolló función distinta que administrar la carrera judicial, pues no hay duda que el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, cambió de naturaleza dicho cargo para convertirlo de libre nombramiento y remoción, norma que la Corte Constitucional declaró ajustada en lo pertinente al mandato constitucional; en ese orden no cabe tratamiento distinto al que el ordenamiento consagra para un empleo discrecional. Ilustra aún más el problema jurídico que se resuelve, el que, el artículo 158 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al señalar el campo de aplicación de la carrera judicial, dispone que son de carrera los cargos de los Magistrados de los Tribunales y de las Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción. El cargo de "Auxiliar de Magistrado" como se explicó es de libre nombramiento y remoción. En tal virtud, el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de tal función, no podía aplicar la carrera a un empleo de naturaleza

discrecional. De otra parte, la garantía que otorga el fuero de carrera supone la existencia de norma legal que la disponga, y extinguida ésta por virtud de ley posterior, se extingue para el funcionario dicho status sin que pueda alegarse derecho adquirido alguno, conforme al artículo 58 de la C.N., pues prima el principio contenido en la citada norma, de que el interés particular debe ceder al interés público o social, sin que pueda alegarse violación del principio de irretroactividad. En conclusión, el Consejo Seccional y el Consejo Superior de la Judicatura al excluir el cargo del demandante de la carrera judicial, no adelantó actividad distinta que administrar la carrera judicial en los términos que señala la ley.

NOTA DE RELATORIA: Menciona la sentencia de la H. Corte Constitucional C195 del 21 de abril de 1994, respecto de la facultad del legislador para definir un empleo como de Libre Nombramiento y Remoción.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: JAVIER DÍAZ BUENO

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Radicación número: IJ-003

Actor: HÉCTOR DARÍO BAENA BARRIENTOS

Demandado: SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA Referencia: AUTORIDADES NACIONALES Por importancia jurídica asumió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado competencia para conocer del asunto de la referencia, el cual

procede a resolver en el siguiente orden:

ANTECEDENTES

HECTOR DARIO BAENA BARRIENTOS, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., demandó la nulidad de las Resoluciones números 262 del 25 de septiembre de 1996, 326 del 12 de noviembre de 1996, y 111 del 1°de abril de 1997, expedidas por la Sala Administrativa del Consejo Seccional y Consejo Superior de la Judicatura, respectivamente mediante las cuales dispuso la exclusión de la carrera administrativa, del cargo de “Auxiliar de Magistrado”. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho pretende se disponga que el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el Consejo Superior de la Judicatura están en la obligación de respetar la inscripción de la carrera judicial al demandante, contenida en la Resolución No. 752 de 27 de agosto de 1987 expedida por la Sala Especial de Decisión del Tribunal Superior de Medellín. Expresa el actor que actualmente se desempeña como Auxiliar de Magistrado en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. Mediante Resolución No. 752 de agosto de 1987 expedida por la Sala Especial de Decisión del Tribunal Superior de Medellín se ordenó su ingreso en la carrera judicial “… en calidad de AUXILIAR DE MAGISTRADO GRADO ONCE.”, acto que se encuentra ejecutoriado y en firme. Normas Violadas.- Invocó las siguientes: preámbulo, artículos 1º, 2º, 25, 29, 53 y 125 de la Constitución; artículo 48 del Decreto 2400 de 1968 modificado por el

Decreto 3074 del mismo año; artículos 2º; 3º, 14, 15, 28, 34, 35, 36, 69, 73 y 74 del Decreto 001 de 1984; artículo 3º del Decreto 1223 de 1993; Decreto 2046 de 1969; Decreto 342 de 1970; artículo 180, 181, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1973; artículo 27 de la Ley 10/90; artículo 8º del Decreto Reglamentario 1344 de 1990; artículo 3º, 5º, 6º y 8º de la Ley 58 de 1987; y el artículo 5º de la Ley 27 de 1992. En síntesis, el demandante considera que los actos acusados son violatorios de la normatividad invocada, porque se le excluyó de la carrera judicial por una causal no prevista en la ley, se desconoció el derecho al debido proceso porque los actos acusados se expidieron sin que previamente se hubiera adelantado una actuación administrativa en la cual hubiera tenido la oportunidad de intervenir y defender sus derechos y no podía ser excluido de la carrera sin que previamente hubiera manifestado su consentimiento expreso y escrito. Contestación de la demanda.- La Nación - Consejo Superior de la Judicatura a través de la Directora Ejecutiva de la Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que la exclusión de la carrera judicial del actor se produjo con base en lo dispuesto por el artículo 130, inciso 4° de la ley 270 de 1996, pues el cargo del actor, pasó a ser considerado como de libre nombramiento y remoción, por consiguiente dice la Entidad, el interés particular

debe ceder ante el interés general de la comunidad. En una amplia respuesta a la demanda, el apoderado de la Nación, solicita se denieguen las súplicas de ésta. Concluye la contestación de la demanda, lo siguiente: “De otra parte, debemos considerar que la norma es clara y expresa cuando cambia la naturaleza jurídica de los cargos, dejando sin fundamento jurídico al demandante para solicitar su escalafonamiento en la carrera judicial con base en él y por lo tanto no es necesario acudir al recurso de una interpretación por vía analógica”. (Fl 87). EL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Cuarto Delegado en lo Contencioso, ante esta Corporación, solicita se acceda a las súplicas de la demanda, por considerar que conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 153 de 1887, es viable aplicar el artículo 5° de la ley 27 de 1992, esto es, que cuando no haya ley que regule el caso controvertido, se aplicará lo dispuesto en leyes que regulan materias semejantes.

Dijo el Procurador: “Sobre el caso motivo de cuestionamiento, teniendo como presupuesto fundamental el imperio de la equidad, se tiene que, en seguimiento de las normas que se vienen citando de la Ley 153 de 1887, esta Agencia Fiscal entiende que la disposición aplicable es la que trae el artículo 8° según el cual: “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho” Como materias semejantes, es deducible que la más

análoga a la que se viene tratando es la referente a la carrera administrativa regulada por la Ley 27 de 1992 en cuyo artículo 5° se prescribe: “Cambio de naturaleza de los empleos. Los empleados de carrera cuyos cargos sean declarados de libre nombramiento y remoción, deberán ser trasladados a empleos de carrera con funciones afines y remuneración igual o superior a la del cargo que desempeñan si existieran vacantes en las respectivas plantas de personal, en caso contrario, continuarán desempeñando el mismo cargo y conservarán los derechos de carrera mientras permanezcan en él” (Fl.113) Para resolver, se CONSIDERA El actor para impetrar la nulidad de los actos acusados se fundamenta en que hallándose inscrito en carrera judicial, no podía ser excluido, aun cuando su empleo hubiera dejado de ser de carrera, a su entender se violan normas superiores que protegen el derecho al trabajo, y a la estabilidad, porque el cambio de naturaleza del empleo no lo contempla la ley como una causal de pérdida de los derechos del escalafón. Agrega que se desconoció el debido proceso, pues se surtió la actuación administrativa sin su intervención, con lo cual se le impidió expresar su opinión y solicitar la práctica de pruebas, además fue revocado sin su consentimiento, un derecho particular y concreto, que tenía plena vigencia, con lo cual se violó el principio de irretroactividad de la ley. (Fl. 48 y s.s). En el proceso se acreditó lo siguiente: Al folio 2 obra copia de la Resolución No. 752 del 27 de agosto de 1987, por

medio de la cual el actor fue inscrito en el cargo de “Auxiliar de Magistrado” grado 11 del Tribunal Superior de Medellín. Igualmente a folios 4, 17 y 28, obran los tres actos acusados, en donde consta que el actor fue excluido de la carrera judicial con base en que su empleo pasó a ser de libre nombramiento y remoción, por virtud del inciso 4° del artículo 130 de la ley 270 de 1996. Textualmente dice el primer considerando de la Resolución No. 262: “PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido por el inciso cuarto del artículo 130 de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, son de libre nombramiento y remoción los cargos de Auxiliares Judiciales de los despachos de los Magistrados de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales. “…”

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Excluir de la Carrera Judicial al Señor HECTOR DARIO BAENA BARRIENTOS identificado con la C.C. 71.610.880 quien presta sus servicios a la Rama Judicial en el despacho del

Magistrado JAIME DE LA CRUZ ARCILA URREA”. (Fl. 4 y

5). El problema jurídico sometido a consideración de la Sala, se resuelve en el siguiente orden: El artículo 125 de la Carta Política señala la regla general según la cual los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera con las excepciones allí indicadas. Prevé que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar

los méritos y calidades de los aspirantes. Dispone también que el retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución y en la ley. El mismo precepto constitucional permite al legislador establecer excepciones al principio general, es decir definir como de libre nombramiento y remoción un cargo, siempre y cuando no altere la filosofía que el constituyente le imprimió al sistema de carrera. Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional, ha sido enfática en señalar que la facultad del legislador al definir un empleo como de libre nombramiento y remoción, no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera. La Corte Constitucional en sentencia C-195 de 21 de abril de 1994, expresó: “Por tanto como base para determinar cuando un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones en la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a una potestad infundada. Por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su

desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y evaluación.” En el asunto objeto de examen, el cargo de “Auxiliar de Magistrado” fue definido como de libre nombramiento y remoción por el inciso 4º del artículo 130 de la ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, al disponer que “son de libre nombramiento y remoción … los cargos de los Despachos de los Magistrados de los Tribunales …”. Dicha norma al ser revisada por la Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, fue declarada exequible por considerar que la naturaleza de tales empleos -libre nombramiento y remoción-, era armónica con los postulados del artículo 125 de la Carta Política, es decir, que la esencia de tales cargos entraña la confianza plena y total que debe responder a las exigencias del nominador. Definido el empleo de Auxiliar de Magistrado por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996 como de libre nombramiento y remoción y establecido mediante sentencia que hizo transito a cosa juzgada constitucional, que tal definición se hallaba acorde con el sistema de carrera instituido en el artículo 125 de la Carta Política, no le es dado al Juez Contencioso Administrativo exponer consideraciones adicionales sobre tal naturaleza. Se precisa sí, que el carácter esencial de un cargo de libre nombramiento y remoción, permite que el nominador pueda disponer libremente del empleo, sin

limitación distinta a razones del buen servicio público, facultad que debe realizar atendiendo la filosofía que inspira el respeto por el derecho al trabajo, fin superior de la sociedad dentro de la vigencia del orden justo, cuyo cumplimiento debe observar de manera especial la autoridad judicial nominadora. La anterior precisión obedece a que, el demandante quien se hallaba inscrito en el escalafón de carrera judicial en el cargo de “Auxiliar de Magistrado”, al pasar dicho cargo, a ser de libre nombramiento y remoción, por ministerio de la ley cambió su situación laboral frente al nominador, pues no se compadece con la lógica jurídica que un cargo discrecional por disposición legal, simultáneamente tenga inamovilidad relativa derivada del status de carrera judicial. Se impone unidad entre la norma y la realidad, presupuesto esencial del ordenamiento, de lo contrario el mandato legal no tendría vigencia, sería inocuo. No puede ser otro el tratamiento, puesto que, en el ejercicio de la función administrativa no pueden separarse los elementos de contenido material que conlleva un empleo de libre nombramiento y remoción. Su naturaleza debe coincidir con la realidad y la esencia ínsita en el mismo, debe tener efectividad: la discrecionalidad de tales empleos lleva implícita la función pública que compromete al nominador, quien en procura del servicio público que demanda la sociedad, no puede estar sometido a dar tratamiento de carrera a un empleo que por definición legal tiene carácter de discrecional. Para el cumplimiento de la función de administrar justicia, la Ley 270 de 1996 dotó a los Magistrados de los Tribunales de colaboradores que les ofrecieran plena confianza con el fin de que cumplieran las responsabilidades y metas que la sociedad demanda.

Tales planteamientos no sólo tienen soporte legal, sino Constitucional, pues Colombia es un estado social de derecho fundado en importantes principios, entre ellos, el de que prevalece el interés general y el servicio a la comunidad. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al definir el empleo que desempeña el actor como de libre nombramiento y remoción, lo hizo atendiendo los principios que orientan la función pública de administrar justicia, entre ellos prevalece el interés general y el servicio a la comunidad antes mencionados. En tal virtud el interés que tenía el actor frente a la carrera, debe ceder al interés público. (artículo 1º, 58 y 228 C.N.). A lo anterior se agrega que el cambio de naturaleza del empleo dispuesto por la ley en los términos ya indicados, no implica retiro del servicio, se produce cambio de situación laboral, pero los sistemas de carrera y de libre nombramiento y remoción no se contraponen, por el contrario, para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, su funcionamiento debe ser armónico. En ambos casos se persigue el mismo fin: garantizar la eficiencia en la función pública. Ahora bien, tanto el demandante como el Procurador Delegado ante el Consejo de Estado consideran que a la situación se debe aplicar de manera análoga el artículo 5º de la Ley 27 de 1992, cuyo tenor es: Del cambio de naturaleza de los empleos Los empleados de carrera cuyos cargos sean declarados de libre nombramiento y remoción, deberán ser trasladados a empleos de carrera con funciones afines y remuneración igual o superior a la del cargo que desempeñan, si existieren vacantes en las respectivas plantas de personal; en caso contrario, continuarán

desempeñando el mismo cargo y conservarán los derechos de carrera mientras permanezcan en él. Para la Sala la previsión contemplada en la norma antes transcrita, no es aplicable al caso presente por lo siguiente: En primer término en el sub-lite no se presenta vacío, simplemente por disposición legal se produjo un cambio de naturaleza del empleo. En segundo lugar por mandato de la misma ley (inciso tercero artículo 2º), las entidades y sectores con carreras especiales o sistemas específicos de administración de personal, continuarán rigiéndose por las normas vigentes para ellas consagradas en la Constitución y la ley. La Rama Judicial se rige por una normatividad específica, la Ley 270 de 1996. Esta ley además en el artículo 204 dispuso que hasta tanto se expidiera la ley ordinaria que regulara la carrera judicial y estableciera el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarían vigentes, en lo pertinente el Decreto-Ley 052 de 1987 y el Decreto 1660 de 1978 siempre que sus disposiciones no fueran contrarias a la Constitución y a la ley. En tercer lugar, no sería posible aplicar la previsión consagrada en el artículo 5º de la Ley 27 de 1992 a las situaciones especiales de carrera judicial, porque dicha norma fue concebida para regular el régimen de administración de personal civil que presta sus servicios en la Rama Ejecutiva y entidades en las cuales el régimen de carrera se estructura sobre la base de una facultad nominadora centralizada, mientras que en la rama judicial, dicha facultad se halla dispersa, como quiera que los Magistrados designan libremente los cargos de sus

Despachos, como se desprende sin mayor dificultad del artículo 131 numeral 4 en armonía con los artículos 175 y 130 de la Ley 270 de 1996. Aún más, en el caso presente no se discute la naturaleza del empleo, sino que se controvierten los actos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de los cuales excluyó al actor de la carrera judicial, actividad que la Sala encuentra ajustada a derecho por lo siguiente: La Carta Política en el numeral 1º del artículo 256 otorgó al Consejo Superior de la Judicatura la función de administrar la carrera judicial, la cual es reiterada en el numeral 17 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, atribución que debe cumplir “… de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.”. El Consejo Superior de la Judicatura al excluir de la carrera judicial al demandante, no desarrolló función distinta que administrar la carrera judicial, pues no hay duda que el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, cambió de naturaleza dicho cargo para convertirlo de libre nombramiento y remoción, norma que la Corte Constitucional declaró ajustada en lo pertinente al mandato constitucional; en ese orden no cabe tratamiento distinto al que el ordenamiento consagra para un empleo discrecional. Ilustra aún más el problema jurídico que se resuelve, el que, el artículo 158 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia al señalar el campo de aplicación de la carrera judicial, dispone que son de carrera los cargos de los Magistrados de los Tribunales y de las Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento

y remoción. El cargo de “Auxiliar de Magistrado” como se explicó es de libre nombramiento y remoción. En tal virtud, el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de tal función, no podía aplicar la carrera a un empleo de naturaleza discrecional. Se dice también que la Entidad demandada con la expedición del acto acusado incurrió en violación del derecho al debido proceso, pues adelantó la actuación administrativa para excluirlo de la carrera judicial, sin la intervención del demandante, con lo cual se le impidió expresar su opinión y solicitar la práctica de pruebas, además que el acto fue revocado sin su consentimiento, el cual contenía un derecho particular y concreto que tenía plena vigencia. También se violó el principio de irretroactividad de la ley. Sobre este aspecto observa la Sala que el acto acusado no se expidió dentro de una actuación administrativa reglada sino que, simplemente obedeció al cambio de naturaleza del empleo definida por el legislador como ampliamente se ha venido estableciendo en esta providencia, razón por la cual la Sala considera infundados tales planteamientos. Se impone una actuación reglada cuando el retiro de la carrera lleva consigo el retiro del servicio y se produce por las razones consagradas en el artículo 173 de la Ley 270 de 1996, entre las cuales no se encuentra el cambio de naturaleza del empleo. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no consagró el cambio de naturaleza del empleo, como causal de retiro de la carrera judicial, situación que se explica porque la misma ley definió los cargos que son de carrera, y

expresamente indicó cuáles eran de libre nombramiento y remoción, y como era lógico, al referirse al campo de aplicación de la carrera, no incluyó a los de libre nombramiento y remoción, por ello no podía el legislador establecer como causal de retiro de la carrera, los empleos que no pertenecían al sistema de carrera. Por tal razón el retiro de la carrera judicial obedece a una causal de retiro del servicio y calificación no satisfactoria. En cambio la exclusión de carrera es una consecuencia directa de la aplicación de la Ley Estatutaria en cuanto cambió la naturaleza del empleo al darle la calidad de libre nombramiento y remoción. Frente al cambio de naturaleza del empleo dispuesto por la ley, la inscripción en la carrera no puede considerarse un derecho particular inmodificable, tal situación depende del mantenimiento de una legislación o regulación de derecho público, a cuya intangibilidad no se tiene derecho alguno, ni el administrado se puede resistir, siempre y cuando el legislador no desnaturalice la filosofía del sistema trazado en la Carta Política. La garantía que otorga el fuero de carrera, supone la existencia de norma legal que la disponga, y extinguida ésta por virtud de ley posterior, se extingue para el funcionario dicho status sin que pueda alegarse derecho adquirido alguno, conforme al artículo 58 de la C.N., pues prima el principio contenido en la citada norma, de que el interés particular debe ceder al interés público o social, sin que pueda alegarse violación del principio de irretroactividad. En vigencia de la Carta Política de 1886 (con la reforma realizada en 1945 y

reiterada en 1957), correspondía a la ley establecer la carrera judicial y reglamentar los sistemas de concurso para la selección de los candidatos que fueran a desempeñar los cargos judiciales y los de Ministerio Público (art. 162). Por lo anterior, el Decreto 052 de 1987 definía el cargo de “Auxiliar de Magistrado de Tribunal”, como de carrera judicial y con arreglo a sus previsiones el actor fue inscrito en la misma. A partir de 1991, la Constitución se ocupó directamente de señalar bases para la carrera, posteriormente la Ley 270 de 1996 definió al citado empleo como de libre nombramiento y remoción, regulación que al ser sometida al control de constitucionalidad fue declarada exequible. Es decir, que el cambio de naturaleza del empleo no obedeció solo al mandato dispuesto por ley o decreto con fuerza de ley, sino como consecuencia de la adopción de una nueva Constitución que señaló las bases para la carrera judicial y posterior expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La Constitución de 1991 se expidió por voluntad del constituyente primario que dio paso a la Asamblea Nacional Constituyente 1990 - 1991, como poder soberano e independiente del ordenamiento jurídico anterior, y en la implantación de nuevas instituciones, la naturaleza del cargo desempeñado por el demandante dejó de ser de carrera judicial. Por ello carece de sustento constitucional o legal reclamar derechos de carrera frente a la nueva normatividad. En conclusión, el Consejo Seccional y el Consejo Superior de la Judicatura al excluir el cargo del demandante de la carrera judicial, no adelantó actividad

distinta que administrar la carrera judicial en los términos que señala la ley. En otras palabras, los actos acusados conservan la presunción de legalidad que los ampara, la cual no logró ser desvirtuada en el curso del proceso. En consecuencia se denegarán las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE y una vez ejecutoriada archívese el expediente. Discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 1998.

DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

Presidenta (Ausente)

LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA

Vice - Presidente

MARIO RAFAEL ALARIO MENDEZ RAFAEL ARIZA MUÑOZ Salva voto

GERMAN AYALA MANTILLA JESUS MARIA CARRILLO B.

Ausente

JULIO ENRIQUE CORREA R. JAVIER DIAZ BUENO

SILVIO ESCUDERO CASTRO CLARA FORERO DE CASTRO Salva voto

DELIO GOMEZ LEYVA RICARDO HOYOS DUQUE Salva voto

ROBERTO MEDINA LOPEZ MIREN DE LA LOMBANA DE M.

Salva voto

DANIEL MANRIQUE GUZMÁN JUAN DE DIOS MONTES H.

LIBARDO RODRIGUEZ R. GERMAN RODRIGUEZ V.

Ausente

CARLOS ORJUELA GONGORA NICOLAS PAJARO PEÑARANDA

Salva voto

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA DANIEL SUAREZ HERNÁNDEZ

MANUEL S. URUETA AYOLA

MERCEDES TOVAR DE HERRAN

Secretaria General EMPLEO PUBLICO - Derechos y Garantías / CARRERA JUDICIAL - Principio de Estabilidad Laboral / CAMBIO DE NATURALEZA DEL CARGOEstabilidad Laboral La naturaleza del empleo público ha sido superada en la Nueva Carta Política en favor de una nueva concepción que se suele definir como estado democrático, en el cual se le reconocen al individuo frente al estado una serie de derechos y garantías. Así, dentro de los principios que debe contener el estatuto del trabajo de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución se encuentra el de la estabilidad en el empleo, el cual se garantiza de mejor manera con la garantía de los derechos en la carrera judicial a pesar del cambio de naturaleza del cargo.

NOTA DE RELATORIA: A este salvamento de voto se adhiere el Dr. JULIO

ENRIQUE CORREA RESTREPO.

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación número: IJ-003

Actor: HECTOR DARIO BAENA BARRIENTOS Además de las razones expuestas por la doctora Clara Forero de Castro en su salvamento de voto, no comparto la decisión mayoritaria de la Sala por las razones que paso a exponer: 1º.- La Corte Suprema de Justicia, actuando como juez de constitucionalidad, mediante sentencia del 13 de abril de 1970 al declarar la inexequibilidad del artículo 49 del Decreto Ley 2450 de 1968 en cuanto establecía

la pérdida de los derechos dentro de la carrera para los empleados que ocupen

cargos que se declaren de libre nombramiento y remoción, sostuvo: “Sexta. Detro de las normas que fije la ley sobre acceso al servicio público, estabilidad en el cargo adquirido, entrenamiento o ex