CGR - 2023 XI Informe DL 4635 Pueblo NARP

11º INFORME DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO LEY No. 4635 DE 2011 "Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras". Bogotá, D.C., 18 agosto de 2023

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEY 4635 DE 2011

ARNULFO CARDOSSI JULIO YASMID BANGUERO Comisionados de los Consejos Comunitarios y Autoridades Propias de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras MARGARITA CABELLO BLANCO CARLOS CAMARGO ASSÍS CARLOS MARIO ZULUAGA PARDO Procuradora General de la Nación Defensor del Pueblo Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República JEFFERSON MENA SÁNCHEZ JULIO LUIS BALANTA MINA RUBÉN DARÍO GRANDA ESCOBAR Asesor Procuraduría Delegada para Defensor Delegado para Asuntos Contralor Delegado para el Asuntos Étnicos Étnicos Posconflicto ANA ROSA CELIS ARIAS GLORIA ELENA RODRÍGUEZ GARCÍA CAROL ARLETTE ROJAS SÁNCHEZ ÁNGELA GINNETH RODRÍGUEZ SUÁREZ NATALIA OCORÓ GRAJALES JOSÉ FERNANDO ZÚÑIGA BURBANO CLAUDIA LILIANA HURTADO DELGADO JUDITH DEL PILAR VIDAL ROSA MARÍA PADRÓN CARVAJAL

CARLOS ALEXANDER MOSQUERA MOSQUERA MARTHA LORENA BAUTISTA GÓMEZ

VILMA MERY GONZÁLEZ BALANTA

LUIS EDUARDO CÁRDENAS JEREZ

TABLA DE CONTENIDO

PREÁMBULO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y AUTORIDADES PROPIAS DE

LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS .. 4

Capitulo 1.............................................................................................................................. 9 Presupuesto .......................................................................................................................... 9 Ejecución Presupuestal 2016-2022 para Grupos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros ....................................................................................................................... 14 Ejecución Presupuestal por Proyectos de Inversión .......................................................... 17 Recomendaciones .............................................................................................................. 24 Capítulo 2. .......................................................................................................................... 26 Adecuación Institucional ..................................................................................................... 26 Capítulo 3. .......................................................................................................................... 29 Atención Humanitaria y de Emergencia ............................................................................. 29 Capítulo 4 ........................................................................................................................... 30 Registro .............................................................................................................................. 30 Capítulo 5 ........................................................................................................................... 37 Participación ....................................................................................................................... 37 Capítulo 6. .......................................................................................................................... 39 Connacionales. ................................................................................................................... 39 Capítulo 7 ........................................................................................................................... 41 Retornos y Reubicaciones. ................................................................................................. 41 Capitulo 11 .......................................................................................................................... 83 Vistas en Territorio .............................................................................................................. 83 Capítulo 12 ......................................................................................................................... 85 Restitución de Derechos Territoriales ................................................................................. 85

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 96

INDICE DE SIGLAS NARP AFP Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de

una Paz Estable y Duradera ANT Agencia Nacional de Tierras CGR Contraloría General de la República CNMH Centro de Nacional de Memoria Histórica CSMDL Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos CTJT Comités Territoriales de Justicia Transicional DIH Derecho Internacional Humanitario DNP Departamento Nacional de Planeación DP Defensoría del Pueblo ELN Ejército de Liberación Nacional FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FGN Fiscalía General de la Nación FUD Formato Único de Declaración para la solicitud de Inscripción en el Registro de Sujetos De Reparación Colectiva – Étnicos INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo JEP Jurisdicción Especial para la Paz MPC Mesa Permanente de Concertación Indígena NARP Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras PAT Planes de Acción Territoriales PGN Procuraduría General de la Nación PIRC Planes Integrales de Reparación Colectiva PMI Plan Marco de Implementación del AFP RUPTA Registro Único de Predios y Territorios Abandonados RUV Registro Único de Victimas RyR Planes de retornos y reubicaciones SAT Sistema de Alertas Tempranas SNARIV Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SPI Seguimiento a los Proyectos de Inversión UARIV Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UNP Unidad Nacional de Protección URT Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

PREÁMBULO DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y AUTORIDADES PROPIAS DE

LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS En el marco de los hechos victimizantes generados por el conflicto armado, durante más de 50 años en Colombia, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, fueron afectadas de manera desproporcionada y diferenciada en las diversas regiones del país. La estigmatización, el racismo y la discriminación a partir de la deshumanización, los prejuicios raciales y/o los perfiles criminales, determinaron los hechos victimizantes ocurridos en medio de la tortura, el asesinato, las masacres, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, el desplazamiento masivo, el confinamiento, entre otros hechos, que afectaron profundamente la integridad cultural, el tejido social, familiar, comunitario y colectivo, las prácticas tradicionales y ancestrales de producción, la soberanía alimentaria y la dieta alimenticia, los territorios colectivos e individuales y los diferentes modos de ser y estar en los territorios. La presencia de los actores armados en los territorios de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, generaron graves daños en la población y causaron transformaciones importantes en el territorio, como parte de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos en Colombia y como una vulneración al Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH). A más de una década de la creación del Decreto Ley 4635, la implementación y garantía de los derechos de las víctimas de las comunidades Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y sus reparaciones integrales, continúa siendo deficiente. Esta situación condena a las víctimas de las comunidades a sufrir una triple situación de vulnerabilidad: por su condición étnica, por su condición de víctima y por no recibir las garantías de sus derechos en el marco de las afectaciones ocurridas durante el conflicto. Sumado a esto, las víctimas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se enfrentan a la continuidad de los hechos victimizantes en sus territorios, sin garantías para la No Repetición, como parte central de los derechos de las víctimas en las espacialidades donde el conflicto armado persiste. A puertas de un nuevo escenario de negociación de “Paz”, entre el Gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional – ELN, no sólo se hace necesario la garantía de participación efectiva de las víctimas, sino un cese al fuego urgente y definitivo en el marco de un acuerdo humanitario que proteja las vidas y territorios de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y genere condiciones de seguridad, desmilitarización y desminado en sus territorios. En este sentido se hace urgente que el Estado, a través del Gobierno nacional, y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante SNARIV), ejecuten medidas efectivas frente la implementación de los derechos de las víctimas pertenecientes a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras con celeridad, desde un enfoque

étnico diferencial, que sea respetuoso de las prácticas, usos y costumbres, cosmovisiones y proyectos de vida comunitarios, en materia de restitución de derechos étnico-territoriales, restitución de territorios, seguridad jurídica en los títulos colectivos, indemnizaciones, medidas de rehabilitación, prevención, protección y autoprotección, educación propia y etnoeducación, retornos y reubicaciones y soberanía y seguridad alimentaria, de modo que les permita a las víctimas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el resarcimiento de los daños, la estabilización económica, la recuperación de sus prácticas y saberes ancestrales y el mejoramiento de sus condiciones de vida tanto materiales como simbólicas y sus necesidades básicas insatisfechas. El Decreto Ley 4635 de 2011 establece el marco normativo e institucional para la atención, asistencia, reparación integral, restitución de tierras y demás derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en armonía con la Ley 70 de 1993. Ofreciendo herramientas administrativas y judiciales, y estableciendo mecanismos de participación tanto individual como colectiva, respetando y dignificando su cultura, existencia material, derechos ancestrales y culturales propios, para que las víctimas pertenecientes a esta población étnico diferenciada, sean restablecidas en sus derechos de conformidad con la Constitución Política y la normatividad vigente, así como con los Convenios internacionales que hacen parte del bloque de

constitucionalidad, y que tienen carácter vinculante en lo referente a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, las medidas de prevención, atención, asistencia, reparación integral y restitución de tierras y territorios para las comunidades, como sujetos colectivos y para sus miembros individualmente considerados, previstas en el Decreto Ley 4635, deben ser diseñadas conjuntamente y acorde con las características y cosmovisión étnica cultural, garantizando así el derecho a la identidad cultural, la autonomía, el gobierno propio, la igualdad material y la garantía de pervivencia física y cultural de las víctimas étnicas. En este orden de ideas, las comunidades Negras animamos a las entidades de control que componen la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 (en adelante CSMDL), como son la Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN), quien ejerce la presidencia, la Defensoría del Pueblo (en adelante DP), quien hace la secretaría técnica, y la Contraloría General de la República (en adelante CGR) como máximo órgano de control fiscal del Estado, para que tenga un mejor posicionamiento y pueda hacer un monitoreo y seguimiento más amplio, efectivo y certero a las entidades internacionales, nacionales, departamentales, distritales y municipales con miras a que éstas cumplan de manera decidida y comprometida con lo establecido en el Decreto Ley dado que su cumplimiento no puede convertirse sencillamente en una voluntad política de los mandatarios de turno, como tampoco la exigencia de las comunidades étnicas en los territorios puede pervertirse luego en amenazas y

peligro a la integridad física para los liderazgos y las comunidades en sus territorios afrocolombianos. Por eso, tiene vital importancia visibilizar en los territorios e instituciones, el cumplimiento de la normativa de nuestro Decreto Ley 4635. Capítulo 1 Presupuesto Este capítulo analiza la ejecución presupuestal durante la vigencia 2022 para víctimas de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP), a partir de la consulta en los aplicativos Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión (SPI) y SisCONPESi, ambos administrados por el Departamento Administrativo de Planeación (en adelante DNP), con el fin de rendir el informe de seguimiento y monitoreo a la implementación del Decreto Ley 4635 de 2011 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”, en concordancia con lo estipulado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el Plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, esto es, Documentos Conpes 3712 de 2011 y 4031 de 2021. Presupuesto por Compromisos Acumulados en el Periodo 2016 a 2022 a Precios Constantes El comportamiento de la ejecución presupuestal para las víctimas del conflicto armado del pueblo NARP acumulado del año 2016 a 2022 a precios constantes, tuvo un total por compromisos de $1.896.246 millones a precios constantes (ver Tabla 1), de los cuales, en la vigencia 2022 se comprometieron

$739.362 millones, esto es, el 39 % del monto total acumulado. En paralelo, la vigencia del año inmediatamente anterior, cuyos compromisos fueron de $793.362 millones, corresponde al 10% del total acumulado (ver Tabla 1), lo cual refleja una participación más significativa en cuanto a recursos comprometidos para pueblos NARP por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), para garantizar el goce efectivo de los derechos y medidas contenidas en el Decreto Ley No. 4635 de 2011 con destino a este pueblo étnico. Así, para el año 2022, hubo mayor participación de las 49 entidades que conforman el SNARIV, de las cuales 26 realizaron aportes a la ejecución de la política pública “Víctimas del Conflicto Armado”, lo que equivale a un porcentaje de participación del Sistema del 54%, esto es, un evidente aumento en la vigencia actual al efectuar la comparación con el año 2021, que solo tuvo asignación de recursos para atender esta política pública únicamente de ocho entidades. Tabla 1. Recursos Comprometidos Acumulados para Victimas Pueblo NARP 2016 A 2022 a Precios Constantes Entidades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Centro de Memoria Histórica 53 177 0 230 Defensoría del Pueblo 222 511 0 0 0 0 0 733 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 28.656 9.886 16.386 26.305 43.114 11.741 0 136.087

Jurisdicción Especial para la Paz 0 0 0 4.306 11.390 7.402 10.462 33.561 Ministerio de Comercio Industria Turismo 0 0 0 908 999 984 934 3.825 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 5.781 5.688 10.334 0 0 0 0 21.803 Ministerio de Salud y Protección Social 0 0 0 0 0 443 853 1.296 Ministerio del Interior 4.010 2.811 1.459 0 0 0 90.512 98.792 Ministerio del Trabajo 2.632 0 0 0 0 0 0 2.632 Presidencia de la Republica 0 0 0 0 687 984 0 1.671 Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 0 3.792 0 5.990 5.652 4.935 0 20.370 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas 13.840 269.653 166.024 187.272 133.516 168.340 15.235 953.880 Agencia Nacional de Tierras 0 0 0 0 0 0 21.250 21.250 Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN 0 0 0 0 0 0 970 970 Fondo Único De Tecnologías De la Información Y Las Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 4.197 4.197

ICBF 0 0 0 0 0 0 292.655 292.655

IPSE 0 0 0 0 0 0 2.372 2.372

Ministerio de Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 113 113 Entidades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total Ministerio de Cultura 0 0 0 0 0 0 4.385 4.385 Ministerio de Educación Nacional 0 0 0 0 0 0 90.754 90.754 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 0 0 0 0 0 0 79 79 Ministerio de Justicia y del Derecho 0 0 0 0 0 0 84 84 Ministerio del Deporte 0 0 0 0 0 0 1.303 1.303 Presidencia de la República 0 0 0 0 0 0 23 23 Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena 0 0 0 0 0 0 54.345 54.345

UBDP 0 0 0 0 0 0 4.226 4.226

Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar 0 0 0 0 0 0 70.219 70.219 ADR 0 0 0 0 0 0 8.153 8.153 ART 0 0 0 0 0 0 3.282 3.282 Fondo Nacional de Vivienda 0 0 0 0 0 0 42.682 42.682 Departamento Administrativo para la Presidencia 0 0 0 0 0 0 20.270 20.270 Total 55.140 292.341 194.203 224.781 195.411 195.007 739.362 1.896.246

Nota: elaboración CGR, con base en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión (SPI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte a 31 de diciembre de 2022. Cifras en millones de pesos.

Figura 1. Participación Anual con Relación al Monto Acumulado 2016 a 2022 $2.000.000 $1.896.246 $1.500.000 $1.000.000 $739.362 $500.000 $292.341 $194.203 $224.781 $195.411 $195.007 $55.140 $- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total $(500.000) Nota: Elaboración CGR, con base en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión (SPI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con corte a 31 de diciembre de 2022. Cifras en millones de pesos Marco del Documento Conpes 4031 de 2021 El propósito general delineado por el Conpes 4031 de 2021 es la optimización del acceso de las víctimas del conflicto armado a un conjunto integral de medidas que abarcan prevención, protección, atención, asistencia y reparación. Estas medidas se encuentran establecidas tanto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 como en los Decretos Leyes Étnicos. Este objetivo se enmarca en la prórroga consagrada por la Ley 2078 de 2021, extendiendo su validez hasta el año 2031, con el propósito de asegurar una implementación eficaz y duradera de las intervenciones dirigidas a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. En este contexto, se han definido cuatro objetivos específicos concretos que

orientan las acciones de este enfoque:

1. Mitigar las consecuencias en la vida y la integridad de las personas en el contexto del conflicto armado, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También, se busca mejorar la eficacia de los programas de protección.

2. Mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas de desplazamiento forzado, aspirando a lograr la estabilización socioeconómica y contribuir al pleno ejercicio de los derechos de esta población.

3. Contribuir a la reparación de las víctimas por los daños causados en el marco del conflicto armado, promoviendo el avance en el pleno goce de sus derechos.

4. Potenciar la coordinación y superar las debilidades en la institucionalidad encargada de implementar la política pública para las víctimas. El objetivo es fortalecer la aplicación de los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en asuntos relacionados con ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se formuló el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) de la política Conpes 4031 de 2021, que contiene las acciones concertadas por las diferentes entidades que participaron en su construcción. Para los pueblos étnicos, se han establecido 62 indicadores en el Sistema de Consolidación de Políticas Públicas y Planes Nacionales de Desarrollo (SisCONPES). De estos indicadores, 13 están específicamente dirigidos a la población Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP), con una asignación de recursos financieros de $395.014,90 millones para el año 2022. No

obstante, se observa que en la plataforma SisCONPES no se registra ningún avance ni en el primer ni en el segundo semestre de 2022 para los siguientes indicadores: • Acompañar los planes de caracterización para comunidades NARP en cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. • Implementar las medidas correspondientes a la Unidad en los planes específicos de prevención y atención para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras. • Implementar las medidas de competencia del Ministerio del Interior en los planes específicos de prevención y atención para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras. • Realizar mesas de seguimiento a los compromisos acordados en los planes específicos de prevención y atención para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raízales y Palenqueras, en consonancia con el rol de coordinación del Ministerio del Interior. • Titular tierras de comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado mediante acto administrativo registrado. • Concertar e instalar señales y puntos de referencia para comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado. • Facilitar el acceso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas de desplazamiento forzado a los programas del Ministerio de Cultura, con el fin de restablecer su derecho a la identidad cultural y fortalecer o recuperar sus prácticas ancestrales o tradicionales. • Establecer espacios de diálogo con comunidades étnicas para acceder a las medidas contempladas en los decretos leyes, en el marco del derecho a la autonomía, autogobierno y participación efectiva.

• Titular tierras de comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado mediante acto administrativo registrado, en el contexto de los procesos de retorno y reubicación focalizados por la Unidad para las Víctimas. • Adquirir tierras y/o mejoras para comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado. • Mediar en la resolución de conflictos territoriales de comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado. • Brindar apoyo financiero a las iniciativas comunitarias de comunidades negras víctimas de desplazamiento forzado. • Titular tierras de comunidades negras mediante acto administrativo registrado, en el marco de los Sujetos de Reparación Colectiva Étnicos focalizados por la Unidad para las Víctimas.

Ejecución Presupuestal 2016-2022 para Grupos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros La asignación de recursos asignados para atender la política pública del pueblo NARP durante la vigencia 2022 fue, por apropiación de proyectos de inversión con trazador para grupos afrodescendientes, de $18.823 millones a precios corrientes; con apropiación vigente de la política para comunidades negras, de $707.930 millones, de lo cual se comprometieron $652.335 millones, esto es, el 92,15%, se obligaron $596.491 millones, un 84%, y se pagaron $595.635 millones, es decir, el 84% de lo apropiado. La participación de esta política frente a los proyectos en total con trazador para comunidades afrocolombianas corresponde al 4% (ver Tabla 1). Las entidades que participaron con mayores recursos son el ICBF, con $258.370

millones, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar con $96.231millones, seguido por el SENA con $ $82.586 millones, entre otros. De las entidades que participaron para atender esta política solo dos no ejecutaron presupuesto: la Defensoría del Pueblo, cuya asignación de recursos fue $2.485 millones y el Centro de Memoria Histórica con asignación por $564 millones (ver Tabla 2). Tabla 3. Presupuesto Ejecutado por Entidades para el Pueblo NARP % de % de Apropiación Apropiación ejecuci ejecuci % de Vigente Vigente ón ón ejecuci Proyectos Política Comprom Obligaci Obligaci Pagos Entidad ón Pagos de Comunidad isos ones ones vs. Compro Inversión es Negras vs. Compr misos 2022 2022 Compro omiso misos s UARIV 745.153 13.442 13.442 100,00% 12.860 96% 12.860 96% Min Comercio 18.362 824 824 100,00% 544 66% 544 66% ANT 18.937 18.937 18.749 99,01% 15.170 80% 15.170 80% ARN 2.586 856 856 100,00% 856 100% 856 100% Defensoría 20.519 2.485 0 0,00% 0 0% 0 0% del Pueblo DAPRE 467.282 17.913 17.884 99,84% 16.016 89% 16.016 89% Fondo Único 357.930 3.703 3.703 100,00% 976 26% 976 26%

de TIC ICBF 5.972.897 258.370 258.208 99,94% 257.527 100% 257.527 100% IPSE 227.709 2.093 2.093 100,00% 50 2% 50 2% JEP 126.127 9.461 9.231 97,57% 8.404 89% 8.306 88% Ministerio de Salud y 71.745 753 753 99,90% 585 78% 585 78% Protección Social Min ambiente 16.928 105 100 95,01% 60 57% 20 19% Min cultura - 244.733 3.869 3.869 100,00% 3.236 84% 2.676 69% Min Interior 80.000 80.000 79.858 99,82% 62.695 78% 62.695 78% Ministerio de Educación 3.542.360 96.231 80.072 83,21% 80.072 83% 80.072 83% Nacional Ministerio de Vivienda, 18.158 70 70 100,00% 70 100% 70 100% Ciudad y Territorio Ministerio de Justicia y del 13.380 74 74 100,00% 68 91% 68 91% Derecho Ministerio del 276.266 1.150 1.150 100,00% 119 10% 119 10% Deporte Presidencia 45.997 21 21 100,00% 21 100% 21 100% SENA 3.008.698 82.586 47.949 58,06% 47.928 58% 47.928 58%

UBDP 31.898 3.755 3.729 99,30% 3.709 99% 3.550 95%

U. Administrativa Especial de 1.612.778 62.837 61.954 98,60% 60.903 97% 60.903 97% Alimentación Escolar ADR 114.593 7.199 7.194 99,93% 7.194 100% 7.194 100% % de % de Apropiación Apropiación ejecuci ejecuci % de Vigente Vigente ón ón ejecuci Proyectos Política Comprom Obligaci Obligaci Pagos Entidad ón Pagos de Comunidad isos ones ones vs. Compro Inversión es Negras vs. Compr misos 2022 2022 Compro omiso misos s Fondo Nacional de 1.674.429 37.658 37.658 100,00% 14.538 39% 14.538 38,60% Vivienda ART 109.685 2.976 2.896 97,32% 2.893 97% 2.893 97,22% Centro de Memoria 4.719 563 0 0,00% 0 0% 0 0,00% Histórica Total 18.823.869 707.931 652.335 92,15% 596.491 84% 592.742 84% Fuente. Elaboración CGR, con base en el sistema de seguimiento a los proyectos del DNP con corte a 31 de diciembre de 2022. Cifras en millones de pesos. Ejecución Presupuestal por Medidas Para garantizar el goce efectivo de los derechos de los NARP durante la vigencia

2022 se contó con una apropiación de $708.499 millones de pesos, de los cuales se comprometieron $652.876 millones con ejecución del 92%, se obligaron $596.942 millones, con ejecución del 84%, y se pagaron $596.085 millones, con ejecución del 84%, con lo cual se tiene que la participación de la apropiación de la Política para Víctimas Afro fue del 4% frente a la Apropiación del total por Proyectos de Inversión con destinación a medidas para víctimas. Tabla 4. Ejecución Presupuestal por Medidas 2022 Apropiación % de % de % de ejecución Vigente Compromisos ejecución por Obligaciones Pagos ejecución Medida por Política 2022 Compromisos 2022 2022 por Obligaciones 2022 2022 Pagos Asistencia 402.802 351.773 87% 305.190 76% 305.190 76% Atención 228.741 226.142 99% 226.136 99% 226.136 99% Garantías de No 14.351 13.478 12.795 12.795 Repetición 94% 89% 89% Justicia 3.755 3.729 99% 3.709 99% 3.550 95% Reparación 46.553 45.455 36.884 36.185 Integral 98% 79% 78% Retorno y 12.298 12.298 12.229 12.229 reubicación 100% 99% 99% Total 708.499 652.876 92% 596.942 84% 596.085 84% Nota: elaboración CGR, con base en el sistema de seguimiento a los proyectos del DNP

con corte a 31 de diciembre de 2022. Cifras en millones de pesos. Para atender a los pueblos NARP, se destina para las víctimas del conflicto armado, con el fin de cubrir la atención de los componentes y las medidas de: i). asistencia, $402.802 millones apropiados; Ii). Atención $228.741 millones apropiados; iii). Justicia $3755 millones apropiados; iv). Reparación integral 46.553 millones apropiados; y v). Retorno y Reubicación $12.298 millones apropiados (Tabla 3). Ejecución Presupuestal por Proyectos de Inversión La asignación de recursos para de los proyectos de inversión para el pueblo NARP fue para el 2022: apropiación de proyectos con trazador para comunidades afro por $18.922.410, apropiación de la Política para grupos Negros $708.499 millones, y participación de 3,74%, compromisos por $652.872 millones y 92,15% de ejecución, y obligaciones por $596.085 millones, con ejecución del 84%. A continuación, se señalan los proyectos que tuvieron nulo o bajo nivel de ejecución: Implementación de medidas de protección a la vida integridad y seguridad personal de los sujetos de protección de la JEP nacional (JEP); Construcción de ciudadanía de las víctimas del conflicto armado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo); Desarrollo e implementación de proyectos energéticos sostenibles en las zonas no interconectadas, ZNI nacional (IPSE); Fortalecimiento de los actores para la apropiación del enfoque diferencial en la atención en salud y promoción

social en salud nacional (Min Salud); Fortalecimiento de la oferta institucional para la sostenibilidad ambiental del territorio en el marco de los negocios verdes y sostenibles. nivel nacional, (Min Ambiente); Implementación de las acciones de memoria histórica a nivel nacional (Centro de Memoria Histórica). Tabla 5. Ejecución Presupuestal por Proyectos de Inversión % de % de Ejecuci Apropiación Ejecució % de ón Apropiación vigente n Nombre del Ejecución Obliga Obliga vigente Proyecto Política Compromisos Pagos Pagos Proyecto Compromi ciones ciones 2022 Víctimas vs. sos vs. Afro 2022 Compro Compr misos omisos Apoyo para el acceso 18.362 824 824 100,00% 544 66% 544 66% a los mercados de las unidades productivas de la población víctima del conflicto armado nacional. Optimización de la 111.120 7.114 7.114 100,00% 7.114 100% 7.114 100% generación de ingresos sostenibles de los productores rurales en los territorios a nivel Nacional. Implementación Del 18.937 18.937 18.749 99,01% 15.170 80% 15.170 80% Programa de Form