CNDJ - F11001010200020190270700ADJUNTA20220203173742-2022

F 2977

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D. C., dos (2) de febrero de 2022. Magistrado Ponente Dr. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.°. 110010102000 2019 02707 00 Aprobado según acta n.° 008 de la misma fecha.

1. ASUNTO A DECIDIR La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias consignadas en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, procede a evaluar la queja presentada por el señor Javier Elías Arias Idárraga en contra de Edder Jimmy Sánchez Calambás, en calidad de magistrado de la Sala Civil – Familia del

Tribunal Superior de Pereira.

2. LA QUEJA El día 22 de noviembre de 2019 se recibió, mediante oficio SJDR196043 de la Secretaría de Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la queja suscrita por el señor Javier Elías Arias Idárraga en contra de Edder Jimmy Sánchez Calambás, en calidad de magistrado de la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Pereira, por la presunta mora en la acción popular con radicación n.° 2016 005871. 1 Folio 3, cuaderno original.

3. TRÁMITE PROCESAL La queja fue asignada por reparto del 2 de diciembre de 2019 al despacho del doctor Fidalgo Estupiñán Carvajal, magistrado de la Sala

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura2. Posteriormente, aparece acta de reparto individual de fecha 8 de febrero de 2021, a través de la cual se registró que el presente proceso disciplinario se asignaba al despacho del suscrito magistrado ponente, Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, ya que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial3 asumió las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

4. CONSIDERACIONES DE LA COMISION

4.1. Competencia. La Comisión es competente para conocer en única instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra magistrados de tribunales, como es el caso que ocupa la atención de la Corporación, a luz del numeral 3º del artículo 112 de la Ley 270 de 19964. Es de aclarar que, a partir de la entrada en funcionamiento de esta nueva alta corte judicial —trece (13) de enero de 2021— se debe entender que la Ley 270 de 1996 se refiere a la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial en lugar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 2 Folio 8, ibidem. 3 Folio 11, ibidem. 4 Artículo 112. FUNCIONES DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: […] 3º. Conocer en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra Magistrados de los Tribunales y Consejos Seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los Fiscales delegados ante la Corte

Suprema de Justicia y los Tribunales. P á g i n a 2 | 12 4.2. Problema jurídico En el marco de la competencia descrita, corresponde a la Comisión evaluar la queja que presentó el señor Javier Arias Idárraga, con el fin de establecer si es procedente dictar auto de apertura de indagación preliminar o, por el contrario, si las manifestaciones del quejoso se ajustan a alguno de los supuestos contenidos en el primer parágrafo del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 y, en consecuencia, es procedente dictar auto inhibitorio. Procede entonces la Comisión a formular y resolver el siguiente problema jurídico: ¿Las pruebas acreditan que el investigado efectivamente incurrió en mora judicial injustificada, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo de primera instancia proferido dentro de la acción popular identificada con radicado n.° 2016 00587?

Tesis de la corporación: la lectura de la queja y las pruebas documentales allegadas al proceso permiten concluir que se trata de «hechos disciplinariamente irrelevantes». Para arribar a esa conclusión es necesario abordar los siguientes temas: (4.2.1.) la facultad de abstenerse de iniciar la actuación disciplinaria y (4.2.2.) el caso concreto. 4.2.1. La facultad de abstenerse de iniciar la actuación disciplinaria La queja es, junto con el informe, una de las dos formas de dar inicio a la actuación disciplinaria. Esos documentos activan, si se quiere, la jurisdicción disciplinaria, a la que le corresponde evaluar los hechos

allí relatados en orden a determinar si prestan el mérito suficiente para iniciar una investigación disciplinaria. En caso de dudas sobre la P á g i n a 3 | 12 procedencia de la investigación, el juez disciplinario puede despejarlas mediante la apertura de una indagación preliminar en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Ahora bien, puede ocurrir que definitivamente la queja o el informe no sean suficientes para dar inicio a ningún tipo de actuación disciplinaria, situación que está prevista por el parágrafo primero del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, norma que a la letra establece: Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. Como se puede apreciar, la norma es clara en establecer que la autoridad disciplinaria debe inhibirse de iniciar cualquier actuación siempre que concurra al menos uno de cuatro eventos, a saber: que la información o queja (i) sea manifiestamente temeraria, que se refiera a (ii) hechos disciplinariamente irrelevantes, (iii) de imposible ocurrencia o que (iv) sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa. La decisión inhibitoria significa que la jurisdicción disciplinaria se abstiene de iniciar la actuación puesto que, de hacerlo, las labores investigativas implicarían un desgaste innecesario para la administración de justicia. Si se observan con detalle las causales de procedencia de un auto inhibitorio, fluye con claridad que todas ellas

responden al objetivo común de evitar que el proceso disciplinario se tramite en ausencia de motivos verdaderamente poderosos que así lo justifiquen. Desde ese entendido, una decisión como estas no puede estar cobijada por los efectos de cosa juzgada y, en esa medida, nada obsta para que el quejoso o cualquier otro interesado acuda nuevamente P á g i n a 4 | 12 ante la jurisdicción para denunciar hechos iguales o similares en una forma que sí satisfaga los estándares mínimos requeridos para poder ejercer la acción disciplinaria. Ahora bien, es preciso referirse en particular a la causal relevante para resolver el caso sometido a estudio. Así, los hechos «disciplinariamente irrelevantes» son aquellos que, aunque pudieron haber ocurrido, no revisten las características de una falta disciplinaria. Se trata de aquellos casos en que, a pesar de una clara inconformidad del quejoso, los hechos relatados no tienen la entidad suficiente para configurar una falta disciplinaria en los términos previstos por la ley. 4.2.2. Caso concreto Con la finalidad de esclarecer la actuación presuntamente irregular, consistente en una mora para resolver una acción popular, la corporación realizó la consulta del proceso en la página web de la Rama Judicial5 y advirtió el siguiente desarrollo cronológico de las actuaciones impartidas por el magistrado que tuvo a cargo el proceso.

Veamos: Tipo de actuación Fecha Reparto y radicación 13 de marzo de 2018

Al despacho 14 de marzo de 2018 Auto admite recurso de apelación 20 de marzo de 2018 Al despacho 3 de abril de 2018

Auto ordena acumulación 26 de junio de 2018 Fallo – confirma sentencia 31 de julio de 2018 Al despacho 13 de agosto de 2018 Auto concede recurso de casación 13 de agosto de 2018 Al despacho 24 de agosto de 2018 Auto no da trámite a peticiones 30 de agosto de 2018 Auto estese a lo resuelto en el auto del 30 de 10 de septiembre de 2018 agosto de 2018 Envió del expediente a la Corte Suprema de 29 de enero de 2019 5https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=C8Z4JYe2DqR EfsaTTLyZlox1E%2bU%3d P á g i n a 5 | 12 Justicia Al despacho 29 de enero de 2019 Auto estese a lo resuelto por el superior 7 d febrero de 2019 Se corre traslado de recurso interpuesto por 14 de febrero de 2019 el coadyuvante Al despacho 21 de febrero de 2019 Auto niega recurso de reposición y ordena 5 de marzo de 2019 devolver el expediente al juzgado de origen Al despacho 12 de marzo de 2019 Auto resuelve nulidad 27 de marzo de 2019 Devolución del expediente 3 de abril de 2019 Recibido del expediente de corporación 26 de julio de 2019 Al despacho 26 de julio de 2019 Auto estese a lo resuelto por la Sala de 30 de julio de 2019 Casación Laboral Fallo confirma sentencia 12 de agosto de 2019 En virtud de lo anterior, se observa que trascurrieron

aproximadamente diecisiete (17) meses entre la fecha de reparto del expediente y el momento en el cual finalmente se decidió el recurso. Sin embargo, dicha dilación para resolver el recurso de apelación, a juicio de esta corporación, se encuentra justificada. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pone de presente que en otra queja presentada por el señor Javier Elías Arias respecto de las supuestas dilaciones injustificadas a cargo del funcionario Edder Jimmy Sánchez Calambás ya se había analizado la producción a cargo del despacho del disciplinado. En dicha ocasión, se dijo lo siguiente6: Conforme lo expuso el magistrado Edder Jimmy Sánchez Calambás al rendir exculpaciones, entre los años 2018 y 2019 se atendieron un total de 2.056 asuntos en el Tribunal Superior de Pereira. De estos, 824 correspondían a ponencias presentadas por el despacho a cargo del disciplinable7. Sin duda alguna, ello 6 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Proveído del veintidós (22) de julio de 2021. M. P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. Radicación n.°. 110010102000 2019 02708 00. Aprobado, según acta n.° 044 de la fecha 7 Folio 19-20, ibidem. P á g i n a 6 | 12 brinda una ilustrativa introducción en punto a la carga de procesos asignados y la producción de providencias emitidas. Aunado a lo anterior, en el proceso disciplinario 2019-2708 que guarda identidad de partes, se aportaron copias de las estadísticas de producción e índices de eficacia del despacho a cargo del magistrado

Sánchez Calambás en el periodo antes referido8, con el siguiente resultado: Ingresos Egresos Índice de Año Inventario final efectivos efectivos evacuación parcial 2018 491 429 83 87% 2019 344 317 60 92% La información examinada pone de presente una importante carga laboral y, al tiempo, una efectiva evacuación de los asuntos, situaciones que están debidamente soportadas. Por consiguiente, pese a que el trámite del caso objeto de estudio no fue resuelto de forma inmediata, lo cierto es que no se aprecia irrazonable9 el tiempo transcurrido entre la fecha en que ingresó el expediente al despacho y el momento en que se resolvió el recurso de apelación, precisamente porque existe una justificación por cuenta del número de asuntos pendientes de tramitar y la evacuación de estos. Por lo demás, es oportuno resaltar, en el marco del análisis de la justificación aludida, la oportunidad de respuesta de un despacho que tiene a cargo una considerable cifra de asuntos y que, según se acreditó en este caso, presenta un importante número de ponencias 8 Folio 66 del cuaderno principal del expediente 2019-2708. 9 Es abundante el número de sentencias de la Corte Constitucional en punto a la afectación de garantías fundamentales que deviene de la existencia de mora en el trámite de actuaciones a cargo de la administración de justicia. Entre los criterios atendibles a efectos de establecer la procedencia de la acción, cabe destacar el de razonabilidad y, sobre este punto, en sentencia T-186 de 2017 por ejemplo se precisó: « la mora judicial injustificada objeto de reproche constitucional parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los

términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.» [Cursiva original] P á g i n a 7 | 12 para debate en salas de decisión, todo lo cual se refleja en el índice de eficacia de gestión respecto de los asuntos asignados. Para la corporación es importante que el juez disciplinario efectúe un verdadero análisis del contexto a la hora de valorar aquellos comportamientos eventualmente constitutivos de mora, pues serán las condiciones particulares del asunto las que demostrarán si esta se encuentra o no justificada en cada caso, atendiendo la productividad del despacho, el número de procesos a cargo, la complejidad de los asuntos y otras variables que deben ser analizadas en forma particular. Con todo, debe precisarse que los criterios antes enunciados no son universales o unificados para la mora judicial, porque no han sido los únicos aceptados pacíficamente por la corporación. Por lo dicho, en las circunstancias como las que ahora son materia de examen, no resulta procedente que esta jurisdicción inicie actuaciones disciplinarias cuando los hechos no ofrecen mérito para iniciar un proceso disciplinario10. Para ello se necesitan elementos suficientes que indiquen con algún grado de probabilidad que la situación indeseada comporta en realidad la realización de una falta disciplinaria.

En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es del criterio de solo iniciar actuaciones judiciales cuando con la queja o informe se alleguen elementos fundados de posible irregularidad disciplinaria, como, por ejemplo, si se advierten espacios prolongados de inactividad, situación que no ocurrió en el caso sujeto a estudio. En efecto, en la actuación de la referencia, las situaciones puestas de presente en la queja, no evidencian la existencia de hechos 10 ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar. (…) PARÁGRAFO 1o. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna. (Negrillas para resaltar) P á g i n a 8 | 12 disciplinariamente relevantes, motivo por el cual esta corporación se inhibirá. Es importante anotar que, si en el futuro se aportan serios elementos de juicio que permitan enrutar la actuación disciplinaria conforme a lo aquí señalado, dicha información será evaluada de cara al posible o eventual inicio de las acciones legales que correspondan. En consecuencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se inhibirá de adelantar actuación en los términos previstos por el parágrafo 1.º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, decisión que no hace tránsito a cosa juzgada. En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en

uso de sus facultades constitucionales y legales; RESUELVE PRIMERO: INHIBIRSE de iniciar actuación disciplinaria en contra de Edder Jimmy Sánchez Calambás, magistrado de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, conforme a las razones que se dejaron explicitadas en precedencia.

SEGUNDO: ARCHIVAR la presente actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ Presidenta P á g i n a 9 | 12

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Magistrado

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado EMILIANO RIVERA BRAVO Secretario P á g i n a 10 | 12 ACLARACIÓN DE VOTO Manifiesto respetuosamente que comparto la decisión adoptada en el presente asunto, en el sentido de “INHIBIRSE de iniciar actuación disciplinaria en contra de Edder Jimmy Sánchez Calambás, magistrado de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira”, con fundamento, entre otras cosas, en los datos obtenidos de otro proceso disciplinario que cursó en esta Comisión. En efecto, únicamente por el anunciado razonamiento, es decir, el haberse acudido a cuadros estadísticos de periodos distintos, debo aclarar mi voto, por cuanto considero que debe atenderse el principio

de la necesidad de la prueba, según el cual “todo aquello que no ingresa al proceso recaudado por los medios probatorios, no existe para el juez”11. Con todo, acompaño la decisión si se tiene en cuenta que en el presente asunto no se advirtieron interregnos de inactividad protuberantes, así: el 13 de marzo de 2018 se repartió el proceso al magistrado, el 20 siguiente admitió la apelación, el 26 de junio de 2018 ordenó la acumulación, el 31 de julio de 2018 confirmó sentencia de primer grado; el 13 de agosto concedió la casación; el 30 de agosto de 2018 el funcionario se abstuvo de darle trámite a algunas peticiones; el 10 de septiembre de 2018 estarse a lo resuelto, el 19 de enero de 2019 envía expediente a la Corte Suprema, el 7 de febrero estarse a lo resuelto por el superior; el 14 de febrero de 2019 corrió el traslado al coadyuvante del recurso; el 5 de marzo de 2019 negó el recurso de reposición formulado por una de las partes; el 27 de marzo siguiente resolvió una solicitud de nulidad, el 3 de abril de 2019 la Corte devolvió el expediente al Tribunal y el 12 de agosto de 2019, con ponencia del disciplinable, se confirmó la sentencia recurrida. 11 Parra Quijano, Jairo (2007). Manual de derecho probatorio. 16ª ed. Bogotá, D.C. – Colombia: Librería Ediciones del Profesional Ltda., pág. 73. P á g i n a 11 | 12 Esas actuaciones en intervalos relativamente cortos, hacía

innecesario, incluso, incorporar el promedio de la producción de decisiones de fondo, la carga laboral; la complejidad, voluminosidad de los asuntos, cantidad de audiencias, asuntos constitucionales; planta de personal de la persona investigada, permisos, ausencias o dignidades que influyeran en sus funciones, como lo he considerado en otras ocasiones. En este sentido dejo planteada mi aclaración de voto. Cordialmente,

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada JPCG P á g i n a 12 | 12