CNDJ - 05001250200020230012202

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNDJ - 05001250200020230012202
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16201

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Radicación No. 05001250200020230012202 Aprobado según Acta No. 028 de la misma fecha.

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado MANUEL JOSÉ MEJÍA CARDONA1 contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 2, donde lo sancionó con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión, al encontrarlo responsable de infringir los deberes descritos en el artículo 28 numerales 4, 6 y 83 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas previstas en los artículos 34 literal i), y 33 numeral 10 ibidem, ambas atribuidas en la modalidad dolosa.

SITUACIÓN FÁCTICA

El 25 de enero de 2023, Orlando de Jesús Giraldo Tobón formuló queja disciplinaria4 contra el abogado, a quien había otorgado poder para representarlo en una conciliación prejudicial relacionada con una

1 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 127. 2 Decisión dictada en sala de decisión dual conformada por las magistradas Gladys Zuluaga Giraldo (ponente) y Luz Adriana Londoño Bonilla. 3 El desconocimiento de los numerales 4 y 8 se vinculó con la falta del art34, literal i, mientras que, el numeral sexto se

Adriana Londoño Bonilla. 3 El desconocimiento de los numerales 4 y 8 se vinculó con la falta del art34, literal i, mientras que, el numeral sexto se asoció a la imputación de la prevista por el 33.10. 4 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 003.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 2 | 30

eventual reparación por hechos asociados al conflicto armado, pues, según afirmó, el profesional incorporó en la solicitud manifestacion es contrarias a la realidad sobre su reconocimiento como víctima por parte de la jurisdicción de justicia y paz, el padecimiento de enfermedades graves e incurables y la ausencia de ayudas humanitarias, además de omitir la convocatoria de la Unidad Adminis trativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ofrecerle una participación en los honorarios derivados de clientes recomendados y dirigirse a él de manera ofensiva al reclamarle el pago de sus servicios.

ACTUACIÓN PROCESAL

Acreditada la calidad de abogado, en proveído del 12 de abril de 20235 se ordenó la apertura del proceso disciplinario. La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo, en principio, en sesiones del 20 de septiembre de 20236 y 5 de marzo de 20247, y luego, en auto del 31 de mayo del mismo año 8 se ordenó la terminación del proceso,

y calificación provisional se llevó a cabo, en principio, en sesiones del 20 de septiembre de 20236 y 5 de marzo de 20247, y luego, en auto del 31 de mayo del mismo año 8 se ordenó la terminación del proceso, decisión apelada por el quejoso9, y ex post, revocada parcialmente por esta Comisión mediante interlocutorio del 22 de enero de 202510.

Con ocasión de la aludida revocatoria, la Comisión Seccional continuó tramitando el asunto mediante diligencias de pruebas y calificación efectuadas en fechas 22 de abril 11, 5 de junio 12, 8 de julio 13 y 10 de

5 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 006. 6 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 022 y 023. 7 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 038. 8 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 039. 9 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 042 y 043. 10 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, carpeta 051 /02Segunda instancia, archivo 009. 11 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 067. 12 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 072. 13 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 081.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 3 | 30

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 3 | 30

septiembre14, 10 15 y 29 de octubre de 2025 16, 5 17 y 26 de marzo de 202618.

En la referida audiencia, se in corporaron como pruebas las aportadas por el quejoso19 y el investigado20, fue recaudada la ampliación de queja bajo juramento 21, seguida de otras testimoniales22, y se escuchó al abogado Mejía Cardona en versión libre23.

En la última sesión, se dispuso la terminación respecto de la presunta utilización de intermediarios para la obtención de poderes y del alegado maltrato al cliente, mientras se formularon dos cargos a título de dolo , como pasa a precisarse:

El primero, se relacionó con las m anifestaciones consignadas por el disciplinado, como apoderado de Orlando de Jesús Giraldo Tobón, en la solicitud de conciliación prejudicial presentada el 11 de octubre de 2022 ante la PGN, acerca de su supuesto reconocimiento como víctima de grupos param ilitares por la jurisdicción de justicia y paz, el padecimiento de una enfermedad grave e incurable y la ausencia de ayudas humanitarias, conducta que se adecuó en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, con fundamento en la presunta infracción del deber previsto en el numeral 6 del artículo 28 ibidem.

14 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 089. 15 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 093.

infracción del deber previsto en el numeral 6 del artículo 28 ibidem.

14 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 089. 15 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 093. 16 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 097. 17 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 110. 18 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 115. 19 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 025, 083, así como el contenido de las subcarpetas de segundo nivel 008, 013, 024, 066 y 113. 20 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 025. 21Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 022 y 097. 22 Ana de Jesús Giraldo Marín, Gloria Patricia Álzate Escobar, Rubén Darío Mejía Arango, María Albertina Jiménez y Nelly de Jesús Zuleta. 23 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 023.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 4 | 30

El segundo , se sustentó en la omisión de convocar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de la señalada petición de conciliación, pese a su eventual vinculación como entidad llamada a responder por la reparación pretendida, comportamiento que se subsumió en el literal i)

Víctimas dentro de la señalada petición de conciliación, pese a su eventual vinculación como entidad llamada a responder por la reparación pretendida, comportamiento que se subsumió en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, por la presunta infracción de los deberes previstos en los numerales 4 y 8 del artículo 28 ibidem.

La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo el 8 de a bril de 2026, oportunidad en la que presentaron alegatos el disciplinable y el representante del Ministerio Público24.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 30 de abril de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, declaró a Manuel José Mejía Cardona responsable por los cargos enrostrados, y le impuso sanción de suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con los argumentos que a continuación se relacionan.

El a quo partió de señalar que, conforme a los artículos 84 y 97 de la Ley 1123 de 2007, esa decisión debía fundarse en pruebas legal y oportunamente allegadas, aptas para conducir a la certeza sobre la materialidad de las faltas y la responsabilidad del disciplinado, lo que comprendía la acreditación de las categorías dogmáticas correspondientes, y concluyó que ese estándar se encontraba satisfecho frente a las previsiones del numeral 10 del artículo 33 y el literal i) del artículo 34 del mismo estatuto, relacionadas,

24Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 121.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

literal i) del artículo 34 del mismo estatuto, relacionadas,

24Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 121.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 5 | 30

respectivamente, con los axiomas de la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, y con la lealtad hacia el cliente.

En relación con el literal i) del artículo 34, la Comisión Seccional tuvo por demostrado que Orlando de Jesús Giraldo Tobón otorgó poder al letrado para adelantar las actuaciones encaminadas a obt ener la reparación de los perjuicios que afirmaba haber sufrido, pese a lo cual, al presentar la solicitud de conciliación prejudicial el 11 de octubre de 2022, convocó únicamente al DPS, al DAPRE, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Inte rior, sin vincular a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), diligencia que fue admitida y luego declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio, mientras la documental acreditaba que el quejos o había sido incluido en el registro de víctimas por desplazamiento forzado y amenazas, que pretéritamente recibió ayudas humanitarias y, en acto administrativo se denegó su reconocimiento como víctima de secuestro.

A partir de esos elementos, el a quo distinguió entre la discusión jurídica

humanitarias y, en acto administrativo se denegó su reconocimiento como víctima de secuestro.

A partir de esos elementos, el a quo distinguió entre la discusión jurídica sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, derivada de la posible relación de los hechos con violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, y la necesidad de convocar a la UARIV, entidad cuya participación estimó indispensable para conformar adecuadamente el contradictorio y preservar la eficacia de una eventual acción judicial, por lo que descartó que la omisión correspondiera a un simple descuido posterior y la entendió c omo manifestación de una falta de capacitación existente desde la aceptación del encargo, conclusión que también proyectó al ámbito subjetivo al considerar que el abogado conocía sus deberesA 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 6 | 30

profesionales, había recibido del cliente la indicación de inclui r a dicha Unidad y, aun así, asumió y ejecutó la gestión, ello con infracción de los numerales 4 y 8 del artículo 28 del CDA, sin que la posibilidad de subsanar el error excluyera la materialidad o la antijuridicidad, además de estimar acreditada su capaci dad para comprender la ilicitud y autodeterminarse conforme a esa comprensión.

Respecto del numeral 10 del artículo 33, la providencia estableció que,

de estimar acreditada su capaci dad para comprender la ilicitud y autodeterminarse conforme a esa comprensión.

Respecto del numeral 10 del artículo 33, la providencia estableció que, en el petitum de conciliación prejudicial, el abogado afirmó que el quejoso había sido reconocido como víctima de grupos paramilitares en decisiones de la jurisdicción de justicia y paz, que padecía enfermedades graves e incurables y que nunca había recibido ayudas humanitarias, pese a que las sentencias citadas no le atribuían aquella calidad, existían reso luciones administrativas que acreditaban la entrega de ayudas y no obraba soporte médico suficiente sobre las condiciones de salud, de modo que calificó tales manifestaciones como contrarias a la realidad, maliciosas y descontextualizadas, en especial porque el profesional citó las providencias judiciales en el escrito y, en su condición de abogado tenía el deber de examinarlas, además era clave que contara en forma efectiva con respaldo documental para invocar las condiciones de salud y las otras circunstancias expuestas.

En sede de antijuridicidad, precisó que derivaba de la infracción del numeral 6 del artículo 28 ibidem, relativo a la colaboración leal y legal en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, mientras que la culpabilidad a título de dolo fue sustentada en que el letrado conocía la falta de certeza sobre los contenidos incorporados y, pese a ello, en forma voluntaria los presentó ante la autoridad competente sin realizar verificación alguna.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

pese a ello, en forma voluntaria los presentó ante la autoridad competente sin realizar verificación alguna.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 7 | 30

La Comisión Seccion al desestimó la explicación del disciplinado, atinente a que se limitó a consignar la información suministrada por su cliente y actuó de buena fe, al considerar que no podía trasladarse al mandante la responsabilidad por el contenido de una solicitud dirigida a una autoridad pública, menos cuando se trataba de hechos relevantes para sustentar una eventual acción judicial y, por ello, requerían respaldo fáctico y probatorio. Bajo ese mismo razonamiento también descartó la postura del Ministerio Público que s e centró en que las manifestaciones no habían incidido en el resultado de la conciliación, en ese sentido, estimó suficiente que hubieran sido puestas en conocimiento de los servidores y de las entidades citadas antes de la diligencia y que fueran potencialmente aptas para desviar su criterio, sin necesidad de demostrar que el efecto se hubiera producido.

Por último, al dosificar la sanción, invocó los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2 007, ponderó la concurrencia de dos faltas, su gravedad, trascendencia social, modalidad, la afectación de la recta impartición de justicia y de la relación con el cliente , amén del perjuicio representado

de 2 007, ponderó la concurrencia de dos faltas, su gravedad, trascendencia social, modalidad, la afectación de la recta impartición de justicia y de la relación con el cliente , amén del perjuicio representado en la desconfianza generada y el retardo en la posibilidad de promover la acción pretendida, para imponerle suspensión en el ejercicio de la profesión por cuatro meses.

RECURSO DE APELACIÓN

El disciplinado interpuso y sustentó oportunamente25 el recurso de apelación, planteando las razones que pasan a relacionarse:

25 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 126 y 128.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 8 | 30

Para exponer los motivos de inconformidad planteados en la apelación, la síntesis se organizará en tres grupos temáticos, definidos según la falta disciplinaria concernida y la conexión entre las cuestiones propuestas, el primero relativo a la prevista en el artículo 34, literal i), el segundo a la imputación del artículo 33, numeral 10, y el tercero a los puntos con incidencia común.

I. Argumentos frente a la falta prevista en el artículo 34, literal i), de la Ley 1123 de 2007.

En relación con el reproche derivado de la ausencia de convocatoria de la UARIV, el disciplinado sostuvo que ese hecho no demostraba, por sí

Ley 1123 de 2007.

En relación con el reproche derivado de la ausencia de convocatoria de la UARIV, el disciplinado sostuvo que ese hecho no demostraba, por sí solo, que hubiera aceptado un encargo sin contar con la capacitación y los conocimientos necesarios, pues, según ex plicó, la sentencia confundió una omisión puntual en la ejecución de la gestión con la falta de aptitud profesional para asumirla, sin precisar qué razones permitían establecer esa relación ni qué pruebas acreditaban que carecía de la preparación requerida para atender el asunto, de modo que la conclusión no alcanzaba el grado de certeza exigible para declarar configurado el tipo.

Para sustentar esa objeción, destacó que promovió la conciliación prejudicial, formuló las pretensiones y representó al quejoso , actuaciones que revelaban una intervención efectiva y sostenida en el asunto, de suerte que una falencia ocurrida durante el trámite no podía adquirir, sin sustento adicional, la fuerza suficiente para desvirtuar el alcance de toda la labor desplegada ni convertirse en prueba de un déficit profesional.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 9 | 30

De igual modo, señaló que la propia providencia reconoció que el yerro podía ser corregido, por lo cual alegó que no habría producido efectos

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 9 | 30

De igual modo, señaló que la propia providencia reconoció que el yerro podía ser corregido, por lo cual alegó que no habría producido efectos definitivos ni incidido materialmente en la actuación conciliat oria, circunstancia que debilitaba la conclusión de responsabilidad, pues mientras no se precisara cómo una deficiencia susceptible de enmienda permitía establecer la configuración de la descripción típica, no podía tenerse por acreditada la responsabilidad atribuida.

II. Argumentos de apelación frente a la falta prevista en el artículo 33, numeral 10, de la Ley 1123 de 2007.

Respecto de las manifestaciones incorporadas en la solicitud de conciliación, cuestionó que hubieran generado una afectación sustancial, pues la audiencia no concluyó con fundamento en ese contenido, sino en razón de la falta de ánimo conciliatorio, además de las dificultades relacionadas con la caducidad y la legitimación en la causa por pasiva, de manera que la base fáctica del reproche no alteró el curso de la actuación prejudicial ni condicionó la decisión de la entidad convocada.

Con fundamento en ello, controvirtió que el a quo hubiera situado el desvalor disciplinario en la sola formulación de tales expresiones, sin demostrar su incidencia concreta en el procedimiento administrativo que se surtió, pues, desde su perspectiva, esa comprensión reducía la antijuridicidad a la ejecución formal de la conducta y dejaba sin acreditar la incidencia real en los deberes profesionales prote gidos por la Ley 1123 de 2007.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

antijuridicidad a la ejecución formal de la conducta y dejaba sin acreditar la incidencia real en los deberes profesionales prote gidos por la Ley 1123 de 2007.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 10 | 30

Asimismo, disintió de la conclusión relativa a la falsedad dolosa de lo consignado en el memorial petitorio, puesto que la ausencia de respaldo documental, o la eventual discordancia entre las expresiones usadas y la información obrante en el expediente, no demostraba por sí misma que él conociera su falta de correspondencia con la realidad ni que hubiera actuado con el propósito de inducir en error a los funcionarios llamados a intervenir en la conciliación, por lo que plant ea que la sentencia transformó una eventual deficiencia en la labor de verificación de la información, en prueba del conocimiento y la intención requeridos para predicar el dolo.

III. Argumentos con incidencia común en ambas imputaciones.

De manera transversal, el disciplinado cuestionó que la providencia se hubiera apartado del concepto absolutorio emitido por el Ministerio Público sin ofrecer una explicación suficiente sobre las razones por las cuales sí se configuraban la antijuridicidad material y el dolo, pese a que dicha intervención planteaba conclusiones distintas frente a esos elementos de la responsabilidad disciplinaria.

Bajo esa línea, sostuvo que la valoración probatoria no permitía superar

cuales sí se configuraban la antijuridicidad material y el dolo, pese a que dicha intervención planteaba conclusiones distintas frente a esos elementos de la responsabilidad disciplinaria.

Bajo esa línea, sostuvo que la valoración probatoria no permitía superar la presunción de inocencia ni alcanzar el grado de c erteza requerido para declarar su responsabilidad, dado que las pruebas examinadas no demostraban una afectación sustancial de los deberes, la causación de un perjuicio concreto ni los elementos cognoscitivo y volitivo que exige la modalidad imputada.

De manera subsidiaria, cuestionó la proporcionalidad de la suspensión, al estimar que desconocía la ausencia de daño, de afectación real y deA 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 11 | 30

un proceder doloso debidamente acreditado, así como el carácter puntual y subsanable de las situaciones examinadas, por lo que solicitó que, de no acogerse la pretensión absolutoria, se revisara la intensidad del quantum.

Concedido el recurso26, el expediente fue remitido a esta Corporación y asignado por reparto el 16 de junio de 2026 27 al Magistrado que funge como ponente.

CONSIDERACIONES

La Comisión es competente, en sede de segunda instancia, para examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio

como ponente.

CONSIDERACIONES

La Comisión es competente, en sede de segunda instancia, para examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, de conformidad con el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024. En el marco de la competencia d escrita y en estricta observancia de los límites del recurso, corresponde estudiar s olo los tópicos que fueron motivo de impugnación.

Para resolver la apelación, los reparos formulados por el disciplinado serán examinados de manera individual y en secuenc ia lógica, dentro del ámbito fijado en el memorial, con el propósito de establecer, para cada cargo, si las razones expuestas en el fallo y las pruebas pertinentes permiten mantener la declaratoria de responsabilidad o si, por el contrario, alguno de los p lanteamientos impone descartarla

26 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 129. 27 Expediente digital, subcarpeta de segunda instancia, archivo 001.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 12 | 30

conforme al artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, evento en el cual será innecesario abordar los puntos restantes que se dirijan exclusivamente

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 12 | 30

conforme al artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, evento en el cual será innecesario abordar los puntos restantes que se dirijan exclusivamente contra esa misma imputación, sin perjuicio de aquellos que conserven incidencia autónoma.

  1. Falta prevista en el artículo 34, literal i), de la Ley 1123 de 2007.

En relación con esta imputación, el recurrente plantea, en lo esencial, si la omisión consistente en no convocar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) a la audiencia de conciliación prejudicial, permite afirmar que aceptó un encargo profesional para el cual carecía de capacitación, o si ese hecho solo revela un desacierto puntual, cuya subsanabilidad y ausencia de incidencia decisiva impiden trasladarlo al ámbito de la falta prevista en el artículo 34, literal i), cuestiona además la suficiencia de la prueba empleada para afirmar el dolo y reprocha que la decisión recurrida se hubiera apartado del concepto absolutorio d el Ministerio Público sin ofrecer una justificación suficiente, asuntos cuyo examen seguirá el orden impuesto por su incidencia en la decisión.

De acuerdo con lo esbozado en los antecedentes, la primera instancia consideró que el disciplinado no incluyó a la UARIV en la solicitud para el agotamiento del requisito de procedibilidad, pese a que la intervención de esa entidad era indispensable porque incidía en la determinación de la inclusión del quejoso como víctima de secuestro, conclusión a partir de la cual el a quo derivó la asunción del caso sin

intervención de esa entidad era indispensable porque incidía en la determinación de la inclusión del quejoso como víctima de secuestro, conclusión a partir de la cual el a quo derivó la asunción del caso sin contar con la preparación necesaria, razonamiento con fundamento en el cual tuvo por configurada la falta.A 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 13 | 30

Con ese punto de partida, la cuestión no se resuelve con la sola constatación de que el profesional no incorporó a la UARIV en la solicitud de conciliación, porque el literal i) no comprende cualquier desacierto surgido durante una gestión jurídica, sino l a aceptación de una representación sin los conocimientos o destrezas indispensables para asumirla, de manera que era necesario acreditar, sobre la base de elementos objetivos, que desde la recepción del mandato el letrado Manuel José Mejía Cardona presentaba una insuficiencia profesional de tal entidad que comprometía su idoneidad para atender el asunto, y no restringir el quid a una equivocación puntual surgida al estructurar el petitum.

Lo acreditado muestra que el inquirido promovió el trámite de conciliación prejudicial e identificó varias entidades relacionadas con la pretensión de su mandante, aunque no incluyó a la UARIV, circunstancia que permite ubicar el reparo en la conformación subjetiva de ese requisito previo a la vía jurisdiccional, pero no autoriza a concluir,

pretensión de su mandante, aunque no incluyó a la UARIV, circunstancia que permite ubicar el reparo en la conformación subjetiva de ese requisito previo a la vía jurisdiccional, pero no autoriza a concluir, sin un soporte adicional, que él desconociera los elementos jurídicos indispensables para asumir la representación, pues una falencia localizada en la selección de los convocados no equivale a la ausencia de los saberes para atender el caso en su conjunto.

Para atribuirle a ese hecho el alcance pretendido en la sentencia, era indispensable explicar por qué la exclusión de la referida Unidad Administrativa revelaba una carencia existente desde el inicio de la relación profesional y no u na equivocación circunscrita a una fase específica del trámite, además de identificar los insumos demostrativos de tal conclusión, aspectos que no aparecen satisfechos, toda vez que la primera instancia pasó directamente de la relevancia atribuida a laA 16201

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 05001250200020230012202

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 14 | 30

participación de la entidad a la falta de idoneidad del letrado, sin exponer el razonamiento que permitiera enlazar una deficiencia concreta con la imposibilidad de vincularse como mandatario, de modo que la importancia jurídica de la UARIV podrá incidir en l a valoración del acierto de la gestión, pero no suple per se la demostración del presupuesto objetivo previsto en la falta.

imposibilidad de vincularse como mandatario, de modo que la importancia jurídica de la UARIV podrá incidir en l a valoración del acierto de la gestión, pero no suple per se la demostración del presupuesto objetivo previsto en la falta.

La decisión sancionatoria edifica la imputación sobre una inferencia que no aparece debidamente articulada, pues parte de la trascendencia que atribuyó a la intervención de la UARIV en el trámite conciliatorio y, sin incorporar un eslabón demostrativo intermedio, concluye que el abogado carecía de preparación para asumir la representación, como si la necesidad de convocar a una entida d determinada permitiera establecer, sua natura, una deficiencia general en sus conocimientos de derecho, porque una cosa es definir la incidencia que podía tener la participación del referido ente público en la pretensión del mandante y otra, muy distinta , establecer que el abogado no se encontraba en condiciones de comprender y atender el compromiso.

Para que esa deducción resultara admisible, era fundamental individualizar el conocimiento específico, la destreza técnica o la comprensión jurídica de la q ue supuestamente carecía el doctor Mejía Cardona al recibir el mandato, además de señalar los elementos demostrativos que permitieran ubicar tal fragilidad en ese preciso momento y no después de advertirse la ausencia de la UARIV en la solicitud conciliato ria, sin embargo, el fallo no precisa cuál era la competencia profesional faltante, ni explica por qué la exclusión cuestionada solo podía obedecer a una nula preparación y no a u n

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...