CNDJ - 08001110200020200062801

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 08001110200020200062801
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A - 16119

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 080011102000 2020 00628 01 Aprobado según Acta de Sala No.27 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación sentencia.

ASUNTO La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1, procede a resolver los recurso s de apelación promovidos por la abogada MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA y su defensor de oficio y el abogado DAVID ANDRÉS GUA RGUATI MÉNDEZ en contra de la sentencia del 28 de julio de 2025, mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atl ántico2 los declaró disciplinariamente responsable s y les impuso sanción de EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN y multa de veinte (20) y cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente, por haber incurrido en la falta consa grada en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber contemplado en el numeral 8 del artículo 28 ibidem, a título de dolo.

HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES La presente investigación tuvo su origen en la queja 3 presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES),

28 ibidem, a título de dolo.

HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES La presente investigación tuvo su origen en la queja 3 presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES),

1 Inciso quinto del artículo 257A C.P. “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.” 2 Honorables Magistrados María José Casado Bajin (ponente) y Yessica Paola Guerrero García

3 001QUEJA DISCIPLINARIACOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No.080011102000 2020 00628 01

REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA

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A - 16119 radicada por Jaime Vega Álvarez, Gerente de Prevención del Riesgo de la Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales, mediante la cual puso en conocimiento presuntas irregularidades relacionadas con la intervención de los abogados MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA, DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ y otros profesionales del derecho en distintos procesos laborales promovidos contra el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy COLPENSIONES, dentro de los cuales fueron reconocidas y pagadas prestaciones económicas, reliquidaciones y retroactivos pensionales.

Sostuvo que el presunto " esquema" consistía en obtener decisiones judiciales favorables que impusieron condenas económicas al

COLPENSIONES, dentro de los cuales fueron reconocidas y pagadas prestaciones económicas, reliquidaciones y retroactivos pensionales.

Sostuvo que el presunto " esquema" consistía en obtener decisiones judiciales favorables que impusieron condenas económicas al entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS), de las cuales derivó el pago de cuantiosas sumas de dinero a cargo del erario, para lo cual habrían sido proferidas providencias presuntamente contrarias a derecho, omitidos trámites procesales obligatorios, librados mandamientos de pago y entregados títulos judiciales a los apoderados de los demandantes.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia certificó que la profesional MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA , identificada con cédula de ciudadanía n úmero 1102803802 se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la tarjeta profesional No. 174091, vigente4.

Igualmente, se certificó que el profesional DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ identificado con cédula de ciudadanía número 1129568708 se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la tarjeta profesional No. 195028, vigente5. Agotado el requisito de procedibilidad señalado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, mediante auto del 16 de febrero de 2021 la

4 009CONDICION DE ABOGADO ROMERO GARCIA 5 004CONDICION DE ABOGADO GUARGUATI MENDEZCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico 6 ordenó apertura del proceso disciplinario contra l a profesional MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA. Posteriormente, mediante auto del 5 de mayo de 20237 se ordenó la acumulación del proceso seguido contra DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ por tratarse de los mismos hechos y fundamentos f ácticos y convocó a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional, que se llevó a cabo en sesiones del 17 de enero8, 11 de marzo 9, 4 de abril 10 de 2024, 31 de marzo11, 21 de abril 12 de 2025 , en las cuales se recaudaron las siguientes pruebas y actuaciones: - Ante la ausencia de la disciplinable MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA se fijaron los edictos de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, se declaró persona ausente y se le designó defensor de oficio 13 quien asistió y participó en las diligencias practicadas14

  • Se incorporaron a la investigación disciplinaria, entre otras pruebas, las siguien tes: Respuesta del Juzgado 10 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla respecto de la

practicadas14

  • Se incorporaron a la investigación disciplinaria, entre otras pruebas, las siguien tes: Respuesta del Juzgado 10 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla respecto de la detención domiciliaria de la investigada MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA15, copia del proceso ordinario laboral con radicado No. 201200072 tramit ado ante el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Barranquilla seguido por Candelaria Tor né contra el Instituto de Seguros Sociales y copia del proceso ordinario laboral con radicado No. 2012 -00407 ante el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Barranquilla seguido por Héctor Enrique de Salas contra el Instituto de Seguros Sociales16, copia de la sentencia del 18 de diciembre de 2024 por medio de la cual el Juzgado Catorce Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla condenó a DAVID ANDRÉS

6 012AUTO DE APERTURA 7 036OrdenaUnificacionFijaFecha 8 070ActaDeAudiencia17Enero2024 9 078ActaDeAudienciaPyCProvisional11Marzo2024 10 088ActaDeAudiencia04Abril2024 11 143AudienciaPyCProvisional31Marzo2025 12 150AudienciaPyCProvisional21Abril2025 13 Abogado. Jhon Jairo Anillo 14 025TRES DIAS, 026PrimerEdicto

15 017RESPUESTA JUZGADO 10 PENALCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No.080011102000 2020 00628 01

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A - 16119 GUARGUATI MÉNDEZ por peculado por apropiación en favor de tercero, en concurso homogéneo y sucesivo en calidad de interviniente17, copia del expediente penal 0800160000020210001500718

Perfeccionada la investigación, se realizó la calificación jurídica de la actuación en audiencia celebrada el 19 de junio19 de 2025, formulando cargos en contra de los abogados MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA y DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ por presuntamente haber incurrido en la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007 en concordancia con el deber contemplado en el numeral 8 del artículo 28 ibidem, a título de dolo. Normas que en lo pertinente consagran: “Artículo 28. Deberes profesionales del abogado . Son deberes del abogado: (…)8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. (…) Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo ” (Cursiva propia de sala) Respecto de la a bogada MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA, se le imputó haber recibido dineros con ocasión de la gestión profesional cumplida como apoderada de la señora Candelaria Concepción Torn é Campo dentro del proceso laboral radicado No. 2012-00072, tramitado ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla.

Dentro de esa actuación, una vez proferida la sentencia y promovido el correspondiente proceso ejecutivo, le fue entregado el título judicial

16 074AdjuntosRpta JUZG 14 LABORAL CIRCUITO, 090Exp2012 -00072 ORDINARIO, 091Exp2012-00407 ORDINARIO 17 127MemorialApoderadoQuejoso20250228 18 139RespuestaRequerimiento , 140ExpdPenalJuz14PenalCto, 167AnexoRespJuzg14Penal20250626COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA

18 139RespuestaRequerimiento , 140ExpdPenalJuz14PenalCto, 167AnexoRespJuzg14Penal20250626COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 No. 416010001942555 por valor de $165.028.397, suma que cobró el 10 de septiembre de 2012, antes de quedar en firme la liquidación del crédito y de las costas procesales. Mediante auto de 22 de julio de 2019, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia , incluidas las actuaciones que dieron lugar a la entrega del título judicial, decisión confirmada el 11 de diciembre de 2019 por la Sala Segunda del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Concluyó que, a partir de la declaratoria de nuli dad, surgió el deber de entregar esos dineros a quien correspondía y que la profesional del derecho no lo cumplió mientras no se acreditó su devolución. Al abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ se le imputó haber recibido dineros con ocasión de la gestión profesional cumplida como apoderado ante el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla. El a quo edificó la imputación a partir de dos procesos laborales: (i) Proceso radicado No. 2012 -00072: actuó por sustitución del poder conferido a la abogada María Giselle Romero García. Una vez

laborales: (i) Proceso radicado No. 2012 -00072: actuó por sustitución del poder conferido a la abogada María Giselle Romero García. Una vez promovido el correspondiente proceso ejecutivo, recibió el título judicial No. 416010001942554 por valor de $16.502.839, suma que fue recibida el 29 de noviembre de 2012, según la constancia, con sello de recibido del 30 de noviembre de 2012. Mediante auto de 22 de julio de 2019, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de las actuaciones que dieron lugar a la entrega del referido título judicial, decisión confirmada el 11 de diciembre de 2019 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. (ii) Proceso radicado No. 2012 -00407: actuó como apoderado del señor Héctor Enrique de las Salas Arroyuelo. Recibió los títulos judiciales Nos. 416010002007333 y 416010002007332 por valores de $916.315.284 y $91.631.528, cobrados el 1 2 de diciembre de 2012 y el 6 de febrero de 2013, respectivamente. Mediante auto de 22 de julio

19 160AudienciaPyCProvisional20250619COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 de 2019, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla

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A - 16119 de 2019, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de las actuaciones que dieron lugar a la entrega de esos títulos judiciales, decisión confirmada el 3 de mayo de 2022 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. El a quo consideró que, un a vez declaradas esas nulidades, el profesional del derecho no entregó a la mayor brevedad posible al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, las sumas recibidas, pese a haber desaparecido el fundamento jurídico que legitimaba su disposic ión, manteniéndolas en su esfera de disponibilidad sin acreditarse su entrega a quien correspondía. El 3 de julio de 202520, se realizó la audiencia de juzgamiento prevista en el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, en la cual se escucharon los alegatos de conclusión: El defensor de oficio de la abogada MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA manifestó que su representada no había aceptado de manera definitiva los cargos formulados dentro del proceso penal, pues, aunque se allanó a ellos, se encontraba en trámite una so licitud de nulidad respecto de esa actuación. Por esa razón, sostuvo que no existía una decisión penal en firme que permitiera tener por acreditada su responsabilidad e invocó la presunción de inocencia. A su turno, el defensor de oficio del abogado DAVID ANDRÉS

existía una decisión penal en firme que permitiera tener por acreditada su responsabilidad e invocó la presunción de inocencia. A su turno, el defensor de oficio del abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ solicitó que, al momento de proferirse el fallo, fuera valorado el reconocimiento efectuado por su prohijado dentro del proceso penal.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia del 28 de julio de 202521 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico declaró disciplinariamente responsables a los abogados MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA y

20 170AudienciaJuzgamiento20250703, 171ActaAudiencia3Julio2025 21 173SentenciaSancionatoriaCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ y les impuso sanción de EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN y MULTA de veinte (20) y cuarenta (40 ) salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente, por haber incurrido en la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4° de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber contemplado en el numeral 8 del artículo 28 ibidem, a título de dolo.

En punto a la falta a la honradez, el a quo estimó que la jurista MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA hizo efectivo el título judicial No.

28 ibidem, a título de dolo.

En punto a la falta a la honradez, el a quo estimó que la jurista MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA hizo efectivo el título judicial No. 416010001942555 por valor de $165.028.397, librado dentro del proceso laboral radicado No. 2012 -00072. Mencionó que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Barranquilla declaró la nulidad de las actuaciones que dieron lugar a su entrega, decisión confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. De ese modo, la profesional del derecho no entregó a la mayor brevedad posible al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, el dinero recibido, pese a haber desaparecido el fundamento jurídico que legitimaba su disposición, sin acreditarse su entrega a quien correspondía.

El juicio de tip icidad del abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ quedó sustentado en los procesos laborales radicados Nos. 2012-00072 y 2012 -00407, dentro de los cuales hizo efectivos los respectivos títulos judiciales. Las decisiones que declararon la nulidad de las actu aciones que dieron lugar a su entrega fueron confirmadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Con base en ese panorama, estimó incumplido el deber de entregar a la mayor brevedad posible al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, los dineros percibidos. La consignación parcial realizada durante el trámite penal tampoco modificó ese juicio, al permanecer pendiente de entrega un saldo de $832.749.651.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Colpensiones, los dineros percibidos. La consignación parcial realizada durante el trámite penal tampoco modificó ese juicio, al permanecer pendiente de entrega un saldo de $832.749.651.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 Consideró que los profesionales del derecho desconocieron el de ber de honradez en sus relaciones profesionales previsto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que imponía actuar con transparencia en el manejo de los recursos de sus clientes y de terceros y garantizar su administración y entrega.

Frente a la culpabilidad, señaló la primera instancia que los abogados actuaron dolosamente pues tenían el pleno conocimiento de que los títulos judiciales que recibieron y cobraron “ provenían de una sentencia que aún no se encontraba ejecutoriada, pues no se había surtido el grado obligatorio de consulta ante el Tribunal Superior de Barranquilla, aunado al hecho que no estaba aprobada la liquidación del crédito en un caso y en el otro ni siquiera se había proferido el mandamiento de pago. A pesar de esta circunstancia, los abogados gestionaron y dispusieron de los recursos sin contar con la certeza jurídica sobre la firmeza de las decisiones judiciales, lo que demuestra una actuación c onsciente y voluntaria en contravía de la normatividad aplicable22”.

Al momen to de dosificar la sanción, el a quo tuvo en cuenta los criterios de graduación generales señalados en el literal A numerales

demuestra una actuación c onsciente y voluntaria en contravía de la normatividad aplicable22”.

Al momen to de dosificar la sanción, el a quo tuvo en cuenta los criterios de graduación generales señalados en el literal A numerales 1,2,3,4 y 5 del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 23. Destacó la trascendencia social de la conducta, pues el comportamiento de los disciplinables comprometió recursos del sistema de seguridad social y afectó la confianza de la comunidad en el ejercicio de la profesión y en la administración de justicia.

Respecto de la modalidad dolosa de la conducta, tuvo en cuenta que los abogados conocían las circunstancias en las que recibieron los dineros derivados de la gestión profesional y, pese a ello, omitieron entregarlos a quien correspondía.

22 173SentenciaSancionatoria, pg. 34 23 Artículo 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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En punto del perjuicio causado, precisó que frente a la abogada MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA perma necía pendiente de entrega a COLPENSIONES la suma de $165.028.397. En el caso del abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ, indicó que, descontada la entrega parcial de $191.700.000 efectuada durante el trámite penal, permanecía pendiente de entrega un saldo de $832.749.651, lo que, a su juicio, reflejaba la afectación de recursos de naturaleza pública.

Las modalidades de la conducta las examinó a partir de la intervención de los investigados como apoderados judiciales dentro de procesos laborales y ejecutivo s, con conocimiento del trámite y del deber que les asistía respecto del manejo de los dineros recibidos en virtud del mandato profesional. Los motivos determinantes del comportamiento los identificó en el interés económico que llevó a los disciplinables a mantener en su poder sumas de dinero cuya entrega no acreditaron, anteponiéndolo al deber de honradez que rige el ejercicio de la abogacía.

Finalmente, tuvo en cuenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 24 al señalar que “la falta cometida por los abogados es de alta gravedad, al haber vulnerado de manera flagrante los principios de honradez y lealtad en la gestión de recursos públicos. La conducta imputada generó un

de 2007 24 al señalar que “la falta cometida por los abogados es de alta gravedad, al haber vulnerado de manera flagrante los principios de honradez y lealtad en la gestión de recursos públicos. La conducta imputada generó un perjuicio económico significativo, con una afectación directa a la administración de justicia y a la confianza en el ejercicio profesional de la abogacía”25

En consecuencia, aplicando los criterios de graduación, los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, se les impuso sanción de EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE L A PROFESIÓN y multa de veinte (20) y cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales

24 Artículo 43. Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años. Parágrafo. La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) a ños, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública.

25 173SentenciaSancionatoria, pg. 38COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, respectivamente, a los profesionales MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA y DAVID

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A - 16119 vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos, respectivamente, a los profesionales MARÍA GISELLE ROMERO GARCÍA y DAVID

ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ.

DE LA APELACIÓN

Proferida la sentencia de primera instancia, se notificó a los intervinientes la providencia de primer grado mediante correo electrónico enviado el 11 de agosto de 202526.

Tanto la disciplinada como su defensor de oficio interpusieron recurso de apelación el 14 de agosto de 2025 27. De igual forma , el disciplinado interpuso recurso el 19 de agosto de la anualidad28, en los siguientes términos:

1. Del recurso de la disciplinada MARÍA GISELLE ROMERO

GARCÍA

1.1. Prescripción de la conducta: La recurrente alegó que la p rimera instancia calificó la conducta prevista en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 como una falta de ejecución permanente con el fin de evitar la prescripción, pese a que, en su criterio, los hechos corresponden a conductas instantáneas cons umadas con el cobro de los títulos judiciales en los años 2012 y 2013.

1.2. Nulidad por violación al derecho de defensa: señaló irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa material, derivadas de dificultades en la notificación, y limitaciones en el acceso oportuno al expediente, lo cual habría impedido el ejercicio pleno de la defensa.

irregularidades que habrían afectado el derecho de defensa material, derivadas de dificultades en la notificación, y limitaciones en el acceso oportuno al expediente, lo cual habría impedido el ejercicio pleno de la defensa.

26 174NotificacionPersonalSentencia, 175NotificacionPersonalSentencia, 27 179Apelacion20250814, 180Anexo01Apelacion20250814 , 181Apelacion20250814, 182Anexo01Apelacion20250814, 183Anexo02Apelacion20250814 28 184RecursoApelacionDisciplinado20250819, 185AnexoRecurso20250819COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 1.3. Error en la interpretación del artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007: Sostuvo que la Magistrada omitió efectuar un análisis adecuado sobre la naturaleza d e la conducta y estructuró la responsabilidad disciplinaria con fundamento principal en actuaciones del proceso penal, sin realizar una valoración probatoria autónoma propia de la jurisdicción disciplinaria.

1.4. Desproporción e indebida individualización de la sanción: Cuestionó la imposición de la sanción de exclusión al considerar que la primera instancia no diferenció el grado de participación de los disciplinables, pese a que el abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ habría ejecutado la mayoría de los cobr os y efectuado una devolución parcial, por lo que la sanción resultaría excesiva frente a

disciplinables, pese a que el abogado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ habría ejecutado la mayoría de los cobr os y efectuado una devolución parcial, por lo que la sanción resultaría excesiva frente a su nivel de intervención.

1.5. Falta de valoración de circunstancias de atenuación: Indicó que no se valoraron adecuadamente circunstancias que podían atenuar la sanción, tales como el allanamiento a cargos en el proceso penal, la ausencia de antecedentes disciplinarios y sus condiciones personales, factores que, a su juicio, debieron conducir a la imposición de una sanción menos gravosa que la exclusión.

2. Del recurso del defensor de oficio de la disciplinada

2.1. Nulidad por violación del debido proceso: El defensor alegó la nulidad de la sentencia por vulneración del debido proceso, al considerar que la autoridad disciplinaria incurrió en múltiples irregularidades que afectar on las garantías de defensa y contradicción. En concreto, sostuvo que: (i) se dio por acreditada la responsabilidad disciplinaria con fundamento en el allanamiento a cargos efectuado dentro del proceso penal, pese a que dicha actuación no se encuentra en f irme al existir una solicitud de nulida d, lo cual desconocería la presunción de inocencia; ( ii) no se realizó una valoración integral del material probatorio, en particular de las pruebasCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

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A - 16119 que indicarían que la disciplinable habría actuado bajo engaño o inducción por parte del investigado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ; (iii) no se analizaron de manera suficiente los argumentos expuestos por la defensa en los alegatos de conclusión, especialmente los relacionados con la retractación del allanamiento ; (iv) la sentencia carecería de claridad en la determinación de la responsabilidad disciplinaria, al hacer referencia a una supuesta concertación sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan establecer su participación consciente en la condu cta investigada; y (v) se habrían valorado pruebas derivadas del incidente de nulidad promovido en la jurisdicción laboral varios años después de proferidas las decisiones judiciales, lo cual, en criterio del recurrente, desconoce los términos procesales y el principio de seguridad jurídica, al permitir reabrir el análisis de actuaciones que se encontraban consolidadas.

2.2. Error en la interpretación del artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007: El defensor sostuvo que la conducta atribuida no encuadraba en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que el verbo rector “ no entregar a quien corresponda ” se refiere a la relación abogado –cliente respecto de dineros o bienes entregados por el poderdante al profesional del derecho en desarrol lo del mandato, y no frente a terceros , por lo que, consideró que la

refiere a la relación abogado –cliente respecto de dineros o bienes entregados por el poderdante al profesional del derecho en desarrol lo del mandato, y no frente a terceros , por lo que, consideró que la norma protege la honradez del abogado frente a su cliente y no frente a Colpensiones, con quien no existiría vínculo contractual, por lo que considera errónea la adecuación típica efectuada por el a quo.

2.3. Ausencia de culpabilidad a título de dolo: El recurrente sostuvo que no se acreditó que la disciplinable hubiese actuado con conocimiento y voluntad de incurrir en la conducta reprochada, pues afirmó que su actuación estuvo mediada por el engaño o inducción del investigado DAVID ANDRÉS GUARGUATI MÉNDEZ, quien habría reconocido su responsabilidad en el proceso penal. Señaló que su representada solo recibió uno de los títulos judiciales y queCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No.080011102000 2020 00628 01

REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA

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A - 16119 desconocía las presuntas irregularidades de los procesos laborales, por lo que no sería posible predicar la existencia de dolo.

2.4. Desproporcionalidad de la sanción disciplinaria: El defensor cuestionó la proporcionalidad de la sanción impuesta, señalando que no se valoró adecuadamente el grado de partic ipación de la disciplinable en los hechos investigados, pues únicamente habría cobrado un título judicial por valor de $165.028.397, correspondiente a

no se valoró adecuadamente el grado de partic ipación de la disciplinable en los hechos investigados, pues únicamente habría cobrado un

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