CNDJ - 11001080200020240100800

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 11001080200020240100800
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Aprobado según Acta de Sub Sala de Instrucción No. 003 en sesión No. 010 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Sala Dual de Instrucción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a resolver lo que en derecho corresponda, en relación con la investigación disciplinaria adelantada con ocasión de la queja presentad a contra el doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de FISCAL 12 DELEGADO

ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1.- Mediante auto del 28 de julio 2023 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá1, remitió por competencia la queja presentada el 2 de agosto 2022 por el señor GONZALO GUILLÉN, en calidad de periodista, en la que manifestó anomalías en las que pudo incurrir el doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR

1 Proferido por el magistrado Mauricio Martínez Sánchez al interior del proceso con radicado No. 2022 – 4209.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

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MARTÍNEZ, FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL

Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 2 | 23 MARTÍNEZ, FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ , en lo s preacuerdos suscritos con el señor Carlos José Mattos Barrero, posiblemente desconociendo lo establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, tal y como se evidenciaba en las decisiones emitidas el 2 de junio 2022 y 22 de julio 2022, en los procesos con radicados Nos. 11001600000020180239806 y 110016000102201800370032.

2.- Mediante auto del 16 de junio 2025 , se ordenó abrir investigación disciplinaria3. Etapa en la que se acreditó la calidad del doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, como

FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

BOGOTÁ4.

3.- El 16 de enero de 2026, se ordenó prorrogar la presente investigación disciplinaria5 por el término de 3 meses, donde se recolectaron algunas pruebas y se realizaron audiencias con la participación del representante del Ministerio Público (Procurador II Delegado para la Casación Penal), el disciplinable rindió versión libre y se practicaron testimonios.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

2 Archivo digital – “001 Queja” - “003QuejaDisciplinaria”.

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

2 Archivo digital – “001 Queja” - “003QuejaDisciplinaria”. 3 Archivo digital – “012 APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA RAD. 11001080200020240100800”. 4 Archivo digital – “024 RtaSJ_23643_CalidadFGN” – “025 AnexoRtaSJ23643_CalidadFGN”. 5 Archivo digital – “033 AUTO PRÓRROGA INVESTIGACIÓN RAD. 202401008-00”.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 3 | 23 como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aproba ción del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones6, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizado un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/167.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para conce bir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C285 de 20168 y C-112/179, por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de

Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C285 de 20168 y C-112/179, por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y Ley 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

6 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela. 7 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947,

Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 8 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26

(parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P . Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Corte Const itucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo

9 Corte Const itucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y re ajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 4 | 23 Aunado a lo anterior, mediante el acuerdo No. 085 del 9 de agosto de 2022, se estableció el mecanismo de conformación de las Salas de decisión de primera instancia, segunda instancia y doble conformidad de los procesos de competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de conformidad con las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Acuerdo No. 085 de 2022, se integró la presente Sala de Instrucción, conformada por el doctor JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, quien actúa como ponente, y el doctor CARLOS ARTURO RAMÍREZ

VÁSQUEZ.

Por lo anterior, esta Sala Dual de Instrucción, precisa que es competente para conocer del presente asunto.

2.- Presupuestos normativos.

Establece el artículo 250 de la Ley 1952 de 2019, que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados

2.- Presupuestos normativos.

Establece el artículo 250 de la Ley 1952 de 2019, que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el mismo código, y conform e al artículo 90 de la Ley 1952 de 201910, procede el archivo definitivo de la actuación disciplinaria cuando se encuentre plenamente acreditado alguno de los siguientes presupuestos:

“[…] En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento,

10Aplicables a este caso conforme lo establecido en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, según el cual solamente los procesos en los cuales se ha surtido la notificación del pliego de cargos, continuarán su trámite hasta su finalización bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 5 | 23 mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso”.

3.- Del caso concreto.

Se investiga al doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, por las presuntas

3.- Del caso concreto.

Se investiga al doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir al desconocer lo establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, especialmente en lo referente a los preacuerdos suscritos con el señor Carlos José Mattos Barrero; en virtud de lo indicado en el auto interlocutorio de segunda instancia dentro de los radicados Nos. 11001600000020180239806 y 11001600010220180037003 proferidos el 2 de junio y 22 de julio de 2022, respectivamente.

Así las cosas, dentro de los documentos allegados a este plenario disciplinario, obra copia de los procesos penales radicados con los Nos. 1100160000002018023980611 y 1100160001022018003700312.

Así mismo, la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá allegó documentos relacionados con la celebración de los preacuerdos suscritos entre el doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de FISCAL 12 DELEGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ y el señor Carlos José Mattos Barrero, procesado dentro de los radicados referidos13. De lo anterior, se advierte que:

11 Archivo digital - “022 RtaSJ_27768 _CasacionCorteProceso” –“023 AnexoRtaSJ27768_CasacionCorteProceso”. 12 Archivo digital – “001Queja”. 13 Archivo digital – “019 RtaSJ_23644_YJSG

11 Archivo digital - “022 RtaSJ_27768 _CasacionCorteProceso” –“023 AnexoRtaSJ27768_CasacionCorteProceso”. 12 Archivo digital – “001Queja”. 13 Archivo digital – “019 RtaSJ_23644_YJSG Fiscalia12TribunalCopiasPreacuerdo” – “020 AnexoRtaSJ23644_YJSG Fiscalia12TribunalCopiasPreacuerdo”.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 6 | 23 - Del proceso penal r adicado con el No. 11001600000020180239806:

Este trámite se adelantó contra el señor Carlos José Mattos Barrero en el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá, entre otros, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y daño informático agravado.

La situación fáctica de esta investigación penal consistió en que el señor Carlos José Mattos Barrero presentó una demanda contra la compañía coreana Hyundai Motor Company para mantener la exclusividad en la comercialización de los vehículos de dicha marca; en tal proceso repartió dinero corrompiendo funcionarios y empleados judiciales con el propósito de hacer más próspera su empresa con una medida cautelar favorable a sus intereses económicos; obteniendo ante el juez una medida que impedía a otras empresas la comercialización de vehículos Hyundai en Colombia14.

Ahora bien, obra acta de preacuerdo de fecha 8 de febrero de 2022 entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Mattos Barrero 15, el cual fue improbado por el Juzgado 30 Penal del Circuito el 11 de

Ahora bien, obra acta de preacuerdo de fecha 8 de febrero de 2022 entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Mattos Barrero 15, el cual fue improbado por el Juzgado 30 Penal del Circuito el 11 de marzo del mismo año.

El 7 de abril de 2022, el proces ado manifestó su aceptación de cargos, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y daño informático agravado, por lo que el juzgado profirió sentencia condenatoria en su contra el 9 de mayo de 2022, decisión apelada por la defensa.

14 Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal. Magistrado Ponente: Alberto Poveda Perdomo. Aprobado en Acta No. 083 del 2 de junio de 2022. Radicación 11001600000020182398 06. Archivo digital – “020 AnexoRtaSJ23644_YJSG Fiscalia12TribunalCopiasPreacuerdo”. 15 Ibidem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 7 | 23 En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá mediante auto interlocutorio del 2 de junio 202216, decretó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 7 de abril de 2022, es decir, desde que el procesado manifestó su aceptación de cargos “con la única finalidad que se advierta al señor Carlos José Mattos Barrero el contenido del artículo 349 de la Ley 906 de 2004 y se estableciera si el procesado obtuvo un incremento patrimonio como consecuencia de los ilícitos”. Indicando que:

el contenido del artículo 349 de la Ley 906 de 2004 y se estableciera si el procesado obtuvo un incremento patrimonio como consecuencia de los ilícitos”. Indicando que:

“(…) CARLOS JOSÉ MATTOS BARRERO pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de la medida cautelar decretada por el juez corrupto, porque así mantuvo la ex clusividad en la comercialización de los vehículos de la casa automotriz Hyundai (…) no basta que el delegado de la FGN o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad (…) Que no se haya establecido un monto específico del monto de beneficios económicos que obtuvo el procesado no es porque dicha utilidad no haya existido, sino porque la FGN ha actuado negligentemente (…) omitieron dar aplicación o exigir la aplicación del artículo 349 de la Ley 906/04 (…)”

Entonces, el Tribunal reprochó la omisión en la aplicación del artículo 349 de la Ley 906 de 20 04, así como la ausencia de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que se recibiera la compensación por el daño causado. Concluyendo que, para acceder a la rebaja de la pena en caso de allanamiento o hacer procedente el preacuerdo, se debía reintegrar por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente.

En virtud de lo anterior, el 15 de noviembre de 2022 el Juzgado 30

por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente.

En virtud de lo anterior, el 15 de noviembre de 2022 el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá emitió una nueva sentencia condenatoria y al analizar el cumplimiento del artículo 349 del

16 Ibidem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 8 | 23 Código de Proce dimiento Penal, tuvo en cuenta las ventas de vehículos efectuadas por Hyundai Colombia entre el 6 de abril y el 15 de diciembre de 2016, así como el eventual incremento patrimonial derivado de dicha actividad, concluyendo que no tuvieron como causa la reactivación de la relación comercial por parte de Hyundai Motor Company en virtud de la medida cautelar decretada.

Se estableció que, durante la vigencia de la referida medida, la compañía coreana no realizó ventas a la sociedad colombiana, de suerte que los ingresos percibidos por esta última provenían de unidades adquiridas con anterioridad. Tal circunstancia obedeció, además, a que Hyundai Motor Company, tras revocar el derecho de exclusividad previamente conferido a Mattos Barrero, suscribió nuevos acuerdos comerciales con las sociedades Global Car World S.A.S. y Neocorp S.A.S.

En consecuencia, el juzgado concluyó: (i) que el señor Carlos Mattos no obtuvo incremento patrimonial alguno como resultado de la conducta punible atribuida; y (ii) que, en el evento en que dicho incremento se hubiese configurado, el mismo fue reintegrado a las

Mattos no obtuvo incremento patrimonial alguno como resultado de la conducta punible atribuida; y (ii) que, en el evento en que dicho incremento se hubiese configurado, el mismo fue reintegrado a las sociedades afectadas, razón por la cual resultaba procedente el reconocimiento de la rebaja de la pena17.

Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal18 mediante sentencia de segunda instancia del 2 de marzo de 2023, decidió confirmar la sentencia conden atoria proferida por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá, entre otras cosas, señaló que:

17 Tribunal Superior de B ogotá - Sala Penal. Magistrado Ponente: Alberto Poveda Perdomo. Aprobado en Acta No. 083 del 2 de junio de 2022. Radicación 11001600000020182398 06. Archivo digital – “020 AnexoRtaSJ23644_YJSG Fiscalia12TribunalCopiasPreacuerdo”. 18 Magistrado Ponente ALBERTO POVEDA PERDOMO Aprobado Acta No. 28.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

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“87. Tampoco se afectaron garantías superiores cuando fue decretada la nulidad parcial en auto de 2 de junio de 2022 . Yerra nuevamente el censor al asegurar que se desconoció el debido proceso cuando el Tribunal, el 2 de junio de 2022, anuló lo actuado desde la audiencia de 7 de abril de aquel año para que se le advirtiera a MATTOS BARRERO acerca de la restricción consag rada en el artículo 349 del

cuando el Tribunal, el 2 de junio de 2022, anuló lo actuado desde la audiencia de 7 de abril de aquel año para que se le advirtiera a MATTOS BARRERO acerca de la restricción consag rada en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y, en su caso, señalarle que no tendría ningún beneficio.

(…) 97. En otras palabras, el Tribunal limitó su intervención a exigir que se esclareciera un aspecto sustancial de suma relevancia para l a estructura del debido proceso, sin que ello implique asumir un rol de acusador.

98. Por último, actualmente resulta irrelevante si a la defensa no le corrieron traslado de los elementos que recolectó la FGN, porque el juzgado, una vez más, encontró que no existió incremento patrimonial, lo que favorece al procesado para permitirle la reba ja punitiva concedida”. (Subrayado fuera del texto),

  • Del proceso penal r adicado con el No.

11001600010220180037003:

Este proceso igualmente se adelantó contra el señor Carlos José Mattos Barrero en el Juzgado 11 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, por cuanto el señor Mattos Barrero radicó una solicitud de prueba anticipada tramitada por el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá. La juez de conocimiento emitió 2 medidas cautelares contra Global World S .A.S, consistentes en abstenerse de comercializar vehículos de marca Hyundai y utilizar los signos distintivos de la mencionada casa automotriz a cambio de una suma de dinero recibida por conducto de un oficial mayor19.

contra Global World S .A.S, consistentes en abstenerse de comercializar vehículos de marca Hyundai y utilizar los signos distintivos de la mencionada casa automotriz a cambio de una suma de dinero recibida por conducto de un oficial mayor19.

Respecto de este trámite penal se allegó acta de preacuerdo de fecha 18 de febrero de 2022 entre la Fiscalía General de la Nación

19 Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal. Magistrado Ponente : Alberto Poveda Perdomo . Aprobado en Acta No. 11 del 22 de julio de 2022 . Radicación 110016000102201800370 03. Archivo digital – “020 AnexoRtaSJ23644_YJSG Fiscalia12TribunalCopiasPreacuerdo”.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 10 | 23 y el señor Mattos Barrero, el cual fue retirado el 24 de marzo siguiente20. Posteriormente, el señor Carlos José Mattós Barrero aceptó unilateralmente los términos de la acusación el 21 de abril de 2022.

Seguidamente fue emitida sentencia en contra del procesado el 7 de junio de 2022 , no obstante, el mismo Tribunal mediante auto interlocutorio de segunda instancia del 22 de julio 2022 dentro del proceso penal No. 1100160001022018003700321 reiteró que el actuar del señor Carlos José Mattos Barrero siempre estuvo dirigido a corromper a los funcionarios judiciales con el único propósito de hacer más próspera su empresa, por lo que el acusado pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de las medidas cautelares decretada por la Juez 16

dirigido a corromper a los funcionarios judiciales con el único propósito de hacer más próspera su empresa, por lo que el acusado pudo haber obtenido un incremento patrimonial como consecuencia de las medidas cautelares decretada por la Juez 16 Civil Municipal de Bogotá, porque con ellas evitó que otras compañías pudiese n comercializar los vehículos Hyundai y así mantener la exclusividad del procesado en el negocio.

Igualmente, insistió que “cuando el procesado obtiene un incremento en su patrimonio y no efectúa el reintegro del 50% ni asegura el recaudo del remanente, no es procedente obtener una rebaja punitiva, como lo ha explicado varias veces la jurisprudencia del Tribunal Supremo ”. En ese sentido , el Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia del 22 de abril de 2022, oportunidad en que el procesado manifestó su aceptación de cargos.

Por lo anterior, e l 9 de noviembre de 2022 el juzgado de conocimiento nuevamente emitió sentencia de primer grado , señalando que:

20 Ibidem. 21 Ibidem.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

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“(…) No obstante, ante la aceptación de cargos de Mattos Barrero en el curso de la audiencia preparatoria, se impone necesario verificar si es procedente o no otorgarle rebaja de pena dentro de los límites que define el legislador atendiendo la etapa procesal en la que se hizo la manifestación y de cara a lo preceptuado en el artículo 349 del C.P.P.

es procedente o no otorgarle rebaja de pena dentro de los límites que define el legislador atendiendo la etapa procesal en la que se hizo la manifestación y de cara a lo preceptuado en el artículo 349 del C.P.P.

Conforme expuso el delegado de la Fiscalía en pretérita oportunidad, luego de una serie de actos investigativos en pro de establecer si la conducta del acusado por la que se le llamó a juicio, le generó algún incremento patrimonial, arribó a la conclusión que no , lo cual sustentó con contratos de transacción confidenciales que suscribió Hyundai Motor Company S.A., con otras sociedades comerciales, entre ellas, Global Car World S.A.S, siendo uno de éstos el de fecha 7 de diciembre de 2016, en el que se daba fin a las diferencias y litigios existentes entre las sociedades comerciales, como algunas obligaciones a cargo de éstas; informe investigador de campo FPJ 11 del 31 de agosto de 2022, relacionado con una diligencia de inspección a lugares en la oficina del abogado Jaime Lombana Villalba, a fin de solicitar unos documentos relacionados con acuerdos de transacción y pagos que hubieren realizado al acusado y el Informe Investigador de Laboratorio FPJ 13, del 31 de agosto de 2022.

Este último dejó constancia del apoyo requerido a un perito contable para realizar el análisis de algunos documentos que se obtuvieron como resultado de búsqueda selectiva en bases de datos (…) Respecto al patrimonio del acusado, se de terminó en dicho informe que su participación en la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A, era del 14%, pero como la venta de vehículos no generó utilidades, no obtuvo dividendos que incrementaran su patrimonio.

patrimonio del acusado, se de terminó en dicho informe que su participación en la sociedad Hyundai Colombia Automotriz S.A, era del 14%, pero como la venta de vehículos no generó utilidades, no obtuvo dividendos que incrementaran su patrimonio.

Con fundamento en lo anterior, conforme los elementos aportados y lo expuesto por el delegado Fiscal, no se encuentra probado incremento patrimonial en cabeza del procesado con ocasión de la conducta delictiva por la que acá se juzga, por cuanto según informe contable presentado por téc nico investigador del ente acusador, la situación económica de la empresa de la cual era accionista el acusado iba en deceso, razón por la cual, surge procedente la concesión de una rebaja de pena a Carlos José Mattos Barrero, con ocasión de la aceptación de cargos que se verificó en el curso de la audiencia preparatoria”. (Subrayado fuera del texto).

El 8 de agosto de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá - Sala Penal22 en sentencia de segunda instancia , entre otras cosas, decidió confirmar parcialmente la sentencia condenatoria proferida el 9 de noviembre de 2022 por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá.

22 Magistrado Ponente ALBERTO POVEDA PERDOMO Aprobado Acta No. 107.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 12 | 23 En virtud de lo expuesto, esta Sala Dual debe determinar si el doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de

FISCAL 12 DEL EGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

Página 12 | 23 En virtud de lo expuesto, esta Sala Dual debe determinar si el doctor ÁLVARO ENRIQUE BETANCUR MARTÍNEZ, en calidad de FISCAL 12 DEL EGADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ incurrió en falta disciplinaria al no adelantar, de manera previa al preacuerdo y al allanamiento a cargos, una investigación orientada a establecer un eventual incremento patrimonial del procesado por el delito de cohecho por dar u ofrecer , desconociendo así el artículo 349 de la Ley 906 de 2002.

Precisado lo anterior, se debe advertir que para que exista responsabilidad disciplinaria resulta necesaria la configuración de los elementos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.

En ese sentido, se reprocha el desconocimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, el cual dispone:

“ARTÍCULO 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del va lor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. En relación con los delitos sancionados con prisión perpetua revisable no proceden acuerdos o negociaciones”.

Por su parte, l a Directiva 001 del 28 de septiembre del 2006, por medio de la cual “se fijan directrices para la celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o

Por su parte, l a Directiva 001 del 28 de septiembre del 2006, por medio de la cual “se fijan directrices para la celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”, vigente para el año 2022 , respecto al artículo 349 del Código de Proced imiento Penal establecía: “OCTAVA. Para los efectos del artículo 349 de la ley 906 de 2004, el imputado o acusado podrá reintegrar el cincuenta por ciento del incremento patrimonial y asegurar el recaudo del remanente por cualquier medio de carácter económico”.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 13 | 23 Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia a lo largo de los años ha realizado un constante cambio jurisprudenc ial23 respecto de la procedencia del artículo 349 de la Ley 906 de 2004, pues en principio, mediante sentencia CSJ SP 14 de diciembre de 2005Rad. 21347 24, se consideró que la obligación contenida en el mencionado artículo también era aplicable al allanamiento a cargos, en tanto este era una modalidad de acuerdo.

Posteriormente, mediante sentencia CSJ SP 8 de abril de 2008Rad. 25306 25, la Corte modificó su postura, indicando que el allanamiento a cargos y los preacuerdos, acuerdos y negociaciones no eran asimilables. En consecuencia, la previsión de artículo 349 de la Ley 906 de 2004 solo operaba para el segundo evento.

Lo anterior se mantuvo hasta que la Corte mediante sentencia

no eran asimilables. En consecuencia, la previsión de artículo 349 de la Ley 906 de 2004 solo operaba para el segundo evento.

Lo anterior se mantuvo hasta que la Corte mediante sentencia SP14496 del 27 de septiembre de 2017 - Rad. 3983126, volvió a su tesis primigenia, retomando que el allanamiento es una especie de acuerdo bilateral, por lo que insistió que en los casos de allanamiento aplicaba el artículo 349 de la Ley 906 de 2004.

Esa t esis fue retirada en sentencia CSJ SP3883 -2022 - Rad. 5589727, al indicarse que los allanamientos a cargos son un tipo de acuerdos y que el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 era plenamente aplicable cuando se registr ara un incremento patrimonial.

23 Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP3252 -2024 del 27 de noviembre de 2024.

Magistrado ponente: Jorge Hernán Díaz Soto Radicación N.° 59042 (Acta N.° 286).

24 Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Yesid Ramírez Bastidas. Aprobado Acta No. 100. 25 Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibañez Guzman. Aprobado Acta No. 082. 26 Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: José Francisco Acuña Vizcaya. Aprobado Acta No. 319. 27 Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: Hugo Quintero Bernate. Aprobado Acta No. 250.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Aprobado Acta No. 250.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202401008 00 Funcionarios

Página 14 | 23 Finalmente, la Corte retornó a la tesis de que el allanamiento a cargos o la aceptación unilateral de resp onsabilidad es una modalidad diferente a los acuerdos de responsabilidad que surgen de la negociación y el consenso entre las partes, y concluyó en la sentencia CSJ SP19012024 del 17 julio de 2024 - Rad. 6421428, que solo aplica el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 en los casos de preacuerdos.

Ahora bien, se recuerda que un comportamiento que llama la atención de la jurisdicción disciplinaria será sustancialmente ilícito cuando además de constituir una infracción al deber funci onal, atente contra el buen funcionamiento del Estado y sus fines, entre ellos, el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

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