CNDJ - 11001080200020240115600

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 11001080200020240115600
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 110010802000202401156 00 Aprobado según Acta No. 05 de la fecha Subsala No. 07

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala Dual de Decisión de Juzgamiento a proferir el fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra la doctora Adriana del Pilar Rodríguez Rod ríguez, en su calidad de Magistrada de la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia.

HECHOS

La presente actuación disciplinaria tuvo origen en el escrito presentado el 14 de junio de 2024 1 por el señor Luis Alf onso Moreno Forero ante el Tribunal Superior de Armenia. El documento fue remitido inicialmente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío y, mediante auto del 25 de junio de 20242, enviado por competencia a esta Corporación.

El quejoso at ribuyó a la docto ra Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez, en su condición de Magistrada de la Sala Civil -Familia-Laboral del Tribunal Superior de Armenia, una presunta mora en el trámite de segunda instancia del proceso ordinario laboral radicado 63001310 500320180004501. Señaló

1 Archivo digital No. 008. 2 Archivo digital No. 001 / 004.República de Colombia Rama Judicial

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1 Archivo digital No. 008. 2 Archivo digital No. 001 / 004.República de Colombia Rama Judicial

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que el expediente se encontraba en el despacho de la funcionaria desde 2021 y que, para la fecha de presentación de la queja, aún no se había proferido sentencia.

Agregó que requería la decisión para conocer los derechos que podía reclamar, pues se encontraba en una situación delicada de salud y manifestó que no podía trabajar debido a una lesión permanente.

INDIVIDUALIZACIÓN FUNCIONAL, IDENTIFICACIÓN DEL

FUNCIONARIO Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

La doctora Adriana del Pilar Rodrí guez Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.746.974, fue nombrada Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 27 de septiembre de 2018 y tomó posesión del cargo el 1º de noviembre siguiente, condición que ostentaba durante los hechos investigados3.

De acuerdo con el certificado ordinario No. 293980577 del 8 de abril de 2026, expedido por la Procuraduría General de la Nación, y el certificado No. 1805 de la misma fecha, suscrito po r el Secretario Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la funcionaria no registra antecedentes disciplinarios, sanciones ni inhabilidades vigentes 4.

ACTUACIÓN PROCESAL EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN

Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la funcionaria no registra antecedentes disciplinarios, sanciones ni inhabilidades vigentes 4.

ACTUACIÓN PROCESAL EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN

1. Mediante auto del 18 de diciembre de 202 45, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra la doctora Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez, en su condición de Magistrada de la Sala Civil -Familia-Laboral

3 Archivo digital No. 015. 4 Archivo digital No. 070 y 071. 5 Archivo digital No. 008.República de Colombia Rama Judicial

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del Tribunal Superior de Armenia. En desarrollo de esta etapa se incorporaron, entre otros, los siguientes medios de prueba:

− Documentos relacionados con la calidad funcional y los datos de contacto de la investigada6. − Certificación de los salarios devengados7. − Informe del 3 de febrero de 2025, remitido por la Secretaría de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Armenia8. − Copia del proceso ordinario laboral radicado 630013105003201800045019. − Sentencia de segunda instancia del 7 de febrero de 2025 10. − Reporte estadístico individual y comparativo de producción del despacho, remitido por la UDAE11. − Certificados de antecedentes disciplinarios12. − Constancia del 3 de marzo de 2025, expedida por la Secretaría

− Reporte estadístico individual y comparativo de producción del despacho, remitido por la UDAE11. − Certificados de antecedentes disciplinarios12. − Constancia del 3 de marzo de 2025, expedida por la Secretaría Judicial de esta Corporación, según la cual no cursaba ni había cursado otra actuación disciplinaria por los mismos hechos13.

2. Por auto del 21 de marzo de 20 2514, se declaró cerrada la investigación disciplinaria y se corrió traslado a los sujetos procesales por diez (10) días para presentar alegatos previos a su evaluación. La decisión fue comunicada a la investigada 15 y al agente del Ministerio Público 16 mediante telegramas del 27 de marzo de 2025. El traslado venció en silencio por parte de la investigada.

6 Archivo digital No. 015. 7 Archivo digital No. 028. 8 Archivo digital No. 017. 9 Archivo digital No. 017. 10 Archivo digital No. 019. 11 Archivo digital No. 021. 12 Archivo digital No. 029. 13 Archivo digital No. 030. 14 Archivo digital No. 032. 15 Archivo digital No. 034. 16 Archivo digital No. 033.República de Colombia Rama Judicial

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3. El 2 de abril de 2025 17, el doctor Jesualdo Villero Pallares, en su

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3. El 2 de abril de 2025 17, el doctor Jesualdo Villero Pallares, en su condición de Procurador Delegado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción, presentó a legatos precalificatorios y consideró procedente continuar la actuación mediante la formulación de cargos.

4. Mediante providencia del 19 de noviembre de 2025 18, la Magistrada instructora formuló pliego de cargos contra la doctora Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez por la presunta incursión en la falta disciplinaria prevista en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, reproducido por el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, derivada del desconocimiento de la prohi bición contenida en el numeral 3.º del artíc ulo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012. La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave y atribuida a título de culpa gravísima.

La imputación se s ustentó en que el proceso ordinario laboral ingresó al despacho de la disciplinable el 11 de junio de 2021 y fue decidido el 7 de febrero de 2025, pese a que, conforme con la tesis de la instrucción, la segunda instancia debía resolverse dentro de los seis meses previstos en el artículo 121 del Código General del Proceso.

La decisión fue comunicada a la disciplinable 19 y al agente del Ministerio Público20 mediante telegramas remitidos el 28 de noviembre de 2025.

artículo 121 del Código General del Proceso.

La decisión fue comunicada a la disciplinable 19 y al agente del Ministerio Público20 mediante telegramas remitidos el 28 de noviembre de 2025.

5. El 11 de diciembre de 2025 21, se designó a la abogada Daniela Alejandra Bettin Díaz co mo defensora de oficio de la disciplinable. Posteriormente, mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2025 22, el abogado Marlon Alonso Suárez Meza allegó poder conferido por la doctora

17 Archivo digital No. 035. 18 Archivo digital No. 037. 19 Archivo digital No. 039. 20 Archivo digital No. 038. 21 Archivo digital No. 042. 22 Archivo digital No. 044.República de Colombia Rama Judicial

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Rodríguez Rodríguez y presentó escrito de descargos, acompañado de documentos estadísticos, información relacionada con el funcionamiento de la Secretaría y copia de la sentencia laboral del 7 de febrero de 2025.

La defensa solicitó la terminación del procedimiento y el archivo de las diligencias. Para sustentar su p retensión alegó: (i) la atipicidad de la conducta, por considerar inaplicable el artículo 121 del Código G eneral del Proceso al procedimiento laboral; (ii) la existencia de circunstancias estructurales que justificarían la tardanza, entre ellas la carga la boral, la

conducta, por considerar inaplicable el artículo 121 del Código G eneral del Proceso al procedimiento laboral; (ii) la existencia de circunstancias estructurales que justificarían la tardanza, entre ellas la carga la boral, la composición multicompetente de la Sala y la insuficiencia de personal; (iii) la productividad del despacho; y (iv) la ausencia de culpabilidad.

TRÁMITE PROCESAL EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO

1. El 16 de diciembre de 2025 23, la Secretaría Judicial 24 remitió la actuación al despacho de quien ahora funge como ponente, para el trámite de juzgamiento previsto en el artículo 2º del Acuerdo 085 del 9 de agosto de

2022.

2. Mediante auto del 26 de enero de 2026 25, la Magistrada ponente avocó conocimiento de l as diligencias, dispuso adelantar el juzgamiento por el procedimiento ordinario, reconoció personería a l abogado Marlon Alonso Suárez Meza, relevó temporalmente del encargo oficioso a la doctora Daniela Alejandra Bettin Díaz y ordenó que el expediente perm aneciera a disposición de los sujetos procesales durante quince (15) días para presentar descargos, aportar y solicitar pruebas.

La decisión fue comunicada a la disciplinable 26, a su defensor 27 y al agente del Ministerio Público 28 mediante telegramas remitid os el 30 de enero de

23 Archivo digital No. 047. 24 Archivo digital No. 049. 25 Archivo digital No. 052. 26 Archivo digital No. 054.República de Colombia Rama Judicial

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23 Archivo digital No. 047. 24 Archivo digital No. 049. 25 Archivo digital No. 052. 26 Archivo digital No. 054.República de Colombia Rama Judicial

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2026. Vencido el término, no se presentaron nuevos descargos ni se formularon solicitudes probatorias. Los descargos y documentos allegados el 15 de diciembre de 2025 permanecieron incorporados a la actuación y fueron valorados en el juzgamiento.

3. Mediante auto del 4 de marzo de 2026 29, se declaró abierta la etapa probatoria, de conformidad con el artículo 225C de la Ley 1952 de 2019.

En esa providencia se tuvieron como pruebas los documentos que ya obraban en el expediente y se decretó de oficio:

  1. solicitar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia información sobre los asuntos de connotación nacional o especial complejidad asignados al despacho, su planta de personal y los procesos fallados en primera y segunda instanc ia entre junio de 2021 y febrero de 2025; ii) requerir a la Unidad de Desarrollo y Anál isis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura las estadísticas de producción del despacho y la información relacionada con eventuales medidas de descongestión durante el mismo periodo; y iii) incorporar los antecedentes disciplinarios actualizados de la funcionaria.

En cumplimiento de esa determinación, se incorporaron los siguientes elementos:

despacho y la información relacionada con eventuales medidas de descongestión durante el mismo periodo; y iii) incorporar los antecedentes disciplinarios actualizados de la funcionaria.

En cumplimiento de esa determinación, se incorporaron los siguientes elementos:

  • Mediante Oficio S-SCFL00500 del 26 de marzo de 2026 30, la Secretaría de la Sala Civil -Familia-Laboral del Tribunal Superior de Armenia certificó que al despacho de la disciplinable no le fueron asignados procesos de connotación nacional ni asuntos catalogados como de especial complejidad

27 Archivo digital No. 055. 28 Archivo digital No. 053. 29 Archivo digital No. 058. 30 Archivo digital No. 067.República de Colombia Rama Judicial

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entre junio de 2021 y febrero de 2025. Informó, además, que antes de la expedición del Acuerdo PCSJA23 -12124 del 19 de diciembre de 2023, la planta estaba conformada por la Magistrada y un Auxiliar Judicial grado 1, y que posteriormente se adicionó un cargo de Profesional Esp ecializado grado 33. También remitió la relación de los procesos fallados por la funcionaria en primera y segunda instancia durante el periodo requerido.

  • Mediante Oficio UDAEO26 -1455 del 7 de abril de 2026 31, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico remitió la información acumulada registrada

funcionaria en primera y segunda instancia durante el periodo requerido.

  • Mediante Oficio UDAEO26 -1455 del 7 de abril de 2026 31, la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico remitió la información acumulada registrada en el SIERJU para el periodo comprendido entre el 1.º de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2025. Explicó el alcance de los conceptos de ingresos y egresos efectivos y precisó que entre el 1º de junio de 2021 y el 28 de febrero de 2025 no se adoptaron medidas transitorias de descongestión para el despacho de la disciplinable.
  • Mediante los certificados No. 1805 32 y No. 293980577 33, expedidos por esta Corporación y la Procuraduría General de la Nación, respecti vamente, se acre ditó que la doctora Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez no registraba antecedentes disciplinarios, sanciones ni inhabilidades vigentes al 8 de abril de 2026.

4. Por auto del 20 de abril de 2026 34, una vez practicadas las pruebas decretadas en juzgamiento , se declaró cerrado el debate probatorio y se corrió traslado común a los sujetos procesales y al Ministerio Público por diez (10) días para presentar alegatos de conclusión.

5. El 6 de mayo de 2026 35, el defensor de confianza presentó alegatos de conclusión y solicitó la terminación del procedimiento y el archivo de las diligencias. (i) Reiteró que el artículo 121 del Código General del Proceso no

31 Archivo digital No. 068. 32 Archivo digital No. 070. 33 Archivo digital No. 071.

diligencias. (i) Reiteró que el artículo 121 del Código General del Proceso no

31 Archivo digital No. 068. 32 Archivo digital No. 070. 33 Archivo digital No. 071. 34 Archivo digital No. 073. 35 Archivo digital No. 077.República de Colombia Rama Judicial

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resultaba aplicable al procedimiento laboral; (ii) sostuvo que la tardanza estaba justificada por factores es tructurales y funcionales; (iii) destacó la productividad del despacho y la insuficiencia de personal; (iv) negó la afectación sustancial del deber funcional y la culpabilidad atribuida; y (v) citó decisiones disciplinarias que, en su criterio, resultaban aplicables al asunto.

6. Mediante memorial del 12 de mayo de 2026 36, el agente del Ministerio Público presentó concepto de fondo. Señaló que el retardo no obedeció a la inactividad de las partes ni a maniobras dilatorias atribu ibles a estas y destacó la pr esentación de seis solicitudes de impulso procesal. Aunque reconoció que el despacho registraba una carga funcional considerable, estimó que esa circunstancia no explicaba de manera concreta, individualizada y proporcional el t iempo durante el cual permane ció pendiente la decisión. Finalmente, consideró que el pliego de cargos encontraba respaldo en el material probatorio y que debía continuarse la actuación hasta su culminación.

individualizada y proporcional el t iempo durante el cual permane ció pendiente la decisión. Finalmente, consideró que el pliego de cargos encontraba respaldo en el material probatorio y que debía continuarse la actuación hasta su culminación.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1. Competencia. Esta Sala Dual de Decisión de Juzgamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los Magistrados de los Tribunales del País ; no s in antes dejarse por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, lo señalado en los preceptos 11237 (numeral 3°), 11638 de la Ley 270 de 1996, 2° (inciso 6°), 240 de la Ley 1952 de 2019, modificados por las r eglas 1ª y

36 Archivo digital No. 079. 37 Modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 270 DE 1996 ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 38 Adicionado por el artículo 59 de la citada Ley 2430.República de Colombia Rama Judicial

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62 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, y el canon 2 39 del Acuerdo

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62 de la Ley 2094 de 2021, respectivamente, y el canon 2 39 del Acuerdo No. 85 de 9 de agosto de 2022 expedido por esta Corporación 40.

2. Cuestión previa. De acuerdo con el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021:

“A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal , continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

El Código General Disciplinario entró a regir el 29 de marzo de 2022, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021. Como el pliego de cargos fue proferido el 19 de noviembre de 2025, el procedimiento aplicable a la presente actuación es el previsto en la Ley 195 2 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

En cuanto al régimen sustancial, su determinación se efectuará al e xaminar el cargo , con observancia del principio de favorabilidad, pues el periodo imputado se extiende del 11 de diciembre de 2021 al 7 de febrero de 2025, es decir, comprende momentos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario.

3. Caso concreto. En la fase de instrucción se formuló un único cargo

es decir, comprende momentos anteriores y posteriores a la entrada en vigencia del Código General Disciplinario.

3. Caso concreto. En la fase de instrucción se formuló un único cargo contra la doctora Adriana del Pilar Rodríguez Rodríguez, en su condición de Magistrada de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armen ia, por presuntamente desconocer la prohibición

39 “Para adelantar la etapa de juzgamiento regulada en el Código General Disciplinario, será asignado por reparto al magistrado que le siga en or den alfabético al instructor quien conoció el proceso en la función descrita en el artículo anterior.” 40 “Mediante el cual se establece el mecanismo de conformación de las Salas de decisión de primera instancia, segunda instancia y doble conformidad de los procesos de competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de conformidad con las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021”.República de Colombia Rama Judicial

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contemplada en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, lo que constituye falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 96 de la Ley 734 de 2002, reproducido por el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019. La conducta fue calificada provisionalmente como falta gr ave, cometida a título de culpa

falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 1 96 de la Ley 734 de 2002, reproducido por el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019. La conducta fue calificada provisionalmente como falta gr ave, cometida a título de culpa gravísima. El tenor literal de las disposiciones relevantes es el siguiente:

Ley 270 de 1996:

“ARTÍCULO 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: (…)

3. Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados. (…)” (negrillas y subrayas fuera del texto)

Ley 1564 de 2012:

“ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO . Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instanc ia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecut ivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. (…) Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. (…)” (negrillas fuera del texto)

Ley 734 de 2002:

el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso. (…)” (negrillas fuera del texto)

Ley 734 de 2002:

“ARTÍCULO 196. Falta disciplinaria . Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente elRepública de Colombia Rama Judicial

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incumplimiento de los de beres y prohibiciones , la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes . Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.” (negrillas fuera del texto)

La anterior cali ficación provisional se sustentó en que la disciplinable no resolvió oportunamente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2021 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor Luis Alfonso Moreno Forero contra César Restrepo Echeverri, Juan Felipe Restrepo Flórez y Sinergia S.A.S.

El proceso fue asignado al despacho de la funci onaria el 11 de junio de 2021; mediante auto del 23 siguiente solicitó al juzgado de origen

Felipe Restrepo Flórez y Sinergia S.A.S.

El proceso fue asignado al despacho de la funci onaria el 11 de junio de 2021; mediante auto del 23 siguiente solicitó al juzgado de origen complementar la información remitida y el recurso fue admitido el 12 de julio de esa anualidad. Posteriormente, el 15 de julio de 2024 se corrió traslado a las part es para presentar alegatos de conclusión y, finalmente, el 7 de febrero de 2025 se profirió sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la decisión de primer grado. La instrucción delimitó el periodo reprochado entre el 11 de diciembre de 2021 y el 7 de febrero de 2025, al considerar que en la primera fecha venció el término de seis meses previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso.

De conformidad con los artículos 159 41 y 16042 de la Ley 1952 de 2019, las pruebas serán apreciadas conjuntamente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, exponiendo razonadamente el mérito asignado a cada una de ellas. Asimismo, solo podrá proferirse fallo sancionatorio si el material probatorio conduce a la certeza sobre la existencia de la f alta y la

41 “ARTÍCULO 159. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana critica. En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.” 42 “ARTÍCULO 160 Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que

En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.” 42 “ARTÍCULO 160 Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.”República de Colombia Rama Judicial

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responsabilidad de la disciplinable; de subsistir una duda razonable que no pueda ser eliminada, deberá resolverse a su favor, de conformidad con el artículo 14 ibidem. Lo anterior, sin p erjuicio de que los juicios de tipicidad, ilicitud sustanci al y culpabilidad se efectúen con fundamento en las disposiciones sustanciales aplicables al periodo imputado y con observancia del principio de favorabilidad.

3.1. Parámetros constitucionales sob re la mora judicial . Antes de examinar las circunstancias c oncretas acreditadas en el expediente, resulta necesario precisar que la jurisprudencia constitucional ha diferenciado de manera constante entre el mero vencimiento de los términos procesales y la mora judicial injustificada. Aunque la pronta administració n de justicia constituye una garantía esencial del debido proceso y del acceso efectivo a la jurisdicción, la configuración de un reproche disciplinario por tardanza exige valorar de forma casuísti ca las causas de la dilación, las condiciones

constituye una garantía esencial del debido proceso y del acceso efectivo a la jurisdicción, la configuración de un reproche disciplinario por tardanza exige valorar de forma casuísti ca las causas de la dilación, las condiciones materiales de prestación del servicio, la carga asignada y la conducta efectivamente desplegada por el funcionario judicial.

En este sentido, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T -747 de 2009, expresó:

“La Sala no avala la mora Judicial, pero reitera su ju risprudencia en el marco constitucional que la Corte ha previsto para los casos de dilaciones justificadas en el contexto de la labor de los funcionarios judiciales. El Consejo Superior deberá tener en cuenta, entonces, que la existencia de dilaciones puntuales en el marco de las funciones de una Magistrada que ha tenido un desempeño ejemplar en el ejercicio de su cargo, y que ha cumplido cabalmente sus funciones, deben ser valorados con mesura y ponderados de manera casuística , relacionando siempre las circunstancias personales, la incidencia del trabajo colectivo dentro de un cuerpo colegiado, y las dificultades y vicisitudes logísticas que tienen los negocios en el estadio previo a su estudio, todo lo anterior, de conformidad con lo que la Corte ha dispuesto en punto aRepública de Colombia Rama Judicial

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los casos de mora judicial justificada”43. (negrillas y subrayas fuera del texto)

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los casos de mora judicial justificada”43. (negrillas y subrayas fuera del texto)

De igual forma, en la Sentencia SU -394 de 2016, la Corte Constitucional reiteró:

“25. Debe tenerse en cuenta que en ocasiones la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial, sino que deriva de problemas estructurales de la administración de justicia, cuya congestión histórica h a impedido que los despachos se encuentren al día, por lo que es frecuente q ue transcurran varios años entre la presentación de la demanda y el momento en que se profiere sentencia.

26. Esto sin contar las complejidades que se generan en virtud de la práctica de pruebas o del cumplimiento de los trámites de notificación, que aumentan los tiempos previstos por el Legislador para que el proceso concluya con un fallo estimatorio. (…)

72. En suma, si bien la administración de justicia debe ser pronta como elemento esencial de la garantía efectiva de un debido proceso, no todo retardo e n la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución . Para que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta de d iligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que e l plazo del proceso sea irrazonable”44. (negrillas fuera del texto)

Por su parte, en la Sentencia SU-333 de 2020 se indicó:

“4.10. Este Tribunal ha indicado que no constituyen vu lneraciones al

irrazonable”44. (negrillas fuera del texto)

Por su parte, en la Sentencia SU-333 de 2020 se indicó:

“4.10. Este Tribunal ha indicado que no constituyen vu lneraciones al derecho al debido proceso, aquellos eventos de mora judicial j ustificada por la congestión judicial, pues la misma se basa en una situación estructural y objetiva, y ha determinado que sí resulta vulneratorio de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración d

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