CNDJ - 11001080200020250063400
Detalles
- Título
- CNDJ - 11001080200020250063400
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
C 16211 Página 1 | 18
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicación No. 110010802000202500634 00 Aprobado, según acta No. 028 de la misma fecha
1. ASUNTO POR TRATAR
Negada la ponencia presentada por el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez1 de esta Corporación, procede la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A 2 de la Constitución Política d e Colombia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre la
1 Ponencia negada en sala ordinaria No. 017 del 21 de mayo de 2026. 2 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados»; en concordancia con el articulo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y numera l 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, y armonía
con el parágrafo transitorios 1º del Acto Legislativo No. 02 de 2015. «PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año sigui ente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura...». (Negrilla y subrayado fuera de texto).C 16211
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M.P. DR. JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicado No. 110010802000202500634 00
Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
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Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico 3 y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla4.
2. LA CONDUCTA INVESTIGADA
El presente asunto se originó en la compulsa de copias dispuesta por la doctora Marylin Navarro Ruiz, en calidad de Juez Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, dentro del proceso ejecut ivo identificado con radicado No. 080014303704201700309, mediante auto de fecha once (11) de octubre de 2024, la funcionaria judicial ordenó compulsar copias contra el señor José Germán Ahumada Ahumada , al advertir una posible irregularidad consistente en no haber aceptado ni tomado posesión del cargo de secuestre dentro del término de cinco (5) días siguientes a la comunicación de su designación efectuada en el referido proceso.
3. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
posesión del cargo de secuestre dentro del término de cinco (5) días siguientes a la comunicación de su designación efectuada en el referido proceso.
3. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
El presente asunto le correspondió a la magistr ada Adela Maricelva Aguirre León de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico bajo el radicado No. 08001250200020240257900F , quien mediante auto del veintiuno (21) de noviembre de 2024 ordenó la remisión de las diligencias a la Procuradurí a General de la Nación – Procuraduría Provincial de Barranquilla, por considerarla competente para investigar a los auxiliares de la justicia.
Sostuvo la magistrada Aguirre León de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico que carecía de competencia para
3 Magistrada Adela Maricelva Aguirre León. 4 Maryoly Paola Mejía Pérez Procuradora Provincial de Instrucción de Barranquilla.C 16211
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conocer de la actuación disciplinaria adelantada contra el señor José Germán Ahumada Ahumada, al tratarse de un auxiliar de la justicia.
Para sustentar dicha conclusión, hizo referencia al artículo 257A de la Constitución Política, al ar tículo 114 de la Ley 270 de 1996 y a los artículos 93 y 239 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en estas
Para sustentar dicha conclusión, hizo referencia al artículo 257A de la Constitución Política, al ar tículo 114 de la Ley 270 de 1996 y a los artículos 93 y 239 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en estas disposiciones, estimó que la competencia para asumir el conocimiento de la compulsa de copias no recaía en esa Corporación, razón por la cual dispuso la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla sostuvo que no era competente para conocer de la actuación disciplinaria adelantada cont ra el señor José Germán Ahumada Ahumada, en su condición de auxiliar de la justicia (secuestre), expuso que existían criterios jurisprudenciales divergentes sobre la materia, pues la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había considerado que los auxiliares de la justicia, en cuanto particulares que ejercen temporalmente funciones públicas, no se encuentran comprendidos dentro de los sujetos disciplinables previstos en el artículo 257A de la Constitución Política.
Sin embargo, destacó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante providencia del cuatro (4) de diciembre de 2024 5, había sostenido que la vigilancia disciplinaria de los auxiliares de la justicia corresponde precisamente a la Comisión Nacional y a sus Comisiones Seccionales, por tratarse de particulares que colaboran directamente con la administración de justicia. Con fundamento en esta última postura, la Procuraduría rechazó la remisión efectuada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, decla ró su
con la administración de justicia. Con fundamento en esta última postura, la Procuraduría rechazó la remisión efectuada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, decla ró su
5 M.P.: MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS, Rad. 11001080200020240163100 .C 16211
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incompetencia, propuso conflicto negativo de competencia y remitió la actuación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que dirimiera la controversia.
4. TRÁMITE EN LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL
Inicialmente le correspondió el conocimiento del presente asunto al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante acta individual de reparto con fecha del veintiocho (28) de mayo de 2025.
Una vez negada la ponencia presentada en sala ordinaria número 017 del veintiuno (21) de mayo de 2026, l e correspondió el conocimiento del presente asunto al suscrito magistrado ponente, Julio Andrés Sampedro Arrubla, según acta de reparto del veintidós (22) de mayo de 2026.
5. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
5.1. Competencia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre una Comisión Seccional (autoridad judicial) y la Procuraduría General
5.1. Competencia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre una Comisión Seccional (autoridad judicial) y la Procuraduría General (autoridad administrativa) al ser el superior jerárquico de aquella, de conformidad con lo establecido en el inciso 5° del artículo 139 de la Ley 1564 de 2012, el cual dispone:
“Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funcionesC 16211
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jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada”.
Teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-030 de 2023, en la cual declaró inexequibles las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” contenidas en los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021 -que modificaron los artículos 2, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019 - y de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54 de la Ley 2094 de 20 21, la Procuraduría General de la Nación perdió las funciones jurisdiccionales asignadas por ser contrarias a la Constitución.
En consecuencia, la facultad para resolver los conflictos de competencia originados reside en cabeza de la Comisión Nacional de
Procuraduría General de la Nación perdió las funciones jurisdiccionales asignadas por ser contrarias a la Constitución.
En consecuencia, la facultad para resolver los conflictos de competencia originados reside en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como superior de la autoridad judicial que es la Comisión Seccional, en cumplimiento de los artículos 257A de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el inciso 5° del artículo 139 de la Ley 1564 de 2012.
Así las cosas, en el m arco de la competencia descrita, el problema jurídico que deberá entrar a resolver la Comisión Nacional de Disciplina Judicial s e contrae a determinar cuál es la autoridad competente para conocer y adelantar el proceso disciplinario seguido en contra del s eñor RAÚL GALVIS TORRES en su condición de Auxiliar de la Justicia (Secuestre).
Con miras a esclarecer lo anterior, la Comisión hará referencia a la designación de la competencia para conocer de los procesos disciplinarios adelantados en contra de los auxiliares de la justicia.C 16211
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5.2. Atribución de competencia para disciplinar auxiliares de la justicia
La competencia de la jurisdicción disciplinaria para conocer de las investigaciones en contra de auxiliares de la justicia se fundamenta en lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, el cual contempla como sujetos disciplinables a los particulares que ejerzan funciones
investigaciones en contra de auxiliares de la justicia se fundamenta en lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, el cual contempla como sujetos disciplinables a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, estableciendo en su inciso segundo que los auxiliares de la justicia serán discipli nables conforme a dicha ley, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan.
Si bien el artículo 92 de la misma norma indicó que los particulares disciplinables conforme a dicho código serán investigados por la Procuraduría Gen eral de la Nación, es palmario que tal disposición refiere únicamente a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria diferentes a los auxiliares de la justicia pues, de acuerdo con el artículo 239 del Código General Disciplinario -el cual establece el alcance de la función jurisdiccional disciplinaria y se encuentra dispuesto en el Título XI sobre el régimen disciplinario especial previsto para los funcionarios de la Rama Judicial-, los particulares disciplinables confo rme a esta ley, es decir, los auxiliares de la justicia, serán investigados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, ello sin perjuicio de la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nació n para conocer de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores.
Asimismo, en el parágrafo transitorio del artículo 257A de la Constitución Política, se precisó por el constituyente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios deC 16211
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Constitución Política, se precisó por el constituyente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios deC 16211
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la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura”, entre los cuales se encontraban tanto aquellos asignados conforme a la competencia descrita en el mandato constitucional, como otros cuya competencia se asignó directamente por el legislador. Es así como la competencia para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia recae, en primera instancia, sobre las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y, en segunda instancia, sobre esta Comisión.
Ahora bien, mediante la Circular 08 del 6 de octubre del 2025, la Procuraduría General de la Nación dispuso asumir las investigaciones disciplinarias en contra de los auxiliares de la justicia; sin embargo, dicha determinación resulta contraria a lo preceptuado en los artículos 2, 70 y 239 de la Ley 1952 de 2019, los cuales asignan a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales la competencia para ejercer la acción disciplinaria, entre otros, en contra “de los particulares disciplinables conforme a esta ley”. En tal sentido, por tratarse de disposiciones de orden superior, se le dará prevalencia a su aplicación.
5.3. Caso en concreto
Descendiendo las anteriores premisas al asunto sub examine ,
por tratarse de disposiciones de orden superior, se le dará prevalencia a su aplicación.
5.3. Caso en concreto
Descendiendo las anteriores premisas al asunto sub examine , considera esta Corporación que la autoridad competente para conocer de la actuación disciplinaria adelantada en contra del señor José Germán Ahumada Ahumada, en su condición de Auxiliar de la Justicia (Secuestre), por la presunta omisión de aceptar el cargo y tomar posesión del mi smo dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su nombramiento, efectuada dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 08001405301120170030900, corresponde exclusivamente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial delC 16211
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Atlántico. Ello , por cuanto, como se expuso previamente, la competencia para conocer de los procesos disciplinarios adelantados contra los auxiliares de la justicia, en su condición de particulares disciplinables conforme a los artículos 2, 70 y 239 de la Ley 1952 de 2019, radica en primera instancia en las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. En consecuencia, se dispondrá a remitir el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que continúe con el conocimiento de la actuación correspondiente.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
para que continúe con el conocimiento de la actuación correspondiente.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia surgido entre la Comisión Seccional de Disciplin a Judicial del Atlántico y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, asignando el conocimiento del presente asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de los intervinientes, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador haga acuso de recibo, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado p or el servidor de la Secretaría
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TERCERO: Remítase el presente proceso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico y copia de la presente providencia a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, para su información.
TERCERO: Remítase el presente proceso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico y copia de la presente providencia a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, para su información.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Comisión en la presente sesión.
CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
Presidente
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Vicepresidente
MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS
Magistrada
ALFONSO CAJIAO CABRERA
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MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO
Magistrado
JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA
Magistrado
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Magistrada
CARLOS FERNADO ÓRTIZ CORREA
Secretario
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
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Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de 2026
Magistrado Ponente: Julio Andrés Sampedro Arrubla Radicación n.° 110010802000 2025 00634 00
Sala ordinaria n.° 028 del veinte (20) de agosto de 2026
SALVAMENTO DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a continuación se exponen las razones por las cuales el suscrito magistrado salvó el voto en la presente providencia, mediante la cual esta colegiatura dirimió el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla, para conocer de la actuación disciplinaria adelantada contra el señor José Germán Ahumada Ahumada, en su calidad de auxiliar de la justicia —secuestre— dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado n.° 080014303704201700309.
La actuación tuvo origen en la remisión de copias dispuesta por la doctora Marylin Navarro Ruiz, en su calidad de Juez Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, mediante auto del once (11) de octubre de 2024, para que se investigara
doctora Marylin Navarro Ruiz, en su calidad de Juez Cuarta Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, mediante auto del once (11) de octubre de 2024, para que se investigara disciplinariamente la conducta del señor José Germán Ahumada Ahumada, quien había sido designado como secuestre dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado n.° 080014303704201700309, al advertirse una posible irregularidad consistente en no haber aceptado ni tomado posesión del cargo dentro del término de cinco (5) días siguientes a la comunicación de su designación.
En razón de ello, el asunto fue remitido a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, autoridad que, mediante auto del veintiuno (21) de noviembre de 2024, declaró su falta de competenciaC 16211
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para conocer de la actuación disciplinaria y ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la competencia para investigar a los auxiliares de la justicia correspondía a dicha entidad.
Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla rechazó la remisión efectuada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, al estimar que la competencia para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia correspondía a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, razón por la cual declaró su
Judicial del Atlántico, al estimar que la competencia para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia correspondía a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, razón por la cual declaró su incompetencia, propuso conflicto negativo de competencia y remitió las diligencias a esta Corporación para que dirimiera la controversia.
Al respecto, en cumplimiento de los artículos 257A de la Constitución Política de Colombia y el inciso 5 del artículo 139 de la Ley 1564 de 2012, le correspondía a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como superior jerárquico de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, dirimir el presente conflicto negativo de competencia suscitado entre dicha autoridad judicial y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla.
En el marco de la competencia descrita, la mayoría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ahora sostiene que la jurisdicción disciplinaria es la competente para adelantar la investigación y el juzgamiento del proceso disciplinario de la referencia, lo cual en concepto del suscrito desconoce que con la vigencia de la Ley 1952 de 2019, según el postulado de libertad de configuración legislativa en aspectos procedimentales y competenciales, avalado por la Corte Constitucional6, el legislador a través del artículo 265 ejusdem derogó expresamente la competencia que había sido atribuida inicialmente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus Seccionales sobre los auxiliares de la justicia.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-319-13 del 28 de mayo de 2013, Referencia: expediente D9341, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.C 16211
los auxiliares de la justicia.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-319-13 del 28 de mayo de 2013, Referencia: expediente D9341, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.C 16211
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Sobre este particular, de la lectura del artículo 70 en armonía con el artículo 92 ibidem se dispuso que los auxiliares de la justicia serían competencia de la Procuraduría General de la Nación, autoridad que asumiría el conocimiento de las investigaciones disciplinarias en contra de aquellos sujetos disciplinables en vigencia del Código General Disciplinario.
Frente a ese punto, el artículo 92 ejusdem, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, señaló lo siguiente:
ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias
esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación conocerá de la investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores.
El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión […] [Negrillas fuera de texto].
La anterior norma contiene una regla de competencia en razón al «sujeto disciplinable», sin que en concepto del suscrito magistrado sea válida otra conclusión, pues si se observa con atención la única excepción que hizo el segmento normativo fue en relación «con loC 16211
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dispuesto en el artículo 76», norma que, identificada a otros sujetos disciplinables distintos, como ocurre con los notarios7.
La posición contraria, recientemente asumida por la mayoría de la Comisión, podría sustentarse en lo señalado en el inciso 6 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2094 de 20218, pues por lo menos en principio estarían allí incluidos los
Comisión, podría sustentarse en lo señalado en el inciso 6 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2094 de 20218, pues por lo menos en principio estarían allí incluidos los auxiliares de la justicia, lo que de por sí llevaría a un enfrentamiento de normas contenidos en un mismo Código, pues esa disposición estaría en contravía del artículo 92 de la misma legislación que reguló el asunto de forma concreta. No obstante, en consideración del suscrito, tal contradicción es apenas aparente, pues la expresión «y demás autoridades que administran justicia», sin duda alguna excluye a los auxiliares de la justicia.
En todo caso, obsérvese que el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, cuyo epígrafe se refiere en general a los «sujetos disciplinables», dispuso en el inciso segundo que «[l]os auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este Código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervengan».
De dicha norma, en concepto del suscrito magistrado no puede derivarse una razón para decir que los auxiliares de la justicia no sean de competencia de la Procuraduría General de la Nación. Por el contrario, como en su momento fue precisado por la Comisión en pronunciamientos previos9, «si el epígrafe hace referencia a «sujetos disciplinables» y si la norma que regula de forma puntual este aspecto
7 ARTÍCULO 76. ÓRGANO COMPETENTE. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con to dos sus
7 ARTÍCULO 76. ÓRGANO COMPETENTE. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con to dos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. 8 A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplin a Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que admini stran justicia de manera temporal permanente [Negrillas fuera de texto]. 9 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, auto del 10 de agosto de 2022, radicado n.° 73001110 2000 2019 00577 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, aprobado con salvamento d e voto del magistrado Alfonso Cajiao C abrera y aclaración de voto de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez.
Véase también: Comisión Nacional de Disciplina Judicial, auto del 8 de febrero de 2023, radicado n.° 11001080 2000 2022 00297 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.C 16211
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(el artículo 92 del CGD) señaló que los particulares «disciplinables
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Referencia: CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA
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(el artículo 92 del CGD) señaló que los particulares «disciplinables conforme a este código» son investigables por la Procuraduría General de la Nación, la única conclusión posible es que esta entidad y no otra es la competente para investigar a dicha clase de sujetos»10.
Ahora bien, sobre la discusión desde la fecha en que la Procuraduría General de la Nación adquirió la competencia para investigar y juzgar a los auxiliares de la justicia, a partir del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, esta colegiatura realizó el siguiente análisis:
En razón a las problemáticas que podrían surgir por la transición normativa entre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019, en el artículo 263 ibidem se reguló la vigencia de la norma posterior. Por consiguiente, se dispuso expresamente lo siguiente:
ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.
De lo expuesto, nótese que el precepto normativo fue diáfano en contemplar que la Ley 734 de 2002, norma procesal que contenía la atribución competencial de esta jurisdicción
procedimiento previsto en esta ley.
De lo expuesto, nótese que el precepto normativo fue diáfano en contemplar que la Ley 734 de 2002, norma procesal que contenía la atribución competencial de esta jurisdicción para inve
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