CNDJ - 11001080200020260005300

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 11001080200020260005300
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Aprobado según Acta de Sub Sala de Instrucción No. 003 sesión No. 011 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Sala Dual de Instrucción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a resolver lo que en derecho corresponda, en relación con la actuación disciplinaria adelantada contra el doctor JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR , en calidad de MAGISTRADO DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1.- A través de correo electrónico del 21 de enero de 2026 1, se remitió por competencia la queja 2 instaurada por el señor JOSÉ AGUDELO ESCOBAR con el asunto “PETICIÓN E IMPULSO PROCESAL ”, atendiendo a que el término establecido en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011 se venció para proferir decisión sobre la medida cautelar solicitada.

1 Archivo 05 del expediente digital. 2 Archivo 01 del expediente digital.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 2 | 11 2.- A través de auto del 1 7 de marzo de 202 6, se ordenó abrir

Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 2 | 11 2.- A través de auto del 1 7 de marzo de 202 6, se ordenó abrir investigación disciplinaria3 contra el doctor JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR, en calidad de MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, por la presunta mora en que pudo incurrir para proferir decisión respecto de la medida cautelar solicitada al interior del proceso de nulidad electoral radicado No. 68001233300020250056000.

En dicha etapa, se acreditó la calidad del doctor JULIO EDISSON

RAMOS SALAZAR como MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER4.

3.- Mediante correo electrónico de fech a 16 de abril de 2026, el disciplinable allegó memorial con el asunto “Respuesta a apertura de investigación disciplinaria” donde indicó5:

“Julio Edison Ramos Salazar, en mi calidad de Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, dentro del asunto de la referencia, de manera respetuosa me permito resaltar los siguientes hechos:

El proceso objeto de reproche ha sido tramitado de manera continua, conforme a los terminos y cargas laborales propios del despacho, dandosele impulso procesal de forma mensual, temática, y de acuerdo a las prioridades constitucionales y legales, en atención a las dinámicas propias del Tribunal Administrativo de Santander.

Es importante precisar que el asunto al que se hace referencia se encuentra dentro de los términos legales para proferir decision de fondo, toda vez que, conforme a la normativa aplicable, el proceso aún se encuentra dentro del

Administrativo de Santander.

Es importante precisar que el asunto al que se hace referencia se encuentra dentro de los términos legales para proferir decision de fondo, toda vez que, conforme a la normativa aplicable, el proceso aún se encuentra dentro del término de un (1) año previsto para dictar sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el termino para proferir fallo en este tipo de procesos es de un (1) año contado a partir de la admision de la demanda, término dentro del cual se encuentra actualmente el proceso en cuestión.

Asi las cosas, no puede predicarse la existencia de mora injustificada ni de incumplimiento de deber funcional alguno, en tanto el despacho ha actuado dentro de los parámetros legales y constitucionale s que rigen la funcion judicial, garantizando el debido proceso y el impulso oportuno del tramite.

3 Archivo 08 del expediente digital. 4 Archivo 13 del expediente digital. 5 Archivo 20 del expediente digital.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 3 | 11 Por lo anterior, se solicita respetuosamente que, en el marco de la presente actuación disciplinaria, se tenga en cuenta que no se configura conducta constitutiva de falta disciplinaria, en la medida en que no existe incumplimiento de términos ni omisión en el ejercicio de las funciones asignadas” (sic).

4.- Mediante auto del 9 de julio de 2026, dentro del término legal oportuno, se decretaron algunas pruebas6.

incumplimiento de términos ni omisión en el ejercicio de las funciones asignadas” (sic).

4.- Mediante auto del 9 de julio de 2026, dentro del término legal oportuno, se decretaron algunas pruebas6.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y fu nciones7, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional quien después de hacer un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C-373/168.

La Corte Constitu cional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C - 285 de 2016 9 y C-112/1710, por lo

6 Archivo 26 del expediente digital. 7 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos de competencia y acciones de tutela. 8 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, E xpediente D -10947, Magistrados Ponentes:

tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos de competencia y acciones de tutela. 8 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, E xpediente D -10947, Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 9 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P . Luis Guillermo Guerrero Pérez. 10 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2007, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 deM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 4 | 11 que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el pasado 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, hecha a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba diri gida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

Aunado a lo anterior, mediante el Acuerdo No. 085 del 9 de agosto de

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba diri gida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

Aunado a lo anterior, mediante el Acuerdo No. 085 del 9 de agosto de 2022, se estableció el mecanismo de conformación de las salas de decisión de primera instancia, segunda instancia y doble conformidad de los procesos de competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de conformidad con las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Acuerdo No. 085 del 9 de agosto de 2022, se integró la presente Sala de Instrucción, conformada por el doctor JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, quien actúa como ponente, y el doctor

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ.

En consecuencia, esta Sala Dual de Instrucción, precisa que es competente para conocer del presente asunto.

2.- Presupuestos normativos.

Establece el artículo 250 de la Ley 1952 de 2019, que el archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa, cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el mismo código, y conforme al artículo 90 ibídem11, procede el archivo definitivo de la actuación disciplinaria cuando se encuentre plenamente acreditado alguno de los siguientes presupuestos:

2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 11 Aplicables a este caso conforme lo establecido en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, según el cual solamente los procesos en los cuales se ha surtido la notificación del pliego de cargos continuarán su trámite hasta su finalización bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 5 | 11 “(…) En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso”.

3.- Del caso concreto.

En el presente asunto se investiga al doctor JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR, en calidad de MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, por la presunta mora en que pudo incurrir para proferir decisión respecto de la medida cautelar solicitada al interior del proceso de nulidad electoral radicado No. 68001233300020250056000.

Al respecto, el quejoso estableció en su escrito:

incurrir para proferir decisión respecto de la medida cautelar solicitada al interior del proceso de nulidad electoral radicado No. 68001233300020250056000.

Al respecto, el quejoso estableció en su escrito:

“En mi calidad de demandante dentro del proceso de referencia, de manera respetuosa solicito que se profiera la decisión sobre la medida cautelar solicitada, toda vez que se venció el término legal establecido en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, sin que el despacho hubiese resuelto. ( ... ) Solicitud Que el despacho resuelva de inmediato la solicitud de medida cautelar, conforme al término perentorio del artículo 233 del CPACA”.

Previo a ocuparnos del caso de referencia , para esta Sala es importante recordar que la mora judicial se ha definido como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

En efecto, la jurisprudencia constitucional12 ha fijado las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada 13. En primer

12 Sentencias T-230 de 2013, T-186 de 2017 y T-052 de 2018. 13 Concepto desarrollado en las sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007. A su vez, este concepto fue citado en las sentencias T-230 de 2013 y T-052 de 2018.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00

en las sentencias T-230 de 2013 y T-052 de 2018.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 6 | 11 lugar, cuando se presente un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial. En segundo orden, cuando no exista un motivo razonable que justifique dicha demora , como la congestión judicial o el volumen de trabajo. Por último, cuando la tardanza sea imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.

Descendiendo al caso sub examine , dentro de los documentos allegados al infolio 14 y la consulta en la plataforma SAMAI del proceso de nulidad electoral radicado con el No. 68001233300020250056000 , promovido por José Agudelo Escobar contra la Alcaldía Municipal de Floridablanca Santander y otro ; se evidencian las siguientes actuaciones con relación al asunto que nos ocupa:

Fecha Actuación 12 de septiembre de 2025 Reparto al magistrado JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR. 15 de septiembre de 2025 Avoca, admite y ordena “CORRER traslado de la MEDIDA CAUTELAR de suspensión provisional por el término de CINCO (05) días a la parte demandada”. 24 de septiembre de 2025 Al despacho para resolver medida cautelar. 25 de febrero de 2026 Resuelve medida cautelar.

Ahora bien, d e conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA, el Magistrado Ponente al admitir la demanda debe ordenar

25 de febrero de 2026 Resuelve medida cautelar.

Ahora bien, d e conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA, el Magistrado Ponente al admitir la demanda debe ordenar correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda , asimismo el auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella15.

14 Archivo 15 del expediente digital. 15 “ARTÍCULO 233. Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 7 | 11 Bajo el anterior análisis, se tiene que el 15 de septiembre de 2025 el magistrado disciplinable ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronunciara sobre ella dentro del término de cinco (5) días, dicha providencia fue notificada el 16 de septiembre del mismo año, luego, el expediente pasó nuevamente al despacho el 24 de septiembre de 2025 ; a partir de allí el magistrado contaba con diez (10) días para pronunciarse de la medida cautelar, es decir, hasta el 8 de octubre de 2025.

despacho el 24 de septiembre de 2025 ; a partir de allí el magistrado contaba con diez (10) días para pronunciarse de la medida cautelar, es decir, hasta el 8 de octubre de 2025.

En ese sentido, la “mora judicial” imputada al funcionario para proferir la decisión correspondiente dentro del trámite de marras, correspondería a 79 días, entre el 9 de octubre de 2025 al 25 de febrero de 2026.

De lo expuesto, se advierte que se encuentra demostrada materialmente por parte del magistrado disciplinable, una infracción a su deber funcional, pues en el asunto de marras desconoció el término establecido en la normativa aplicable al caso que le era imperativo obedecer, para proferir la decisión correspondiente frente a la medida cautelar.

Ahora bien, como el sólo vencimiento del término no configura la referida mora judicial, pasa la Sala a analizar si existe un motivo razonable que justifique la dilación en la resolución del asunto prioritario:

El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda. Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. (Ver artículo 110 del Código General del Proceso)

de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. (Ver artículo 110 del Código General del Proceso) El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada. Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá ser decretada en la misma audiencia. Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso (…)”. (Negrilla fuera del texto).M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 8 | 11 En este orden, de las pruebas allegadas a est as diligencias, se tiene que la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, informó de la gestión judicial del despacho del magistrado investigado, la cual se analiza de la siguiente manera y de conformidad con los días efectivamente laborados por el magistrado:

de la Judicatura, informó de la gestión judicial del despacho del magistrado investigado, la cual se analiza de la siguiente manera y de conformidad con los días efectivamente laborados por el magistrado:

Teniendo en cuenta lo anterior, en punto de la gestión del magistrado JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR , cabe advertir que en el periodo comprendido entre octubre de 2025 a marzo de 2026 (se toma este lapso, por el sistema de reporte estadístico trimestral), los formularios allegados al dossier indican que, registra un promedio aproximado de producción de 2.53 asuntos diarios. Resultado dado de sumar las sentencias y autos interlocutorios proferidos por el magistrado y ello dividirlo por los días efectivamente laborados del periodo en referencia16.

Así entonces, la congestión y carga laboral en que se vio someti do el despacho del funcionario investigado, para el periodo aquí reprochado, fue soportado debidamente a través de las estadísticas de producción reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura . Y la producción aproximada registrada por el despacho durante el período de estudio, es aceptable y evidencia el esfuerzo y compromiso en el ejercicio de sus funciones.

Sobre el particular, esta Corporación17 indicó frente al IPE, lo siguiente:

16 Descontando las situaciones administrativas del magistrado investigado según a rchivo 30 del expediente digital. 17 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 29 de marzo de 2023, radicado No.

110011102000 201606103 01, M.P . Dr. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 9 | 11 “(…) Es así que, conforme al desarrollo de la Corte C onstitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial postuló cuándo se podría entender justificado un retardo a partir del cálculo del Índice de Producción de Egresos (IPE) 18, cuyo fundamento es el análisis de la información estadística de la producc ión del funcionario investigado durante el tiempo de retraso para emitir la decisión que corresponda. El índice en mención se calcula por año o período —según corresponda, con base en la siguiente fórmula:

Egresos Efectivos19 / Días Trabajados por año20 = Índice de Producción de Egresos por año.

De ahí que esta colegiatura haya precisado en reiterada jurisprudencia 21 que es razonable que el egreso efectivo de 1,0 sea suficiente para entender la mora judicial de un servidor judicial como justificada.

Frente este ítem de justificación avalado por la Comisión, corresponde aclarar que el mismo guarda similitud con el esgrimido por la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual llegó a considerar como razonable un promedio de producción de una providencia de fondo que culmine la actuación por día. En ese sentido, en sentencia del 6 de noviembre de 2014, la Sala sostuvo:

Esta superioridad no justifica en modo alguno la mora, pero es consciente de la

promedio de producción de una providencia de fondo que culmine la actuación por día. En ese sentido, en sentencia del 6 de noviembre de 2014, la Sala sostuvo:

Esta superioridad no justifica en modo alguno la mora, pero es consciente de la grave crisis de congestión de los despachos judiciales, donde tiene establecido que un promedio igual o superior a 1,00 es enteramente justificable y entendible, por cuando indica que cada día se resolvió un expediente”22.

18Comisión Nacional de Disciplina judicial. Autos del 1. ° de junio de 2022, radicado n.° 1100101020002020 00083 00; 1.° de junio de 2022, radicado n.° 110010102000 2020 00083 00; 15 de junio de 2022, radicado n.° 110010102000 2020 00079 00; 23 de junio de 2022, radicado n.°110010102000 2019 01483 00; 7 de julio de 2022, radicado n.° 110010102000 202000126 00; 10 de agosto de 2022, radicado n.° 110010802000 2021 00107 00, 17 de agosto de 2022, radicado n.° 110010802000 2021 00589 00, 28 de noviembre de 2022, radicado n.° 110010202000 2020 00262 00, todos con ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. 19Corresponden a las salidas del despacho judicial, es decir, a partir del término efectivo de un aut o interlocutorio o decisión que pone fin a la instancia. Incluidas acciones constitucionales. Se entienden

19Corresponden a las salidas del despacho judicial, es decir, a partir del término efectivo de un aut o interlocutorio o decisión que pone fin a la instancia. Incluidas acciones constitucionales. Se entienden por autos interlocutorios que ponen fin a la instancia: (i) otras salidas, (ii) autos de conciliación, transacción, desistimiento, desistimiento táci to, perención, y (iii) autos de decisión de fondo que culmina la diligencia. 20Días trabajados se entiende días hábiles, descontándose la vacancia judicial, y las situaciones administrativas debidamente acreditadas. 21 Cfr. Comisión Nacional de Disciplina j udicial. Autos del 1. ° de junio de 2022, radicado n.° 1100101020002020 00083 00; 15 de junio de 2022, radicación n.°110010102000 2020 00079 00; 23 de junio de 2022, radicación n.°110010102000 2019 01483 00 y 7 de julio de 2022, radicación n.° 110010102000 202000126 00, todos con ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 25 de enero de 2023, radicado n.° 520011102000 2015 00559 01, M.P . Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. 22Sala Jurisd iccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia del 6 de noviembre de 2014, Radicado n.º 110011102000201107191 01, M.P. José Ovidio Claros Polanco.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 10 | 11 Así las cosas, aunque hubo una tardanza en la resolución de la medida cautelar dentro del expediente radicado con el No. 68001233300020250056000, lo cierto es que no se advierte que derivó del capricho o desdén del magistrado ponente, pues como se vio en los párrafos anteriores, la misma se encuentra justificada y debidamente sustentada en el plenario (según el cálculo del Índice de Producción de Egresos superior a 1.00).

Adicionalmente, cabe mencionar el tiempo requerido para la revisión de proyectos de los demás magistrados de Sala, lo que a su vez conlleva destinar un tiempo considerable al estudio de los casos. En el presente asunto, el magistrado investigado asistió a 60 Sesiones de Sala en el periodo de estudio.

Finalmente, cabe mencionar que en el mismo auto que negó la medida cautelar se dejó constancia que una vez se rotó el proyecto por la plataforma Teams para aprobación de la sala de decisión, la Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez manifestó estar impedida con fundamento en lo previstoen la causal 3º del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 ; por lo que en dicha decisión se declaró fundado tal impedimento, circunstancia en cierto modo retardó la providencia cuestionada en este asunto d isciplinario, pues además de tener que resolver la medida cautelar se debía dar trámite al impedimento.

En consecuencia, esta Sala no advierte una conducta arbitraria por parte del funcionario investigado, ni mucho menos la intención de dilatar

asunto d isciplinario, pues además de tener que resolver la medida cautelar se debía dar trámite al impedimento.

En consecuencia, esta Sala no advierte una conducta arbitraria por parte del funcionario investigado, ni mucho menos la intención de dilatar injustificadamente la resolución del asunto a su cargo, pues se reitera que presenta un promedio de producción superior a 1.0, lo que conlleva a la imposibilidad de afirmar en este caso negligencia en el cumplimiento de los deberes por parte del operador judicial. Por lo tanto, no hay razón a continuar con la etapa subsiguiente del proceso disciplinario.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 110010802000 202600053 00 Funcionarios de Instrucción

P á g i n a 11 | 11 En mérito de lo expuesto, la S ala Dual de Instrucción de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus facultades constitucionales y legales;

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR LA TERMINACIÓN de la actuación disciplinaria seguida en contra del doctor JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR, en calidad de MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER; por las razones expuestas en este proveído. En consecuencia, se dispone el archivo de la actuación.

SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de reposición, de conformidad con lo señalado en el artículo 247 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 65 de la Ley 2094 de 2021.

TERCERO: EFECTUAR las notificaciones judiciales y comunicaciones a que haya lugar.

modificado por el artículo 65 de la Ley 2094 de 2021.

TERCERO: EFECTUAR las notificaciones judiciales y comunicaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Magistrado Ponente

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Magistrado

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario Judicial

(Continuación hoja de firmas radicado No. 110010802000 202600053 00)

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