CNDJ - 11001080200020260008700
Detalles
- Título
- CNDJ - 11001080200020260008700
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de 2026
Magistrado ponente: MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 110010802000 2026 00087 00
Aprobado, según Acta de Instrucc ión Dual n.° 005, sesión 011 de la fecha
Criterios normativos: Artículo 90 de la Ley 1952 de
2019
Criterio subjetivo: magistrado del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
Criterio nominal: La conducta no está prevista como falta disciplinaria.
1. ASUNTO POR TRATAR
La Sala Dual n.° 005 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias consignadas en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia1, estudia en el presente asunto si es procedente, co nforme a lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, decretar la terminación de la presente actuación disciplinaria.
2. SÍNTESIS DE LA QUEJA
1 Inciso primero del artículo 257 A de la C. P.: «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial».M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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La presente actuación disciplinaria tiene origen en la queja2 presentada por la señora Marisol Garzón Espinosa contra el doctor Javier Armando Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por la presunta mora judicial en el trámite impartido a la acción de tutela identificada con el radicado n.º 11001220400020250186100, promovida por la quejosa.
Según lo expuesto por la señora Garzón Espinosa , la acción de tutela referida fue presentada el 9 de mayo de 2025 y repartida al Juzgado 19 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En atención a dicha asignac ión, esta autoridad judicial profirió una providencia mediante la cual ordenó remitir el asunto a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en razón de su competencia.
Posteriormente, el proceso fue asignado al despa cho del doctor Javier Armando Fletscher Plazas. No obstante, ante la falta de pronunciamiento, la quejosa presentó un escrito de insistencia el 15 de julio de 2025 y, el 18 del mismo mes, se le informó que no existían novedades en el proceso.
Finalmente, según lo expuesto por la quejosa, el 2 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela. En tal sentido, reprochó que el doctor Javier Armando Fletscher Plazas incurrió en una demora superior a seis
2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela. En tal sentido, reprochó que el doctor Javier Armando Fletscher Plazas incurrió en una demora superior a seis (6) meses en el trámite de la acción constitucional, excediendo los términos legales previstos para este tipo de actuaciones judiciales.
2 Archivo denominado Queja disciplinaria contra JAVIER ARMANDO FLETSCHER PLAZAS, de la carpeta denominada 001Queja, del expediente digital.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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3. TRÁMITE PROCESAL
3.1. Mediante el acta individual de reparto del 2 de febrero de 2026 3, correspondió el conocimiento del presente asunto al suscrito magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
3.2. En atención a las previsiones del artículo 215 de la Ley 1952 de 2019, mediante auto del 13 de febrero de 2026 4, se ordenó la apertura de la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria o si se realizó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
3.3. Para tal fin, se decretaron y practicaron las sig uientes pruebas a través de la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial:
- La Secretaría Judicial de esta corporación solicitó e incorporó
3.3. Para tal fin, se decretaron y practicaron las sig uientes pruebas a través de la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial:
- La Secretaría Judicial de esta corporación solicitó e incorporó copia integra del expediente n.º 110012204000 2025 01861 005, el cual cursó en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
- La Secretaría Judicial de la corporación solicitó e incorporó los reportes estadísticos del doctor Javier Armando Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, desde el segundo trimestre del año 2025, hasta el cuarto trimestre reportado en 2025, los cuales fueron allegados por parte
3 Archivo denominado 002ActaIndividualReparto, ibidem. 4 Archivo denominado 008 Auto Apertura Investigación, ibidem. 5 Carpeta denominada 014AnexosRtaSj4283CopiaTutela, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura6. - La Secretaría de Corte Suprema de Justicia remitió los actos de nombramiento, actos de posesión, licencias, comisiones, así como las últimas direcciones físicas y electrónicas que registre el doctor Javier Armando Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá7.
- La Secretaría Judicial de la corporación incorporó las constancias
como las últimas direcciones físicas y electrónicas que registre el doctor Javier Armando Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá7.
- La Secretaría Judicial de la corporación incorporó las constancias de tiempo de servicio y certificado de salarios devengados de los últimos cinco (5) años del doctor Javier Armando Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá8.
- La Secretaría Judicial de la corporación incorporó el registro de los antecedentes disciplinarios del doctor Javier Armando
Fletscher Plazas, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá9.
- Por otra parte, la Secretaría de la corporación incorporó al expediente los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por la Procuraduría General de la Nación, correspondientes al investigado10.
3.4. A través de la constancia secretarial del 2 de marzo de 2026 11, suscrita por el doctor William Moreno Moreno , secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se cotejó que respecto de los supuestos fácticos narrados en la queja no cursaron ni cursan otras actuaciones disciplinarias. 3.5. Posteriormente, a través del auto del 24 de marzo de 2026 12, se decretaron las siguientes pruebas:
- Práctica de una inspección judicial en las instalaciones de la
Secretaría del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y
6 Carpeta denominada 023 AnexoUDAEO26-784, ibidem. 7 Carpeta denominada 016AnexosSj4286Calidad, ibidem.
Secretaría del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y
6 Carpeta denominada 023 AnexoUDAEO26-784, ibidem. 7 Carpeta denominada 016AnexosSj4286Calidad, ibidem. 8 Carpeta denominada 020 Anexo019 RespuestaSJ04285CEBMSalariosDevengados, ibidem. 9 Archivos denominado 024 AntecedentesPGN y 025 AntecedentesCNDJ, ibidem. 10 Archivos denominados 024 AntecedentesPGN y 025 AntecedentesCNDJ. Ibidem. 11 Archivo denominado 026 ConstanciaNoCursanProcesos20260008700, ibidem. 12 Archivo denominado 028 FUN INS, RAD. 2026-087, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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en el despacho del doctor Javier Armando Fletscher, con el fin de verificar el trámite impartido a la acción de tutela, en especial lo relacionado con su notificación, tiempos de gestión y los soportes documentales que reposan en la Secretaría. La presente diligencia se adelantó el día 21 de abril de 2026 a las 10:00 am.
- Informe detallado por la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre el trámite administrativo impartido al expediente constitucional identificado con radicado n.º 1100122040002025018610.
3.6. Finalmente, por medio de constancia secretarial del 2 de marzo de 202613, el expediente fue remitido al despacho del suscrito magistrado.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA DUAL
3.6. Finalmente, por medio de constancia secretarial del 2 de marzo de 202613, el expediente fue remitido al despacho del suscrito magistrado.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA DUAL
4.1. Competencia
La Sala Dual n.º 005 de la Comisi ón Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer en esta instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los Tribunales Superiores a nivel nacional, como es el caso que nos ocupa, a luz del numeral 3.º del a rtículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, y el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 61 Ley 2094 de 2021.
Asimismo, la competencia para proferir la presente decisión corresponde a la Sala Dual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.º y 8.º del Acuerdo 085 del 9 de agosto de 2022, aprobado en las salas n.º 43, 47 y 57, en sesiones de los días 8 y 22 de junio y 27 de julio de 2022, respectivamente, por tratarse de un auto d e
13 Archivo denominado 027 PasoDespachoCumplido110010802000202600087, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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terminación del proceso disciplinario dentro de actuaciones adelantadas contra funcionarios de primera instancia.
4.2. Problema jurídico
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terminación del proceso disciplinario dentro de actuaciones adelantadas contra funcionarios de primera instancia.
4.2. Problema jurídico
En el marco de la competencia descrita, corresponde a la Sala Dual de la Comisión, conforme a las pruebas recaudada s, evaluar si es procedente proseguir la actuación disciplinaria en contra del doctor Javier Armando Fletscher Plazas, en su calidad de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá , por la presunta mora judicial acaecida dentro del trám ite de tutela identificado con radicado n.º 11001220400020250186100, o si, por el contrario, el asunto objeto de estudio se ajusta a alguno de los supuestos contenidos en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 para ordenar la terminación de la actuación disciplinaria a su favor.
La Sala Dual 005 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostendrá las siguientes tesis: conforme a la valoración de las pruebas obrantes en la presente actuación, es procedente decretar la terminación del proceso disciplina rio, por cuanto no concurren los presupuestos necesarios para formular un reproche disciplinario respecto de la conducta objeto de investigación.
Para arribar a esa conclusión es necesario hacer referencia a los siguientes temas: 4.2.1. «La conducta no es tá prevista en la ley como falta disciplinaria», como causal de terminación del proceso disciplinario; 4.2.2. De la distribución de funciones al interior de una
siguientes temas: 4.2.1. «La conducta no es tá prevista en la ley como falta disciplinaria», como causal de terminación del proceso disciplinario; 4.2.2. De la distribución de funciones al interior de una célula judicial y 4.2.3. Resolución del caso concreto.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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4.2.1. «La conducta no está prevista e n la ley como falta disciplinaria», como causal de terminación del proceso disciplinario.
El artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 dispone que, en cualquier etapa de la actuación disciplinaria, en que aparezca plenamente demostrado que la conducta no está pr evista como falta disciplinaria procederá la terminación y archivo del proceso disciplinario.
Esta causal también está íntimamente relacionada con la categoría dogmática de la tipicidad, porque para su configuración el juzgador deberá verificar si la con ducta endilgada existió conforme a los supuestos fácticos debatidos, —imputación fáctica— y si, habiéndose comprobado la existencia de la conducta objeto de reproche, esta efectivamente puede subsumirse como falta disciplinaria —imputación jurídica—. En tal modo, la tipicidad es un elemento del ilícito disciplinario, que está sustentado en el principi o de legalidad. Esta categoría implica que nadie sea juzgado sino por una infracción o falta descrita previamente por la ley.
disciplinario, que está sustentado en el principi o de legalidad. Esta categoría implica que nadie sea juzgado sino por una infracción o falta descrita previamente por la ley.
En tal forma, la causal relevante para resolver el caso concreto, esto es, «la conducta no constituye falta disciplinaria» ocurre cuando se demuestra plenamente la improcedencia de realizar reproche disciplinario por haberse advertido que el hecho o conducta reprochada al investigado no constituye falta disciplinaria.
4.2.2. De la distribución de funciones al interior de una célula judicialM. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Un despacho judicial, con independencia de su especialidad, jerarquía o competencia funcional, se estructura como una célula judicial, compuesta por un juez en sentido estricto —esto es, aquel investido de la potestad jurisdiccional para impartir justicia — y por un grupo de servidores judiciales, cuya labor resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
En el ordenamiento jurídico colombiano no existe un número uniforme ni predefinido de empleados judiciales por despacho, dado que esta composición responde a diversos factores institucionales y operativos, tales como la ubicación geográfica del juzgado, el volumen poblacional atendido, el número de procesos en curso, el grado de congestión judicial y las medidas especiales de descongestión que pueda adoptar el Consejo Superior de la Judicatura. Estas variables explican la
tales como la ubicación geográfica del juzgado, el volumen poblacional atendido, el número de procesos en curso, el grado de congestión judicial y las medidas especiales de descongestión que pueda adoptar el Consejo Superior de la Judicatura. Estas variables explican la variabilidad estructural entre desp achos y justifican, además, una necesaria distribución de funciones interna.
La razón de ser de esta conformación plural no es otra que la necesidad de garantizar un trabajo articulado, coordinado y eficiente, que permita dar respuesta efectiva a las necesidade s de quienes tocan las puertas de la administración de justicia. De ahí que la labor del juez no pueda concebirse en términos aislados o autónomos, sino dentro de un marco de colaboración institucional que involucra activamente a los distintos funcionarios del despacho.
Con ese propósito, cada Juzgado Tribunal o Comisión Seccional, cuenta con un manual de funciones, en el que se establezcan con claridad las competencias, deberes y responsabilidades de cada uno de los cargos que conforman la planta del desp acho judicial. Este instrumento permite delimitar el alcance de la actuación de cadaM. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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servidor judicial, garantizar la eficiencia del servicio y, no menos importante, identificar de manera precisa las responsabilidades individuales en caso de eventuales faltas disciplinarias.
Desde una perspectiva funcional, al interior de una célula judicial pueden distinguirse dos grandes grupos de actividades: las judiciales y
importante, identificar de manera precisa las responsabilidades individuales en caso de eventuales faltas disciplinarias.
Desde una perspectiva funcional, al interior de una célula judicial pueden distinguirse dos grandes grupos de actividades: las judiciales y las administrativas. Las primeras se relacionan con el estudio y resolución de los asuntos sometidos a consideración del juez, mientras que las segundas comprenden actividades de soporte indispensables para la materialización de las decisiones judiciales, como lo son la elaboración de oficios, la realización de notificaciones, el cumplimiento de mandatos procesales, la organización del expediente, entre otras.
Aunque la ley asigna al juez la responsabilidad de «resolver los asuntos sometidos a su conocimiento» (Ley 270 de 1996, art. 153), en la práctica dicha labor jurisdiccional se desarrolla con e l apoyo de los empleados del despacho, quienes asumen tareas jurídicas relevantes, como la elaboración de proyectos de decisiones, la consulta jurisprudencial o doctrinal, y la preparación de informes que orientan el criterio del titular del despacho.
Lo anterior no significa, desde luego, una delegación indebida de funciones jurisdiccionales, sino el ejercicio de una distribución funcional permitida por el ordenamiento, que reconoce la participación de los empleados judiciales en el marco de sus competencias y bajo la supervisión del juez. Así, tanto las tareas administrativas como algunas tareas jurídicas están asignadas expresamente a los funcionarios judiciales, quienes las deben cumplir de manera diligente, ética y conforme a la ley.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
funcionarios judiciales, quienes las deben cumplir de manera diligente, ética y conforme a la ley.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Sobre este tópico , jurisprudencia disciplinaria ha sido clara. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, señaló que14:
Por cuanto si bien es cierto el director del despacho judicial es el responsable de la buena marcha del juzgado, ello no tiene un carácter absoluto, d ado que el legislador disciplinario, así como los órganos de dirección de la Rama Judicial, han establecido precisas competencias y funciones para cada uno de los cargos que integran un despacho judicial.
Esta delimitación tiene implicaciones que trascie nden lo organizativo, pues incide directamente en el régimen de responsabilidad disciplinaria. En efecto, la distribución de funciones no solo busca la eficiencia del servicio, sino también la identificación clara de los sujetos responsables de cada deber funcional. En este sentido, la misma corporación, mediante auto del 19 de marzo de 2025, radicado n.° 25000250200020230096101, con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, precisó:
Si bien el juez tiene la obligación de supervisar las activi dades que desarrolla el personal adscrito al juzgado, cada servidor judicial asume la responsabilidad de cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y responde de manera individual por su eventual incumplimiento.
Esta afirmación es de suma relevanci a, pues reitera que la dirección
judicial asume la responsabilidad de cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y responde de manera individual por su eventual incumplimiento.
Esta afirmación es de suma relevanci a, pues reitera que la dirección del juez no se traduce en una responsabilidad absoluta o solidaria respecto de las omisiones o irregularidades cometidas por otros servidores del despacho, cuando estos actúan dentro del ámbito de sus funciones propias. Por el contrario, cada funcionario debe responder en forma directa y personal por la adecuada ejecución de sus deberes,
14 Proveído del 13 de febrero de 2025, radicado n.° 23001250200020210010403, M.P Magda Victoria Acosta Walteros.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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conforme al principio de responsabilidad individual que rige en materia disciplinaria.
En conclusión, la célula judicial funciona como un sistema articulado en el que cada miembro desempeña un rol específico, previamente definido por la ley y los manuales internos. Esta división funcional, lejos de diluir la autoridad del juez, la complementa y fortalece, permitiendo una administración de justicia más eficiente, ordenada y conforme a los principios de legalidad, eficacia y responsabilidad.
4.2.4. Resolución del caso concreto
4.2.4.1. Acreditación de la calidad del funcionario que según la queja tendría compromiso de responsabilidad disciplinaria.
Mediante auto del 13 de febrero de 2026 15 se ordenó la apertura de
4.2.4.1. Acreditación de la calidad del funcionario que según la queja tendría compromiso de responsabilidad disciplinaria.
Mediante auto del 13 de febrero de 2026 15 se ordenó la apertura de investigación en contra de doctor Javier Armando Fletscher Plazas, en su calidad de magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Efectuada la anterior aclaración, corresponde señalar que, con el fin de acreditar la calidad del funcionario investigado, la Secretaría Judicial de esta c orporación incorporó al expediente la respectiva acta de nombramiento y posesión . Así mismo, se incorporaron las certificaciones de los salarios devengados en los últimos cinco (5) años y la información de contacto del referido funcionario, tanto en su dirección física como en la electrónica registradas16.
15 Archivo denominado 008 Auto Apertura Investigación, ibidem. del expediente digital. 16 Carpetas denominadas 023 AnexoUDAEO26-784 y 016AnexosSj4286Calidad, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Así las cosas, conforme a las pruebas documentales recaudadas, se constató que el magistrado investigado fue nombrado en propiedad en el cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante resolución del 30 de diciembre de 2004 y posesionado el 31 de enero de 2005.
4.2.4.2. Caso concreto
Teniendo en cuenta que el reproche elevado por el quejoso versa
2004 y posesionado el 31 de enero de 2005.
4.2.4.2. Caso concreto
Teniendo en cuenta que el reproche elevado por el quejoso versa sobre una presunta mora judicial en el trámite impartido a la acción de tutela identificada con radicado n.° 11001220400020250186100, se estima necesario proceder a la revisión integral de l expediente correspondiente. En dicho trámite, se destacan las siguientes actuaciones procesales:
La señora Marisol Garzón Espinosa, el 9 de mayo de 2025 17, interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía Once Seccional, Unidad de Vida - Intervención Tardía de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
La acción fue repartida al Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; sin embargo, esta autoridad judicial ordenó remitir el asunto, el 13 de mayo de 2025 , a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en razón de su competencia, como se expone a continuación18:
17 Archivo denominado 002ActaReparto (1) de la subcarpeta 01.Primera instancia, de la subcarpeta 014AnexosRtaSj4283CopiaTutela, del expediente digital. 18 Archivo denominado 007TrazabilidadRemiteAvoquer, subcarpeta denominada 014AnexosRtaSj4283CopiaTutela, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO
18 Archivo denominado 007TrazabilidadRemiteAvoquer, subcarpeta denominada 014AnexosRtaSj4283CopiaTutela, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Una vez recibida la acción de tutel a en el despacho del hoy investigado, el 20 de mayo de 2025 se profirió auto de admisión de la demanda y, posteriormente, el 27 de mayo de 2025 , se resolvió declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Marisol Garzón Espinosa contra las Fiscalías Once y Quinientos Cuarenta y Ocho Seccionales de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de Bogotá. No obstante lo anterior, el fallo de tutela solo fue notificado el 2 de diciembre de 2025 por parte de la Secretaría Judicia l de esa corporación.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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De la revisión adelantada, esta Sala Dual destaca varios aspectos relevantes.
El Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, establece que el término para decidir una acción de tutela es de diez (10) días. En tal sentido, es posible sostener que, en el asunto objeto de examen, no se configuró mora judicial en la
Constitución Política, establece que el término para decidir una acción de tutela es de diez (10) días. En tal sentido, es posible sostener que, en el asunto objeto de examen, no se configuró mora judicial en la adopción de la decisión, habida cuenta de que el despacho recibió el expediente el 13 de mayo de 2025 y el vencimiento del término correspondía precisamente al 27 de mayo de 2025 , fecha en la cual fue proferido el fallo.
No obstante, sí se advierte una presunta irregularidad en relación con el tiempo que trascurrió entre la decisión y la notificación del fallo de tutela, pues, a pesar de h aber sido proferido el 27 de mayo de 2025 , su notificación solo se efectuó el 2 de diciembre de la misma anualidad.
Ahora bien, una de las pruebas practicadas correspondió a la diligencia de inspección judicial, la cual fue atendida por la doctora Gladys Mariela Ramírez López, profesional especializado grado 33, adscrita al despacho del magistrado investigado, quien manifestó ser la encargada de todo el trámite y proyección de las acciones constitucionales del despacho. Agregó que el magistrado investigado le había remitido, el 28 de mayo de 2025, el fallo de tutela debidamente firmado y fechado, tal como consta en el co rreo electrónico aportado en dicha diligencia19:
19 Archivo denominado 042 Documentos Aportados Inspección, ibidem.M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Por otra parte, manifestó que, por un error involuntario, remitió el fallo a una direcció n de correo electrónico diferente a la de la secretaria judicial de la corporación, tal como se evidencia a continuación:M. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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Se evidenció, además, que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá devolvió el fallo de tutela al advertir que no había sido vinculado en el respectivo pronunciamiento. Finalmente, la profesional especializada, según lo manifestado, advirtió su equivocación y remitió nuevamente el fallo de tutela, esta vez a la dirección de correo electrónico correcta, correspondiente a la Secr etaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; no obstante, dicha remisión solo ocurrió el 2 de diciembre de 2025, fecha en la que efectivamente, se produjo la notificación del fallo. Tal circunstancia se aprecia en el siguiente correo electrónico:
Asimismo, la doctora Gladys Ramírez manifestó que padecía diferentes afectaciones de salud, presuntamente derivadas de la alta carga laboral del despacho, situación que la llevó a presentar su renuncia al cargo con efectividad a partir del 30 d e abril de 2026. Indicó, además, que recibía entre 60 y 100 correos electrónicos
carga laboral del despacho, situación que la llevó a presentar su renuncia al cargo con efectividad a partir del 30 d e abril de 2026. Indicó, además, que recibía entre 60 y 100 correos electrónicos diariamente, y que la planta de personal del despacho estabaM. P . DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO RADICACIÓN N.° 110010802000 2026 00087 00
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conformada por dos profesionales especializados grado 33 y un auxiliar judicial, quienes debían atender más de 700 procesos.
Por lo anterior, si bien existe un deber de supervisión del titular del despacho respecto de sus empleados, lo cierto es que la circunstancia acaecida excede el control del investigado. Igualmente, esta Sala Dual no advierte una conducta dolosa , sino un error humano que, una vez advertido, fue subsanado.
En consecuencia, lo evidenciado corresponde a una falla en los procedimientos internos —susceptible de ser entendida como una oportunidad de mejora institucional — y no a una actuación disciplinariamente reprochable imputable al funcionario investigado, conclusión que se explica, además, por la clara división de roles y funciones al interior de la célula judicial.
Ahora bien, en cuanto a la posible determinación de expedir copias, esta Sala Dual no advierte en el presente caso los elementos necesarios que justifiquen tal medida. Si bien la remisión de copias no constituye un juicio anticipado de responsabilidad disciplinaria, la decisión de poner en conocimiento de la autoridad competente una conducta presuntamente irregular exige una justificación razonable
necesarios que justifiquen tal medida. Si bien la remisión de copias no constituye un juicio anticipado de responsabilidad disciplinaria, la decisión de poner en conocimiento de la autoridad competente una conducta presuntamente irregular exige una justificación razonable sobre los element
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