CNDJ - 11001110200020190334102

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 11001110200020190334102
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16249

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Radicación No. 11001110200020190334102 Aprobado según Acta No. 029 de la misma fecha.

ASUNTO

Resolver la apelación interpuesta por la abogada ALEXANDRA BENÍTEZ OTÁLORA contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá 1, mediante la cual fue sancionada con suspensión en el e jercicio de la profesión por treinta y seis (36) meses y multa equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable, a título de dolo, de incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Le y 1123 de 2007, por desconocer los deberes consagrados en los numerales 5 y 8 del artículo 28 ibidem.

HECHOS RELEVANTES

Julio César Díaz Cano presentó queja contra la abogada 2, porque el 3 de julio de 2015 la contrató para que lo representara en la adquisición de los derechos de crédito sobre un inmueble vinculado al proceso ejecutivo hipotecario 2005 -01640, adelantado ante el Juzgado 5 Civil

1 M.P. Jorge Eliecer Gaitán Peña y magistrada Sandra Karyna Jaimes Durán. 2 Archivo digital, “02Queja21201903341”.A 16249

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1 M.P. Jorge Eliecer Gaitán Peña y magistrada Sandra Karyna Jaimes Durán. 2 Archivo digital, “02Queja21201903341”.A 16249

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Municipal de Ejecución de Sentencia s de Bogotá, para cuyo propósito le otorgó poder y giró a su favor un cheque de gerencia por $127.000.000, sin embargo, no adelantó la gestión ni restituyó íntegramente el dinero, ya que solo reintegró $13.000.000.

ACTUACIÓN PROCESAL

Acreditada la calidad de abogada 3, el 6 de junio de 2019 se ordenó la apertura del proceso disciplinario 4 y la audiencia de pruebas y calificación se adelantó en sesiones del 7 de septiembre de 20215, 3 de febrero6, 19 de mayo7 y 5 de septiembre de 20228, con la presencia del defensor de oficio 9, incorporándose como prueba documental: i) l as allegadas con la queja 10, ii) certificado de ausencia de antecedentes disciplinarios11, iii) constancia del Juzgado 5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá que acreditó que la encartada no actuó en ninguna de las etapas del proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía No. 2005 -01640-0012, iv) oficio de la Registraduría

Ejecución de Sentencias de Bogotá que acreditó que la encartada no actuó en ninguna de las etapas del proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía No. 2005 -01640-0012, iv) oficio de la Registraduría Nacional de Estado Civil que informó que l a cédula de ciudadanía No. 52.195.229 se encontraba vigente 13 y v) respuesta remitida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, la cual reportó que existían “22 registros de investigación penal adelantados contra la abogada” 14.

3 Archivo digital, “05Vigencia”. 4 Archivo digital, “10AutoApertura”. 5 Archivo digital 031ACTAPYCP11201903341 01PrimeraInstancia. 6 Archivo digital 042ACTAPYCP11201903341 01PrimeraInstancia. 7 Archivo digital 050ACTAPYCP11201903341 01PrimeraInstancia. 8 Archivo digital 057ACTAPYCPTERMINACIONART10311201903341 01PrimeraInstancia. 9 En auto del 9 de diciembre de 2021 se designó al doctor Mairon Eduardo Jiménez Ortiz como defensor de oficio de la disciplinable. Archivo digital 035AUTORELEVAYDESIGNADO11201903341 01PrimeraInstancia. 10 Archivo digital 003ANEXOSQUEJA21201903341 01PrimeraInstancia: entre otras, promesa de compraventa de derechos de crédito con garantía hipotecaria suscrita el 3 de julio de 2015, contrato de prestación de servicios profesionales y cesión de derechos de crédito dirigida al Juzgado 48 Municipal de Ejecución de Bogotá, cheque No. 966668 a favor de la letrada por $127.000.000,oo. 11 Archivo digital 029ANTECEDENTES11201903341 01PrimeraInstancia.

la letrada por $127.000.000,oo. 11 Archivo digital 029ANTECEDENTES11201903341 01PrimeraInstancia. 12 Archivo digital 038RTAJUZGADO5EJESENT21201903341 01PrimeraInstancia. 13 Archivo digital 039ESTADOCED11201903341 01PrimeraInstancia. 14 Archivo digital 053RESPUESTAEXTERNA11201903341 01PrimeraInstancia.A 16249

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Además, se recibió la ampliación de queja15.

En la última sesión -5 de septiembre de 202216-, la Comisión Seccional decretó la terminación anticipada del procedimiento al considerar prescrita la acción disciplinaria, porque ubicó la consumación de la conducta el 3 de julio de 2015, fecha de suscripción de los documentos contractuales y entrega del cheque, no obstante, apelada la determinación por el apoderado del quejoso, esta Corporación 17, mediante providencia del 20 de marzo de 2024, la revocó parcialmente y ordenó contin uar la investigación frente a la presunta falta de devolución oportuna de los dineros recibidos por la abogada.

La actuación continuó en sesiones del 31 de julio 18, 31 de octubre de 202419, 6 de febrero 20, 30 de abril 21 y 4 de agosto de 2025 22, incorporándose como prueba documental: i) certificación de

La actuación continuó en sesiones del 31 de julio 18, 31 de octubre de 202419, 6 de febrero 20, 30 de abril 21 y 4 de agosto de 2025 22, incorporándose como prueba documental: i) certificación de Bancolombia -confirmó que el cheque fue pagado mediante consignación a la cuenta de la disciplinable-23, ii) impresión del folio de matrícula inmobiliaria 50S-4013138624, iii) respuestas y copia digital del proceso ejecutivo hipotecario 2005 -01640 remitidas por el Juzgado 5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá25 y iv) constancia y piezas procesales enviadas por el Juzgado 1 Civil Municipal de Mosquera respecto del radicado 2010-0175326.

15 Récord de grabación 00:05:58 Archivo digital 050ACTAPYCP11201903341 01PrimeraInstancia. 16 Archivo digital, “056APYCPTERMINACIONART10311201903341”. 17 Archivo digital: “059DECISIONSEGUNDAINSTANCIAREVOCA1120193341”. 18 Archivo digital: 063APYCP11201903341. 19 Archivo digital, “070AUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACIONPROVISIONAL201903341”. 20 Archivo digital: 079ACTAAUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACIONPROVISIONAL201903341. 21 Archivo digital: 084ACTAAUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACIONPROVISIONAL201903341. 22 Archivo digital, “088ACTAAUDIENCIAFORMULACIONCARGOS201903341-”. 23 Archivo digital 077RESPUESTAEXTERNA201903341. 24 Archivo digital 067RTAEXTERNAORIPZONASUR11201903341.

22 Archivo digital, “088ACTAAUDIENCIAFORMULACIONCARGOS201903341-”. 23 Archivo digital 077RESPUESTAEXTERNA201903341. 24 Archivo digital 067RTAEXTERNAORIPZONASUR11201903341. 25 Archivos digitales 082RESPUESTAEXTERNA201903341 y 086RESPUESTAEXTERNA201903341. 26 Archivo digital 081RESPUESTAEXTERNA201903341.A 16249

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En la última sesión -4 de agosto de 202527-, se formuló un único cargo contra la disciplinable por la posible comisión, a título de dolo, de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 28, al desconocer los deberes previstos en los numerales 5 y 8 ibidem29 del artículo 28 ibidem30, toda vez que el 3 de julio de 2015 fue contratada por Julio César Díaz Cano para gestionar la adquisición de los derechos de crédito vinculados al proceso ejecu tivo hipotecario 2005 -01640, tramitado en el Juzgado 5 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, labor para la cual recibió mediante cheque de gerencia $127.000.000 y al no concretarse el encargo, únicamente restituyó $13.000.000, sin entregar los $114.000.000 restantes.

de Bogotá, labor para la cual recibió mediante cheque de gerencia $127.000.000 y al no concretarse el encargo, únicamente restituyó $13.000.000, sin entregar los $114.000.000 restantes.

La audiencia de juzgamiento tuvo lugar el 4 de septiembre de 2025 31, oportunidad en la que el defensor de oficio, al presentar sus alegatos de conclusión, solicitó valorar integral y objetivamente el acervo probatorio, incluidos los elementos menos gravosos a la disciplinable o susceptibles de generar duda razonable, la cual debía resolverse en su beneficio, y subsidiariamente pidió que, ante una eventual declaración de responsabilidad, la sanción impuesta fuera la más favorable.

27 Archivo digital, “88ActaAudienciaFormulación”. 28 Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo. 29 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. (…) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 30 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: 5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión. (…) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar s us honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. 31 Archivo digital, “91ActaAudienciaJuzgamiento”.A 16249

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DECISIÓN APELADA

En sentencia del 16 de diciembre de 2025 32, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró responsable disciplinariamente a la profesional Alexandra Benítez Otálora de la falta imputada, al encontrar acreditado que el 3 de julio de 2015 fue contratada por Julio César Díaz Cano para gestionar la adquisición de los derechos de crédito vinculados al proceso ejecutivo hipotecario 2005 -01640, labor

encontrar acreditado que el 3 de julio de 2015 fue contratada por Julio César Díaz Cano para gestionar la adquisición de los derechos de crédito vinculados al proceso ejecutivo hipotecario 2005 -01640, labor para la cual recibió $127.000.000, no obstante, al no cumplir el encargo, restituyó únicamente $13.000.000, sin entregar a su cliente, a la mayor brevedad posible, los $114.000.000 restantes, suma que aún mantenía en su poder.

Respecto de la antijuridicidad, estimó que la falta de entrega injustificada del saldo desconoció los deberes de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión (Art. 28 Num. 5 CDA), porque quebrantó la confianza depositada por el cliente y afectó la estimación social del ejercicio profesional, además, vulneró el mandato deontológico de honradez (Art. 28 Num. 8 CDA), al apartarse de la probidad, integridad y transparencia exigibles en el manejo de los dineros recibidos con ocasión del encargo. En cuanto a la culpabilidad, concluyó que la conducta fue dolosa, porque sabía que los recursos no le pertenecían, conocía su deber de entregarlos cuando no tuvo lugar el remate y, pese a reintegrar una parte, decidió conservar los $114.000.000 restantes.

32 Archivo digital, “092Sentencia20190341”.A 16249

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Para determinar la sanción, valoró la modalidad dolosa de la conducta (Art. 45 Lit. A Num. 2 CDA), el perjuicio causado (Art. 45 Lit. A Num. 3 CDA), concretado en la afectación patrimonial derivada de la falta de entrega de $114.000.000 desde 2015, y los agravantes consistentes en utilizar en provecho propio los dineros recibidos con ocasión del encargo (Art. 45 Lit. C Num. 4 CDA), circunstancia que infirió de la permanencia prolongada del capital en poder de la abogada, así como el aprovechamiento de las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del cliente (Art. 45 Lit. C Num. 7 CDA), porque calificó al quejoso como adulto mayor, dedicado a la carpintería, con escolaridad hasta cuarto de primaria y apremiado por adquirir una vivienda. Además, trasladó a la dosificación el sistema de cuartos, al estimar que dicho método permitía objetivar la determinación del quantum.

RECURSO DE APELACIÓN

En término la abogada apeló33. Planteó la nulidad por vulneración de los derechos de defensa, legalidad e igualdad, porque, según afirmó, la formulación de cargos y la sentencia omitieron precisar el momento de ejecución de la conducta, así como las circunstancias de tiempo, modo

derechos de defensa, legalidad e igualdad, porque, según afirmó, la formulación de cargos y la sentencia omitieron precisar el momento de ejecución de la conducta, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió.

Solicitó la prescripción de la acción disciplinaria, al considerar que el deber de devolver el dinero surgió, a más tardar, el 30 de marzo de 2016, fecha en la que terminó por pago total el proceso ejecutivo hipotecario 2005 -01640 y cesó la posibilidad de intervenir en esa actuación, por lo cual estimó superado el término de cinco años para el

33 Archivo digital, “96RecursoApelaciónDisciplinada201903341”.A 16249

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momento de proferirse la sentencia.

De manera subsidiaria, cuestionó la graduación sancionatoria, toda vez que reintegró $36.000.000 y no $13.000.000, aunque reconoció que carecía del soporte bancario porque la cuenta del quejoso fue cancelada y sus archivos desaparecieron durante un traslado de oficina. Además, la imposición de suspensión máxima y la multa concurrente carecían de motivación suficiente, omitían valorar la devolución parcial, sus condiciones de salud, la calidad de madre cabeza de familia, las personas dependientes de ella y el ejercicio prof esional como única

la imposición de suspensión máxima y la multa concurrente carecían de motivación suficiente, omitían valorar la devolución parcial, sus condiciones de salud, la calidad de madre cabeza de familia, las personas dependientes de ella y el ejercicio prof esional como única fuente de ingresos, por lo que solicitó reducir o sustituir dichos correctivos.

Finalmente, sostuvo: “ El presente recurso no controvierte: La declaratoria de responsabilidad disciplinaria. La adecuación típica de la conducta. La imputación subjetiva realizada en la providencia”, y precisó que “La inconformidad se circunscribe al proceso de individualización sancionatoria”34, dentro de la cual cuestionó la imposición de la suspensión en el máximo legal, la falta de ponderación de s us circunstancias personales, la insuficiente motivación de la multa y la aplicación concurrente de ambos correctivos.

Concedida la apelación35, el expediente fue remitido a esta Corporación y por reparto del 3 de febrero de 2026 36, correspondió al Magist rado ponente.

34 Archivo digital: 096RECURSOAPELACIONDISCIPLINADA201903341, folio 7. 35 Archivo digital: 101AUTODECIDECONCEDERAPELACION201903341. 36 Archivo digital, 02SegundaInstancia, “001ActaIndividualReparto”.A 16249

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CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con fundamento en las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución Política, y el numeral 4° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, procede a resolver el recurso de apelación conforme al principio de limitación.

La apelante plantea nulidad por vulneración de sus derechos de defensa, legalidad e igualdad, al afirmar que la formulación de cargos y la sentencia omitieron precisar el momento de ejecución, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ataque que contradice su posterior manifestación de no controvertir “ la declaratoria de responsabilidad disciplinaria”, “la adecuación típica de la conducta ” ni “la imputación subjetiva realizada en la providencia” , porque cuestiona la validez del acto que delimitó el juicio de reproche y, al mismo tiempo, acepta sus componentes.

Los artículos 98 37 y 101 38 de la Ley 1123 de 2007 condicionan la invalidez a la existencia de una irregularidad sustancial que afecte

37 Artículo 98. Causales. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 38 Artículo 101. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. 38 Artículo 101. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.

3. No puede invocar la nulidad el interviniente que hay a coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica.

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial.

6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-884 de 2007.A 16249

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materialmente el derecho de defensa o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento, en tanto el artículo 105 ibidem39 exige que

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materialmente el derecho de defensa o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento, en tanto el artículo 105 ibidem39 exige que los ca rgos contengan, de forma expresa y motivada, la imputación fáctica, jurídica y la modalidad de la conducta.

Tales exigencias fueron satisfechas, porque la Comisión Seccional identificó el encargo celebrado el 3 de julio de 2015, el proceso ejecutivo hipotecario 2005-01640, la recepción de $127.000.000, el reintegro de $13.000.000, la falta de entrega de los $114.000.000 restantes, el dolo y las disposiciones presuntamente desconocidas, elementos que permitieron comprender el comportamiento atribuido y ejer cer la defensa, sin que la recurrente indicara cuál facultad procesal quedó limitada por la invocada deficiencia, razón por la cual el reparo será negado.

En cuanto al planteamiento de la prescripción, los argumentos que lo sustentan obligan a que, antes de acudir a un simple cómputo cronológico, quede definida la estructura temporal de la falta atribuida, por cuanto el artículo 24 de la Ley 1123 de 200740 no establece un punto de partida uniforme para todos los comportamientos disciplinarios, sino que distingue entre aquellos de realización instantánea, cuyo término inicia desde su consumación, y los de carácter permanente o continuado, respecto de los cuales el plazo comienza con el último acto ejecutivo.

39 Artículo 105. Audiencia de pruebas y calificación provisional. (…) La formulación de cargos deberá contener en forma

continuado, respecto de los cuales el plazo comienza con el último acto ejecutivo.

39 Artículo 105. Audiencia de pruebas y calificación provisional. (…) La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la conducta. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 40 Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.A 16249

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Esa distinción no depende de la duración material del proceso judicial ni de la fecha en que la autoridad conoció la queja, sino de referentes objetivos vinculados al momento consumativo de la falta, por tanto, como la antijuridicidad descansa en la infracción injustificada del deber41, el término extintivo no puede iniciar hasta que cese la ejecución del comportamiento contrario a derecho.

En la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 ibidem42, la tipicidad no queda agotada con el recibo inicial de dineros, bienes o documentos,

del comportamiento contrario a derecho.

En la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 ibidem42, la tipicidad no queda agotada con el recibo inicial de dineros, bienes o documentos, porque esta circunstancia activa la obligación de entregarlos a quien corresponda, cuyo incumplimiento proyecta la ejecución en el tiempo, ligada a la permanencia del poder de disposición que el profesional conserva sobre recursos ajenos recibidos con ocasión de la gestión.

Es así como la expresión “ a la [ mayor] brevedad posible ” refuerza la exigibilidad inmediata de cumplir ese deber, pero no transforma el comportamiento en instantáneo, porque una cosa es el momento desde el cual la abogada debía actuar con honradez frente a su cliente y otra distinta aquel en que cesa la infracción de la prerrogativa deontológica, lo cual únicamente ocurre con la entrega efectiva de lo recibido.

La restitución parcial no agota la falta ni habilita el cómputo prescriptivo respecto del saldo pendiente, porque el mandato ético cesa únicamente con el reintegro integral de los dineros al destinatario, toda vez que la

41 Artículo 4°. Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su c onducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código. 42 Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recib idos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.A 16249

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conservación de una parte en poder de la profesional mantiene la afectación al deber de honradez e impide el inicio del plazo extintivo.

En este caso, la defensa fija como punto de partida el 30 de marzo de 2016, fecha en la que terminó por pago total el proceso ejecutivo hipotecario 2005-01640, pero esa determinación no marcó el cese del comportamiento atribuido, sino que to rnó exigible la devolución de los recursos que ya no podían destinarse al encargo, porque, conforme al marco fáctico que edificó el juicio disciplinario, Benítez Otálora recibió $127.000.000, reintegró $13.000.000 y mantuvo sin entregar $114.000.000, saldo cuya restitución integral no aparece demostrada, incluso la apelante reconoció que el reembolso fue parcial, circunstancia que conduce a negar la prescripción alegada.

La inconformidad relativa al monto restituido descansa exclusivamente en la afirmación de que el pago ascendió a $36.000.000, sin embargo, Julio César Díaz Cano -quejosodeclaró bajo la gravedad del juramento que la abogada “me devolvió $13.000.000 (…) creo que me lo consignó

Julio César Díaz Cano -quejosodeclaró bajo la gravedad del juramento que la abogada “me devolvió $13.000.000 (…) creo que me lo consignó a mi cuenta”, relato incorporado durante la etapa probatoria que no fue desvirtuado, en contraste, la recurrente admitió que no conservaba constancia bancaria ni aportó otro medio que corroborara su dicho, por lo cual, conforme a la valoración conjunta del acervo probatorio, la única cifra demostrada corresponde a $13.000.000.

Aún si en gracia de discusión fuera aceptado el valor indicado por la censora, esa circunstancia no desvirtuaría el juicio de reproche, porque la imputación no estuvo fundada en la ausencia absoluta de devolución, sino en el incumplimiento del de ber de entregar la totalidad de los recursos recibidos, por consiguiente, ese abono únicamente reduciría elA 16249

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saldo pendiente de $114.000.000 a $91.000.000, sin eliminar la infracción prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

En lo concerniente a la respuesta sancionatoria, la apelante cuestionó de manera global el quantum fijado, pues censuró los 36 meses de suspensión, la multa concurrente, su monto y la proporcionalidad de

2007.

En lo concerniente a la respuesta sancionatoria, la apelante cuestionó de manera global el quantum fijado, pues censuró los 36 meses de suspensión, la multa concurrente, su monto y la proporcionalidad de ambos correctivos. Al revisar las razones que sustentaron esa tasación, se advierte que la Comisión Seccional acudió expresamente al sistema de cuartos, de modo que, aunque dicha metodología no fue censurada de manera autónoma, integra uno de los fundamentos inmediatos del resultado impugnado y se encuentra inescin diblemente ligada a este, por lo que su examen no desborda los límites del recurso 43, sino que resulta necesario para establecer si fue construido conforme al régimen legal aplicable.

Definido ese alcance, la Ley 1123 de 2007 contiene un modelo sancionatorio especial estructurado a partir de los artículos 13 y 40 a 46, disposiciones que establecen los correctivos aplicables, su naturaleza, los márgenes temporales y pecuniarios, la posible concurrencia de la multa, los criterios generales, atenuantes y agravantes, además del deber de explicar completa y explícitamente las razones que sustentan la especie escogida y su magnitud, diseño que reconoce al juzgador un espacio de apreciación sometido a los parámetros fijados por el legislador.

43 Artículo 234 de la Ley 1952 de 2019, aplicable por integración normativa conforme al artículo 16 de la Ley 1123 de 2007: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los

43 Artículo 234 de la Ley 1952 de 2019, aplicable por integración normativa conforme al artículo 16 de la Ley 1123 de 2007: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”.A 16249

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 11001110200020190334102

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Precisamente al examinar la constitucionalidad de ese modelo, la Corte Constitucional, en sentencia C -290 de 2008, explicó que “ el legislador proporcionó un marco de referencia que se aviene a la razonable flexibilización que se le ha reconocido al principio de legalidad en el ámbito disciplinario”44 y agregó que el margen otorgado al fallador se encuentra delimitado por las clases de sanciones autorizadas, los criterios de graduación, la razonabilidad, la proporcionalidad y los controles propios del proceso, de manera que la a mplitud existente entre los extremos legales no equivale a ausencia de regulación, sino a una forma de discrecionalidad reglada cuyo ejercicio exige motivación verificable.

Desde esa perspectiva, debe interpretarse el artículo 16 ibidem45, cuya integración normativa opera únicamente “ en lo no previsto ” y siempre que la disposición incorporada no contravenga la naturaleza del derecho

verificable.

Desde esa perspectiva, debe interpretarse el artículo 16 ibidem4

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