CNDJ - 11001250200020230134301

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 11001250200020230134301
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16091 Página 1 | 22

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicación No. 110012502000202301343 01 Aprobado, según acta No. 027 de la misma fecha

1. ASUNTO POR TRATAR

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A 1 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artícul o 56 de la Ley 2430 de 2024, y el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, procede a

1 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será l a encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados»; en concordancia con el articulo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, y armonía con el parágrafo transitorios 1º del

Acto Legislativo No. 02 de 2015. «PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá n ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Ju dicatura...». (Negrilla y subrayado fuera de texto).A 16091

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Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN

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conocer el recurso de apelación presentado por la apoderada del disciplinado en contra la sentencia proferida el 10 de julio 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá 2 mediante la cual se declaró responsable disciplinariamente al abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA por la comisión de l as faltas disciplinarias consagradas en los artículos 37 numeral 1 y 35 numeral 4 , de la Ley 1123 de 2007, a tít ulo de culpa y dolo respectivamente, en consonancia con la trasgresión de los deberes consagrados en el artículo 28, numerales 10 y 8 del Estatuto Deontológico del Abogado. En consecuencia, lo sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

2. HECHOS

El vocativo de la referencia tuvo origen en la queja presentada por la

En consecuencia, lo sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

2. HECHOS

El vocativo de la referencia tuvo origen en la queja presentada por la señora Deyanira Campos Vargas en contra el abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA en la que manifestó que contrató al profesional del derecho para adelantar un trámite de sustitución pensional. Afirmó que suscribió un poder en la Notaría 36 del Círculo de Bogotá y que le entregó al abogado los documentos solicitados para iniciar la gestión, así como la suma de $800.000 por concepto de honorarios.

Indicó que, durante aproximadamente once meses, el abogado evadió sus solicitudes de información y se limitó a manifestarle que la gestión avanzaba satisfactoriamente. Añadió que le remitió el pantallazo de un supuesto trámite presentado ante Fiduprevisora bajo el radic ado 20220080743661, pero no le entregó el recibo de pago de los honorarios ni copia del poder suscrito.

2 M.P: Mauricio Martínez Sánchez en sala con el magistrado William Libardo Mendieta Montealegre.A 16091

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Agregó que el 1° de marzo de 2023 acudió a la Fiduprevisora y se enteró que el radicado suministrado por el abogado correspondía a

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Agregó que el 1° de marzo de 2023 acudió a la Fiduprevisora y se enteró que el radicado suministrado por el abogado correspondía a otra persona. Por es a razón, solicitó la devolución del dinero y de los documentos entregados al abogado, no obstante, este no había reintegrado los mismo. Finalmente manifestó que el 3 de marzo del 2023 recibió, por intermedio de Erika Mayerli Díaz Cabrera, una consignación de $482.500 mediante Efecty.

3. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

Mediante certificado N.º 1176588 del 27 de abril del 2023 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia certificó la calidad de abogado del investigado MIGUEL ANGEL DIAZ CABRERA, portador de la T.P. 258452 del C. S.J.

Mediante auto del 27 de abril del 2023 el magistrado instructor ordenó la apertura del proceso disciplinario y fijó fecha para celebrar la audiencia de pruebas y calificación provisional, la cual se llevó a cabo los días 5 de julio del 2023, 1 de febrero y 2 de mayo del 2024 y contó con la presencia del disciplinable a quien se le dio el traslado de rigor y se decretaron unas pruebas.

Durante la audiencia de pruebas y calificación provisional del 2 de mayo del 2024 el magistrado ponente formuló cargos en contra del investigado de la siguiente manera:

Primer cargo

Imputación fáctica: El abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA fue

mayo del 2024 el magistrado ponente formuló cargos en contra del investigado de la siguiente manera:

Primer cargo

Imputación fáctica: El abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA fue contratado por la señora Deyanira Campos Vargas para adelantar unA 16091

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trámite de sustitución pensional de su compañero permanente, para lo cual recibió los documentos necesarios para iniciar la gestión, así como el pago de $800.000 por concepto de honorarios. A pesar de ello, dejó de adelantar, durante aproximadamente un año, la gestión encomendada.

Imputación jurídica: Posible comisión de la falta a la debida diligencia consagrada en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007 bajo el verbo “dejar de hacer oportunamente”, en concordancia con la trasgresión del deber descrito en el numeral 10 de l artículo 28 ejusdem. La conducta fue calificada a título de culpa.

Segundo cargo

Imputación fáctica: El abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA recibió de la quejosa varios documentos para el desarrollo de la gestión, entre ellos, el certificado de defunción de Orlando Rueda Medina, las copias de las cédulas de ciudadanía de aquella y de su hija, y la historia clínica de esta última, los cuales no han sido reintegrados a su cliente.

gestión, entre ellos, el certificado de defunción de Orlando Rueda Medina, las copias de las cédulas de ciudadanía de aquella y de su hija, y la historia clínica de esta última, los cuales no han sido reintegrados a su cliente.

Imputación Jurídica: Presunta comisión de la falta disciplinaria consagrada en el artículo 35 numeral 4, en consonancia con la trasgresión del deber contenido en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Conducta calificada a título de dolo.

Finalmente, la audiencia de juzgamiento se celebró los días 13 y 18 de junio del 2024 fecha en la que la apoderada de confianza del investigado presentó sus alegatos de conclusión en los que sostuvo que la relación profesional se limitó a brindar asesorías para establecer si la quejosa o su hija tenían derecho a la sustituciónA 16091

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pensional, sin que se hubiera suscrito contrato, poder o mandato para adelantar trámite alguno ante Fiduprevisora. Explicó que el pantallazo cuestionado fue remitido únicamente para ilustrar el desarrollo de ese tipo de actuaciones y no para aparentar la existencia de una gestión.

Afirmó que la reclamación no era viable porque la quejosa no había convivido con el causante durante los cinco años anteriores a su fallecimiento. Agregó que los documentos relacionados con su hija

Afirmó que la reclamación no era viable porque la quejosa no había convivido con el causante durante los cinco años anteriores a su fallecimiento. Agregó que los documentos relacionados con su hija fueron enviados virtualmente y ent regados al señor Gabriel García en el lugar indicado por aquella. Respecto del dinero, señaló que correspondía al pago de las asesorías y que fue reintegrado en su totalidad mediante dos consignaciones por $500.000 y $300.000.

Finalmente, alegó que no se incorporó poder o contrato que acreditara la gestión encomendada ni prueba suficiente de la retención de documentos.

Obran como pruebas en el expediente, entre otras, las siguientes:

  • Copia de las conversaciones de WhatsApp entre la quejosa y el investigado. • Copia del registro civil de defunción del señor Orlando Rueda Medina, de las cédulas de ciudadanía de la quejosa y de la señora Ingrid Tatiana Rueda Campos y copia de la historia clínica de ésta última, aportadas por el disciplinado.

4. DECISIÓN APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 10 de julio del 2024, declaró responsableA 16091

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disciplinariamente al abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA por la comisión las faltas disciplinarias consagradas en los artículos 37

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disciplinariamente al abogado MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABRERA por la comisión las faltas disciplinarias consagradas en los artículos 37 numeral 1 y 35 numeral 4 , de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo respectivamente, en consonancia con la trasgresión de los deberes consagrados en el artículo 28, numerales 10 y 8 del Estatuto Deontológico del Abogado. En consecuencia, lo sancionó co n SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

Frente al primer cargo, por la comisión de la falta consagrada en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007, encontró acreditado, a partir de la ampliación de la queja y de las conversa ciones de WhatsApp aportadas al proceso, que el disciplinado fue contratado por la señora Deyanira Campos Vargas para adelantar el trámite de sustitución pensional de su compañero permanente, para lo cual recibió varios documentos y la suma de $800.000 por concepto de honorarios.

Indicó que, en esas conversaciones, el investigado informó a la quejosa sobre el supuesto estado de un proceso y le remitió el pantallazo de un radicado de Fiduprevisora que correspondía a otra persona. A partir de esos elementos concluyó que el abogado dejó de adelantar, durante aproximadamente un año, la gestión encomendada y descartó que la relación profesional se hubiera limitado a una asesoría, corroborando así la tipicidad de la conducta bajo el verbo “dejar de hacer oportunamente”.

adelantar, durante aproximadamente un año, la gestión encomendada y descartó que la relación profesional se hubiera limitado a una asesoría, corroborando así la tipicidad de la conducta bajo el verbo “dejar de hacer oportunamente”.

Desestimó las exculpaciones rendidas por el investigado, según las cuales la quejosa no reunía los requisitos para acceder a la prestación, pues consideró que, de ser así, el abogado debió informarle esa circunstancia a su cliente y abstenerse de asumir el encargo. AñadióA 16091

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que la gestión también comprendía los intereses de la hija de aquella, quien presuntamente padecía una afección mental.

En cuanto a la antijuridicidad, sostuvo que el disciplinado desconoció, sin justificación, el deber de atender con celosa diligencia los encargos profesionales, consagrado en el numeral 10 del artículo 28 ibidem. La conducta fue atribuida a título de culpa “ por omisión, al estimar que el abogado no actuó con la diligencia necesaria para llevar a cabo la gestión encomendada”.

Respecto del segundo cargo, por la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el artículo 35 numeral 4 del Código del Abogado, estimó demostrado que el disciplinado recibió de la quejosa varios documentos para el desarrollo de la gestió n, entre ellos, el certificado de defunción de Orlando Rueda Medina, las copias de las cédulas de

estimó demostrado que el disciplinado recibió de la quejosa varios documentos para el desarrollo de la gestió n, entre ellos, el certificado de defunción de Orlando Rueda Medina, las copias de las cédulas de ciudadanía de aquella y de su hija, y la historia clínica de esta última, documentos que fueron aportados por el propio disciplinado a la actuación y que no e xistía prueba de su devolución, por lo que concluyó que los retuvo injustificadamente.

En consecuencia, declaró configurada la falta prevista en el artículo 35, numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, por el desconocimiento injustificado del deber de obrar con lealtad y honradez en las relaciones profesionales, establecido en el numeral 8 del artículo 28 ibidem. Calificó la modalidad de la conducta como dolosa.

Para graduar la sanción, tuvo en cuenta que se trataba de dos faltas disciplinarias, una de ellas d olosa. No obstante, consideró que los documentos retenidos eran copias susceptibles de obtenerse nuevamente, por lo que calificó como mínimo el perjuicio y reducida la trascendencia social de la conducta. Asimismo, valoró comoA 16091

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circunstancia de atenuación la ausencia de antecedentes disciplinarios y, con fundamento en esos criterios, impuso cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

5. RECURSO DE APELACIÓN

circunstancia de atenuación la ausencia de antecedentes disciplinarios y, con fundamento en esos criterios, impuso cuatro meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

5. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión y dentro de la correspondiente oportunidad, la apoderada de c onfianza d el investigado presentó recurso de apelación en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se absolviera de responsabilidad a su cliente conforme a los siguientes argumentos.

Inicialmente, alegó l a vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de su cliente, porque durante las audiencias no se habría garantizado una oportunidad adecuada para solicitar y aportar pruebas, ni se habría adoptado una determinación clara acerca de su decreto. Añadió que las intervenciones del disciplinable fueron interrumpidas, se restringieron preguntas encaminadas a establecer si la quejosa o su hija reunían los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y solo se concediero n dos min utos para presentar los alegatos de conclusión.

También señaló que la audiencia inicial presentó fallas de conexión y que el magistrado mantuvo apagada la cámara durante algunos momentos, circunstancias que, en su criterio, afectaron la continuidad e inme diación de la diligencia. Añadió que, una vez finalizada la diligencia, quedó abierto el micrófono de la quejosa y se escucharon dos voces femeninas realizando comentarios despectivos sobre el investigado, una de las cuales presuntamente correspondía a su hija, quien había sido convocada como testigo para una audiencia posterior.A 16091

dos voces femeninas realizando comentarios despectivos sobre el investigado, una de las cuales presuntamente correspondía a su hija, quien había sido convocada como testigo para una audiencia posterior.A 16091

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De otro lado, cuestionó que los cargos no individualizaran suficientemente el fundamento fáctico, jurídico y subjetivo de las conductas atribuidas, lo que, en su criterio, afectó la congruencia de la decisión. En materia probatoria, sostuvo que la primera instancia omitió valorar el comprobante de la devolución de $300.000 a la quejosa, varios audios de WhatsApp y los alegatos escritos remitidos al despacho. También controvirtió que la sentencia afirmara que el investigado negó haber recibido documentos, pues aseguró que fue él quien los aportó. Agregó que no se examinaron las contradicciones de la quejosa acerca de su convivencia con el causante y de las condiciones para acceder a la prestación pensional, por lo que, a su juicio, no se alcanzó la certeza necesaria para sancionar.

Frente a la tipicidad, afirmó que no se demostró la existencia de un mandato, poder o contrato que obligara al abogado a iniciar una reclamación pensional , pues su intervención se habría limitado a prestar asesorías y revisar los documentos remitidos. Señaló que el pantallazo de un radicado de Fiduprevisora no fue utilizado para

reclamación pensional , pues su intervención se habría limitado a prestar asesorías y revisar los documentos remitidos. Señaló que el pantallazo de un radicado de Fiduprevisora no fue utilizado para simular una gestión, sino con fines de orientación. Respecto de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 ibidem, sostuvo que el dinero fue restituido mediante Efecty y que los documentos recibidos eran copias susceptibles de obtenerse nuevamente, de modo que no se acreditó su retención ni un perjuicio para la quejosa.

Finalmente, cuestionó la proporcionalidad de la suspensión impuesta, porque la primera instancia reconoció la escasa entidad del perjuicio, la ausencia de mayor trascendencia social y la inexistencia de antecedentes disciplinarios, pero no explicó suficientemen te la necesidad de imponer cuatro meses de suspensión ni examinó las causales de exclusión y los criterios de graduación invocados.A 16091

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6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante acta individual de reparto del 2 de octubre del 2024 el expediente fue r epartido para su conocimiento al magistrado JULIO

ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA.

7. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

7.1. Competencia

De conformidad artículo 257 A de la Constitución Política de Colombia,

ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA.

7. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

7.1. Competencia

De conformidad artículo 257 A de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, y el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer en segunda instancia las providencias proferidas por las Comisiones Seccionales d e Disciplina Judicial.

7.2. De la apelación

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007 señala que el recurso de apelación procede, entre otras decisiones, contra la sentencia de primera instancia.

De acuerdo con los artículos 16 de la Ley 1123 de 2007 y 234 de la Ley 1952 de 2019, esta Comisión se pronunciará únicamente sobre los puntos que fueron objeto de impugnación, así como de aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a su objeto.

7.3. Del caso en concretoA 16091

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Como primer punto, sostuvo la apelante que d urante las audiencias se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del investigado, porque no se le habría permitido solicitar y aportar pruebas adecuadamente, no se adoptó una determinación clara sobre

vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del investigado, porque no se le habría permitido solicitar y aportar pruebas adecuadamente, no se adoptó una determinación clara sobre su decreto, sus intervencion es fueron interrumpidas, se restringieron algunas preguntas formuladas a la quejosa y solo se concedieron dos minutos para presentar los alegatos de conclusión.

Sobre este aspecto, estima esta Corporación que no le asiste razón a la apelante porque de la revisión integral de las audiencias se pudo establecer que el disciplinado contó con las oportunidades para aportar y solicitar pruebas, controvertir los elementos allegados en su contra, interrogar a la quejosa y exponer sus argumentos defensivos antes de que se profiriera la sentencia.

Así, se encuentra que desde la audiencia del 5 de julio de 2023 el investigado remitió varios documentos al correo del despacho y, en la sesión del 1° de febrero de 2024, se dejó constancia de la incorporación de diecisiete folios allegados por aquel. Posteriormente, al formularse los cargos el 2 de mayo siguiente, el magistrado le preguntó expresamente si pretendía solicitar o aportar pruebas, a lo que el investigado hizo referencia a las grabaciones de las audiencias, las conversaciones de WhatsApp y los demás documentos que había remitido al despacho.

Frente a esa intervención, el magistrado aclaró que, si tales elementos ya obraban en el expediente, serían tenidos en cuenta al momento de adoptar la decisión y podrían se r utilizados por la defensa en sus alegatos; de lo contrario, debía aportarlos. Al finalizar la diligencia, se

ya obraban en el expediente, serían tenidos en cuenta al momento de adoptar la decisión y podrían se r utilizados por la defensa en sus alegatos; de lo contrario, debía aportarlos. Al finalizar la diligencia, se le reiteró al investigado y a su apoderada que podían consultar elA 16091

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expediente digital y remitir nuevamente cualquier documento que no apareciera incorporado.

Igualmente, se advierte que en la audiencia del 13 de junio de 2024, se dejó constancia de que el documento en formato PDF y las tres grabaciones remitidas por el investigado habían sido incorporados al expediente. Asimismo, al iniciarse la d iligencia del 18 de junio siguiente, se informó a la defensa que cualquier otro documento que enviara sería agregado al plenario.

En cuanto a la declaración de la quejosa, durante la audiencia del 13 de junio el disciplinado afirmó que la había solicitado por escrito y que no se le había permitido sustentarla. Ante la imposibilidad de verificar de inmediato las grabaciones anteriores, el magistrado suspendió la diligencia para establecer si la prueba había sido pedida y se encontraba pendiente de práctica.

Reanudada la audiencia el 18 de junio de 2024, el funcionario indicó que, después de revisar las sesiones anteriores, no encontró que el investigado hubiera solicitado oralmente esa declaración. No obstante,

Reanudada la audiencia el 18 de junio de 2024, el funcionario indicó que, después de revisar las sesiones anteriores, no encontró que el investigado hubiera solicitado oralmente esa declaración. No obstante, con el propósito de garantizar su derecho de d efensa, dispuso su recepción y permitió que aquel interrogara directamente a la quejosa antes de la presentación de los alegatos de conclusión, oportunidad en la que le preguntó por la devolución de los documentos, el período de convivencia de la quejosa con el causante, el lugar donde este residía, la fecha de su fallecimiento y la relación de aquella con Gabriel García.

Sobre las interrupciones alegadas, se observa que estuvieron orientadas, principalmente, a precisar la naturaleza de las solicitudes, establecer si los documentos ya obraban en el expediente y delimitar las preguntas relacionadas con los cargos.A 16091

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En cuanto a los alegatos de conclusión, se encuentra que si bien el magistrado pidió a la defensora concretar su intervención y expresó que contaba con un máximo de dos minutos, esa indicación se produjo cuando aquella ya venía sustentando sus alegaciones. Por consiguiente, la referencia a los dos minutos no supuso la supresión de la oportunidad para alegar ni impidió exponer los aspectos central es de la defensa pues la diligencia muestra que la apoderada desarrolló su postura acerca de la inexistencia de mandato

Por consiguiente, la referencia a los dos minutos no supuso la supresión de la oportunidad para alegar ni impidió exponer los aspectos central es de la defensa pues la diligencia muestra que la apoderada desarrolló su postura acerca de la inexistencia de mandato o contrato, el carácter meramente consultivo de la relación, la falta de requisitos para la sustitución pensional, la devolución del din ero, la entrega de los documentos, la presunción de inocencia, la necesidad de la prueba y la ausencia de responsabilidad disciplinaria.

Todo lo anterior, evidencia que se le respetaron las garantías constitucionales al investigado, quien pudo rendir versión libre, aportar documentos, explicar su finalidad, intervenir en la práctica de las declaraciones, interrogar a la quejosa y presentar alegatos de conclusión, de manera que no se advierte una afectación sustancial de sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción.

Como segundo punto, sostuvo la apelante que las fallas de conexión presentadas durante la audiencia inicial y el hecho de que el magistrado mantuviera apagada la cámara durante algunos momentos afectaron la continuidad e inmediación d e la diligencia. Asimismo, cuestionó que, una vez finalizada, hubiera quedado abierto el micrófono de la quejosa y se escucharan dos voces femeninas realizando comentarios despectivos sobre el investigado, una de las cuales presuntamente correspondía a su hija, quien había sido convocada como testigo.A 16091

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Sobre este aspecto, tampoco le asiste razón a la recurrente ya que si bien el registro de la audiencia del 5 de julio de 2023 da cuenta de algunas dificultades técnicas al momento de establecer la comunicación, estas fueron superadas antes de iniciar materialmente la diligencia y no impidieron la intervención de los sujetos procesales.

Por esa razón, el hecho de que la imagen del magistrado no hubiera permanecido visible durante unos minutos no comportó el desconocimiento de los principios de continuidad e inmediación puesto que el funcionario presidió la diligencia, escuchó directamente las intervenciones y mantuvo comunicación con los participantes, mientras que el investigado pudo conocer los señalamientos formulados en su contra y ejercer su defensa.

Conviene destacar que el principio de inmediación no exige que en una audiencia virtual la transmisión de video permanezca invariable ante cualquier contingencia técnica, sino que el funcionario tenga contacto directo con los actos procesales relevantes y pueda percibir las intervenciones y pruebas practicadas. Del mismo modo, la continuidad no se desconoce por una interrupción momentánea destinada a corregir problemas de conexión, cuando estos se solucionan op ortunamente y la actuación prosigue sin pérdida de su contenido esencial, tal y como ocurrió en este caso.

Tampoco se advierte una irregularidad procesal derivada de los comentarios registrados una vez finalizada la diligencia ya que esas manifestaciones se produjeron después de concluida la actuación

contenido esencial, tal y como ocurrió en este caso.

Tampoco se advierte una irregularidad procesal derivada de los comentarios registrados una vez finalizada la diligencia ya que esas manifestaciones se produjeron después de concluida la actuación formal, por personas ajenas a la dirección de la audiencia y como consecuencia de que el micrófono de la quejosa permaneció abierto. Por tanto, no hicieron parte de su declaración ni incidieron en el desarrollo de la versión libre del disciplinado.A 16091

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De igual manera, la circunstancia de que una de las voces presuntamente perteneciera a la hija de la quejosa no tuvo incidencia probatoria, pues, aunque había sido convocada para comparecer a una audiencia posterio r, finalmente no rindió declaración dentro del proceso.

En consecuencia, los comentarios escuchados no pudieron afectar la espontaneidad, independencia o credibilidad de un testimonio que nunca fue practicado.

Frente al tercer reparo, relativo a la insuficiente individualización de los fundamentos fáctico, jurídico y subjetivo de las conductas, se advierte que tanto el pliego de cargos como la sentencia de primera instancia delimitaron con claridad los dos reproches formulados. El primero consistió en qu e el abogado dejó de adelantar, durante aproximadamente un año, la gestión encomendada para obtener la sustitución pensional, conducta subsumida en la falta prevista en el

consistió en qu e el abogado dejó de adelantar, durante aproximadamente un año, la gestión encomendada para obtener la sustitución pensional, conducta subsumida en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e imputada a título de culpa. El se gundo se concretó en que, pese a haber recibido los documentos necesarios

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