CNDJ - 117.CONFLICTO DE COMPETENCIA-DECLARA QUE LA COMPETENCIA CORRESPONDE a la hoy

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero dos mil veintitrés (2023) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 110010802000202200481 00 Aprobado según Acta No. 01 de la misma fecha Referencia: Conflicto de competencia al interior de la Jurisdicción Disciplinaria ASUNTO A DECIDIR Negado el proyecto presentado por el doctor JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA1, procede esta Comisión a decidir el conflicto negativo de competencias suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, para proferir la sentencia al interior del proceso disciplinario con radicado No. 520011102000201900268-00 adelantado en contra la doctora Nancy Josefina Villarreal Coral, en su condición de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto. ACTUACIONES PROCESALES En la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño se tramitó el proceso radicado con el número 52001110200020180026800 contra Nancy Josefina Villarreal Coral en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto, producto de la remisión que hiciera el 16 de mayo de 2019 la presidenta del Comité Seccional de Convivencia Laboral de 1 Sala No. 82 del 26 de octubre de 2022 1 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA la queja impetrada por Edelmira Castillo Martínez en su condición de oficial mayor, por el supuesto maltrato, discriminación, persecución e inequidad laboral. Como consecuencia de dicho proceso disciplinario, con auto del 19 de julio de 2019 se abrió investigación disciplinaria y posteriormente en auto del 30 de agosto de 2021 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria, para proferirse pliego de cargos el 11 de febrero de 2022, decisión que finalmente fue notificada el 18 de marzo de 2022. En esas circunstancias, el 22 de abril de 2022 se decidió en Sala si lo procedente era proferir fallo o inaplicar el artículo 263 del Código General Disciplinario, por resultar contrario al bloque de constitucionalidad, habiéndose tomado esta alternativa, por lo que el 22 de abril de 2022 se dispuso la remisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca de las diligencias, para que continuara el trámite respectivo, cumpliendo con las disposiciones de los artículos 12 y 239, parágrafo segundo, del Código General Disciplinario. Recibidas las diligencias contra Nancy Josefina Villarreal Coral en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto, en decisión del 23 de mayo de 2022, el magistrado Javier Andrade González en calidad de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca aceptó la colisión de competencia negativa propuesta por la

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y ordenó remitir la actuación al superior funcional para que decidiera acerca de la colisión. 2 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política y del artículo 82 de la Ley 734 de 20022. Del caso concreto. Como se ha observado del recuento de los hechos que han originado estas diligencias, se tiene que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño inaplicó por excepción de inconstitucionalidad, el artículo 263 de la Ley 1952 de 20193 y ordenó remitir las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca. El argumento central de dicha inaplicación por excepción de inconstitucionalidad del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, es el contenido de la sentencia de 8 de julio 2020 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Petro Urrego vs Colombia, concretamente aquel que establece que la concentración de las facultades investigativas y sancionatorias en una misma entidad, característica de los procesos disciplinarios, es incompatible con el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o

dependencias de la entidad de que se trate. 2 Artículo 82 de la Ley 734 de 2002 que establece: “El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, as quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. 3 Artículo 263 de la Ley 1952, modificado por el artículo71 de la Ley 2094 de 2021: A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalada la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley… 3 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA Como en el inciso 1 del artículo 263, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, se establece que aquellos procesos en donde se haya notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo de 2022

seguirán el rito procesal de la Ley 734 de 2002 y como tal normatividad establece la concentración de funciones investigativas y sancionadoras en un mismo funcionario, pues ese artículo es inconvencional y por lo mismo inconstitucional. Esa es la razón, para que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño se considere incompetente para proferir el fallo de rigor en las diligencias adelantadas contra Nancy Josefina Villarreal Coral en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto. Por su parte la Comisión homóloga del Cauca en providencia del 23 de mayo de 2022, resolvió: “1. ACEPTAR la colisión de competencia negativa propuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

2. Remítase la presente actuación en su integridad al Superior Funcional para que decida acerca de esta colisión (…)”.

Lo anterior en virtud de que el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, es claro en el sentido que, si en unas diligencias se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo de 2022, las mismas seguirán el rito establecido en la Ley 734 de 2002. Al respecto, esta Comisión debe dejar sentadas las siguientes premisas que servirán para resolver el conflicto, a saber: 4 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA De acuerdo con la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho y por lo mismo la ley juega un papel preponderante como fuente de derecho, hecho que se encuentra reforzado con el contenido

del artículo 230 del mismo Estatuto, cuando establece en su primer inciso que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, y en su segundo inciso cuando preceptúa que la jurisprudencia sólo es criterio auxiliar de la actividad judicial. En segundo lugar, a diferencia de lo sucede frente a otros procesos y procedimientos, como por ejemplo el penal que está ampliamente constitucionalizado, el procedimiento disciplinario está sometido a la discreción del legislador, razón por la cual éste tiene una amplia libertad de configuración en su estructura. Dentro de la conformación del Estado Colombiano, la Corte Constitucional es la institución encargada de decidir si las leyes son constitucionales o no. Hasta el día de hoy, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la Ley 1952 de 2019 modificada parcialmente por la Ley 2094 de

2021. Dentro de esa libre configuración que tiene el legislador frente al proceso disciplinario, éste resolvió que producto del tránsito legislativo de la Ley 734 de 2002 a la Ley 1952 de 2019 modificada con la Ley 2094 de 2021 y para evitar dificultades procedimentales, aquellas investigaciones disciplinarias en donde el 29 de marzo de 2022 ya se hubiese surtido la notificación del pliego de cargos, continuarán su trámite hasta finalizar, con el procedimiento de la Ley 734 de 2002.

Como ya se mencionó, ni este artículo ni ningún otro de la nueva normatividad han sido objeto de manifestación por parte de la Corte Constitucional. 5

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA Si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, establece la posibilidad de la inaplicación por excepción de inconstitucionalidad de una norma legal, sin embargo, esta Corporación no encuentra incompatibilidad alguna entre la nueva legislación, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, con la Constitución Política, como tampoco con la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por varias razones: en primer lugar porque como ya se refirió la jurisprudencia, y con mayor razón la jurisprudencia de cortes internacionales, son simplemente criterios auxiliares, pero además, porque la sentencia que trae en referencia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, para no seguir adelante con el proceso contra Nancy Josefina Villarreal Coral en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto, se refiere a la destitución de un alcalde, elegido popularmente, situación completamente diferente con la que se plantea en este caso, que es una juez. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los cargos fueron notificados el 18 de marzo de 20224 y que el punto de inflexión establecido en la nueva legislación, se refiere precisamente a que los procesos en donde el 29 de marzo de 2022 ya estuviese notificado el pliego de cargos se seguirán rigiendo por la Ley 734 de 2002, la

conclusión es que en este caso quien debe proferir el fallo respectivo, debía ser la misma autoridad que dictó el pliego de cargos, razón por la cual el presente conflicto de competencia se debe resolver ordenando que la competencia debe seguir en cabeza de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño. Finalmente, no es posible en forma abstracta y general alegar que determinada normatividad procesal es más favorable que otra, sino 4 Expediente digital carpeta “PROCESO” documento PDF “050OficiosNotificacionProvidencia20220318” 6 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA que es necesario que, quien realice tal afirmación le corresponda demostrar en dónde aparecen esas diferencias que hacen que de un estatuto se pueda afirmar que es más favorable frente a otro anterior o posterior. En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, RESUELVE PRIMERO: DIRIMIR el conflicto negativo de competencia surgido al interior de la jurisdicción disciplinaria, entre, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Nariño y Cauca, con ocasión del proceso disciplinario que se adelanta contra Nancy Josefina Villarreal Coral en calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pasto, producto de la remisión que hiciera el 16 de mayo de 2019 la presidenta del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la queja impetrada por Edelmira Castillo Martínez, en el sentido de adscribir su

conocimiento para el trámite y decisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de los intervinientes, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuso de recibo, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría

Judicial. 7 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA TERCERO: REMITIR el presente proceso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y copia de esta providencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca, para su conocimiento. CUARTO. - Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Presidenta

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Vicepresidenta

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado 8 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Magistrado

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado 9 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA

ANTONIO EMILIANO RIVERA BRAVO

Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Bogotá, dieciocho (18) de enero de 2023

Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación n.° 110010802000 2022 00481 00

Sala n.° 001 del 18 de enero de 2023 SALVAMENTO DE VOTO Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, procedemos a exponer las razones por las cuales salvamos voto en la decisión del 23 de noviembre de 2022, mediante la cual esta colegiatura dirimió el conflicto de competencia suscitado entre las comisiones seccionales de disciplina judicial de Nariño y Cauca, resolviendo fijar la competencia para conocer el proceso disciplinario adelantado en contra de la doctora Nancy Josefina Villarreal Coral, titular del Juzgado Primera Penal del Circuito de Pasto, en cabeza de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA Al respecto, encontramos que el proceso disciplinario en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño se tramitó hasta la etapa de formulación y notificación del pliego de cargos, pues esta corporación tenía competencia territorial para investigar la conducta del referido funcionario judicial. Luego, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 y, con esta, de la separación de roles de investigación y juzgamiento, la Seccional de Nariño remitió el proceso a la sala homóloga en el departamento del Cauca, con el fin de dar aplicación a la garantía de división de roles de investigación y juzgamiento. Además, en razón de haberse previsto por el Consejo Superior de la Judicatura la creación de distritos judiciales con el fin de dar aplicación a la garantía, entre ellos, el distrito conformado por los departamentos de Nariño y Cauca. En esta oportunidad, la mayoría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció sobre la competencia para adelantar la etapa de juicio en el proceso disciplinario antes referido, decisión en la que no atendió la regla legal vigente de la garantía de separación de roles o funciones entre el servidor que profiere el auto de cargos y aquel que emite sentencia que pone fin a la instancia. Al respecto, encontramos que esta garantía fundamental contenida en la Ley 1952 de 2019 resultaba plenamente aplicable en el caso sometido a consideración de la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial, a pesar de tratarse de un proceso disciplinario que contaba con auto de cargos notificado antes de entrar en vigor el nuevo Código General Disciplinario, por virtud del control de convencionalidad a cargo de todas las autoridades judiciales del Estado Colombiano y, especialmente, en aplicación del principio de favorabilidad. 11 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA En esa medida, dado que los magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño habían proferido el auto de cargos en contra del disciplinable, es claro que carecían de competencia para conocer la etapa de juzgamiento y, en esa medida, era preciso optar por una interpretación que permitiera aplicar la garantía de la «separación de roles de investigación y juzgamiento en el procedimiento disciplinario». Esta tesis encuentra sustento en los razonamientos que procedemos a exponer: El artículo 29 de la Constitución Política establece la garantía del debido proceso que «se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», entre estas al proceso disciplinario, escenario en el cual la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades5, ha precisado que «debe garantizarse también en las actuaciones administrativas, especialmente en aquellas que son una manifestación del poder punitivo estatal, como sucede con el procedimiento disciplinario, en razón de los derechos que se encuentran en juego en dicho escenario procesal»6 [Negrillas fuera de texto]. En ese sentido, enunció entre los «componentes específicos del

debido proceso disciplinario, “(i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii) el 5 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-029 de 2001, MP: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.: «17. Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que la potestad sancionadora de la administración es una de las expresiones del poder punitivo del Estado y comprende diversas especies[70], entre las que se encuentra el derecho disciplinario. Este último, comprende “(…) el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. De este modo, se trata de una función inherente a la actividad estatal». 6 Ver, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-029 de 2001, MP: GLORIA STELLA ORTIZ

DELGADO.

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de imparcialidad»7 [Negrillas fuera de texto]. Puestas así las cosas, para los suscritos magistrados los derechos al juez imparcial, a la presunción de inocencia y al debido proceso no

solo gozan de reconocimiento constitucional sino que además han sido desarrollados y aplicados por la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad, inclusive empleando normas internacionales que se integran al bloque de constitucionalidad. Ahora bien, la novedad realmente está representada por la introducción de la garantía de separación de roles a partir del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme al cual la concentración de las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias en el proceso disciplinario vulnera la obligación internacional de respetar el artículo 8 de la Convención Americana, relativo a las «garantías judiciales». Así las cosas, en observancia de la decisión proferida en el caso Petro Urrego vs Colombia, el legislador, en el artículo 3.° de la Ley 2094 de 2021, con el objeto de garantizar los postulados ius fundamentales del juez imparcial, la presunción de inocencia y el debido proceso del sujeto disciplinable, estableció que «[e]n el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento». 7 Ver, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-029 de 2001, MP: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. «En este sentido, en el ámbito del derecho disciplinario, la Sentencia C-555 de 2001 destacó que, a pesar del amplio margen de regulación que se atribuye al Legislador en esta materia, este debe propender por las garantías “(…) de los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o

procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”. [negrillas para destacar]». 13 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA En la misma línea, el artículo 61 ejusdem modificó el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019 del régimen disciplinario especial de los funcionarios de la Rama Judicial, concibiéndose lo siguiente: […] PARÁGRAFO 2o. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial podrán dividirse internamente en salas o subsalas, para poder dar cumplimiento a las garantías que se implementan en esta ley. En todo caso el funcionario que investiga debe ser diferente al que juzga [Negrillas fuera del texto original]. Nótese que la garantía de la «separación de roles de investigación y juzgamiento en el procedimiento disciplinario» fue fijada por el legislador para dar cumplimiento a los artículos 29 y 93 de la Carta Política en armonía con la interpretación dada al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, entre los planteamientos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño al declararse sin competencia para adelantar le etapa de juicio en el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Ossa Quintero, se destaca la excepción de inconstitucionalidad frente a la aplicación del artículo 263 de la Ley

1952 de 2019 y, en esa línea, la aplicación inmediata, por principio de favorabilidad, de la garantía de división de los roles de investigación y juzgamiento. En respuesta a este planteamiento, la decisión de la cual nos apartamos sencillamente reiteró la tesis contenida en decisión aprobada también en forma mayoritaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 13 de julio del presente año, conforme a la cual: 14 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA […] esta Corporación no encuentra incompatibilidad alguna entre la nueva legislación, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, con la Constitución Política, como tampoco con la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por varias razones: en primer lugar porque como ya se refirió la jurisprudencia, y con mayor razón la jurisprudencia de cortes internacionales, son simplemente criterios auxiliares, pero además, porque la sentencia que trae en referencia la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, para no seguir adelante con el proceso contra la señora Juez Ojeda Jurado, se refiere a la destitución de un alcalde, elegido popularmente, situación completamente diferente con la que se plantea en este caso, que es un juez. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los cargos fueron notificados el 18 de marzo y que el punto de quiebre establecido en la nueva legislación, se refiere precisamente a que los procesos en

donde el 29 de marzo de 2022 ya estuviese notificado el pliego de cargos se seguirán rigiendo por la Ley 734 de 2002, la conclusión es que en este caso quien debe proferir el fallo respectivo, deba ser la misma autoridad que produjo el pliego de cargos, razón por la cual el presente conflicto de competencia se debe resolver ordenando que la competencia debe seguir en cabeza de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño. Finalmente, no es posible en formar abstracta y general alegar que determinada normatividad procesal es más favorable que otra, sino que es necesario que, quien se aventure a realizar tal afirmación le corresponda demostrar en dónde aparecen esas diferencias que hacen que de un estatuto se pueda afirmar que es más favorable frente a otro anterior o posterior. Al respecto, aunque encontramos constitucional el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 y, en consecuencia, la excepción de inconstitucionalidad planteada por la referida Comisión seccional carece de fundamento, es claro que la interpretación de las normas por la que optó la mayoría en la decisión de la cual nos apartamos resulta ajena al principio conforme al cual: «[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable». Lo anterior, porque al ser el derecho disciplinario una especie del Ius puniendi, le es aplicable mutatis mutandi dicha limitación interpretativa 15 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA propia del derecho penal frente a normas que regulan la vigencia de una ley como lo es el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019. Al respecto, la Corte Constitucional explicó que las normas que regulan la vigencia de una ley en materia sancionatoria únicamente tienen por objeto «la determinación de la fecha en que debe entrar en vigencia una ley»8 a partir de su naturaleza general, impersonal, y abstracta. Así, es el juez competente en cada caso particular y concreto, privativamente a quien le corresponde determinar la norma que resulta más beneficiosa o favorable al procesado a partir del postulado consignado en el artículo 29 superior pese a lo regulado en la norma transitoria. Al respecto, la alta corporación determinó expresamente lo siguiente: La jurisprudencia de esta Corte ha expuesto que para la aplicación de esta garantía en materia penal no existe distinción entre normas sustantivas y procesales, en razón a que el texto constitucional no establece tal diferenciación. Así mismo ha señalado que la aplicación del principio de favorabilidad es tarea que compete al juez de conocimiento en cada caso particular y concreto, pues solo a él corresponde determinar la norma que más beneficia o favorece al procesado, lo cual no quiere decir que la decisión deba ser siempre en favor de quien lo invoca. Esto significa que el referido principio no es predicable frente a normas generales, impersonales y abstractas. En relación con su naturaleza de derecho fundamental de aplicación inmediata y su carácter intangible, ha explicado esta Corte que tales atributos implican que puede exigirse o solicitarse su aplicación en cualquier momento, pero con la condición de que la nueva

ley más favorable se encuentre rigiendo. Ahora bien, resulta relevante para el caso que nos ocupa, reiterar que el principio de favorabilidad conserva plena efectividad frente a normas que regulan la vigencia de una ley. Así, la jurisprudencia constitucional ha sostenido la compatibilidad de normas que establecen la vigencia de un nuevo estatuto o de una nueva regulación penal con el principio de favorabilidad en desarrollo no solo de la cláusula general de competencia asignada por el constituyente al legislador de 8 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-225/19, MP: Antonio José Lizarazo Ocampo. 16 C - 6667

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REF. CONFLICTO DE COMPETENCIA “hacer las leyes”, sino igualmente en virtud de la amplia libertad de configuración normativa en la materia a él reconocida, de manera que la determinación de la fecha en que debe entrar en vigencia una ley penal, es un asunto que compete al órgano legislativo9 [Negrillas en el texto original]. De ahí que, las normas que regulan la vigencia de una ley aplicable a una de las especies del derecho sancionador, como el derecho disciplinario, no pueden reputarse como inconstitucionales por el simple hecho de no contemplar casos en los que resultaría más favorable la aplicación de otra disposición como lo es la garantía de «separación de roles de investigación y juzgamiento en el procedimiento disciplinario», toda vez que es el juez de conocimiento a través del principio de favorabilidad quien determina su aplicación

según sea el caso. Frente a este punto, la Corte Constitucional precisó que el «precepto que prevé la vigencia de las normas hacia el futuro, o que precisa aspectos temporales en la aplicación de una reforma, se limita a hacer expreso el principio de irretroactividad de la ley penal como expresión del principio de legalidad»10. En consecuencia, el «señalar la vigencia hacia el futuro de una normatividad de contenido penal –procesal o sustantivo–, no obstaculiza ni restringe la aplicación inmediata del principio de favorabilidad, que debe ser objeto de examen y aplicación por parte del juez»11 [Negrillas fuera de texto]. Incluso, en los casos en los que la norma quizás, por garantizar la seguridad jurídica, definió un término o momentum procesal específico en materia disciplinaria, el intérprete está plenamente facultado al amparo del principio de favorabilidad para aplicar una garantía que 9 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-225/19, MP: Antonio José Lizarazo Ocampo. Consultar también Sentencias C-084 de 1996, C-581 de 2001 y C-371 de 2011, entre otras.