CNDJ - 13001110200020220138601

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 13001110200020220138601
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA

WALTEROS Radicación No. 130011102000202201386 01 Aprobado según Acta N. 29 de la fecha.

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Negado el proyecto presentado por el doctor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo 1 procede la Comisión a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 16 de abril de 2024 2 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bolívar3, en la que resolvió SANCIONAR al abogado HEMBER BAÑOS MORALES, con SUSPENSIÓN por el término de CUATRO (4) MESES al incurrir en falta a la debida diligencia profesional del artículo 37 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007 en desconocimiento del deber previsto en el artículo 28 numeral 10 ibidem, a título de culpa.

SITUACIÓN FÁCTICA

La investigación disciplinaria tuvo origen en la compulsa de copias ordenada por el Juzgado 13 Civil Municipa l de Cartagena, contra el abogado HEMBER BAÑOS MORALES quien en su calidad curador

1 En Sala 027 del 12 de agosto de 2026. 2 Archivo 093 de la carpeta de primera instancia. 3 MP. Derys Villamizar Reales y Jorge Andrés Rojas UrreaA 16224

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1 En Sala 027 del 12 de agosto de 2026. 2 Archivo 093 de la carpeta de primera instancia. 3 MP. Derys Villamizar Reales y Jorge Andrés Rojas UrreaA 16224

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COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 130011102000202201386 01

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ad litem de los demandados no propuso la excepción de prescripci ón de la acción cambiaria directa en favor de sus representados.

ACREDITACIÓN DEL DISCIPLINABLE Y ANTECEDENTES

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 4 de mayo de 2023 4, se constató que HEMBER BAÑOS MORALES, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 9.269.613, y se encuentra inscrit o como abogad o, titular de la tarjeta profesional No. 92616, documento que a la fecha se encontraba vigente.

Asimismo, mediante certificado No. 3998058 del 16 de enero de 20245 el secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dejó constancia que el investigado no contaba con sanciones disciplinarias vigentes.

RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación.

El asunto fue asignado por acta de reparto el 14 de octubre de 2022 6 al Magistrado Jesús Antonio Silva Urriago de la Comisión Seccional de

1.- Etapa de investigación y calificación.

El asunto fue asignado por acta de reparto el 14 de octubre de 2022 6 al Magistrado Jesús Antonio Silva Urriago de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, quien luego de verificar la calidad de disciplinable de la encartada, emitió auto del 28 de abril de 2023 7 con el que dispuso la apertura de proceso disciplinario , y fijó audiencia de pruebas y calificación provisional para el 16 de mayo de

4 Archivo 04 de la carpeta virtual de primera instancia 5 Archivo 18 de la carpeta virtual de primera instancia 6 Archivo 02 de la carpeta virtual de primera instancia 7 Archivo 007 de la carpeta virtual de primera instancia.A 16224

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2023 y libró las respectivas notificaciones; la cual fue reprogramada para el 30 de junio siguiente.

2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.

El memorado acto procesal se desarrolló en las sesi ones celebradas los días 30 de junio de 2023 8 y 12 de enero de 2024 9 en las cuales se efectuaron las siguientes actuaciones:

En audiencia del 30 de junio de 2023 , se escuchó en versión libre al investigado en los siguientes términos:

Sostuvo que fue designado como curador ad litem al interior del proceso ejecutivo

efectuaron las siguientes actuaciones:

En audiencia del 30 de junio de 2023 , se escuchó en versión libre al investigado en los siguientes términos:

Sostuvo que fue designado como curador ad litem al interior del proceso ejecutivo en el cual fue diligente porque aceptó la designación del cargo y además presentó la “contestación de la demanda”. Así mismo, aseguró que la compulsa invade el fuero interno de su ejercicio de la profesión pues el oficiante le exigió una actuación especifica.

En a udiencia del 12 de enero de 2024 , el a quo calificó provisionalmente la actuación con formulación de cargos en los siguientes términos:

Imputación jurídica: el abogado al parecer incurrió a título de culpa en la falta contemplada en el artículo 37 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007, al “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional” en desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 10º ibidem.

8 Archivo 11, de la carpeta virtual de primera instancia. 9 Archivo 17, de la carpeta virtual de primera instancia.A 16224

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Imputación fáctica: presuntamente e l investigado en su calidad de curador ad litem dentro del proceso ejecutivo No. 20190339 que cursó

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Imputación fáctica: presuntamente e l investigado en su calidad de curador ad litem dentro del proceso ejecutivo No. 20190339 que cursó en el Juzgado 13 Civil Municipal de Cartagena dejó de hacer las diligencias propias de la actuación profes ional 20190, dado que no presentó la excepción de prescripción de la acción cambiar ia pese a que estaban dados los presupuestos legales para alegarla.

Se concedió el uso de la palabra al abogado disciplinable, quien solicitó como prueba la declaración de l Juez 13 Civil Municipal de Cartagena, con el propósito de cuestionar la omisión que, en su criterio, habría incurrido dicho funcionario al no declarar la nulidad al advertir una eventual falta de defensa técnica. La solicitud probatoria fue negada por im procedente, decisión frente a la cual el letrad o no interpuso recurso alguno.

Etapa de juzgamiento.

Se llevó a cabo en sesión del 16 de febrero de 2024 10 en la cual, el disciplinable presentó sus alegatos de conclusión en los siguientes términos:

En primer lugar, hizo referencia la indubio pro disciplinado pues contrario a lo afirmado por el juzgado oficiante en la compulsa, una vez fue designado como curador ad litem dentro del proceso ejecutivo, atendió el llamado de la designación en el cargo y “contestó la demanda” de manera oportuna; por consiguiente, consideró que no desatendió el deber de atender con celosa diligencia el encargo designado.

A su turno, manifestó que el precedente citado por la magistrada seccional para la

consideró que no desatendió el deber de atender con celosa diligencia el encargo designado.

A su turno, manifestó que el precedente citado por la magistrada seccional para la formulación de cargos versa sobre un hecho diferente en tanto en dicho asunto el curador no se notificó y no presentó excepciones

10 Archivo 26 de la carpeta virtual de primera instancia.A 16224

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De igual forma, reprochó que el despacho no hubiera solicitado la copia de la escritura pública y tampoco llamó a l funcionario que efectuó la compulsa para que ratificara la queja en tanto el escrito de compulsa no era una prueba. Agregó que, una vez el Juez advirtió que no se presentó la excepción de prescripción omitió decretar la nulidad por violación al derecho de defensa técnica.

Finalmente, pr ecisó que al no existir en el expediente la copia del proceso ejecutivo, no había prueba alguna que acreditara su responsabilidad disciplinaria, pues en el auto de apertura ni en las audiencias de pruebas y calificación tampoco decretó de oficio tal prueba. Invocó los salvamentos de votos de los Magistrados Rodríguez Tamayo y Sampedro Arrubla del 14 de diciembre de 2022 en donde al unísono concluyeron que para la configuración de la falta a la debida diligencia

Rodríguez Tamayo y Sampedro Arrubla del 14 de diciembre de 2022 en donde al unísono concluyeron que para la configuración de la falta a la debida diligencia debía determinarse si el abogado en cali dad de curador ad litem se notificó y “contestó la demanda” dentro de la oportunidad legal, y no si existía una declaración de prescripción ejecutiva.

LA DECISIÓN APELADA

Mediante sentencia del 16 de abril de 2024 11 proferida por la Comisión Seccional de Disci plina Judicial de Bolívar 12, en la que resolvió SANCIONAR al abogado HEMBER BAÑOS MORALES , con SUSPENSIÓN por el término de CUATRO (4) MESES al incurrir en falta a la debida diligencia profesional del artículo 37 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007, en descon ocimiento del deber previsto en el artículo 28 numeral 10 ibidem, a título de culpa.

Respecto de la tipicidad, la Seccional sostuvo que de la revisión de l proceso ejecutivo No. 20190039900, que fue debidamente incorporado al proceso disciplinario se conc luía que el investigado en calidad de curador ad litem, el 15 de junio de 2022 radicó las excepciones previas. Sin embargo, dejó de alegar la excepción de prescripción de la acción cambiaria. oposición de los intereses presentados por el accionante; pese a que cuando el jurista asumió la designación se acreditaban estaban todos los presupuestos para alegar tal excepción.

11 Archivo 093 de la carpeta de primera instancia. 12 MP. Derys Villamizar Reales y Jorge Andrés Rojas UrreaA 16224

acreditaban estaban todos los presupuestos para alegar tal excepción.

11 Archivo 093 de la carpeta de primera instancia. 12 MP. Derys Villamizar Reales y Jorge Andrés Rojas UrreaA 16224

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En ese sentido, se comprobó fuera de toda duda , que el disciplinable incurrió en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1° de la Le y 1123 de 2007, en cuanto, dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional.

En lo que respecta a la antijuridicidad, sostuvo que el disciplinable se sustrajo de cumplir con el deber profesional consagrado en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pues dejó de alegar la excepción de prescripción pese a resultar palmaria.

Respecto de la culpabilidad, el a quo consideró que la conducta desplegada por el investigado, la realizó en la modalidad de culpa , por cuanto infringió el deber objetivo de cuidado , en la medida que no actuó con la diligencia y cuidado exigible.

Para la graduación de la sanción, el a quo tuvo en cuenta i) la modalidad culposa de la conducta, ii) la trascendencia social, en tanto el abogad o actuaba en calidad de curador ad litem, iii) perjuicio

Para la graduación de la sanción, el a quo tuvo en cuenta i) la modalidad culposa de la conducta, ii) la trascendencia social, en tanto el abogad o actuaba en calidad de curador ad litem, iii) perjuicio causado y daño patrimonial, dado que “los demandados perdieron la oportunidad de finiquitar la existencia de la obligación y por el contrario, se ven some tidos a soportar el posible proferimiento de medidas cautelares en su contra” y menoscabo económico “a quienes fueron sus representados ”. En consecuencia, la Sala impuso la sanción de suspensión por el término de cuatro (4) meses, al considerarla necesaria, proporcional y razonable.

DE LA APELACIÓNA 16224

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El recurso fue interpuesto el 25 de abril de 2024 13 el disciplinado, quien, en su escrito, desarrolló los siguientes argumentos, así:

1. Principio de buena fe e insistencia del principio de indubio pro disciplinado . Sostuvo que de manera diligente, dentr o de los términos legales aceptó y se posesionó el cargo de curador ad litem al interior del proceso ejecutivo. Así mismo, aseguró que fue diligente por cuanto presentó la “contestación de la demanda” dentro del tiempo legal pese a no haber tenido comunicación con los demandados ni acceso a información

ad litem al interior del proceso ejecutivo. Así mismo, aseguró que fue diligente por cuanto presentó la “contestación de la demanda” dentro del tiempo legal pese a no haber tenido comunicación con los demandados ni acceso a información adicional.

2. Indebida tipificación de la conducta. Afirmó que no existía uno correspondencia entre el verbo rector -dejar de hacer - el deber presuntamente vulnerado y la conducta, pues no dejó de hacer las gestiones como curador ad litem , en tanto aceptó el cargo y contestó la demanda dentro del término legal. Aseguró, además, que dichas actuaciones que de conformidad con la providencia del 19 de agosto de 2021 con radicado 23001110200020190006201 con ponencia de la magistrada Magda Acosta, constituyen actos de diligencia. A su juicio, la primera instancia habría confundido la ausencia de presentación de la excepción de prescripción con una desatención de los deberes profesionales, sin establecer de qué manera esa omisión encajaba en alguno de los verbos rectores de la falta imputada.

13 Archivo 31 de la carpeta virtual de primera instancia.A 16224

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3. Antijuridicidad de la conducta. sostuvo que no se acreditó una afectación sustancial del deber funcional. En su criterio, la actuación desplegada como curador ad litem estuvo prec edida

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3. Antijuridicidad de la conducta. sostuvo que no se acreditó una afectación sustancial del deber funcional. En su criterio, la actuación desplegada como curador ad litem estuvo prec edida de buena fe y de diligencia, particularmente porque atendió la designación y contestó oportunamente la demanda. Asimismo, controvirtió la apreciación de la primera instancia según la cual su omisión habría ocasionado un perjuicio a los demandados, pues consideró que no estaba demostrado que la excepción de prescripción necesariamente hubiese prosperado ni que su formulación hubiera producido el resultado pretendido.

4. Culpabilidad. Explicó que no actuó con dolo ni culpa, sino con la voluntad de cumplir el encargo judicial y garantizar la representación de personas que no habían comparecido al proceso. Por ello, consideró que la sola constatación de que no formuló la excepción de prescripción no permitía tener por demostrada la culpabilidad disciplinaria.

5. Proporcionalidad de la sanción . Señaló que la primera instancia no habría valorado circunstancias que debieron ser tenidas en cuenta como factores de atenuación, entre ellas, i) la ausencia de antecedentes disciplinarios, ii) su actuación de buena fe, iii) la aceptación del cargo y la contestación oportuna de la demanda. De igual manera, invocó el principio de igualdad y aportó como referente varias decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en las que, frente a conductas que, según afirmó, guardaban similitud con la investigada, se impusieron sanciones de censura o se redujeron sanciones de

y aportó como referente varias decisiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en las que, frente a conductas que, según afirmó, guardaban similitud con la investigada, se impusieron sanciones de censura o se redujeron sanciones de suspensión. Adicionalmente, indicó que no generó ningún perjuicio económico a patrimonial a sus representados, pues aúnA 16224

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contaban con mecanismos jurídicos para resolver el asunto, como la nulidad de lo actuado. Con fundamento en ello, solicitó su absolución o, subsidiariamente, la disminución de la sanción a censura.

TRÁMITE DEL RECURSO

Notificada la providencia el 23 de abril de 2024 a los coreos electrónicos del investigado y el representante del Ministerio Público ; el disciplinable presentó recurso de alzada el 25 de abril de siguiente mediante correo electrónico, es decir, en término, por lo que se concedió y se ordenó el envío a esta Comisión, mediant e constancia del 18 de mayo de 202414.

RECUENTO PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante acta individual de reparto del 10 de julio de 2025 15, le correspondió el conocimiento de la s diligencias al despacho del magistrado Mauricio Fernando Tamayo Rodríguez de la Comisión

Mediante acta individual de reparto del 10 de julio de 2025 15, le correspondió el conocimiento de la s diligencias al despacho del magistrado Mauricio Fernando Tamayo Rodríguez de la Comisión Nacional de Disciplina J udicial, pero cuya ponencia fue negada en Sala No. 011 del 8 de abril de 2026.

Igualmente, mediante acta de novedad de reparto del 9 de abril de 2026 se asignaron por reparto las presentes diligencias a quien aquí funge como ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

14 Archivo 38 de la carpeta virtual de primera instancia. 15 Archivo 001 de la carpeta virtual de segunda instancia.A 16224

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1.- De la competencia . Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 7 A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Igualmente, es competente en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio de la misma disposición que señala que: “ (…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinar ia del

transitorio de la misma disposición que señala que: “ (…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinar ia del Consejo Superior de la Judicatura ”. Lo anterior, en armonía con l o establecido en el artículo 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996 16, y lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

2.- Procedencia del recurso de apelación y legitimación de los intervinientes para recurrir. El medio vertical es procedente contra la sentencia de primera instancia emitida en los procesos disciplinarios adelantados contra los profesionales del derecho, de acuerdo con lo reglamentado en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007:

«ARTÍCULO 81. RECURSO DE APE LACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia». (Negrilla fuera del texto original).

A su turno, respecto a los intervinientes en un proceso disciplinario, el artículo 65 de la citada ley, determina que ellos son: el investigado, su defensor o su suplente y el Ministerio Público y, seguidamente, en

16 Modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024.A 16224

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el artí culo 66 de la misma normat iva, se establecen las facultades que tienen estos, dentro de las cuales se encuentra, en el numeral 2°, la de interponer los recursos de ley.

3.- Del caso concreto. Procederá esta Comisión a revisar cada uno de los argumentos e xpuestos por el disciplina do en su escrito de apelación, para determinar si estos revisten la contundencia suficiente que obliguen a revocar la decisión apelada, o si, por el contrario, no prestan mérito para desvirtuar la misma. N o obstante, es válido recordar que el operador judi cial en segunda instancia solo está habilitado para analizar las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.

De manera que «si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del super ior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación»17.

A continuación, se procederá a de satar los argumentos q ue sustentaron en el recurso de apelación, agrupados de la siguiente manera por efectos metodológicos y guardar relación entre sí.

3.1.- Indebida tipificación de la conducta , principio de buena fe e insistencia del principio de indubio pro disciplinado.

manera por efectos metodológicos y guardar relación entre sí.

3.1.- Indebida tipificación de la conducta , principio de buena fe e insistencia del principio de indubio pro disciplinado.

17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C -968 del 21 de octubre de 2003. Magistrada

Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente; D-4607.A 16224

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Por un lado, el apelante sostuvo que actuó diligentemente al aceptar y posesionarse dentro de los términos legales del cargo de curador ad litem que le fue conferido en el proceso ejecutivo. Asimismo, afirmó que cumplió oportunamente con las gestiones propias del encargo, en particular, al presentar la “contestación de la demanda” dentro del término legal, pese a no haber tenido comunicación con l os demandados ni acceso a información adicional a la obrante en el expediente.

En primer lugar, debe tenerse de presente que la Corte Constitucional en sentencia T-299 de 2005, respecto al ejercicio del cargo de curador ad litem y la presentación de la ex cepción de prescripción de la acción cambiaria, sostuvo lo siguiente:

La figura del cur ador ad litem tiene por fin brindar representación al que no concurre al proceso – de manera inadvertida o intencionalmente – con el objeto de

cambiaria, sostuvo lo siguiente:

La figura del cur ador ad litem tiene por fin brindar representación al que no concurre al proceso – de manera inadvertida o intencionalmente – con el objeto de garantizarle su derecho a la defensa. De acuerdo con el artículo 46 del C.P.C., el curador “está facultado para r ealizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.” Ello indica que el curador ad litem está autorizado para realizar todas las actuaciones tendientes a proteger los intereses de su representado, dentro de las cuales se encuentra obviamente la proposición de una excepci ón de mérito destinada a que se declare que la acción cambiaria ha prescrito . Pues, al fin y al cabo, ¿qué puede ser más favorable a un demandado que obtener que se declare que la acción que se podría intentar contra él ya ha fenecido? (…) En un caso como el presente, el curador ad litem está llamado a representar los intereses del demandado y dentro de esa tarea cabe presentar las excepciones que favorezcan a la parte que él apodera, de acuerdo con su estrategia de defensa. (Negrilla fuera del texto original)

En segundo lugar , resulta necesario indicar que conformidad con el artículo 789 de l Código de Comercio, «la acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento»; término que se interrumpe con la presentación de la demanda, siempre que seA 16224

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interrumpe con la presentación de la demanda, siempre que seA 16224

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cumplan el presupuesto legal dispuesto en el artículo 94 del Código General del Proceso, que dispone que:

“Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre q ue el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año co ntado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sol o se producirán con la notificación al demandado . (Negrilla fuera del texto original)

En ese sentido, se concluye que la sola presentación de la demanda no produce, por sí misma, la interrupción del término de prescripción de la acción cambiaria , pues es te efecto se encuentra condicionado al cumplimiento de las cargas procesales relacionadas con la notificación del mandam iento de pago. Efectivamente, la interrupción se entiende producida desde la fecha de presentación de la demanda , solo si, el ejecutante logra notificar al demandado el mandamiento de pago dentro del año siguiente a su notificación al demandante. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado:

la demanda , solo si, el ejecutante logra notificar al demandado el mandamiento de pago dentro del año siguiente a su notificación al demandante. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha considerado:

“(…) la interrupción civil no se consuma con la mera inte rposición de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado , salvo que como lo h a señalado esta corporación, “el retardo en notificar a éste no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado enc argado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda”18

Ahora bien, en el caso en concreto, resulta necesario precisarle al recurrente que el reproche disciplinario se circunscribió exclusivamente en que el letrado dejó de alegar la excepción de

18 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia STC15474-2019. Radicación n. 23001-22-14-000-201900141-01 del 14 de noviembre de 2019.A 16224

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prescripción de la acción cambiaria, pese a que estaban todos los presupuestos para alegar tal excepció n y resultaba relevante para la

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prescripción de la acción cambiaria, pese a que estaban todos los presupuestos para alegar tal excepció n y resultaba relevante para la protección de los intereses del extremo pasivo. En sentido, la primera instancia no cuesti onó al letrado hecho alguno respecto a la aceptación del nombramiento como curador ad litem, pues en el expediente se acreditó que el inculpado aceptó y tomó posesión del encargo dentro del término legal.

Por tanto, la aceptación del cargo de curador ad litem y “contestación de la demanda” por parte del investigado, aunque acreditan el cumplimiento de determinadas obligaciones inherente s a la designación, no desvirtúan por sí mismas el reproche específico que le fue formulado, referido a la omisión de una gestión procesal que, en criterio de la primera instancia, resultaba necesaria para el adecuado ejercicio de la defensa encomendada. Luego, este argumento de alzada no está llamado a prosperar.

Por otro lado, el recurrente afirmó que no existía uno correspondencia entre el verbo rector -dejar de hacer -, el deber presuntamente vulnerado y la conducta, pues no se dejaron de hacer las gest iones como curador ad litem en tanto aceptó el cargo y contestó la demanda dentro del término legal. Aseguró que dichas actuaciones que de conformidad con la providencia del 19 de agosto de 2021 con radicado 23001110200020190006201 con ponencia de la magis trada Magda Acosta, constituyen actos de diligencia.

En ese sentido, se precisa que el único hecho atribuido al disciplinado

23001110200020190006201 con ponencia de la magis trada Magda Acosta, constituyen actos de diligencia.

En ese sentido, se precisa que el único hecho atribuido al disciplinado desde la formulación de cargos y por el cual fue sancionado en laA 16224

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sentencia consistió en que, en el

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