CNDJ - 13001110200020230026501
Detalles
- Título
- CNDJ - 13001110200020230026501
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A 16257
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de 2026
Magistrado Ponente: MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 130011102000 2023 00265 01
Aprobado, según acta de sala ordinaria n.º 029 de la fecha
Criterios normativos: artículo 37 numeral 1.º de la Ley 1123 de 2007
Criterio subjetivo: abogado en apelación Criterio nominal: indiligencia –el no pago de honorarios no es causal de justificación de la antijuricidad.
1. ASUNTO POR TRATAR
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de sus competencias consignadas en el art ículo 257 A de la Constitución Política de Colombia 1, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio2, en contra de la sentencia del 21 de febrero de 2025 3, por medio de la cual la Comisión Secc ional de Disciplina Judicial de Bolívar lo declaró responsable de incurrir en la comisión de la falta contemplada en el numeral 1.° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007
1 Inciso quinto del artículo 257 A de la C. P .: «L a Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados».
encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados». 2 Escritura del nombre según folio 8 del expediente de primera instancia. 3 Proferida con ponencia de la magistrada Derys Villamizar Reales en sala con el magistrado Jorge Andrés Rojas Urrea.A 16257
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e incumplir el deber establecido en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, a título de culpa. Conforme a ello, se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses.
2. LA CONDUCTA QUE SE INVESTIGÓ Y POR LA CUAL SE
SANCIONÓ AL ABOGADO INVESTIGADO
El abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio, fue investigado y sancionado en primera instancia porque no presentó una demanda de custodia y cuidado personal en favor de la hija menor del señor Leonardo Fabio Sotomayor Carrasquilla.
3. TRÁMITE PROCESAL
3.1 El señor Leonardo Fabio Sotomayor Carr asquilla radicó una queja en contra del abogado González Rubio 4. Una vez repartida, el 15 de marzo de 20235 y acreditada la condición profesional 6, el 23 de marzo
3.1 El señor Leonardo Fabio Sotomayor Carr asquilla radicó una queja en contra del abogado González Rubio 4. Una vez repartida, el 15 de marzo de 20235 y acreditada la condición profesional 6, el 23 de marzo de 20237 la magistrada instructora 8 dictó auto de apertura de proceso disciplinario.
3.2 La audiencia de pruebas y calificación provisional se desarrolló en las siguientes sesiones:
- 20 de abril de 20239: con la asistencia del investigado y del representante del Ministerio Público, se decretaron pruebas de oficio.
4 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-1 a 6». 5 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-7». 6 Expediente Digital: «PrimeraInstancia8». 7 Expediente Digital: «PrimeraInstancia9». 8 Derys Villamizar Reales. 9 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-17 y 18».A 16257
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- 16 de mayo de 202310 : se escuchó la ampliación de queja del señor Leonardo Fabio Sotomayor Carrasquilla, se recibió la versión libre del investigado, y se decretaron pruebas. - 5 de junio de 202411: con la asistencia del investigado, se realizó la calificación jurídica de la actuación. En primer lugar, se ordenó la terminación del trámite respecto a las siguientes
versión libre del investigado, y se decretaron pruebas. - 5 de junio de 202411: con la asistencia del investigado, se realizó la calificación jurídica de la actuación. En primer lugar, se ordenó la terminación del trámite respecto a las siguientes circunstancias fácticas: (i) la no devolución del abono de honorarios, (ii) la presunta asesoría brindada al quejoso para que se abstuviera de asistir a la audiencia celebrada el 27 de diciembre de 2021, y, (iii) la radicación de una denuncia por el delito de secuestro simple. En segundo lugar, se formularon los siguientes cargos:
Cargo primero12
Imputación fáctica: el abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio, presuntament e «dejó de hacer 13 oportunamente la diligencia propia de la actuación profesional al no presentar, adelantar, ni procurar la radicación del proceso de demanda de custodia y cuidado de menor para el cual le fue conferido poder por parte del señor
Leonardo Fabio Sotomayor Carrasquilla».
Imputación jurídica: con su comportamiento, el investigado, presuntamente, incurrió en la comisión de la falta disciplinaria contra la debida diligencia profesional, prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, contraria al deber profesional previsto en el numeral 10° del artículo 28 del mismo Estatuto, a título de culpa.
Cargo segundo14
10 Expediente Digital: «PrimeraInstancia22 y 23». 11 Expediente Digital: «PrimeraInstancia51 y 52». 12 Este punto, en base a lo plasmado en el acta de audiencia y lo escuchado en el registro de
Cargo segundo14
10 Expediente Digital: «PrimeraInstancia22 y 23». 11 Expediente Digital: «PrimeraInstancia51 y 52». 12 Este punto, en base a lo plasmado en el acta de audiencia y lo escuchado en el registro de audioexpediente Digital: «PrimeraInstancia51 y 52 minuto 0:38:00 a 0:40:47». 13 Expediente Digital: «PrimeraInstancia52 minuto 0:39:03». 14 Este punto, en base a lo plasmado en el acta de audiencia y lo escuchado en el registro de audioexpediente Digital: «PrimeraInstancia51 - 52 minuto 0:43:22 a 0:47:04»A 16257
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Imputación fáctica: el abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio, presuntamente no informó con veracidad a su cl iente sobre la constante evolución del asunto encomendado. Esto, al manifestarle que el juzgado lo había requerido para presentar una ampliación de la demanda, lo cual resultó ser una información inexacta , toda vez que no existía ningún proceso radicado ante algún juzgado de familia.
Imputación jurídica: con su comportamiento, el investigado, presuntamente, incurrió en la comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, contraria al deber profesional prev isto en el numerales 8° del artículo 28 del mismo
presuntamente, incurrió en la comisión de la falta disciplinaria prevista en el literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, contraria al deber profesional prev isto en el numerales 8° del artículo 28 del mismo Estatuto, a título de dolo.
3.3 La audiencia de juzgamiento se desarrolló en la sesión del 18 de noviembre de 2024 15, en la cual se corrió traslado al investigado para que presentará los alegatos de conclu sión. Luego ingresó el proceso al despacho para elaboración y registro del proyecto de fallo.
3.4 Concluidas las etapas procesales, la Comisión Seccional Disciplina Judicial de Bolívar profirió sentencia el 21 de febrero de 2025 16 mediante la cual declaró responsable disciplinariamente al abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio por la conducta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, y absolvió por la falta prevista en el artículo 34 literal D de la Ibidem.
15 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-89 y 90». 16 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-94».A 16257
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3.5 Finalmente, la s entencia de primera instancia fue notificada por mensaje de datos17 el 6 de marzo de 2025 a las partes e intervinientes. Subsidiariamente, se fijó edicto el 19 de marzo de 2025 y desfijó el 21
3.5 Finalmente, la s entencia de primera instancia fue notificada por mensaje de datos17 el 6 de marzo de 2025 a las partes e intervinientes. Subsidiariamente, se fijó edicto el 19 de marzo de 2025 y desfijó el 21 de marzo de 202518.
3.6 En tal forma, el 20 de marzo de 2025 19 el investigado interpuso, en tiempo, el recurso de apelación, el cual fue concedido por auto del 11 de abril de 2025 20, y remitido 21 a esta colegiatura, para lo de su competencia.
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, absolvió al investigado de la incursión en la falta disciplinaria de la que trata el literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que se subsumía en la falta descrita en numeral 1º del artículo 37 de la misma Ley, y en consecue ncia haberse presentado un concurso aparente de faltas disciplinarias.
De otra parte, declaró responsable disciplinariamente al abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio, por incurrir en la comisión de la falta contemplada en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e incumplir el deber establecido en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, a título de culpa. En consecuencia, lo sancionó con suspensión por el término de tres (3) meses.
17 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-95». 18 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-96». 19 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-97 y 98».
suspensión por el término de tres (3) meses.
17 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-95». 18 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-96». 19 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-97 y 98». 20 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-101». 21 Expediente Digital: «SegundaInstancia-102».A 16257
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En cuanto a la tipicidad, el a quo señaló que, con f undamento en las pruebas obrantes en el expediente, se acreditó que el investigado dejó de hacer el encargo encomendado por su cliente consistente en dar inicio a una demanda para solicitar la custodia de su menor hija.
A su turno, en materia de antijuricidad la primera instancia destacó que el investigado incumplió el deber de atender con celosa diligencia el encargo profesional, sin que mediara justificación válida alguna.
Por otro lado, al analizar la culpabilidad concluyó que la falta cometida por el investigado se ejecutó a título de culpa. Por consiguiente, coligió que su proceder fue negligente, pues «fue la desidia lo que lo llevó a no ejercer en debida forma la gestión profesional que le fue confiada por parte de su cliente».
Finalmente, en cuanto a la graduación de la sanción, el seccional de instancia acudió a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, y, además, para fijar la sanción tuvo en cuenta lo
por parte de su cliente».
Finalmente, en cuanto a la graduación de la sanción, el seccional de instancia acudió a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, y, además, para fijar la sanción tuvo en cuenta lo siguiente: (i) la modalidad culposa de la conducta; (ii) el comportamiento desidioso del abogado al no ejecutar la gestión encomendada; (iii) el no informar a su cliente la realidad procesal del asunto; y, (iv) la inexistencia de causales de agravación respecto de la falta endilgada.
5. RECURSO DE APELACIÓN
Los argumentos de apelación circunscritos a la conducta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, se sintetizan así:A 16257
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En primer lugar, justificó su indiligencia en la falta de pago de sus honorarios profesionales. Al respecto, indicó que, si bien te nía la posibilidad de acudir a la vía judicial para reclamar el pago de estos o de presentar una queja contra su cliente ante el «colegio de abogados» no ejerció ninguno de dichos mecanismos.
En esta línea, afirmó que, si el cliente no paga honorarios al abogado, este último podía dejar de lado la representación confiada. Para el investigado, en algunas jurisdicciones, los tribunales pueden
En esta línea, afirmó que, si el cliente no paga honorarios al abogado, este último podía dejar de lado la representación confiada. Para el investigado, en algunas jurisdicciones, los tribunales pueden interpretar la falta de representación legal como una señal de que el cliente no está tomando en serio su caso.
Con todo, indicó que culminó a satisfacción la gestión que fue encomendada o contratada, consistente en la asesoría y acompañamiento ante la Casa de Justicia del Barrio Country.
En segundo lugar, manifestó que actuó de buena fe, de forma honesta, leal y transparente, mientras que su cliente, actuó de mala fe al incumplir con el pago de los honorarios pactados, sin que existiera justificación alguna para ello.
6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Conforme al trámite de segunda instancia 22, mediante acta individ ual de reparto del 25 de abril de 2025 23, el conocimiento de las presentes diligencias fue asignado al magistrado ponente Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.
22 Expediente Digital: « Segunda instancia. Contiene 5 archivos en formato «pdf», y un archivo en formato Excel. 23 Expediente Digital: «Segunda instancia -1».A 16257
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7. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
Esta colegiatura precisa que tiene la competencia para conoc er de las
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7. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia
Esta colegiatura precisa que tiene la competencia para conoc er de las diligencias disciplinarias de la referencia, a la luz de las previsiones del artículo 257 A de la Constitución Política de Colombia de 1991, que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y le fijó sus atribuciones constitucionales, una de ellas, la relativa al enjuiciamiento disciplinario de los abogados. De este modo, a partir de la entrada en funcionamiento de esta alta corte judicial —que lo fue el pasado 13 de enero de 2021— debe entenderse que la Ley 270 de 1996 se refiere a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Esta facultad antes recaía en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y encuentra desarrollo legal en el numeral 4 del artículo 112 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que establece, entre otras, la función de conocer sobre el recurso de apelación en los procesos disciplinarios a cargo de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
7.2. Consideración previa
Sea lo primero por señalar que en el acápite del recurso de apelación titulado «2. AL CARGO SEGUNDO» «APELACIÓN AL CARGO SEGUNDO», los planteamientos expuestos en este punto estuvieron dirigidos a controvertir la conducta imputada con fundamento en elA 16257
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SEGUNDO», los planteamientos expuestos en este punto estuvieron dirigidos a controvertir la conducta imputada con fundamento en elA 16257
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literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007; sin embargo, por esta conducta el investigado fue absuelto. En consecuencia, no se abordarán tales argumentos, por cuanto no resulta procedente.
7.3. Planteamiento del problema jurídico
En el marco de la competenci a descrita y en estricta observancia de los límites del recurso de apelación , corresponde a esta instancia estudiar los argumentos presentados en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida por la primera instancia.
En ese sentido, « la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación»24.
Igualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones ha explicado el alcance de la limitación del recurso de apelación, de forma tal que «[e]l estudio se circunscribirá al examen de los aspectos que son objeto de impugnación y de los inescindiblemente vinculados con ella, de ser necesario»25.
del recurso de apelación, de forma tal que «[e]l estudio se circunscribirá al examen de los aspectos que son objeto de impugnación y de los inescindiblemente vinculados con ella, de ser necesario»25.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU -418 de 2019, referencia: Expedientes T -6.695.535, T6.779.435, T -6.916.634, T -7.028.230 y T -7.035.566 (acumulados), M.P . Luis Guillermo Guerrero Pérez. 25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de noviembre de 2024, SP3024-2024, M.P. Gerardo Barbosa Castillo.A 16257
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Así, revisados los argumentos presentados en el recurso de apelación y la conducta reprochada, esta corporación judicial debe resol ver el siguiente problema jurídico:
¿Debe confirmarse la decisión del 21 de febrero de 2025, por medio de la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar declaró responsable al abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio , en atención a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación?
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostendrá la siguiente tesis: si, debe confirmarse la responsabilidad disciplinaria por la incursión en la falta imputada porque, contrario a lo sostenido por el investigado, la gestión profesional no se limitó a la asesoría y
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostendrá la siguiente tesis: si, debe confirmarse la responsabilidad disciplinaria por la incursión en la falta imputada porque, contrario a lo sostenido por el investigado, la gestión profesional no se limitó a la asesoría y acompañamiento que el abogado brindó al quejoso en la Casa de Justicia del Country, sino que también comprendió el compromiso de adelantar el proceso de custodia y cuidado personal de la menor hija del señor Leonardo Fabio Sotomayor, gestión que no cumplió, sin que sea aceptable la justificación relacionada con el impago de honorarios.
En primer lugar, no resulta cierto que la gestión profesional del investigado se hubiera limitado a l a asesoría y acompañamiento a la diligencia realizada el 11 de enero de 2022 ante la Comisaria de Familia Localidad Histórica y Caribe Norte –Casa de Justicia del Country–26.
Lo anterior, toda vez que obra en el expediente un poder elaborado con el membrete del investigado, en virtud del cual el señor Leonardo
26 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-20 y 21».A 16257
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Fabio Sotomayor confirió al investigado facultades para adelantar el proceso de custodia y cuidado personal de su hija. Documento que cuenta con presentación personal del poderdante del día 25 de ene ro de 202327, veamos:
El acto de apoderamiento constituye, por sí mismo, una manifestación
proceso de custodia y cuidado personal de su hija. Documento que cuenta con presentación personal del poderdante del día 25 de ene ro de 202327, veamos:
El acto de apoderamiento constituye, por sí mismo, una manifestación de la relación profesional 28 entre el investigado y el señor Leonardo Fabio Sotomayor, conforme al cual el abogado sí se comprometió a adelantar una gestión judicial que no se limitaba al trámite surtido ante la Casa de Justicia del Country.
27 Expediente Digital: «PrimeraInstancia-2-imagen 5». 28 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, providencia del 10 de septiembre de 2025, radicado nro. 110012502000202104034 01, M.P . Julio Andrés Sampedro Arrubla. Comisión Nacional de Disciplina Judicial, providencia del 15 de abril de 2026, radicado nro. 500012502000 2023 00115 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.A 16257
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En esa línea, al rendir ampliación de la queja el poderdante señaló el alcance del compromiso profesional en los mismos términos que quedaron plasmados en el poder. Así, la pru eba testimonial resulta concordante con la documental y permite desestimar los argumentos del apelante, pues de forma categórica es posible afirmar que el profesional del derecho se comprometió a promover una demanda que nunca presentó.
concordante con la documental y permite desestimar los argumentos del apelante, pues de forma categórica es posible afirmar que el profesional del derecho se comprometió a promover una demanda que nunca presentó.
Ahora bien, defin ido el alcance del compromiso profesional, la Comisión debe precisar que no resulta justificable la omisión de iniciar el proceso de familia por el no pago de honorarios, conforme a las razones que se expondrán a continuación:
Al respecto, la Comisión ha sido enfática en sostener que la ausencia de pago o acuerdo de honorarios en ninguna circunstancia exime al encartado en el cumplimiento de la gestión encomendada, ni tampoco supedita la existencia de un mandato o contrato de prestación de servicios profes ionales. Puntualmente, la alta corporación señaló lo siguiente:
Sobre este punto, la Comisión considera que no se justifica la omisión de atender el requerimiento del juzgado por el hecho de haberse pagado sólo en forma parcial los honorarios pactados. Si era persistente la inconformidad del profesional del derecho, porque la quejosa no pagó la retribución por su servicio, le correspondía renunciar al poder y no dejar de atender los deberes profesionales a los que está sujeto, porque ello apareja consecuencias procesales que el cliente no está obligado a soportar29.
29 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 14 de abril de 2021, radicado nro. 500011102000 201600500 01, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.A 16257
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Bajo el anterior derrotero jurisprudencial es posible concluir que, la omisión total o parcial en el pago de los honorarios por parte de los clientes a los abogados, no configura un eximente de responsabilidad disciplinaria en favor de estos últimos. Lo anterior por cuanto, «mientras se mantenga incólume la relación profesional, los abogados deben atender con celosa diligencia cada uno de los asuntos que le son encomendados»30.
Ahora bien, si un abogado definitivamente no está dispuesto a continuar al frente de determinado asunto por el incumplimiento en el pago de sus honorarios, válidamente podría apartarse del encargo mediante una renuncia legítima al poder o al mandato, pero de ninguna manera debería continuar al frente del asunto, sin atender las diligencias propias de la actuación profesional, so pretexto del incumplimiento en el pago de los honorarios.
En consecuencia, no resulta factible acceder a la ausencia de pago de honorarios como circunstancia de justificación frente a la omisión en el cumplimiento del mandato, en consonancia con el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.
En relación con los señalamientos del apelante respecto de que, si bien tenía la posibilidad de acudir a la vía judicial para reclamar el pago de sus honorarios, o que podía interponer una «queja contra el quejoso», lo cierto es que ninguna de esas circunstancias resulta
bien tenía la posibilidad de acudir a la vía judicial para reclamar el pago de sus honorarios, o que podía interponer una «queja contra el quejoso», lo cierto es que ninguna de esas circunstancias resulta idónea para justificar la antijuricidad de la conducta reprochada. En ese orden, la omisión en que incurrió el profesional del derecho no
30 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 15 de abril de 2025, radicado nro. 760012502000 2022 01921 01, M.P . Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.A 16257
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encuentra justificación válida en aspectos ajenos al núcleo del reproche formulado.
A su turno, el segundo argumento de apelación se circunscribió a que actuó de «buena fe, honesta, leal y transparente», mientras que su cliente, según afirmó, actuó de «mala fe» al incumplir con el pago de honorarios acordados, sin que existiera justificación alguna para ello.
Al respecto, la imputación fáctica y jurídica de la falta del numeral 1.º del artículo del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 no se le atribuyó por desplegar algún acto de mala fe, deshonesto o desleal. Por el contrario, la falta por la cual se le sancionó se circunscribió por no dar inicio a una demanda para solicitar la custodia de su menor hija, con lo
desplegar algún acto de mala fe, deshonesto o desleal. Por el contrario, la falta por la cual se le sancionó se circunscribió por no dar inicio a una demanda para solicitar la custodia de su menor hija, con lo cual incumplió el deber de atender con celosa diligencia el encargo profesional, sin que mediara justificación válida alguna.
En ese sentido, tales manifestaciones no encuentran conexión con la conducta endilgada, y mucho menos podrían justificar la exigenci a del cumplimiento efectivo y concreto de los compromisos asumidos. Además, como ya se expuso a lo largo de este proveído el impago de honorarios no justifica la antijuricidad de la conducta reprochada.
Conclusión
Por lo expuesto, los presupuestos pres entados por el investigado en su apelación no tienen vocación de prosperidad. En consecuencia, esta corporación judicial considera que la sentencia de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar dentro del asunto de la referencia deberá ser confirmada.A 16257
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En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de febrero de 2 025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Bolívar que
ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de febrero de 2 025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Bolívar que sancionó al abogado Gustavo Alfredo Bonfante González Rubio con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de tres (3) meses, por incurrir a título de culpa, en la co misión de la falta descrita en numeral 1.º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el deber del numeral 10° del artículo 28 ibidem, conforme a lo expuesto.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el efecto se debe enviar a los correos electrónicos de los intervinientes copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado p or el servidor de la Secretaría Judicial.A 16257
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR copia a la oficina del Registro Nacional de Abogados, para lo de su competencia, en los términos del artículo 47 de la Ley 1123 de 2007.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR copia a la oficina del Registro Nacional de Abogados, para lo de su competencia, en los términos del artículo 47 de la Ley 1123 de 2007.
CUARTO: DEVOLVER el expediente a la Comisión Seccional de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
Presidente
JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Vicepresidente
MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS
Magistrada
ALFONSO CAJIAO CABRERA
MagistradoA 16257
M.P. DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 130011102000 2023 00265 01
Referencia: ABOGADOS EN APELACIÓN
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MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO
Magistrado
JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA
Magistrado
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Magistrada
CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA
Secretario JudicialA 16257
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
Magistrada
CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA
Secretario JudicialA 16257
M.P. DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 130011102000 2023 00265 01
Referencia: ABOGADOS EN APELACIÓN
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