CNDJ - 18001250200020250021301

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 18001250200020250021301
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16254

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Radicación No. 18001250200020250021301 Aprobado según Acta No. 029 de la misma fecha.

ASUNTO

En cumplimiento del fallo de tutela proferido el 16 de julio de 20261 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – Sección Cuarta dentro de la actuación 11001-03-15-000-2026-01688-01, se procederá a resolver lo correspondiente en el proceso disciplinario seguido por faltas a la ética profesional contra el abogado JUAN

SEBASTIÁN BUSTOS ORTEGA.

ANTECEDENTES

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Sala 04 del 11 de febrero de 2026, confirmó la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, que sancionó al abogado Juan Sebastián Bustos Ortega con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, tras infringir el deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir, a título de culpa, en la falta consagrada en el numeral 1 del artículo 37 ibidem.

1 Archivo digital ‘‘059 CONCEDE TUTELA’'A 16254

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El reproche tuvo origen en que, en su calidad de apoderado del municipio de El Doncello dentro del proceso radicado 18001333100120050001700, no remitió oportunamente al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia la certificación expedida el 4 de febrero de 2021 por el Secretario General y de Gobierno Municipal, mediante la cual informó que el Comité de Conciliación no ratificó el acuerdo suscrito en 2018, pese a contar con ocho (8) días para allegarla, plazo que venció el 16 de febrero siguiente.

Concluida la sesión plena en la cual fue aprobada dicha decisión, pasó al despacho del magistrado ponente la solicitud presentada por el disciplinable para que declarara prescrita la acción disciplinaria2, bajo el argumento de que los cinco (5) años debían contabilizarse desde el 4 de febrero de 2021, posteriormente, la sentencia quedó notificada el 12 siguiente3 y ejecutoriada el 16 del mismo mes4.

Posteriormente, mediante auto del 23 de febrero de 20265 se resolvió la referida solicitud y, frente a la prescripción de la acción disciplinaria, dispuso que debía estarse a lo resuelto conforme al análisis plasmado en la sentencia, por considerar que allí quedó definida integralmente la situación jurídica del disciplinable.

dispuso que debía estarse a lo resuelto conforme al análisis plasmado en la sentencia, por considerar que allí quedó definida integralmente la situación jurídica del disciplinable.

El disciplinado promovió acción de tutela contra las anteriores decisiones, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, porque presuntamente la Corporación omitió resolver de fondo la solicitud de prescripción presentada después del fallo del 11 de febrero de 2026,

2 Archivo digital ‘‘0014 OficioSolicitudPrescripción’’. 3 Archivo digital ‘‘Archivo digital ‘‘027 Oficio S.J_03922_Disciplinable’’. 4 Archivo digital ‘’ 029 Ejecutoria’’. 5 Archivo digital ‘‘047 AutoResuelveSolicitud’’.A 16254

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además cuestionó la improcedencia del recurso de queja, la forma como surtió la notificación electrónica y el juicio de tipicidad efectuado dentro del trámite jurisdiccional.

En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 13 de abril de 2026 negó el amparo, tras considerar que las actuaciones adelantadas permitían establecer que todas las solicitudes fueron atendidas, sin pretermitir oportunidades procesales ni desconocer las garantías de contradicción y defensa, además precisó que los reparos exteriorizaban un

amparo, tras considerar que las actuaciones adelantadas permitían establecer que todas las solicitudes fueron atendidas, sin pretermitir oportunidades procesales ni desconocer las garantías de contradicción y defensa, además precisó que los reparos exteriorizaban un desacuerdo con las consideraciones adoptadas por el juez natural, pues “más allá de concretar las razones por las cuales se configuraría defecto alguno, lo que se evidencia es el desacuerdo del actor”, circunstancia insuficiente para convertir el mecanismo constitucional en una nueva revisión de legalidad.

Impugnada esa determinación, el accionante insistió en que el pronunciamiento inicial contenía una “motivación formal o aparente”, porque “abordó conjuntamente los defectos alegados, (…) solicitó la nulidad y prescripción sin obtener respuesta (…) y no se aplicó el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 respecto de la notificación electrónica”, además reprochó el “desconocimiento del precedente judicial” sobre la procedencia del recurso de queja.

En segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concluyó que la Comisión Nacional vulneró las prerrogativas invocadas, porque “dejó sin resolver un aspecto que se propuso con anterioridad a la expedición de sentencia, e incluso con posterioridad”, referido específicamente a la prescripción de la acción disciplinaria,A 16254

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planteamiento considerado determinante para definir el asunto. A partir de ese presunto hallazgo, el juez constitucional precisó que los defectos prosperaban “exclusivamente por la falta de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción disciplinaria”. En consecuencia, mediante sentencia del 16 de julio de 2026 resolvió:

‘‘1. Revocar la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en su lugar:

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Juan Sebastián Bustos Ortega, en consecuencia,

3. Dejar sin efecto el auto del 23 de febrero de 2026 y la sentencia del 11 de febrero de 2026, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso con radicado 18001-25-02-0002025-00213-01 y,

4. Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión en la que se tenga en cuenta la parte motiva de la presente providencia.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.’6

Estando dentro del término para el cumplimiento del fallo de tutela7, esta Corporación procede a emitir la decisión ordenada, previas las siguientes consideraciones.

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.’6

Estando dentro del término para el cumplimiento del fallo de tutela7, esta Corporación procede a emitir la decisión ordenada, previas las siguientes consideraciones.

6 Archivo digital ‘‘059 CONCEDE TUTELA’’. 7 Notificado el 29 de julio de 2026.A 16254

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CONSIDERACIONES

La orden impartida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado obliga a esta Corporación a emitir una nueva decisión que examine de fondo la solicitud de prescripción formulada por Juan Sebastián Bustos Ortega, mandato cuyo cumplimiento parte del alcance fijado por el juez constitucional al dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de febrero de 2026.

Antes de abordar el fenómeno extintivo, resulta necesario precisar una circunstancia cronológica que obraba desde entonces en el expediente remitido al juez de tutela, relevante para comprender por qué el planteamiento del disciplinable no integró el fallo aprobado durante la sesión 04 del 11 de febrero de 2026, pues aunque el correo electrónico fue remitido a las 7:54 de la mañana, la deliberación colegiada comenzó a las 8:00 a. m. y la Secretaría pasó aquel memorial al despacho una vez concluido el debate, según consta en documento cuyo archivo

fue remitido a las 7:54 de la mañana, la deliberación colegiada comenzó a las 8:00 a. m. y la Secretaría pasó aquel memorial al despacho una vez concluido el debate, según consta en documento cuyo archivo registra creación a las 10:01:49 horas.A 16254

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La secuencia documental permite diferenciar el envío electrónico respecto del momento cuando aquel memorial quedó a disposición del magistrado ponente, pues entonces la decisión ya había sido debatida y aprobada por esta Corporación, circunstancia objetiva consignada dentro del expediente sometido al conocimiento del Consejo de Estado que explica por qué dicha solicitud no pudo incorporarse al fallo adoptado durante sesión 04 del 11 de febrero de 2026, sin desconocer con ello la fuerza vinculante del amparo ni el deber actual de resolver expresamente ese planteamiento.

Bajo ese contexto, corresponde examinar la prescripción conforme con las reglas especiales previstas en la Ley 1123 de 2007, cuyo artículo 238 contempla dicho fenómeno como causal de extinción de la acción disciplinaria, en tanto el precepto 249 fija un término de cinco (5) años para las faltas instantáneas desde el día de consumación y adopta como referente el último acto ejecutivo respecto de aquellas permanentes o continuadas.

disciplinaria, en tanto el precepto 249 fija un término de cinco (5) años para las faltas instantáneas desde el día de consumación y adopta como referente el último acto ejecutivo respecto de aquellas permanentes o continuadas.

8 Artículo 23. Causales. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:

1. La muerte del disciplinable.

2. La prescripción.

Parágrafo. El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. 9 Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.A 16254

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La anterior constituye un límite temporal al ejercicio de la potestad sancionadora estatal, además impide prolongar indefinidamente una actuación jurisdiccional una vez agotado el lapso fijado por el legislador, consecuencia compatible con los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que orientan el Código Disciplinario del Abogado.

Para establecer el momento inicial del cómputo debe atenderse al

consecuencia compatible con los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que orientan el Código Disciplinario del Abogado.

Para establecer el momento inicial del cómputo debe atenderse al comportamiento concretamente atribuido, consistente en dejar de realizar oportunamente una diligencia propia de la gestión profesional, modalidad prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, cuyo referente fáctico correspondió a la omisión de remitir al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia el certificado requerido dentro del plazo otorgado.

El expediente muestra que mediante oficio del 4 de febrero de 2021 fue comunicado al municipio de El Doncello el requerimiento judicial, para cuyo cumplimiento fueron concedidos ocho (8) días, lapso vencido el 16 siguiente sin haber sido aportado el documento solicitado, fecha acogida en todo el proceso disciplinario como límite de oportunidad para atender aquella carga.

Por consiguiente, la expedición de la certificación no determina el inicio del término prescriptivo, porque el reproche tampoco recayó sobre aquel hecho, sino respecto de la falta de remisión dentro de la oportunidad concedida, motivo por el cual la conducta quedó agotada el 16 de febrero de 2021 y desde ese referente debe examinarse el quinquenio establecido por el artículo 24 ibidem.A 16254

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Ahora bien, dentro del curso ordinario del trámite fue proferida sentencia de segunda instancia el 11 de febrero de 2026, luego notificada y declarada ejecutoriada, circunstancia que inicialmente otorgó eficacia a esa determinación sancionatoria antes de cumplirse el término prescriptivo, sin embargo, el escenario jurídico varió cuando el juez constitucional dejó expresamente sin efectos aquel fallo al considerar omitido el examen de la petición extintiva, pese a que el expediente puesto bajo su conocimiento contenía la constancia secretarial según la cual dicho memorial llegó al despacho después de finalizada la sesión donde había quedado aprobado, razón por la que ordenó emitir una nueva providencia.

Como consecuencia directa del amparo, la sentencia del 11 de febrero de 2026 perdió efectos jurídicos y dejó de constituir un referente apto para impedir el fenómeno extintivo, por lo cual corresponde examinar el estado actual del proceso conforme al alcance fijado por el Consejo de Estado, confrontando el término previsto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007 con la fecha de consumación determinada en el marco fáctico que edificó el juicio de reproche, esto es, 16 de febrero de 2021, de manera que el quinquenio culminó el 15 de febrero de 2026.

Verificado el agotamiento del término, opera la causal extintiva prevista

que edificó el juicio de reproche, esto es, 16 de febrero de 2021, de manera que el quinquenio culminó el 15 de febrero de 2026.

Verificado el agotamiento del término, opera la causal extintiva prevista en el numeral 2º del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, circunstancia que, sumada a la pérdida de eficacia de la providencia inicialmente adoptada por mandato del juez de tutela, impide continuar el ejercicio sancionador y conduce a decretar la terminación anticipada del procedimiento conforme con el precepto 103 ibidem.A 16254

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme a sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA del procedimiento disciplinario seguido contra el abogado JUAN SEBASTIÁN BUSTOS ORTEGA, según las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el efecto, se debe enviar a los correos electrónicos copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente

providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la secretaría judicial.

TERCERO: REGRESAR las diligencias inmediatamente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen, para que imparta el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

PresidenteA 16254

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JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

MagistradaA 16254

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Magistrado

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

MagistradaA 16254

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CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario

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