CNDJ - 25000250200020220020303

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 25000250200020220020303
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

F 16072

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026). Magistrado ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 250002502000 202200203 03 Aprobado según Acta de Sala No. 026 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Comisión a conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinable , en contra de la sentencia sancionatoria proferida el 22 de mayo de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Ju dicial de Cundinamarca 1, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ en calidad de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMACUNDINAMARCA, por haber incurrido en la falta descrita en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, lo que constituye falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la decisión adoptada el 16 de julio de 2021 al interior del proceso ejecutivo de alimentos No 2021 -00397-00, en calidad de FALTA GRAVÍSIMA con DOLO, por lo que lo sancionó

con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL

TÉRMINO DE QUINCE (15) AÑOS PARA EJERCER LA

FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN.

con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL

TÉRMINO DE QUINCE (15) AÑOS PARA EJERCER LA

FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN.

1 Sala dual integrada por los doctores Wilson René González Cortés (ponente) y Martha Patricia Villamil Salazar. 174Sentencia202200203M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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HECHOS Y ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

1.- El 27 de enero de 2022 2, la señora CIELO ESTHER BARRAGÁN ARROYO presentó queja contra el doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ, en su calidad de

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMACUNDINAMARCA.

Según se i ndicó, en el proceso ejecutivo de alimentos No. 25718408900120210039700, el funcionario judicial habría incurrido en irregularidades al librar mandamiento de pago el 16 de julio de 2021. En concreto, el reproche disciplinario se estructuró sobre dos aspect os: I) haber otorgado mérito ejecutivo a un contrato de renta vitalicia que no cumplía con las solemnidades legales exigidas para su existencia y validez, al no constar en escritura pública; y II) haber asumido competencia territorial con fundamento en una estipulación contractual carente de eficacia jurídica, en contravía de lo dispuesto en el artículo 28 del Código General del Proceso.

constar en escritura pública; y II) haber asumido competencia territorial con fundamento en una estipulación contractual carente de eficacia jurídica, en contravía de lo dispuesto en el artículo 28 del Código General del Proceso.

2.- El asunto le correspondió por reparto el 14 de febrero de 2022 al magistrado Jesús Antonio Silva Urriago 3, quien med iante proveído del 4 de octubre de 2022, dispuso iniciar apertura de investigación disciplinaria contra el doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ, en condición de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA - CUNDINAMARCA, con el objetivo de verificar la ocurren cia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad4.

2 003EscritoQueja 202200203 3 001actareparto 202200203 4 006AutoAperturaInvestigacion 202200203M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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3.- Por medio de auto del 23 de enero de 2025 5, la Sala de primera instancia declaró el cierre de l a investigación disciplinaria, y ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

El disciplinable, por medio de correo del 11 de febrero de 2025 6, presentó alegatos en los que en principio realizó un resumen de lo

días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

El disciplinable, por medio de correo del 11 de febrero de 2025 6, presentó alegatos en los que en principio realizó un resumen de lo ocurrido en el proceso ejecutivo, y posteriormente manifestó que, era competente para conocer de ese litigio en tanto la competencia había quedado en el contrato que firmaron las partes y que sirvió como título ejecutivo.

Mediante constancia secretarial del 12 de febrero de 2025 , la Secretaría de la Comisión Seccional dejó constancia que habían vencido los términos para presentar alegatos7.

4.- A través de providencia del 28 de marzo de 2025 8, el magistrado José A ntonio Hoyos Dávila, formuló cargos al doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ, en condición de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMACUNDINAMARCA, por la presunta incursión en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, en concurso homogéneo, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por las decisiones adoptadas el 16 de julio de 2021 al interior del proceso ejecutivo de alimentos No. 25718408900120210039700, en calidad de FALTA GRAVÍSIMA con DOLO.

5 031AutoCierreInvestigación202200203 6 034AnexoAlegatosDisciplinado 202200203 7 035PasoalDespacho 202200203

calidad de FALTA GRAVÍSIMA con DOLO.

5 031AutoCierreInvestigación202200203 6 034AnexoAlegatosDisciplinado 202200203 7 035PasoalDespacho 202200203 8 041PliegoCrgos202200203M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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Lo anterior, como quiera que el doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ, el 16 de julio de 2021 libró mandamiento ejecutivo de pago con base en un documento que no c ontaba con las formalidades legales para ser considerado un título ejecutivo. Adicionalmente, en la misma fecha , el disciplinable asumió la competencia del proceso No. 2021-00397, dándole valor legal a la estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales, que estaba vedada por la ley, por ende, asumió el conocimiento de un proceso que no era de su competencia.

5.- Mediante proveído del 11 de agosto de 2025 9, el MAGISTRADO EMILIANO RIVERA BRAVO , asumió la etapa de juzgamiento del proceso discipl inario, y ordenó que el trámite a seguir era el ordinario.

6.- A través de auto del 10 de septiembre de 2025 10, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó el auto del 4 de julio de 2025, en el que rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado por el disciplinable contra la providencia del 28 de marzo de 2025, en la cual se rechazó la petición de

2025, en el que rechazó por improcedente el recurso de apelación formulado por el disciplinable contra la providencia del 28 de marzo de 2025, en la cual se rechazó la petición de pruebas por el disciplinable.

Cabe destacar que la providencia que profirió esta Corporación el 10 de septiembre de 2025 tuvo como fundamen to que el proceso disciplinario en ese momento se encontraba en etapa de investigación, por lo cual no procedía recurso de apelación contra la decisión que negaba pruebas.

7.- Mediante auto del 13 de enero de 2026, la Comisión Seccional

9 093AutoAsumeConocimientoYDefineProcedimiento 202200203 10 103SegundaInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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ordenó correr tra slado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión11.

Mediante escrito del 29 de enero de 2026 12, el disciplinable presentó alegatos de conclusión, señalando que su actuación se ajustó a la ley, pues el doc umento aportado con la demanda contenía una obligación clara, expresa y exigible, en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso. A su vez, que era competente porque en el contrato se pactó dicho municipio como lugar de cumplimiento de la obligación, además, señaló que cualquier eventual irregularidad quedó saneada, porque la parte ejecutada se notificó por conducta concluyente, renunció a

era competente porque en el contrato se pactó dicho municipio como lugar de cumplimiento de la obligación, además, señaló que cualquier eventual irregularidad quedó saneada, porque la parte ejecutada se notificó por conducta concluyente, renunció a términos, no propuso excepciones ni tachó de falso el documento.

El defensor de oficio del disciplina ble también presentó alegatos de conclusión en los que manifestó que no existía indebida aplicación de la ley, ya que al proferir el mandamiento de pago el 16 de julio de 2021 en realidad le dio primacía al derecho sustancial, por lo que dicha conducta est aba acorde a la Constitución. Adicionalmente, en caso de existir algún vicio en la competencia territorial, ella fue saneada ya que la ejecutada se notificó y no planteó ninguna irregularidad.13

8.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, A través de auto del 11 de febrero de 202614 , confirmó el auto del 23 de octubre de 2025 proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas, mediante el cual se negó la práctica de las pruebas periciales grafológicas, dactiloscópicas e informáticas solicitadas por el disciplinable, ya que se determinó

11 149AutoDecretaPruebasDescargosYCorreTrasladoAlegatosFinales202200203 12 0029EscritoAlegatosConclusion 13 157AnexoMemorialDefensorPedro 14 164AnexoResuelveRecursoSuperiorM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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que no resultaban necesarias para verificar los hechos disciplinariamente relevantes.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca , mediante se ntencia proferida el 22 de mayo de 2026 15, declaró responsable disciplinariamente al doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ en calidad de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA - CUNDINAMARCA, por haber incurrido en la falta descrita en el numeral 1° del artí culo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, lo que constituye falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la decisión adoptada el 16 de julio de 2021 al interior d el proceso ejecutivo de alimentos No 2021 -00397-00, en calidad de FALTA GRAVÍSIMA con DOLO , por lo que lo sancionó con DESTITUCIÓN E

INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15)

AÑOS PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER

CARGO O FUNCIÓN

La Sala consideró que el funcionario judicial, al proferir el auto del 16 de julio de 2021 dentro del proceso ejecutivo de alimentos radicado No. 2021-00397, mediante el cual libró mandamiento de pago a favor de ÓSCAR NORBERTO PRIETO MARTÍNEZ y en

16 de julio de 2021 dentro del proceso ejecutivo de alimentos radicado No. 2021-00397, mediante el cual libró mandamiento de pago a favor de ÓSCAR NORBERTO PRIETO MARTÍNEZ y en contra de CIEL O ESTHER BARRAGÁN ARROYO, con fundamento en un contrato de renta vitalicia alimentaria que no cumplía las solemnidades legales exigidas para su existencia jurídica, ya que dicho contrato fue aportado como documento

15 174Sentencia202200203M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072

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privado en copia simple, pese a que el ar tículo 2292 del Código Civil exige que la renta vitalicia se otorgue por escritura pública y se perfeccione con la entrega del precio, de manera que, al carecer de esa formalidad esencial, no podía producir efectos civiles ni ser reconocido como título eje cutivo en los términos del artículo 422 del Código General del Proceso.

La Sala consideró, además, que el disciplinable asumió indebidamente la competencia territorial del proceso ejecutivo, pues el demandante registraba domicilio en Bogotá y la demandada residía en Sincelejo, sin que existiera un vínculo real con el municipio de Sasaima , pese a ello, el juez otorgó validez a una cláusula del supuesto contrato en la que se pretendía atribuir competencia a varios despachos judiciales, entre ellos el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima, desconociendo que el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso dispone que la

una cláusula del supuesto contrato en la que se pretendía atribuir competencia a varios despachos judiciales, entre ellos el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima, desconociendo que el numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso dispone que la estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. Para la Sala, esa actuación no correspondió a una diferencia interpretativa razonable, sino a una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico.

Conducta con la cual afectó el deber funcional de respetar y aplicar la Constitución y la ley, como quiera que, el disciplinable estaba ob ligado a verificar los presupuestos mínimos para librar mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo de alimentos No. 2021-00397, en ese sentido, no podía otorgar mérito ejecutivo a un documento privado denominado contrato de renta vitalicia alimentaria que no cumplía la solemnidad de escritura pública exigida por la ley, ni asumir competencia territorial con fundamento en una estipulación contractual para efectos judicialesM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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que debía tenerse por no escrita, conforme al numeral 3 del artículo 28 del Código General del Proceso.

Estimó que la conducta se ejecutó a título de dolo, teniendo en cuenta que el disciplinable, dada su formación jurídica, experiencia funcional y condición de juez de la República, conocía los requisitos legales para reconocer méri to ejecutivo a un documento y las reglas de competencia territorial aplicables , y p ese a ello,

cuenta que el disciplinable, dada su formación jurídica, experiencia funcional y condición de juez de la República, conocía los requisitos legales para reconocer méri to ejecutivo a un documento y las reglas de competencia territorial aplicables , y p ese a ello, profirió el auto del 16 de julio de 2021, mediante el cual libró mandamiento de pago, lo que permitió concluir que actuó con conocimiento y voluntad.

Para la do sificación de la sanción, tuvo en cuenta que la falta cometida fue calificada como GRAVÍSIMA a título de DOLO, en los términos del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, asimismo, aplicó los criterios previstos en el artículo 47 ibidem, especialmente los relacionados con el grave daño social de la conducta y el conocimiento de la ilicitud, por ello, estimó que lo justo y proporcional era imponer como SANCIÓN la DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE QUINCE (15) AÑOS para ejercer función pública en cualquier cargo o función.16.

DE LA APELACIÓN

El defensor de confianza del disciplinable presentó recurso de apelación17 contra la anterior d ecisión, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

16 174Sentencia202200203 17 0060RecursoApelacionM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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17 0060RecursoApelacionM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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El recurrente sostuvo que la sentencia sancionatoria convirtió una discrepancia jurídica en una falta disciplinaria dolosa, pues el auto del 16 de julio de 2021, mediante el cual libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo promovido por Óscar Norberto Prieto Martínez contra CIELO ESTHER BARRAGÁN ARROYO, se fundamentó en un documento que, a su juicio, reunía los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, al contener una obli gación clara, expresa y exigible. Señaló que el documento base de recaudo no fue tachado de falso, ni desconocido por la ejecutada, por lo que operaba la presunción de autenticidad prevista en los artículos 243, 244, 245 y 246 del CGP. En ese sentido, alegó que la Comisión no podía reprocharle haber valorado el documento como título ejecutivo, pues actuó bajo una interpretación razonable de la normativa procesal, especialmente en el contexto del uso de medios digitales permitido por el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022.

Insistió en que no se demostró el dolo, pues la sentencia lo dedujo únicamente de su condición de juez, su experiencia funcional y el supuesto carácter claro de las normas aplicables. Alegó que no existe prueba de voluntad deliberad a de contrariar la ley, interés indebido, finalidad ilícita, favorecimiento fraudulento, desviación

supuesto carácter claro de las normas aplicables. Alegó que no existe prueba de voluntad deliberad a de contrariar la ley, interés indebido, finalidad ilícita, favorecimiento fraudulento, desviación de poder, acuerdo con las partes, beneficio económico o corrupción. En su criterio, la Sala confundió la eventual ilegalidad objetiva de la providencia con dolo disciplinario, lo que equivaldría a una forma encubierta de responsabilidad objetiva.

Frente a ese mismo fáctico, indicó que la Sala confundió la naturaleza jurídica de la renta vitalicia con una cuota alimentaria legal, pues la primera es una obliga ción civil contractual y patrimonial, mientras que la segunda surge de la ley y del vínculoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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familiar. Por ello, sostuvo que no podía aplicarse de manera automática un régimen propio de alimentos legales a una prestación de origen negocial, y que, aun si ex istía discusión sobre la solemnidad del contrato, ello correspondía a un debate hermenéutico razonable, no a una decisión manifiestamente contraria a la ley. En apoyo de esa tesis, el memorial incluyó un cuadro comparativo en el que diferencia la renta vit alicia de la cuota alimentaria, destacando que aquella nace de un contrato, es disponible y se rige por la autonomía privada, mientras que la cuota alimentaria nace de la ley, es indisponible y protege derechos fundamentales.

El apelante sostuvo que el Ju zgado Promiscuo Municipal de

es disponible y se rige por la autonomía privada, mientras que la cuota alimentaria nace de la ley, es indisponible y protege derechos fundamentales.

El apelante sostuvo que el Ju zgado Promiscuo Municipal de Sasaima sí podía asumir el conocimiento del proceso ejecutivo No. 2021 -00397, porque la competencia se determinó con base en el documento aportado, la elección del demandante y la ausencia de oposición de la parte ejecutada. Af irmó que en la demanda y en el documento base de la ejecución se indicó como lugar de cumplimiento de la obligación el municipio de Sasaima, y que también se hizo referencia a dicho municipio como domicilio o residencia de la demandada. Por esa razón, consideró que la Sala realizó afirmaciones contraevidentes al concluir que no existía vínculo territorial con Sasaima.

Además, señaló que la competencia territorial era un asunto procesal discutible y saneable, pues la demandada se notificó por conducta concluyente, no propuso excepción previa, no tachó de falso el documento, no formuló oposición al mandamiento de pago y, según el recurrente, incluso el proceso terminó con el pago total de la obligación. Por ello, alegó que cualquier eventual discusión sobre competencia debía ventilarse a través de los recursosM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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ordinarios o mecanismos procesales previstos en el CGP, y no mediante un proceso disciplinario que, en su criterio, terminó convirtiéndose en una tercera instancia para revisar una interpretación judicial.

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ordinarios o mecanismos procesales previstos en el CGP, y no mediante un proceso disciplinario que, en su criterio, terminó convirtiéndose en una tercera instancia para revisar una interpretación judicial.

En cuanto a la ilicitud sustancial , el recurrente afirmó que la providencia sancionatoria se limitó a afirmar de manera abstracta una afectación a la administración de justicia y a la confianza institucional, sin demostrar un daño concreto, una afecta ción material del servicio, un perjuicio efectivo, una desviación funcional deliberada o una utilización fraudulenta del cargo. Indicó que el proceso judicial se adelantó dentro del expediente, mediante providencia motivada y con soporte documental, por lo que no podía afirmarse una afectación sustancial del deber funcional.

Frente a las pruebas, cuestionó la negativa de pruebas testimoniales y periciales solicitadas por la defensa, al considerar que eran relevantes para demostrar la autenticidad documental, la ausencia de montaje conocido por el juez, la inexistencia de connivencia fraudulenta y el contexto real de la actuación judicial. Señaló que la falta de práctica de esas pruebas afectó el derecho de defensa, la investigación integral y la contradicc ión, pues la autoridad disciplinaria habría reducido artificialmente el objeto del proceso para evitar analizar elementos exculpatorios.

El apelante también reprochó que se hubiera negado la suspensión por prejudicialidad penal, pues, en su criterio, era necesario esclarecer previamente si existió fraude documental, falsedad o maniobra engañosa de particulares, ya que ello incidía

suspensión por prejudicialidad penal, pues, en su criterio, era necesario esclarecer previamente si existió fraude documental, falsedad o maniobra engañosa de particulares, ya que ello incidía directamente en la estructura del dolo, la conciencia de ilicitud y la buena fe funcional del disciplinado. Sostuvo que la Sala se limitó aM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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invocar la autonomía entre jurisdicciones, pero no analizó si el proceso penal podía arrojar elementos exculpatorios relevantes.

Finalmente, cuestionó la dosificación de la sanción, al considerar desproporcionada la destitución e inhabilidad general por 15 años, dado que, según él, no se acreditó corrupción, beneficio económico, daño patrimonial, fraude, apropiación, móvil ilícito ni intención deliberada de quebrantar el ordenamiento jurídico. Además, criticó que la sentencia mencionara ante cedentes disciplinarios posteriores a los hechos como “contexto”, pues estimó que ello contaminó la valoración de su responsabilidad y vulneró la imparcialidad.

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El asunto ingresó al despacho del Magistrado Ponente el 26 de junio de 202618.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

junio de 202618.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aprobación del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de

18 001ActaIndividualRepartoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones19, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/1620.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C - 285 de 201621 y C -112/1722, por lo que a pa rtir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial,

enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.

2.- Del disciplinable.

Se evidencia la calidad de disciplinable del doctor GUILLERMO HERNÁN BURGOS RODRÍGUEZ , en condición de JUEZ

19 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela. 20 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947, Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 21 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, De manda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 22 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo

22 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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PROMISCUO MUNICIPAL DE SASAIMA - CUNDINAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía No 79335019 fue acreditada mediante acuerdo 065 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca23.

3.- De la apelación

Constata la Comisión que la decisión de primera instancia fue proferida el 22 de mayo de 2026 , y comunicada al disciplinable el 25 de mayo de 202624, siendo presentado el recurso de apelación el 28 de mayo de 202625, de manera oportuna.

El 26 de junio de 2026, el magistrado Wilson René González Cortés, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por el defensor del disciplinable y ordenó su remisión ante esta Comisión para lo correspondiente26.

En segundo lugar, es necesario precisar que en virtud del principio de limitación, el operador judicial de segunda instancia solo está habilitado para revisar las inconformidades planteadas

ante esta Comisión para lo correspondiente26.

En segundo lugar, es necesario precisar que en virtud del principio de limitación, el operador judicial de segunda instancia solo está habilitado para revisar las inconformidades planteadas en el recurso, conforme jurisprudencia constitucional, en la cual se indicó “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”27.

23 024AnexosCorreoAreaTalentoHumano 202200203/ GUILLERMO HERNAN BURGOS RODRIGUEZ 24 175NotificacionSujetosProcesales 25 178MemorialDisciplinable 26 182AutoConcedeRecursoApelacion202200203 27 Corte Constitucional, sentencia C-968 de 2003.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16072 Radicado No. 250002502000 202200203 03 Funcionarios en Apelación

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En consecuencia, esta Corporación sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el apelante frente a la decisión recurrida en el término legal.

4.- Del caso en concreto

Esta Comisión procede a pronunciarse de los argumentos esbozados en la alzada, de la siguiente manera:

  1. Indebida valoración probatoria.

El recurrente sostuvo que no se configuraba el prevaricato, ya que lo que en realidad existía era discrepancia de interpretación

esbozados en la alzada, de la siguiente manera:

  1. Indebida valoración probatoria.

El recurrente sostuvo que no se configuraba el prevaricato, ya que lo que en realidad existía era discrepancia de interpretación jurídica pues el auto del 16 de julio de 2021 se apoyó en un documento que, a su juicio, prestaba mérito ejecutivo y no fue tachado de falso, por lo que operaba la presunción de autenticidad.

Además, alegó que no se probó el dolo, sino qu e este fue deducido de su condición de juez y de su experiencia funcional, sin evidencia de interés indebido, favorecimiento, corrupción o voluntad deliberada de contrariar la ley, lo cual, en su criterio, configuraba una forma de responsabilidad objetiva.

En aras de resolver el argumento planteado, se tendrán en cuenta las siguientes pruebas:

  • Demanda ejecutiva de “alimentos” presentada por el señor OSCAR NOLBERTO P RIETO MARTÍNEZ en contra de la señora CIELO ESTHER BARRAGAN ARROYO, teniendo en cuenta la existencia de un contrato de renta vitalicia alimentaria del 12 de septiembre de 202028.

28 002DemandaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 160

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