CNDJ - 25000250200020220050801

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 25000250200020220050801
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 250002502000202200508 01 Aprobado según Acta N. 26 de la fecha.

ASUNTO

Procede la Comisión a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca1, en la que resolvió SANCIONAR a la abogada LINA ESPERANZA CUERVO GRISALES, con SUSPENSIÓN de SEIS (6) MESES en el ejercicio de la profesión y MULTA de SEIS (6) SMLMV, al incurrir a título de dolo, en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 4º del artículo 3 5 de la Ley 1123 de 2007 , en desconocimiento de los deberes consagrado en el numeral 8º del artículo 28 ibidem.

SITUACIÓN FÁCTICA

La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la queja2 interpuesta por Diana Ruby Del Socorro Lopera Ruiz entonces representante legal y administradora de la copropiedad Parque Residencial Puerto Plata , quien señaló que contrató lo s servicios profesional es de la abogada LINA ESPERANZA CUERVO GRISALES para que adelantara el

1 H.M Fernando Augusto Ayala Rodríguez y José Antonio Hoyos Dávila 2Página 86 del archivo titulado “02Queja 202200508” de la carpeta de primera instancia.A 16050

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1 H.M Fernando Augusto Ayala Rodríguez y José Antonio Hoyos Dávila 2Página 86 del archivo titulado “02Queja 202200508” de la carpeta de primera instancia.A 16050

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cobro de la cartera proveniente de la mora en expensas comunes. En el marco de dicho contrato , la abogada realizó un acuerdo de pago respecto de uno de los inmuebles de la copropiedad, en virtud del cual le fue consignado directamente en su cuenta personal la suma de $8.534.000, la cual no entregó a la administración de la propiedad horizontal Parque Residencial Puerto Plata.

ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINABLE

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 13 de mayo de 20223, se constató que la abogada LINA ESPERANZA CUERVO GRISALES , se identifica con la cédula de ciudadanía No. 53124825, y se halla inscrit a como abogada, titular de la tarjeta profesional No. 189786, documento que a la fecha se encontraba vigente. De igual manera, se allegó certificado de a ntecedentes disciplinarios del 29 de agosto de 2023 4, en el que consta que la profesional del derecho no registraba sanciones.

RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación.

consta que la profesional del derecho no registraba sanciones.

RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación.

El asunto fue asignado por reparto del 13 de mayo de 202 25 al Magistrado Fernando Augusto Ayala Rodríguez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, quien, luego de verificar la calidad de disciplinable de la implicada, emitió auto el 10 de agosto de 20236, en

3Archivo titulado “04CertificadoVigenciaTarjetaProfesional 202200508” ibidem 4Archivo titulado “08CertificadoAntecedentesDisciplinado20220050800” ibidem. 5Archivo titulado “01ActaReparto 202200508” ibidem. 6Archivo titulado “06AperturaAbogado” ibidem.A 16050

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el que dispuso apertura de investigación disciplinaria y fijó fecha de audiencia de pruebas y calificación provisional para el 2 de noviembre de 2023 a la 2:30 p.m. diligencia que fue aplazada a solicitud de la disciplinable.

2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.

La mentada audiencia se efectuó en sesiones del 27 de noviembre7 y 24 de abril de 2024 8, en las que se realizaron las siguientes actuaciones:

En sesión llevada a cabo el 27 de noviembre de 2024, e l Magistrado

La mentada audiencia se efectuó en sesiones del 27 de noviembre7 y 24 de abril de 2024 8, en las que se realizaron las siguientes actuaciones:

En sesión llevada a cabo el 27 de noviembre de 2024, e l Magistrado Seccional explicó a Sandra Lorena C ontreras, quien acreditó ser la representante legal de la propiedad horizontal Parque Residencial Puerto Plata, que la ampliació n y ratificación de la queja se adelanta bajo la gravedad del juramento . Asimismo, se le informó que no está obligada a declarar contra si misma ni contra sus parientes. En virtud de ello, juró decir la verdad, y se pronunció en los siguientes términos:

Una vez se identificó, ratificó el contenido de la queja y sostuvo que la disciplinada abandonó los procesos jurídicos que tenía a su cargo. Asimismo, se refirió a la consignación de dineros en la cuenta de la empresa de la disciplinada, en lugar de efectuarse a favor de la copropiedad, y señaló que nunca recibieron informes de gestión sobre el estado de los casos.

En relación con el contrato de prestación de servicios, indicó que este contiene cláusulas que, en su criterio, favorecen en mayor medida a la empresa de la disciplinada que a la copropiedad, circunstancia que, posiblemente por desconocimiento de quien lo suscribió, no fue advertida en su momento.

Respecto de los procesos judiciales, sostuvo que el rechazo de las demandas fue responsabilidad de la abogada, por cuanto era ella quien conocía los documentos que debían allegarse y aportarse dentro de cada proceso.

7Archivo titulado “26ActaAudiencia” ibidem.

responsabilidad de la abogada, por cuanto era ella quien conocía los documentos que debían allegarse y aportarse dentro de cada proceso.

7Archivo titulado “26ActaAudiencia” ibidem. 8Archivo titulado “41ActaDeAudiencia Abogados 2022-508” ibidem.A 16050

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En cuanto al acuerdo de pago, manifestó que tenía conocimiento de que los dineros correspondientes a las deudas por concepto de expensas comunes debían ser consignados directamente a la copropiedad. Sin embargo, dichos recursos fueron consignados en la cuenta de la empresa representada por la disciplinada. Agregó que, posteriormente, la abogada expidió un paz y salvo por concepto de honorarios, sin que la copropiedad hubiera recibido notificación alguna sobre esa actuación. Igualmente, afirmó que no existía acuerdo que autorizara a la disciplinada a efectuar cobros directos por concepto de honorarios, pues el contrato establecía que los d ineros debían consignarse directamente a la copropiedad. Finalmente, señaló no tener certeza acerca de si la disciplinada reintegró dichos recursos a la copropiedad.

Frente a la vigencia del contrato, manifestó que este permanecería vigente hasta que la a bogada culminara los procesos de cobro de los inmuebles. No obstante, como las demandas fueron rechazadas y esa situación no fue in formada a la

Frente a la vigencia del contrato, manifestó que este permanecería vigente hasta que la a bogada culminara los procesos de cobro de los inmuebles. No obstante, como las demandas fueron rechazadas y esa situación no fue in formada a la copropiedad, entendieron que el contrato había terminado. Posteriormente, precisó que otra de las razones por la s cuales consideran finalizado el contrato radica en que la cláusula quinta prohibía expresamente al contratista recibir dineros po r concepto de cuotas de administración, cuotas extraordinarias, multas o cualquier otro concepto similar. Según indicó, dicha prohibición fue desconocida por la disciplinada, quien recibió esos recursos y no los reintegró a la copropiedad. Añadió que tampo co se presentaron informes de gestión, circunstancias que, en su criterio, configuraron un incumplimiento contractual.

Posteriormente, el magistrado seccional informó a la disciplinada que la versión libre es un mecanismo de defensa, que no está sometida a la gravedad de juramento y le asiste el derecho a la no autoincriminación constitucional , luego de lo cual la disciplinable se pronunció sobre varios aspectos, en el siguiente sentido:

En primer lugar, sobre el incumplimiento del contrato por parte de la copropiedad, la disciplinable señaló el no pago de los honorarios por un valor de $3.842.078, luego de que el Consejo de l a Administración haya negado el desembolso correspondiente. Además, señaló la falta de entrega de la documentación idónea por parte de la administración de la copropiedad para poder demandar, lo que generó el rechazo de las demandas que estaban en trámite. Por lo anterior,

correspondiente. Además, señaló la falta de entrega de la documentación idónea por parte de la administración de la copropiedad para poder demandar, lo que generó el rechazo de las demandas que estaban en trámite. Por lo anterior, procedió a hacer efectiva la cláusula penal por un valor de $15.496.465, el c ual correspondía al 10% de los casos que se encontraban en pre jurídicos y del 20% de los que se encontraban en jurídicos, al momento de la terminación del contrato.

En segundo lugar, sobre sus obligaciones contractuales, refirió que no fue su responsabilidad el rechazo de las demandas, deb ido a que el certificado de existencia de la copropiedad no se encontraba actualizado, aun cuando ella ya lo había solicitado a la administración. Además de que este tipo de situaciones hacen parte del normal ejercicio del derecho y los abogados no están o bligados a lo imposible. Asimismo, afirmó contar con todos los soportes respectiv os, que danA 16050

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cuenta del envío de los informes de gestión, contrario a lo afirmado por la entonces administradora de la copropiedad durante la ampliación de la queja.

En tercer lugar, en relación con el acuerdo de pago celebrado con el señor Carlos Andrés Antolinez, la disciplinada sostiene que no es falso lo afirmado en la queja respecto de la no devolución de los dineros . No obstante , señala que lo

En tercer lugar, en relación con el acuerdo de pago celebrado con el señor Carlos Andrés Antolinez, la disciplinada sostiene que no es falso lo afirmado en la queja respecto de la no devolución de los dineros . No obstante , señala que lo establecido en la queja si desconoce que el 7 de febrero de 2022 remitió a la copropiedad un correo electrónico en el que informó la destinación de los recursos recaudados. En dicho correo indicó que, del valor de $8.533.713 , apropiaría la suma de $2.477.129 por concepto de honora rios, equivalentes al 20% de 11.752.038 efectivamente recaudados . Asimismo, manife stó que descontaría $3.842.078 correspondientes a cuentas de cobro pendientes de pago a 31 de enero de 2022 y que el saldo restante, esto es, $2.214.50, sería imputado como abono a la cláusula penal, cuyo valor ascendía a $15.496.495, quedando un saldo pendiente por cobrar de $13.281.989.

Por último, la abogada indicó que , si bien el contrato establece que ell a no debía recibir directamente suma alguna de dinero , también es c ierto que existe una excepción de contrato no cumplido , en la medida en que la copropiedad no podía exigir por parte de ella más cumplimiento cuando ellos se habían negado a cumplir con sus obligaciones. Lo anterior, sumado a que necesitaba liquidez, toda vez que trabaja con un grupo de abogados respecto de quienes tiene obligaciones laborales y prestacionales, cuyo cumplimiento depende del pago oportuno de las copropiedades que son sus clientes.

Luego, el magistrado seccional decretó pruebas e informó que la fecha

laborales y prestacionales, cuyo cumplimiento depende del pago oportuno de las copropiedades que son sus clientes.

Luego, el magistrado seccional decretó pruebas e informó que la fecha de la siguiente audiencia sería el 24 de abril de 2024 a las 11:00 a.m.

En sesión del 24 de abril de 2024 el Magistrado realizó un recuento de las pruebas recaudadas y calificó la actuación con formulación de cargos.

Inicialmente, el magistrado se refiere a los hechos disciplinariamente relevantes que se desprenden de la queja: (I) Posible indiligencia profesional por la demora en la iniciación de la gestión encomendada o haber incurrido en alguna irregularidad en desarrollo de la gestión profesional en lo que tiene que ver con las demandas ejecutivas que fueron rechazadas por una indebida subsanación. (II) Presuntas irregularidades que se aducen por la expedición de un paz y salvo alA 16050

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señor Ricardo Linares por concepto de honorarios, sin que se especificara alguna cuantía de cobro o la gestión especificada. (III) Haber efectuado un acuerdo de pago de expensas comunes con un deudor de la copropiedad y recibir en su cuenta per sonal sumas de dinero por el cumplimiento de este, sin que el valor re spectivo fuera entregado a su mandante a la menor brevedad posible.

deudor de la copropiedad y recibir en su cuenta per sonal sumas de dinero por el cumplimiento de este, sin que el valor re spectivo fuera entregado a su mandante a la menor brevedad posible.

Posteriormente, el magistrado expuso que, el rechazo de las demandas no era atribuible a la disciplinada, pues la p resentación de estas dependía de la obtención del certificado de exist encia y representación legal actualizado, documento que debía ser suministrado por la copropiedad. Indicó que, pese a los requerimientos efectuados por la abogada, el entonces representa nte legal no aportó dicho soporte, razón por la cual no se configuró f alta disciplinaria y dispuso la terminación del procedimiento y el archivo de la actuación respecto de ese hecho.

Frente a la presunta expedición irregular de un paz y salvo de honorarios a nombre del señor Ricardo Linares, el magistrado concluyó que no existía material probatorio que permitiera acreditar un comportamiento disciplinariamente relevante por parte de la disciplinada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley 1123 de 2007, ordenó igualmente la terminación del procedimiento y el archivo de la actuación respecto de este cargo.

Por consiguiente, la imputación fáctica y jurídica fue la siguiente:

Imputación fáctica. Haber omitido hacer entrega , en la menor brevedad posible, de las sumas de dinero recibidas con ocasión de suA 16050

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gestión profesional a favor de su poderdante. En particular, recibió la suma de $3.534.000 el 19 de noviembre de 2021 y la suma de $5.000.000 el 19 de diciembre de 2021, recursos que, a la fecha, no han sido restituidos.

Imputación jurídica. Presunta falta disciplinaria a la que se refiere el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 e infracción al deber contenido en los numerales 8° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de dolo.

Posteriormente, se le concedió la palabra a la disciplinada, quien no efectuó solicitud probatoria, pues se acogía a las pruebas obrantes en el expediente.

3.- Etapa de juzgamiento

La referida audiencia tuvo lugar en sesión del 6 de marzo de 20259, en la que l a disciplinada rindió alegatos de conclus ión, en el siguiente sentido:

Sostuvo que durante el trámite del proceso quedó demostrado que siempre cumplió con las obligaciones derivadas del ejercicio de su profesión. Manifestó que constituía un abuso que se le calificara de deshonesta, cuando, en s u criterio, fue la copropiedad la que incumplió las obligaciones contractuales, circunstancia que,

cumplió con las obligaciones derivadas del ejercicio de su profesión. Manifestó que constituía un abuso que se le calificara de deshonesta, cuando, en s u criterio, fue la copropiedad la que incumplió las obligaciones contractuales, circunstancia que, según afirmó, le otorgaba el derecho a exigir el pago de la cláusula penal y de los honorarios adeudados. Agregó que su actuación se limitó a hacer efectivas las obligaciones derivadas del contrato y solicitó que se tuviera en cuenta que únicamente estaba ejerciendo sus derechos, así como que no registra antecedentes disciplinarios.

DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 31 de marzo de 2025, por la Comisión

9Archivo virtual titulado “65PROC~1” ibidem.A 16050

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Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca10, se resolvió SANCIONAR a la abogada LINA ESPERANZA CUERVO GRISALES, con SUSPENSIÓN de SEIS (6) MESES en el ejercicio de la profesión y MULTA de SEIS (6) SMLMV, al incurrir a título d e dolo, en la falta contemplada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento de los deberes consagrados en el numeral 8º del artículo 28 ibidem.

contemplada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento de los deberes consagrados en el numeral 8º del artículo 28 ibidem.

Señaló el a quo que las pruebas que obran en el expediente dieron cuenta de que con ocasión al contrato de prestación de servicios suscrito entre el Parque Residencial Puerto Plata y la abogada Lina Esperanza Cuervo Grisales , la disciplinada logró un acuerdo de pago con uno d e los copropietarios. Como consecuencia de ello, el 19 de noviembre de 2021 la disciplinada recibió en su cuenta personal la suma de $3.534.000 y el 19 de diciembre de 2021 la suma de $5.000.000. No obstante, aun cuando estos valores correspondían a pagos de obligaciones pendientes de uno de los deudores con e l Parque Residencial Puerto Plata, la abogada no entregó dichos dineros a la copropiedad.

Por lo anterior, consideró que l a encartada incurrió en la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 , en pleno desconocimiento de l deber de honradez en sus relaciones profesionales de que trata el numeral 8º del artículo 28 ibidem, pues no entregó a la menor brevedad el dinero que recibió producto de la gestión profesional adelantada en virtud del acuerdo de pago, sin tener la facultad de descontar automáticamente sus honorarios, como así lo

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argumentó.

Frente a la culpabilidad, señaló que la conduct a de la letrada era dolosa, porque sabía que, al recibir la suma en virtud del cobro de obligaciones adeudadas a su cliente, debía entregar a su poderdante dichos dineros que habían sido recaudados en virtud de la gestión profesional. Sin embargo, de maner a libre y consciente omitió entregarlos de manera oportuna a su mandante.

Respecto de la dosificación de la sanción, la Seccional de instancia tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, así como los siguientes criterios generales , tales como la trascendencia social de la conducta, la modalidad, el perjuicio causado y los criterios de atenuación y agravación.

Indicó que en el presente caso no se configura ninguno de los presupuestos para la aplicación de las circunstancias de atenuación. En relación con los criterios de agravación, tuvo en cuenta que, según lo probado dentro del proceso, la disciplin ada destinó los dineros recibidos al pago de honorarios y al cobro de una cláusula penal. En consecuencia, aplicó el agravante previsto en el numeral 4, literal c, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

recibidos al pago de honorarios y al cobro de una cláusula penal. En consecuencia, aplicó el agravante previsto en el numeral 4, literal c, del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Por último, considerando la ausencia de causales de atenuación y la concurrencia de agravantes, el a quo impuso la sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por el término de 6 meses acompañada de la im posición de multa de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes.A 16050

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LA APELACIÓN

En la alzada 11, la disciplinada solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

  • La disciplinada argumenta que las sancione s impuestas en el fallo recurrido tienen su origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales atribuibles a la Copropiedad Parque Residencial Puerto Plata. Señala que dicho incumplimiento le ha generado perjuicios económicos, pues aún se encuen tran pendientes de pago varias sumas de dinero a su favor. Con fundamento en ello, sostiene que su actuación estuvo encaminada a obtener el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la copropiedad.

Además, en línea con lo anterior, argu menta la a usencia de obligaciones contractuales y profesionales de su parte : Con

encaminada a obtener el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la copropiedad.

Además, en línea con lo anterior, argu menta la a usencia de obligaciones contractuales y profesionales de su parte : Con fundamento en el artículo 1609 del Código Civil, la disciplinada señala que, ante el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte del contratante, cesaban las obligaciones a su cargo, tanto las de naturaleza contractual como las de carácter profesional. En consecuencia, considera que dicho incumplimiento la eximía del cumplimiento de cualquier obligación, incluso de aquellas de naturaleza disciplinaria.

  • En el recurso, la disciplinada sostiene que la decisión impugnada transmite el mensaje de que es posible incumplir las

11Archivo titulado “RECURSO DE APELACIÓN DISCIPLINARIO” de la carpeta de primera instancia.A 16050

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obligaciones adquiridas con los abogados contratados para la prestación de servicios profesionales, sin que existan mecanismos efectivos para garantizar la protección de sus derechos.

  • Afirma que no hu bo abuso en su cobro de tarifas por la prestación de servicios prestada.
  • Dentro del escrito de apelación, la disciplinada señala que fue declarada disciplinariamente responsable sin tener en cuenta que nunca ha sido sancionada.

TRÁMITE DEL RECURSO

prestación de servicios prestada.

  • Dentro del escrito de apelación, la disciplinada señala que fue declarada disciplinariamente responsable sin tener en cuenta que nunca ha sido sancionada.

TRÁMITE DEL RECURSO

La sentencia fue notificada a través de edicto 12 fijado del 19 de junio de 202513 al 24 de junio de 2025. Por su parte, la disciplinada presentó el recurso de alzada el 26 de ese mes y año 14, por lo que, estando en término, el Magistrado de primera instancia lo concedió el 8 de julio de 202515, y ordenó el envío a esta Comisión.

RECUENTO PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante acta individual de reparto de data 10 de julio de 2025 16, le correspondió el conocimiento de las presentes diligencias al despacho de quien hoy funge como ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

12 Archivo titulado “72EdictoSentencia20220050800” ibidem. 13 Se advierte error de digitación en la fecha de fijación del edicto, la cual señala que fue en el año 2023. 14Archivo titulado “Correo_ Comisión Seccional Disciplina Judicial - Cundinamarca – Outlook” en la carpeta “73DisciplinadapresentarecursoApelacion20220050800” ubicada en la carpeta de primera instancia. 15Archivo titulado ”77AutoConcedeRecursoApelacion“ ibidem. 16Archivo titulado “001ActaIndividualReparto” de la carpeta de segunda instancia.A 16050

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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, par a conocer del presente a sunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257 A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Igualmente, es competente en v irtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio de la misma disposición que señala que: “(…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplin aria del Consejo Superio r de la Judicatura” . Lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 112 numeral 4 ° de la Ley 270 de 1996 modificado por el canon 56 de la Ley 2430 de 2024, y lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

2.- Procedencia del recurso de apelación y legitimación de los intervinientes para recurrir. El medio vertical es procedente contra la sentencia de primera instancia emitida en los procesos disciplinarios adelantados contra los profesionales del de recho, de acuerdo con lo reglamentado en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007:

sentencia de primera instancia emitida en los procesos disciplinarios adelantados contra los profesionales del de recho, de acuerdo con lo reglamentado en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007:

“ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”. (Negrilla fuera del texto original).A 16050

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Igualmente, en su calidad de interviniente, la disciplinada está facultada para interponer los recu rsos que sean procedentes contra la decisión adoptada, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 66 de la Ley 1123 del 2007:

“ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…)

2. Interponer los recursos de ley.”

En ese orden, se logra verificar que la sentencia fue notificada través de edicto17 fijado del 19 de junio de 2025 18 al 24 de junio de 2025 y el recurso radicado el 26 del mismo mes y año , por lo que se entiende presentado dentro del término, en atención a lo di spuesto en el inciso

recurso radicado el 26 del mismo mes y año , por lo que se entiende presentado dentro del término, en atención a lo di spuesto en el inciso tercero del artículo 81 de la Ley 1123 del 2007.

3.- Del caso concreto. Procederá esta Comisión a revisar los argumentos expuestos por la disciplinada para determinar si estos revisten la contundencia suficiente que obliguen a revocar la decisión apelada, o si, por el contrario, no prestan mérito para desvirtuar la misma; no obstante, es válido recordar que el operador judicial en segunda instancia solo está habilitado para analizar las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.

De manera que «si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en

17 Archivo titulado “72EdictoSentencia20220050800” ibidem. 18 Se advierte error de digitación en la fecha de fijación del edicto, la cual señala que fue en el año 2023.A 16050

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otras palabras, la [providencia] de segunda i nstancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación»19.

En este orden de ideas, en atención a la limitación a que alude el evocado precepto, procede esta Sala ad quem a desatar los

consonancia con las materias objeto del recurso de apelación»19.

En este orden de ideas, en atención a la limitación a que alude el evocado precepto, procede esta Sala ad quem a desatar los argumentos de la alzada.

  • Incumplimiento de l as obligaciones contractuales por parte del quejoso.

La apelante sostiene que las sanciones impuestas por el a quo tienen origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales atribuibles a la Copropiedad Parque Residencial Puerto Plata. Dicho incum

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