CNDJ - 25000250200020240059701

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 25000250200020240059701
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16248

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ Radicación: 25000250200020240059701 Aprobado según Acta No. 029 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a resolver el recurso de apelación formulado por la abogada ANA CLEMENCIA CORONADO HERNÁNDEZ, contra la sentencia dictada el 25 de junio de 2026, mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca1 la declaró responsable, a título de dolo, de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 y la infracción al deber consagrado en el numeral 7 del artículo 28 ibidem, sancionándola con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

SITUACIÓN FÁCTICA

Gonzalo Espinosa Quiroga y Wilman Rodríguez Garzón2 denunciaron que la señalada abogada, en calidad de apoderada judicial de Corfinanciera S.A.S. y Desarrollos y Proyectos Especializados S.A.S., con ocasión a una disputa sobre el inmueble identificado con el folio de

1 MP. Fernando Augusto Ayala Rodríguez y Sandra Milena Carrillo Ramírez. 2 Pdf 003 C.1.A 16248

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matrícula inmobiliaria 307-47102 ubicado en el municipio de Ricaurte, en diferentes actuaciones ante autoridades judiciales3 y de policía4 ha utilizado expresiones deshonrosas para referirse a ellos, tales como, “falsario poseedor, perturbadores a la posesión por ocupación de hecho, invasor delincuente”, acusándolos de “pretender engañar, incurrir presuntamente en el delito de fraude procesal y concierto para delinquir, aducir falsamente”; además, formuló quejas disciplinarias contra los profesionales del derecho que los han representado.

ACTUACIÓN PROCESAL

Realizado el reparto5 y acreditada la calidad de abogada de la denunciada6, el 12 de agosto de 20247 se dispuso la apertura del proceso. La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo en sesiones de 21 de enero8, 6 de mayo9, 22 de julio10, 1 de octubre11 de 2025, y 18 de febrero de 202612.

En esa oportunidad la letrada rindió versión libre, manifestando: i) que los quejosos invadieron el inmueble ubicado en el municipio de Ricaurte, propiedad de Corfinanciera S.A.S. y Desarrollos y Proyectos Especializados S.A.S., con la anuencia de Sandra Julieth Ospina

los quejosos invadieron el inmueble ubicado en el municipio de Ricaurte, propiedad de Corfinanciera S.A.S. y Desarrollos y Proyectos Especializados S.A.S., con la anuencia de Sandra Julieth Ospina Aguirre, quien por muchos años lo habitó en calidad de arrendataria, y luego, atribuyéndose la calidad de poseedores, promovieron múltiples

3 Acción de tutela radicado No. 2561240890022024006300. 4 Denuncia penal 2022-54979 por el delito de fraude procesal, querella policiva 001-2023 por perturbación por ocupación de hecho, denuncia penal No. 2023-11528 por el delito de perturbación a la posesión sobre inmueble. 5 Pdf 001 C.1. 6 Pdf 006 C.1. 7 Pdf 008 C.1. 8 Pdf 029 y 030 C.1. 9 Pdf 047 y 048 C. 1. 10 Pdf 058 y 059 C. 1. 11 Pdf 069 y 070 C. 1. 12 Pdf 79 y 078 C. 1.A 16248

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actuaciones -demandas infundadas, recusaciones contra el juez de conocimiento y 8 acciones de tutela, de las cuales solo 1 prosperó - desconociendo los derechos de dominio de sus clientes y usando documentación espuria, por lo cual se formularon denuncias por fraude

conocimiento y 8 acciones de tutela, de las cuales solo 1 prosperó - desconociendo los derechos de dominio de sus clientes y usando documentación espuria, por lo cual se formularon denuncias por fraude procesal; ii) Espinosa Quiroga y Rodríguez Garzón debieron ser desalojados del predio con acompañamiento policial, hecho conocido por la comunidad; iii) las expresiones “perturbador de la posesión” e “invasor de tierras” eran términos empleados en el argot jurídico para referirse a quien incurre en las conductas de “perturbación a la posesión” y la “invasión de tierras”; iv) considera que la incursión en el delito de invasión está probada, por ello se promovió un proceso de restablecimiento de derechos; v) en una ocasión fue abordada por quienes se identificaron como miembros de la “Oficina de San Andresito”, exigiéndole el pago de cien millones de pesos; y vi) presentadas las denuncias no volvió a indagar sobre el estado de las mismas.

Asimismo, Espinosa Quiroga y Rodríguez Garzón ampliaron la queja, se practicaron los testimonios de Mónica Cifuentes González y Juan Fernando Ochoa Restrepo y se incorporó como prueba documental relevante: i) la carpeta de la denuncia penal No. 2023-11528 por el delito de perturbación a la posesión sobre inmueble13, ii) expediente de la acción de tutela No. 2024-00063-00 conocida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ricaurte14; iii) la denuncia penal 202254979 por el delito de fraude procesal15; iv) la querella policiva 001-2023

la acción de tutela No. 2024-00063-00 conocida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ricaurte14; iii) la denuncia penal 202254979 por el delito de fraude procesal15; iv) la querella policiva 001-2023 por perturbación por ocupación de hecho16; y v) el expediente acción de

13Carpetas 004 y 038 C. 1. 14 Carpeta 022 C. 1. 15 Carpeta 023 C. 1. 16 Carpeta 027 C. 1.A 16248

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tutela 2023-00336-00 tramitada por el Juzgado Primero Civil Municipal Ricaurte17.

Se formularon cargos por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 200718 y la infracción al deber consagrado en el numeral 7 del artículo 28 ibidem19, a título de dolo, por cuanto el 12 de marzo de 2024, en representación de Corfinanciera S.A.S. y Desarrollos y Proyectos Especializados S.A.S., contestó la acción de tutela No. 2024-00063-00 promovida por Gonzalo Espinosa Quiroga y Wilman Rodríguez Garzón en contra de la Alcaldía de Ricaurte y la Inspección de Policía del mismo municipio, acusando temerariamente de “delincuente” a los accionantes en el trámite

Espinosa Quiroga y Wilman Rodríguez Garzón en contra de la Alcaldía de Ricaurte y la Inspección de Policía del mismo municipio, acusando temerariamente de “delincuente” a los accionantes en el trámite constitucional, decretándose la terminación respecto de las demás conductas objeto de la queja20.

Seguidamente, se procedió al decreto de pruebas ordenando allegar el certificado especial de antecedentes disciplinarios de la encartada21 y se le concedió el término de 20 días para que aportara los documentos relacionados con la acción de tutela 2024-00063-00 22.

La audiencia de juzgamiento se celebró el 7 de mayo de 202623, con la comparecencia de la investigada, quien rindió alegatos y solicitó

17 Carpeta 027 C. 1. 18Artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas: Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas. 19 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (…) 7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. 20 Pdf 081 C.01. 21 Pdf 082 C.01. 22 Pdf 797 y 078 C. 1.

contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión. 20 Pdf 081 C.01. 21 Pdf 082 C.01. 22 Pdf 797 y 078 C. 1. 23 Pdf 089 y 090 C. 1.A 16248

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absolución, arguyendo: i) que la falta establecida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 solo se estructura cuando se vulnera el buen nombre de una persona o colega en el marco de la gestión profesional, de manera que no todas las expresiones empleadas por los abogados para defender los intereses de sus clientes pueden ser consideradas como agravios; ii) no actuó con temeridad, pues no alcanzó a dimensionar que para poder utilizar la palabra “delincuente” los destinatarios debían haber sido previamente condenados; iii) el término empleado fue una manifestación ligera y no intencionada, provocada por el cúmulo de actuaciones desplegadas por los quejosos y sus apoderados, tendientes a desconocer los derechos de propiedad de sus prohijados sobre el inmueble ubicado en la Diagonal 7 No. 13-366 del municipio de Ricaurte; iv) el escrito censurado pretendía alertar al juez de conocimiento que se cometieron “actos irregulares reprochables por la ley penal”; y v) estando proscrita la responsabilidad objetiva, no podía

Ricaurte; iv) el escrito censurado pretendía alertar al juez de conocimiento que se cometieron “actos irregulares reprochables por la ley penal”; y v) estando proscrita la responsabilidad objetiva, no podía estructurársele un juicio de reproche solo por su condición de abogada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca el 25 de junio de 202624 sancionó a la imputada con suspensión del ejercicio profesional por dos (2) meses, al encontrarla responsable del cargo formulado, por hallar acreditado que el adjetivo “delincuente” empleado en el escrito de contestación de la acción de tutela 2024-00063-00 fechado 12 de marzo de 2024, aun cuando los mismos no habían sido condenados formalmente como autores de algún delito, comportó una acusación temeraria hacia Gonzalo Espinosa y Wilman Rodríguez Garzón, trasgrediendo el deber de observar mesura y respeto (numeral

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7 artículo 28 C.D.A.) frente a los partícipes de la actuación, comportamiento que incluso fue reprochado por el juzgado de conocimiento en el fallo, al requerirla para que se abstuviera de emitir aseveraciones de ese talante.

7 artículo 28 C.D.A.) frente a los partícipes de la actuación, comportamiento que incluso fue reprochado por el juzgado de conocimiento en el fallo, al requerirla para que se abstuviera de emitir aseveraciones de ese talante.

Explicó que la letrada pese a conocer que en el desarrollo de la profesión debía actuar con mesura y respeto, realizó el aludido señalamiento, pretextando la defensa de los intereses de sus prohijados, aun cuando en el marco de los límites del profesionalismo pudo determinar su comportamiento de manera distinta, lo que se enmarcó en los cánones del dolo.

Al realizar la dosimetría de la sanción, atendió los criterios generales de graduación previstos en el literal A del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y tuvo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta.

RECURSO DE APELACIÓN

En término25 la disciplinable apeló, propendiendo por la revocatoria de la decisión sancionatoria bajo los siguientes argumentos: i) no existe una afectación al bien jurídico tutelado -honra y buen nombre de Gonzalo Espinosa Quiroga y Wilman Rodríguez Garzón-, porque la frase “invasor -delincuente” se produjo en el ámbito de una acción constitucional y no en un escenario público, y su desvalor ante la comunidad de Ricaurte no le es atribuible, dado que obedeció a sus propios actos al ocupar un predio ajeno, hecho conocido por la vecindad; ii) se omitió analizar el contexto fáctico y jurídico en el cual

comunidad de Ricaurte no le es atribuible, dado que obedeció a sus propios actos al ocupar un predio ajeno, hecho conocido por la vecindad; ii) se omitió analizar el contexto fáctico y jurídico en el cual

25 La notificación a los intervinientes se surtió el 9 de julio de 2026 en aplicación a lo normado en el art. 8 de la Ley 2213 de 2022 (Pdf 0092 C.1); el recurso se presentó en esa misma data (Carpeta 097 C.1).A 16248

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fueron empleadas las expresiones cuestionadas, su propósito, finalidad y alcance, además, si bien no había una sentencia condenatoria, el acervo probatorio daba cuenta de la incursión de Espinosa Quiroga y Rodríguez Garzón en los punibles de “invasión de tierras, el fraude, la falsedad en documento público”.

Agregó, que no actuó con dolo, pues al plasmar el vocablo no dimensionó su alcance jurídico en relación con el principio de inocencia, su interés era poner en conocimiento del juez constitucional “las mentiras que se escribieron” en la acción de tutela y su “imprudencia” fue producto de “las afectaciones psicológicas a las cuales fui sometida por los quejosos durante todas las actuaciones a las cuales me vi enfrentada”.

mentiras que se escribieron” en la acción de tutela y su “imprudencia” fue producto de “las afectaciones psicológicas a las cuales fui sometida por los quejosos durante todas las actuaciones a las cuales me vi enfrentada”.

Concedida la apelación, el expediente fue remitido a esta Superioridad y se asignó al magistrado que funge como ponente26.

CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, procede a resolver el recurso de apelación dentro de los límites fijados por el principio de limitación.

El artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, contentivo de la falta endilgada, dispone:

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“Artículo 32. Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

Conforme a los elementos normativos del tipo, la temeridad está ligada a la acusación realizada por el abogado en contra de alguna persona que intervenga en asuntos profesionales y se configura cuando la atribución de un hecho o comportamiento contrario a derecho es realizada deliberadamente “sin fundamento, razón o motivo” admisible27, de manera que la esencia de la tipología de la falta radica en reprochar aquellas afirmaciones emitidas por un sujeto disciplinable que resultan injustificadas.

Desde la audiencia de pruebas y calificación provisional, la seccional reprochó a la investigada que al contestar la acción de tutela No. 202400063-00, acusó temerariamente de “delincuente” a la parte accionante, calificación jurídica soportada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 que fue íntegramente acogida en la sentencia recurrida28 y bajo esa precisión se analizarán los argumentos de ataque.

La acción constitucional en la que se usó la expresión “delincuente” fue promovida por Gonzalo Espinosa Quiroga y Wilman Rodríguez Garzón

27 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Providencia del 18 de junio de 2025, bajo radicado No.

23001250200020240010401. Magistrado Ponente Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez. 28 Ver folio 15, Pdf 091 C.01.A 16248

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frente a la Alcaldía de Ricaurte y la Inspección de Policía del mismo municipio, solicitando declarar la nulidad del proceso policivo de perturbación por ocupación de hecho seguida en su contra, por vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, entre otros.

El término utilizado y sobre el cual se edificó la atribución fue plasmado así:

“Adicionalmente, resulta un contrasentido que, los invasores GONZALO ESPINOSA QUIROGA y WILLMAN RODRIGUEZ GARZÓN, quienes estaban presentes en la diligencia, pudieran interrogar a mi poderdante cuando le otorgaron poder al abogado ISRAEL MARTÍNEZ MUÑOZ el cual funge como tal, sin que el poder le haya sido revocado.

Por consiguiente, el Sr. Inspector de Policía, no podía jurídicamente concederles la palabra con tal fin.

Pero al margen del concepto del jurista, lo cierto, es que resulta inapropiado que, EL INVASOR – delincuente, interrogue a la victima de sus delitos, como era en este caso el señor Juan Fernando Ochoa Restrepo, quien en el pasado ostento la calidad de representante legal de CORFINANCIERA S.A.S. Maxime

victima de sus delitos, como era en este caso el señor Juan Fernando Ochoa Restrepo, quien en el pasado ostento la calidad de representante legal de CORFINANCIERA S.A.S. Maxime cuando, en la diligencia estuvo presente el abogado JUAN CARLOS BAYONA ROMERO, apoderado de la también coautora invasora Sandra Yulieth Ospina Aguirre, quien interrogo al testigo, objeto preguntas y defendió en su intervención la legalidad de laA 16248

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actuación y los derechos de los invasores accionantes” (Destacado del despacho).

Del anterior recuento, emerge con claridad que el calificativo “delincuente” no resultaba necesario, imperativo y mucho menos justificado para el ejercicio defensivo encomendado, pues nada aportaba al debate jurídico y contrario a lo sostenido por la imputada, no evidenciaba un propósito informativo de alertar al juez de conocimiento sobre las “falsedades” de los tutelantes, porque allí solo se oponían a la posibilidad de que Gonzalo Espinosa Quiroga y Willman Rodríguez Garzón, interrogaran a sus poderdantes.

Si bien el citado artículo 32 del CDA permite reprochar o denunciar conductas como las descritas, tal prerrogativa debe hacerse “por los medios pertinentes”, de ahí que el escenario en el que se produjo no

Si bien el citado artículo 32 del CDA permite reprochar o denunciar conductas como las descritas, tal prerrogativa debe hacerse “por los medios pertinentes”, de ahí que el escenario en el que se produjo no correspondió a tales instrumentos, porque itérese, el objeto de la controversia era cuestionar la legalidad del trámite policivo y ello acaeció al interior de una acción de tutela.

Aunque en ejercicio del derecho de postulación, el ámbito de libertad argumentativa en el discurso de los abogados es amplio, permitiéndoles aludir a variadas figuras discursivas, estas han de enmarcarse en las restricciones propias del derecho a la libertad de expresión, entre ellas, la abstención de proferir manifestaciones que afecten los derechos de los demás, con mayor razón, cuando quien las profiere conoce el alcance de las mismas, dada su condición de abogado. Consecuentemente, no le era permitido a la letrada atribuirse la potestad de hacer señalamientos encaminados a calificar deA 16248

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trasgresores de la ley a la contraparte, al margen de que compartiera o no su actuar procesal.

En línea con lo anterior, no corresponde a la autoridad disciplinaria y menos a la investigada, definir si Espinosa Quiroga y Rodríguez Garzón

no su actuar procesal.

En línea con lo anterior, no corresponde a la autoridad disciplinaria y menos a la investigada, definir si Espinosa Quiroga y Rodríguez Garzón incurrieron o no en los delitos de “invasión de tierras, el fraude, la falsedad en documento público”, pues ello es competencia de la especialidad penal29, por ende, no puede abordarse de fondo el estudio del comportamiento de los quejosos para definir si se enmarcaban o no en un punible, como reclama la apelante.

Además, lo que se advierte de las pruebas allegadas son conflictos de naturaleza civil con ocasión al dominio de un inmueble, pues se han presentado demandas de pertenencia, de perturbación a la posesión y acciones de tutela, por lo que con independencia de que las mismas en su mayoría fueran declaradas imprósperas, no justificaban el uso de la expresión reprochada.

Tampoco son de recibo las manifestaciones de Ana Clemencia Coronado Hernández para justificar su “imprudencia”, por cuanto las desavenencias entre ella y los denunciantes resultaban ajenas a su órbita personal e íntima; por el contrario, eran propias de su rol profesional, de ahí que no se advierta cómo pudieron generarle “afectaciones psicológicas” con entidad suficiente para llevarla a transgredir sus deberes profesionales de observar mesura, ponderación y respeto a la contraparte.

29 Artículo 29 de la Ley 906 de 2004. “Objeto de la jurisdicción penal ordinaria. Corresponde a la jurisdicción penal la

persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en los casos que determinen los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Colombia y la legislación interna”.A 16248

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Así, las exculpaciones de la encartada no pueden ser acogidas, pues conocía el propósito de la acción de tutela y la contestación, pese a lo cual, so pretexto de defender los intereses de sus prohijados, atribuyó a los quejosos la condición de delincuentes, a sabiendas de que no mediaba decisión condenatoria relacionada con las denuncias que en otrora oportunidad presentó, desconociendo la exigencia de conducta que le imponía el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

En cuanto al argumento según el cual no se acreditó un perjuicio concreto o que la afectación a la honra y al buen nombre obedeció a los propios actos de los denunciantes, conviene precisar que la responsabilidad disciplinaria no se edifica sobre la producción de un resultado lesivo específico, sino en la afectación injustificada de los deberes éticos que gobiernan el ejercicio profesional. Por consiguiente, no era necesario demostrar un menoscabo efectivo de los derechos de aquellos para estructurar el juicio sancionatorio, pues se encuentra acreditado que la investigada desconoció la obligación de actuar con

deberes éticos que gobiernan el ejercicio profesional. Por consiguiente, no era necesario demostrar un menoscabo efectivo de los derechos de aquellos para estructurar el juicio sancionatorio, pues se encuentra acreditado que la investigada desconoció la obligación de actuar con mesura, ponderación y respeto frente a los intervinientes en la acción constitucional No. 2024-00063-00, circunstancia que otorgó relevancia disciplinaria a su proceder.

Acorde con lo discurrido, está probado que la jurista, dirigió su conducta de manera voluntaria y consciente a acusar temerariamente a Gonzalo Espinosa Quiroga y Willman Rodríguez Garzón de delincuentes, enmarcándose en la falta del artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, lo que además, da respaldo a la modalidad dolosa que le fue atribuida, al actuar con conocimiento y la posibilidad de autodeterminarse, pese a lo cual, aprovechó la ocasión para emplear expresiones temerarias hacia su contraparte. En ese entendido, el dolo que le fue atribuido no seA 16248

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estructura por su calidad de abogada per se sino porque, precisamente dada su formación jurídica, conocía el ordenamiento jurídico y los deberes de conducta que le son exigibles en tal condición, no obstante optó por desatenderlos emitiendo acusaciones temerarias hacia su

dada su formación jurídica, conocía el ordenamiento jurídico y los deberes de conducta que le son exigibles en tal condición, no obstante optó por desatenderlos emitiendo acusaciones temerarias hacia su contraparte.

Como ninguno de los argumentos de la apelación serán acogidos, la Comisión confirmará integralmente la sentencia apelada.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 25 de junio de 2026, mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, declaró responsable a la abogada ANA CLEMENCIA CORONADO HERNÁNDEZ a título de dolo, de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 y la infracción al deber consagrado en el numeral 7 del artículo 28 ibidem, sancionándola con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión.

SEGUNDO: ANOTAR la sanción impuesta en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviando copia de esta sentencia con la constancia de ejecutoria.

TERCERO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para elA 16248

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efecto, se debe enviar a los correos electrónicos copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la secretaría judicial.

CUARTO: REGRESAR las diligencias inmediatamente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen, para que imparta el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Presidente

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

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ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

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ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 15 | 25

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Magistrada

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIALA 16248

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 25000250200020240059701

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 16 | 25

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de 2026

Magistrado ponente: Carlos Arturo Ramírez Vásquez Radicación n.° 250002502000 2024 00597 01

Sala ordinaria n.º 029 del veintiséis (26) de agosto de 2026

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, expongo la razón por la cual salvé el voto en la providencia de la referencia en la que esta

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, expongo la razón por la cual salvé el voto en la providencia de la referencia en la que esta colegiatura resolvió mayoritariamente confirmar la decisión proferida el 25 de junio de 2026, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable a la abogada Ana Clemencia Coronado Hernández por incurrir en la falta de que trata el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, en consonancia con el numeral 7.º del artículo 28 ibidem, a título de dolo y en consecuencia, se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

Recuérdese que los hechos examinados correspondieron a que, el 12 de marzo de 2024, en representación de Corfinanciera S.A.S. y Desarrollos y Proyectos Especializados S.A.S., la disciplinada contestó la acción de tutela n.° 2024-00063-00 promovida por los señores Gonzalo Espinosa Quiroga

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