CNDJ - 25000250200020240171801

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 25000250200020240171801
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16085

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Radicación No. 25000250200020240171801 Aprobado según Acta No. 026 de la misma fecha.

ASUNTO

Resolver la apelación formulada por el disciplinado YECID GONZALO ALDANA MANRIQUE, contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas1, mediante la cual fue sancionado con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio profesional, al hallarlo responsable, a título de dolo, de la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 29 numeral 5 ibidem, e infracción del deber establecido en el numeral 14 del artículo 28 ejusdem.

SITUACIÓN FÁCTICA

Brenda Liliana Pardo Echeverr y presentó queja contra el abogado por infracción al régimen de incompatibilidades, en razón a que conoció como Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté querella por perturbación a la posesión interpuesta contra la quejosa por Leidy Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista, y posteriormente representó a estos últimos en solicitud de conciliación y acción

1 MP . Fernando Augusto Ayala Rodríguez en sala dual con la magistrada Sandra Milena Carrillo Ramírez.A 16085

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reivindicatoria respecto del mismo bien, sin que transcurrieran 3 meses de haberse retirado de dicho cargo -3 de abril de 2024-.

ACTUACIÓN PROCESAL

Acreditada la calidad de abogado 2, en auto del 30 de abril de 2025 se dispuso la apertura del proceso disciplinario3, y la audiencia de pruebas y calificación provisional tuvo lugar en sesiones del 22 de julio4 y 06 de noviembre de 2 0255, incorporándose como prueba documental: i) las aportadas por disciplinado 6 y quejosa 7, ii) constancia No. 152 de no conciliación surtida el 21 de octubre de 2024 ante la Notaría Segunda del Círculo de Ubaté 8, iii) proceso verbal reivindicatorio 25843310300120240009500 tramitado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ubaté9 y iv) querella policiva 003-24Q por comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles 10. Adicionalmente, se escuchó la ampliación de queja11.

En versión libre 12 indicó que no conoció las circunstancias propias del asunto policivo, porque las actuaciones que se desarrollaron mientras fungió como Inspector de Policía fueron meramente secretariales, toda

En versión libre 12 indicó que no conoció las circunstancias propias del asunto policivo, porque las actuaciones que se desarrollaron mientras fungió como Inspector de Policía fueron meramente secretariales, toda vez que la audiencia de que trata la Ley 1801 de 2016 se desarrolló con

2 El abogado Yecid Gonzalo Aldana Manrique se identifica con cédula de ciudadanía No. 79.167.784 y tarjeta profesional 176.972. Archivo digital “005CertificadoVigenciaTarjetaProfesional 202401718”. 3 Archivo digital “008AperturaAbogado2024 - 1718”. 4 Archivo digital “025PROCESO 25000250200020240171800 AUDIENCIA DESP ACHO Despacho 003 De La Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Cundinamar”. 5 Archivo digital “039AudienciaPruebasCalificacion”. 6 Archivo digital “026PruebasDisciplinable, 027AnexoPruebasDisciplinable, 038AnexoEmialInvestigado”. 7 Archivo digital “003Queja 202401718”. 8 Archivo digital “020RespuestaSolicitudProbatoriaNotaria2Ubate20240171800”. 9 Archivo digital “035AnexoRespuestaJCCtoUbate202401718”. 10 Archivo digital “027AnexoPruebasDisciplinable - 3P .V .A. No. 003-24Q - 4P .V .A. No. 003-24Q”. 11 Récord 15:30 archivo digital “025PROCESO 25000250200020240171800 AUDIENCIA DESP ACHO Despacho 003 De La Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Cundinamar”. 12 Récord 49:19 archivo digital “025PROCESO 25000250200020240171800 AUDIENCIA DESP ACHO Despacho 003

La Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Cundinamar”. 12 Récord 49:19 archivo digital “025PROCESO 25000250200020240171800 AUDIENCIA DESP ACHO Despacho 003 De La Comisión Seccional De Disciplina Judicial De Cundinamar”.A 16085

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posterioridad a su renuncia, al punto que para citar a la quejosa a conciliación ante la Notaría Segunda del Círculo de Ubaté, tuvo que buscar por redes sociales sus datos de notificación.

En la última sesión -06 de noviembre de 202513se formuló como único cargo contra Yecid Gonzalo Aldana Manrique, la presunta infracción del deber previsto en el artículo 28 numeral 1414 de la Ley 1123 de 2007 e incursión, a título de dolo, en el numeral 5 del artículo 2915 y artículo 39 ibidem16, porque al parecer infringió el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

Lo anterior, por cuanto como Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté dio inicio el 15 de enero de 2024 a la querella policiva por perturbación a la posesión dentro de un conflicto suscitado entre Brenda Liliana Pardo Echeverry contra Leidy Amparo P iraquive López y Armando Luis Neira Batista en razón del predio identificado como lote No. 1 de la vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté y

Liliana Pardo Echeverry contra Leidy Amparo P iraquive López y Armando Luis Neira Batista en razón del predio identificado como lote No. 1 de la vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté y posteriormente en condición de abogado, ejerció la profesión al aceptar el mandato otorgado el 26 de junio de 2024 por los querellantes, iniciar acción reivindicatoria el 19 de julio de 2024 en el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté, e intervenir en audiencia de conciliación celebrada el 25 de septiembre y 21 de octubre del mismo año ante la Notaría Segunda de ese Circuito, con identidad de objeto y partes.

13 Archivo digital “039AudienciaPruebasCalificacion”. 14 Artículo 28. Deberes profesionales del abogado . Son deberes del abogado: 14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión. 15 Artículo 29. Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos: 5. Los abogados en relación con asuntos de que hubieren conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales. Tampoco podrán hacerlo ante la dependencia en la cual hayan trabajado, dentro del año siguiente a la dejación de su cargo o función y durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido. 16 Artículo 39. También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional.A 16085

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La audiencia de juzgamiento tuvo lugar el 20 de marzo de 202 617, oportunidad en la que se amplió el testimonio de Brenda Liliana Pardo Echeverry18 y el disciplinado alegó de conclusión19 afirmando que nunca tuvo “participación activa” dentro de la actuación que desplegó como Inspector de Policía, pues solo se surtieron algunos trámites previos como la radicación de la querella, la notificación y citación a la audiencia inicial, la cual tuvo lugar después de que deja ra el cargo, por ello, no avocó el asunto, pues ese procedimiento es similar al que se imprime a la audiencia de pruebas y calificación provisional en esta jurisdicción, momento procesal en el que realmente se conoce de fondo porque se da lectura a la denuncia.

Posteriormente, asumió el poder para presentar solicitud de conciliación, el cual estaba lejos de ser un proceso al no haber debate probatorio; tampoco causó perjuicio alguno a la quejosa, porque no está probado el maltrato emocional informado en es tas diligencias. Alegó que actuó con la convicción errada e invencible de que su comportamiento no constituía falta disciplinaria, al ser imposible recordar todos los datos de las querellas bajo su conocimiento.

que actuó con la convicción errada e invencible de que su comportamiento no constituía falta disciplinaria, al ser imposible recordar todos los datos de las querellas bajo su conocimiento.

SENTENCIA APELADA

En proveído del 28 de mayo de 2026 20, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca y Amazonas sancionó al abogado Yecid Gonzalo Aldana Manrique con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio profesional , tras hallarlo responsable de la falta imputada, al

17 Archivo digital “047GrabacionAudienciaJuzgamiento”. 18 Récord 3:05 archivo digital “047GrabacionAudienciaJuzgamiento”. 19 Récord 12:54 archivo digital “047GrabacionAudienciaJuzgamiento”. 20 Archivo digital “050SentenciaPrimeraInstancia”.A 16085

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encontrar probado que en el año 2024 conoció el asunto suscitado por Leidy Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista en contra de Brenda Liliana Pardo Echeverry en su condición de Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté, y posteriormente aceptó mandato para apoderar a dichos querellantes en la presentación de demanda verbal reivindicatoria -19 de julio de 2024 - y conciliación prejudicial celebrada el 25 de septiembre y 21 de octubre de 2 024-,

mandato para apoderar a dichos querellantes en la presentación de demanda verbal reivindicatoria -19 de julio de 2024 - y conciliación prejudicial celebrada el 25 de septiembre y 21 de octubre de 2 024-, respecto del mismo predio objeto de controversia.

En sede de antijuridicidad, concluyó que el comportamiento infringió, a título de dolo, el deber consagrado en el numeral 14 del artículo 28 del C.D.A. al apoderar en dos asuntos con partes, objeto y hechos idénticos al conocido anteriormente en su calidad de Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté, por el desvalor que dicha conducta representa para la profesión de abogado.

Para graduar la sanción, valoró i) la trascendencia social de la conducta por el impacto negativo que tal hecho tiene en la sociedad y ii) la modalidad dolosa, dada su decisión de adelantar la gestión profesional pese a conocer la prohibición al respecto.

RECURSO DE APELACIÓN

En término21, el disciplinado apeló22 alegando atipicidad y ausencia de dolo, toda vez que las actuaciones desplegadas dentro del proceso policivo 003 -24Q, durante el tiempo en que se desempeñó como

21 Archivo digital “051NotificacionSentenciaIntervinientes”. El fallo sancionatorio fue notificado mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2026 y el recurso fue recibido el día 02 de junio de 2026, archivo digital “055DisciplinadoAllegaRecurso - Bandeja de entrada_ Comisión Seccional Disciplina Judicial - CundinamarcaOutlook”. 22 Archivo digital “055DisciplinadoAllegaRecurso”.A 16085

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“055DisciplinadoAllegaRecurso - Bandeja de entrada_ Comisión Seccional Disciplina Judicial - CundinamarcaOutlook”. 22 Archivo digital “055DisciplinadoAllegaRecurso”.A 16085

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Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté, fueron netamente de impulso y secretarial, no presidió audiencia pública ni practicó pruebas, mucho menos emitió decisión sobre el asunto.

Insiste en que no tuvo conocimiento de las circunstancias propias de la querella, al punto que desconocía los datos de la quejosa y tuv o que investigarlos en sus redes sociales para poder adelantar la gestión, circunstancia que generó el reproche violento del esposo de aquella y lo motivó a iniciar proceso policivo en su contra, situación que no fue valorada en la sentencia.

Cuestiona q ue la Seccional desvirtuó la causal de exclusión de responsabilidad -art. 22 -6 C.D.A. 23-, al considerar que el tiempo transcurrido entre el momento en que dejó el cargo de inspector de policía y el mandato asumido en favor de Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista, no fue suficiente, sin tener en cuenta la alta carga laboral y los múltiples asuntos que conoció en tal calidad, lo que hacía imposible memorizar los datos de cada uno de sus usuarios, máxime cuando el manejo de archivo y bases de datos estaban en

carga laboral y los múltiples asuntos que conoció en tal calidad, lo que hacía imposible memorizar los datos de cada uno de sus usuarios, máxime cuando el manejo de archivo y bases de datos estaban en cabeza de la secretaria – principio de confianza legítima -.

Para fundame ntar el error alegado, aduce que supo de la existencia previa de la querella por información de sus poderdantes y así lo plasmó en sus memoriales, pero no es cierto que obtuvo esa información debido a sus funciones como servidor público, pues su actuación se limitó a suscribir los autos de trámite proyectados para el impulso del procesoprincipio de buena fe-.

23 “ARTÍCULO 22. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando: (…) 6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.”A 16085

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Asegura que su comportamiento no fue antijurídico, toda vez que no produjo perjuicio a los derechos reales, patrimoniales o materiales de la quejosa, porque la demanda reivindicatoria fue rechazada y la conciliación culminó con constancia de no acuerdo.

Acusa que la carga de la prueba se trasladó al disciplinado y no se

quejosa, porque la demanda reivindicatoria fue rechazada y la conciliación culminó con constancia de no acuerdo.

Acusa que la carga de la prueba se trasladó al disciplinado y no se respetó el principio de presunción de inocencia, en tanto la certeza se edificó en construcciones indiciarias y subjetivas, y que la duda debió resolverse a su favor, sin embargo, se reprochó bajo responsabilidad objetiva, porque no obra una prueba incontrovertible de su actuar doloso, circunstancia que constituye infracción al debido proceso y a las garantías judiciales consagradas en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De manera subsidiaria solicita la reducción de la sanción, en virtud del principio de proporcionalidad y con fundamento en la afectación de sus derechos al mínimo vital y al trabajo generada por la suspensión de 6 meses, pues el ejercicio profesional es su único sustento y el correctivo impuesto destruye su buen nombre. Concluyó que no se tuvo en cuenta que carece de antecedentes disciplinarios, no causó perjuicio y su comportamiento se derivó de un error por la congestión laboral.

Concedida la apelación24, el expediente fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por reparto del 26 de junio de 202625, correspondió al magistrado que funge como ponente.

24 Archivo digital “058AutoConcedeRecurso”. 25 Archivo digital “002SegundaInstancia - 001ActaReparto”.A 16085

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CONSIDERACIONES

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución Política y el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el disciplinado, bajo el principio estricto de limitación.

Previo a resolver los cuestionamientos del censor, la Corporación advierte que no abordará como causal de nulidad los reparos relacionados con una eventual vulneración del debido proceso y de las garantías que integran el bloque de constitucionalidad, por cuanto tales argumentos fueron propuestos como controversias de naturaleza probatoria y no como irregularidades sustanciales con la aptitud para invalidar la actuación.

Respecto de la aludida atipicidad del comportamiento, conviene precisar que Yecid Gonzalo Aldana Manrique se desempeñó como Inspector de Policía de Ubaté del 30 de abril de 2021 al 3 de abril de 202426, y que en tal condición, conoció del proceso verbal abreviado No. 003-24Q por comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de Leidy Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista contra Brenda Liliana Pardo Echeverry, respecto del inmueble distinguido

003-24Q por comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de Leidy Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista contra Brenda Liliana Pardo Echeverry, respecto del inmueble distinguido como “lote No. 1” de la vereda Sucunchoque del municipio de Ubaté.

26 Archivo digital “Sub carpeta 027AnexoPruebasDisciplinable, 291-2024 CERTIFICACION YECID GONZALO ALDANA (1) (1)”.A 16085

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Allí, avocó conocimiento el 15 de enero de 2024 y citó a audiencia pública para el 14 de marzo siguiente, la cual finalmente se realizó el 23 de abril de ese año debido a la solicitud de reprogramación formulada por la querellada, fecha para la cual ya no ostentaba la titularidad del cargo.

También está probado, que el 26 de junio de 2024 Leidy Amparo Piraquive López y Armando Luis Neira Batista confirieron poder al togado27 para adelantar acción reivindicatoria respecto del mismo predio descrito en precedencia, en virtud de lo cual, presentó demanda ordinaria el 19 de julio de ese año ante el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté bajo el radicado 25843310300120240009500, la que fue inadmitida mediante auto del 12 de agosto y rechazada el 29 siguiente.

ordinaria el 19 de julio de ese año ante el Juzgado Civil del Circuito de Ubaté bajo el radicado 25843310300120240009500, la que fue inadmitida mediante auto del 12 de agosto y rechazada el 29 siguiente.

Igualmente, con identidad de partes, hechos y objeto, presentó solicitud de conciliación28 ante la Notaría Segunda del Círculo de Ubaté, donde se citó a audiencia para el 25 de septiembre de 2024, fecha en la que asistió en compañía de sus poderdantes, sin embargo, ante la incomparecencia de la convocada, se fijó el 21 de octubre del mismo año, data en la que se suscribió acta de no acuerdo conciliatorio.

Así, se encuentra acreditado que 3 meses después de que el profesional finalizó sus funciones como Inspector Segundo Municipal de Policía de Ubaté, intervino como representante judicial de la parte que promovió reclamaciones respecto del mismo inmueble involucrado en trámite policivo que en forma pretérita había estado bajo su cargo,

27 Archivo digital “sub carpeta 035AnexoRespuestaJCCtoUbate202401718, 25843310300120240009500, 001PoderAnexos”. 28 Archivo digital “sub carpeta 020RespuestaSolicitudProbatoriaNotaria2Ubate20240171800, CamScanner 08-07-2025 15.01”.A 16085

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comportamiento eminentemente doloso, por el conocimiento previo que tuvo del asunto y la voluntad de apoderar a los antiguos querellantes pese a ello.

Por otra parte, la documental permite establecer que mientras ejerció el cargo de Inspector de Policía, el disciplinado suscribió actuaciones de impulso dentro de la querella, y si bien no presidió audiencia pública, no practicó pruebas ni recibió directamente las versiones de los intervinientes, como tampoco adoptó decisión de fondo, ello no es óbice del conocimiento funcional que tuvo, porque el 15 de enero de 2024, al ordenar iniciar la acción policiva, activó su competencia en el asunto.

Es así, que para dictar el referido acto indicó en su parte inicial:

Texto que debió estar precedido de la lectura del expediente con el fin de establecer si efectivamente era de competencia de esa dependencia y, en tal caso, determinar el procedimiento que guiaría la actuación, como efectivamente lo hizo cuando señaló que se adelantaría bajo los lineamientos del proceso verbal abreviado señalado en el título III, artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

Por ello, no se trata de una simple expresión consignada en el auto, sino que ratifica toda una comprensión del servidor con el fin de impulsar el trámite puesto a su conocimiento, actividad que también hubiera podidoA 16085

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arrojar la decisión de no iniciar acción policiva por incumplimiento de los requisitos establecidos, pero que no resultó así, porque efectivamente verificó que la solicitud allegada a su despacho cumplía con los requerimientos previos de ley, como se infiere de su firma.

Por lo anterior, no es de recibo la atipicidad alegada por el censor, como tampoco los argumentos que apuntan el desconocimiento de los detalles propios de la querella.

Sobre la inexistencia de prueba que demuestre la comisión de la falta, la inversión de la carga de la prueba y el desconocimiento del principio de presunción de inocencia en contravía de derechos fundamentales y convencionales, la referencia probatoria hecha en precedencia demuestra el proceder irregular por parte del disciplinado, porque a escasos 3 meses de haber culminado su gestión como Inspector de Policía, voluntariamente aceptó apoderar a quienes otrora habían sido los querellantes en un asunto con identidad de partes y de objeto sometido a su conocimiento, en evidente desatención del régimen de incompatibilidades que lo cobijaba y que por su formación académica y dedicación profesional conocía.

No se trata entonces de un simple error o falta de memoria para retener todos los nombres, lugares y circunstancias con las que tuvo relación

incompatibilidades que lo cobijaba y que por su formación académica y dedicación profesional conocía.

No se trata entonces de un simple error o falta de memoria para retener todos los nombres, lugares y circunstancias con las que tuvo relación en el ejercicio de su cargo público, puesto que, además dijo que se enteró por sus clientes que el problema territ orial había sido controvertido en la Inspección de Policía, luego, la ética profesional le imponía la obligación de verificar el periodo en que se desarrolló dicha querella, a fin de establecer si estaba o no incurso en la incompatibilidad.A 16085

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Ahora, no es cierto que la carga probatoria se haya trasladado al togado, pues la verdad material se estableció no solo a partir de los elementos probatorios aportados por este, sino también de la actividad oficiosa y valorativa desplegada por el funcionario de conocimi ento, y en tal sentido, no se advierte que se le hubieran impuesto obligaciones adicionales como lo acusa.

Así, el acervo suasorio recaudado permitió desvirtuar válidamente la presunción de inocencia que lo amparaba, dando lugar a la declaratoria de responsabilidad disciplinaria.

Refuta el censor que su comportamiento no fue antijurídico, porque no causó perjuicios, además plantea que las gestiones para las que fue contratado no culminaron con éxito, exculpaciones que tampoco

de responsabilidad disciplinaria.

Refuta el censor que su comportamiento no fue antijurídico, porque no causó perjuicios, además plantea que las gestiones para las que fue contratado no culminaron con éxito, exculpaciones que tampoco desvirtúan la responsabilid ad, toda vez que en el ámbito del derecho disciplinario del abogado, la antijuridicidad no se encuentra supeditada a la producción de un daño material ni al resultado exitoso o fallido de la gestión encomendada; por el contrario, conforme al artículo 4 de la Ley 1123 de 2007, la falta disciplinaria se configura cuando el profesional del derecho sin justificación válida, vulnera los deberes que gobiernan el ejercicio de la profesión.

En ese sentido, la valoración disciplinaria recae sobre el quebrantamiento de los deberes éticos que constituyen el núcleo esencial de la función social del abogado y no sobre la efectiva causación de un perjuicio o la obtención de un determinado resultado procesal, de ahí que resulte irrelevante que el comportamiento investigado no haya generado consecuencias dañinas verificables, pues la lesión al deber profesional se consuma desde el momento enA 16085

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que se aparta injustificadamente de los estándares de conducta exigidos por el Código Disciplinario del Abogado.

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que se aparta injustificadamente de los estándares de conducta exigidos por el Código Disciplinario del Abogado.

Respecto de la causa l de exclusión contenida en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 “se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”, el conocimiento previo del asunto y la formación profesional del encartado excluyen cualquier inferencia razonable frente a una falsa representación de la realidad insuperable, ya que no cualquier equivocación constituye error invencible, pues se requiere demostrar que el disciplinado carecía de posibilidades reales para superar el yerro y adecuar su comportamiento a los deberes que le exige su rol de abogado, situación que no fue acreditada por el censor.

Ahora, sobre la petición subsidiaria de reducción de la sanción, el a quo tuvo en cuenta, para efectos de la dosificación, los criterios de trascendencia social de la conducta, derivada del impacto negativo que su actuar produjo en la confianza depositada en la profesión, así como la modalidad dolosa, co nsideraciones que son compartidas por esta instancia, en la medida que encuentran pleno respaldo en el material probatorio obrante en el expediente y se ajustan a los criterios de graduación previstos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

La trascende ncia social del comportamiento aparece demostrada, porque el doctor Aldana Manrique no incurrió en una irregularidad menor, sino que actuó como apoderado en dos asuntos -conciliación y

La trascende ncia social del comportamiento aparece demostrada, porque el doctor Aldana Manrique no incurrió en una irregularidad menor, sino que actuó como apoderado en dos asuntos -conciliación y reivindicatoriopese a estar incurso en incompatibilidad, tal proceder no solo comportó el desconocimiento de sus deberes profesionales, sino que además generó ante las autoridades, las partes involucradas y susA 16085

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ABOGADO EN APELACIÓN

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poderdantes la falsa apariencia de estar legalmente facultado para actuar, circunstancia que comprometió la confia nza pública en la rectitud y transparencia de la profesión.

En cuanto a la modalidad dolosa, no era necesario demostrar la causación de un perjuicio, bastaba constatar el conocimiento del asunto como Inspector de Policía y los actos voluntarios del litigio posterior en un proceso con identidad de hechos, objeto y partes, sin justificación alguna.

Tampoco la ausencia de antecedentes, la afectación a su mínimo vital y buen nombre derivada de la suspensión del ejercicio profesional por 6 meses constituyen cr iterios previstos por el legislador para graduar el correctivo a imponer, mucho menos, la sanción conlleva a la vulneración de derechos fundamentales, cuando obedece a una respuesta del ius puniendi estatal, al encontrarse demostrada en grado de certeza la existencia de la falta disciplinaria y su responsabilidad.

de derechos fundamentales, cuando obedece a una respuesta del ius puniendi estatal, al encontrarse demostrada en grado de certeza la existencia de la falta disciplinaria y su responsabilidad.

Por lo anterior, se confirmará la decisión apelada.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo

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