CNDJ - 27001250200020250017601

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 27001250200020250017601
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16024

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COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicación No. 270012502000202500176 01 Aprobado, según acta No. 026 de la fecha

1. ASUNTO POR TRATAR

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia consignada en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y disposiciones jurídicas complementarias 1, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto co ntra la sentencia proferida el 2 de junio de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó 2, mediante la cual declaró disciplinariamente responsable al abogado JAMINTON MENDOZA VALENCIA por

1 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados»; en concordancia con el art ículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, y armonía con el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo No. 02 de 2015. «PARÁGRAFO TRANSITORIO

con el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo No. 02 de 2015. «PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicia l deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los proceso s disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura...». (Negrilla y subrayado fuera de texto). 2 Sala dual conformada por los magistrados Oscar Rodríguez Lozano (Ponente) y Rubén Darío Sánchez Herrera.A 16024

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incurrir en la falta prevista en el numeral 1º de l artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de CULPA, transgrediendo así el deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem, razón por la cual se le impuso sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses.

2. LA CONDUCTA QUE SE INVESTIGÓ

La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la queja instaurada el 14 de octubre de 2025 3 por los señores HARLIN CÓRDOBA VALENCIA y YEFER CÓRDOBA VALENCIA, mediante la cual solicitaron que se investigara la posible fa lta disciplinaria en la que pudo incurrir el profesional del derecho, de conformidad con los

VALENCIA y YEFER CÓRDOBA VALENCIA, mediante la cual solicitaron que se investigara la posible fa lta disciplinaria en la que pudo incurrir el profesional del derecho, de conformidad con los siguientes hechos:

En primer lugar, manifestó que en el año 2020 contactaron al encartado para que promoviera a su favor una demanda en contra del Hospital Ismael Roldán Valencia, por el fallecimiento de su hermano Yan Carlos Valencia Córdoba, y le entregaron la documentación necesaria para ese propósito. Al respecto, precisaron que el abogado les indicó que el caso era demandable y que, antes de adelantar la demanda, debía contratar los servicios de un investigador, para lo cual solicitó la suma de dos millones de pesos ($2.000.000). Días después, la familia le entregó en efectivo la suma de setecientos mil pesos ($700.000) con el fin de que iniciara la respectiva investigación.

En segundo lugar, indicaron que, transcurrido un tiempo sin recibir información sobre el avance de la gestión, su prima hermana EMY JOHANA CUESTA VALENCIA intentó contactar al disciplinado vía telefónica y a través de Whatsapp , sin obtener respuesta a sus

3 Documento 002Queja de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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llamadas ni a sus mensajes. Señalaron que el señor HARLIN CÓRDOBA VALENCIA también le escribió y llamó de manera

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llamadas ni a sus mensajes. Señalaron que el señor HARLIN CÓRDOBA VALENCIA también le escribió y llamó de manera constante desde el año 2024, y que en una de esas conversaciones el disciplinado le manifestó que el proceso iba bien.

En terc er lugar, precisaron que el 21 de enero de 2025 el señor HARLIN CÓRDOBA VALENCIA le preguntó nuevamente por el estado del proceso, a lo cual el disciplinado respondió que ya había hablado con su hermano YEFER CÓRDOBA y le había manifestado que, según la Pr ocuraduría, el caso se había dado por desierto, y que le enviaría los reportes entregados por esa entidad cuando estuviera en la ciudad de Medellín. Destacaron que en reiteradas ocasiones le solicitaron al abogado el envío de esa información, sin que hasta la fecha de la queja la hubiera remitido.

Con la queja aportaron capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas en WhatsApp entre el señor YEFER CÓRDOBA VALENCIA y el encartado4.

3. ACTUACIONES PROCESALES

Las diligencias fueron tramitadas en primer a instancia ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó , correspondiéndole inicialmente el conocimiento del presente asunto al magistrado Oscar Rodríguez Lozano el 17 de octubre de 2025 5, quien una vez acreditada la calidad de abogado 6 del d octor JAMINTON

4 Documento pantallazos mensajes conversaciones , contenido en la subcarpeta 002AnexosQueja

una vez acreditada la calidad de abogado 6 del d octor JAMINTON

4 Documento pantallazos mensajes conversaciones , contenido en la subcarpeta 002AnexosQueja de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 5 Documento 004ActaReparto de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 6 Documento 005CertificadoVigencia de la carpeta de primera instancia del expediente digital. Se acreditó mediante certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Jus ticia, que el doctor Jaminton Mendoza Valencia se encuentra inscrit o como abogado y es portador de la tarjeta profesional número 274873, documento que a la fecha se encontraba vigente.A 16024

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MENDOZA VALENCIA, ordenó la apertura del proceso disciplinario en su contra mediante providencia del 20 de octubre de 2025 7 y señaló como fecha para realizar la audiencia de pruebas y calificación provisional el 20 de noviembre de 2025.

La audiencia de pruebas y calificación provisional se realizó con la presencia del disciplinable en sesiones del 20 de noviembre de 2025 8, 21 de enero 9, 11 de febrero 10, 26 de febrero 11, 25 de marzo 12 y 21 de abril de 202613.

El despacho instaló la audiencia de pruebas y calificación el 20 de noviembre de 2025 y dio lectura a la queja instaurada por los

abril de 202613.

El despacho instaló la audiencia de pruebas y calificación el 20 de noviembre de 2025 y dio lectura a la queja instaurada por los hermanos Córdoba Valencia. El disciplinado rindió versión libre en esa misma sesión y sostuvo que el señor Yefer Córdoba Valencia acudía los viernes y sábados a su oficina, donde le mostraba los pantallazos y las respuestas obtenidas de la Procuraduría. Esa misma versión libre incluyó la afirmación de haber sido víctima, el 30 de enero de 2024, de amenazas y de un desplazamiento forzado hacia la ciudad de Medellín. El despacho abrió el proceso a pruebas al término de esa sesión.

En la sesión del 21 de enero de 2026, el disciplinado presentó a la doctora Nayibe Quejada Bejarano, defensora pública adscrita a la Regional Chocó, como su defensora en la causa disciplina ria. El despacho le reconoció personería para actuar y accedió a la solicitud

7 Documento 00 7AutoAperturaInvestigaciónAbogado de la carpeta de primer a instancia del expediente digital. 8 Audio 011AudioAudiencia20251120 de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 9 Audio 048AudioAudiencia20260121de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 10 Audio 066AudioVideoAudiencia20260211 de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 11 Audio 075AudioVideoAudiencia20260226 de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 12 Audio 083AudioVideoAudiencia20260325 de la carpeta de primera instancia del expediente digital.

digital. 11 Audio 075AudioVideoAudiencia20260226 de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 12 Audio 083AudioVideoAudiencia20260325 de la carpeta de primera instancia del expediente digital. 13 Audio 087AudioVideoAudienciaFormulacionCargos20260421 de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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del propio disciplinado de suspender la audiencia, formulada con el fin de que su defensora estudiara el expediente virtual. Esa suspensión llevó al despacho a reprogramar la dil igencia para el 11 de febrero de 2026.

El despacho reanudó la audiencia el 11 de febrero de 2026 e incorporó al expediente virtual las pruebas allegadas tanto por los quejosos como por el propio disciplinado. Dio lectura, en esa misma sesión, al informe d e descargos presentado el 9 de febrero de 2026 por la defensora, quien invocó la fuerza mayor derivada de las amenazas y el desplazamiento forzado sufridos por su representado, pues sostuvo que esas circunstancias le impidieron atender con la antelación de bida el encargo profesional. Esa misma d efensora solicitó los testimonios de los señores Luis Fernando Romaña y Guillermo Daniel Rodríguez, y pidió oficiar a la Fiscalía para que remitiera la carpeta de la denuncia penal formulada por el disciplinado. El d espacho accedió a esas

de los señores Luis Fernando Romaña y Guillermo Daniel Rodríguez, y pidió oficiar a la Fiscalía para que remitiera la carpeta de la denuncia penal formulada por el disciplinado. El d espacho accedió a esas solicitudes probatorias y suspendió la audiencia para continuarla el 26 de febrero de 2026.

En la sesión del 26 de febrero de 2026, el despacho incorporó la respuesta de la Dirección Seccional de Fiscalías del Chocó sobre el trámite de la denuncia penal formulada por el disciplinado. Escuchó, acto seguido, bajo la gravedad del juramento al testigo Guillermo Daniel Rodríguez, a quien interrogó la defensora del disciplinado. Ante la imposibilidad de que el otro testigo se conectara a l a diligencia, el despacho dispuso citarlo nuevamente y aguardar la carpeta penal solicitada a la Fiscalía. Por esa r azón suspendió la audiencia hasta el 25 de marzo de 2026.

En la sesión del 25 de marzo de 2026, la defensora desistió del testimonio de Lui s Fernando Romaña ante su nueva inasistencia a laA 16024

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diligencia. Sustentó ese desistimiento en que la carpeta de la indagación penal por el delito de desplazamiento forzado ya acreditaba lo que el testigo habría declarado sobre las amenazas recibidas por el d isciplinado. El despacho incorporó esa carpeta al

indagación penal por el delito de desplazamiento forzado ya acreditaba lo que el testigo habría declarado sobre las amenazas recibidas por el d isciplinado. El despacho incorporó esa carpeta al expediente en la misma sesión y suspendió la audiencia para continuarla el 21 de abril de 2026.

En la sesión del 21 de abril de 2026, el despacho calificó el mérito de la investigación y formuló cargos con tra el disciplinado, en el siguiente sentido:

Imputación fáctica : El abogado JAMINTON MENDOZA VALENCIA desatendió injustificadamente su deber de debida diligencia profesional al dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de su actuación profesional, toda vez que, habiendo recibido poder de los hermanos Harlin y Yefer Córdoba Valencia y demás familiares, presentados personalmente entre el 29 de julio y el 21 de agosto de 2020, para instaurar la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 41 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Quibdó, como requisito de procedibilidad para impetrar el medio de control de reparación directa por la muerte del señor Yan Carlos Córdoba Valencia, solo radicó dicha solicitud el 22 de agosto de 2022, esto es, cuando la acción ya había caducado desde el 2 de mayo d e esa misma anualidad.

Imputación jurídica: Se atribuyó al encartado la presunta comisión de la falta disciplinaria tipificada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley

1123 de 2007, el cual dispone:

ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:A 16024

la falta disciplinaria tipificada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:A 16024

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1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (Subrayado para destacar)

Lo anterior en desconocimiento del deber establecido en el numeral 10º del artículo 28 de la misma normatividad, que a la letra reza:

ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son

deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales , lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo. (Subrayado para destacar)

Con relación a la modalidad de la conducta, se endilgó la aludida falta disciplinaria a título de culpa, pues el togado investigado fue negligente y vulneró el deber objetiv o de cuidado que le asistía, dado su pleno conocimiento, como profesional del derecho, de los términos de caducidad de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

negligente y vulneró el deber objetiv o de cuidado que le asistía, dado su pleno conocimiento, como profesional del derecho, de los términos de caducidad de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La audiencia de juzgamiento se realizó el 07 de mayo de 2026 14, diligencia a la que no compareció el disciplinado. El despacho, incorporó en esa sesión el certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del investigado, aclarando que no figuraban sanciones previas. La doctora Nayibe Quejada Bejarano presentó los alegatos de conclusión y reiteró la causal de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor prevista en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007. Insistió en que las amenazas y el desplazamiento forzado

14 Audio 093AudienciaJuzgamientoAlegatos20260507 de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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sufridos por su representado afectaron el des arrollo normal de su ejercicio profesional.

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Chocó, mediante sentencia proferida el 2 de junio de 2026 15, declaró disciplinariamente responsable al abogado JAMINTON MENDOZA VA LENCIA por incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley

sentencia proferida el 2 de junio de 2026 15, declaró disciplinariamente responsable al abogado JAMINTON MENDOZA VA LENCIA por incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de CULPA, transgrediendo así el deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem, razón por la cual le impuso sanción de SUSPENSIÓN en el ej ercicio de la profesión por el término de seis (6) meses , con fundamento en las siguientes

consideraciones:

La sala primigenia constató, en primer lugar, que los hermanos Harlin y Yefer Córdoba Valencia y demás familiares confirieron poder al disciplinado entre el 29 de julio y el 21 de agosto de 2020, con el fin de que este presentara reclamación administrativa ante la Procuraduría 41 Judicial II para Conciliaciones Administrativas de Quibdó. Esa gestión constituía requisito de procedibilidad para impetrar el medio de control de reparación directa por la muerte de su hermano Yan Carlos Córdoba Valencia, ocurrida el 1 de mayo de 2020. Para tal efecto, los quejosos entregaron al togado la suma de setecientos mil pesos ($700.000), destinada a adelantar la inv estigación sobre los hechos que originaron el deceso. El a quo advirtió, además, que ante el prolongado silencio del disciplinado, los quejosos intentaron

15 Documento 095SentenciaPrimera Instancia de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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15 Documento 095SentenciaPrimera Instancia de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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comunicarse con él por vía telefónica y por WhatsApp, sin obtener respuesta.

La Procuraduría 41 Judi cial II certificó que el disciplinado presentó la solicitud de conciliación extrajudicial solo hasta el 22 de agosto de 2022, radicada con el número E-2022-488232 del 30 de agosto de esa anualidad. Esa entidad precisó, por dificultades en su propia plataforma de radicación, que solo conoció la solicitud el 3 de octubre de 2022, y que mediante auto del 1 de noviembre siguiente la inadmitió sin que el apoderado la subsanara jamás. El a quo recordó que, conforme al artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término para instaurar la demanda de reparación directa es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho. Ese cómputo, contado desde el 1 de mayo de 2020, fecha del deceso d el señor Yan Carlos Córdoba Valencia, fijaba el vencimiento de la acción el 2 de mayo de 2022. El a quo confrontó esa fecha con la certificación de la Procuraduría y concluyó que la solicitud de conciliación se radicó cuando la acción ya había caducado des de hacía tres (3) meses y veinte (20) días.

de la Procuraduría y concluyó que la solicitud de conciliación se radicó cuando la acción ya había caducado des de hacía tres (3) meses y veinte (20) días.

Esa constatación probatoria condujo al a quo a examinar la tipicidad de la conducta a la luz de las cinco modalidades que contempla el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ubicando la conducta del disciplinado en el verbo rector de dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional , pues esta falta se agotó en el mismo instante en que expiró el término legal para actuar, con independencia de que el abogado haya ejecutado la gestión con posterioridad.A 16024

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Frente a la antijuridicidad, el a quo señaló que la conducta del togado quebrantó sustancialmente el deber de celosa diligencia consagrado en el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pues no haber presentado l a solicitud de conciliación dentro del término legal bastaba, por sí solo, para reputar ilícito el comportamiento.

Sobre la culpabilidad, la sala primigenia reputó la falta a título de culpa, pues adujo que el disciplinado, en su condición de profesional del derecho, conocía plenamente los términos de caducidad de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa

culpa, pues adujo que el disciplinado, en su condición de profesional del derecho, conocía plenamente los términos de caducidad de las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa circunstancia tornaba inexcusable su inacción, ya que radicó la solicitud tres meses y veinte días después de consumada la caducidad, sin que mediara justificación alguna.

El a quo examinó también la excusa de fuerza mayor invocada por la defensa técnica, fundada en las amenazas y el desplazamiento forzado que el disciplinado sufrió el 30 de enero de 2024. Por lo anterior, consideró que esa excusa se derrumbaba por su propio peso, pues los hechos alegados ocurrieron casi dos años después de que la acción hubiera caducado, de suerte que ninguna incidencia pudieron tener sobre el deber que el disciplinado ya había incumplido. La sala primigenia recordó que la fuerza mayor exige la concurrencia de imprevisibilidad e irresistibilidad, y que la primera consiste en la imposibilidad razonable de anticipar el acontecimiento, mientras la segunda consiste en la imposibilidad real de evi tar sus efectos aun obrando con diligencia. Ninguno de esos elementos concurría en el caso, pues al disciplinado le resultaba previsible evitar la caducidad, ya que podía tramitar la solicitud de conciliación de manera virtual, sin necesidad de desplazarse físicamente a Quibdó.A 16024

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Para la dosimetría de la sanción, el a quo acudió a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad del artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, en armonía con los artículos 40, 43 y 45 ibidem. Tuvo en cuenta, de una parte, la modalidad culposa de la conducta, y de otra, el perjuicio causado a los poderdantes, cuyas expectativas de acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa quedaron definitivamente frustradas. Valoró, además, que el togado dispuso de tiempo más que suficiente para adelantar la gestión encomendada y que, pese a ello, se abstuvo de cumplirla sin justificación. El a quo aclaró expresamente que la ausencia de antecedentes disciplinarios del togado no constituye un criterio autónomo de graduación conform e al artículo 45 ibidem, pues esa circunstancia solo adquiere relevancia dentro de los criterios de atenuación relativos a la confesión previa a la formulación de cargos o a la existencia de sanciones dentro de los cinco años anteriores. Con fundamento en esas consideraciones, impuso la sanción de suspensión por el término de seis (6) meses.

5. RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión proferida por la sala primigenia, la doctora Nayibe Quejada Bejarano, en calidad de defensora del disciplinado interpuso oportunamente 16 recurso de apelación mediante escrito

Inconforme con la decisión proferida por la sala primigenia, la doctora Nayibe Quejada Bejarano, en calidad de defensora del disciplinado interpuso oportunamente 16 recurso de apelación mediante escrito remitido por correo electrónico el 9 de junio de 2026 17. Solicitó que se revocara la sentencia sancionatoria y se profiriera fallo absolutorio, y de manera subsidiaria pidió la reducción sustancial d e la sanción impuesta. En sustentación de su impugnación, la apelante expuso los siguientes argumentos:

16 Documento 096Oficio1501NotificaSentenPrimeInstanInvestigado de la carpeta de primera instancia del expediente digital. La providencia fue notificada a través de correo electrónico remitido el 02 de junio de 2026. 17 Documento 100RecursoApelacionDefensorOficio de la carpeta de primera instancia del expediente digital.A 16024

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En primer lugar, alegó falsa apreciación de los hechos y defectuosa valoración probatoria. Sostuvo que la decisión apelada partió de una premisa no dem ostrada con certeza, esto es, que el disciplinado recibió el encargo profesional con tiempo suficiente para promover oportunamente las actuaciones judiciales necesarias. Adujo que la carga probatoria correspondía a la autoridad disciplinaria, la cual debía acreditar la fecha exacta de recepción del encargo, el alcance

recibió el encargo profesional con tiempo suficiente para promover oportunamente las actuaciones judiciales necesarias. Adujo que la carga probatoria correspondía a la autoridad disciplinaria, la cual debía acreditar la fecha exacta de recepción del encargo, el alcance concreto del mandato, la entrega efectiva de los documentos requeridos y la existencia de un margen temporal suficiente para adelantar la gestión omitida. En consecuencia, concluyó que la duda debía resolverse a favor del disciplinado conforme a los principios de presunción de inocencia e in dubio pro disciplinado.

En segundo lugar, sostuvo que la sentencia desconoció las pruebas aportadas por la defensa, pues la jurisprudencia constitucional exige que el juzgador examine, valore y explique el mérito probatorio de cada elemento, y justifique por qué lo acepta o descarta. Afirmó que la providencia guardó silencio frente a elementos probatorios relevantes, lo cual configuraba un defecto de valora ción probatoria y una vulneración del debido proceso.

En tercer lugar, alegó que la sentencia omitió analizar la incidencia de la suspensión de términos judiciales decretada durante la emergencia sanitaria por covid -19, pese a que el Gobierno Nacional y e l Consejo Superior de la Judicatura profirieron decretos y acuerdos que suspendieron dichos términos. Sostuvo que esa omisión resultaba trascendental, porque el supuesto incumplimiento profesional fue valorado como si el contexto extraordinario derivado de la pandemia nunca hubiera existido.A 16024

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nunca hubiera existido.A 16024

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En cuarto lugar, cuestionó que la sentencia desconoció los efectos jurídicos de la conciliación extrajudicial. Invocó la Ley 640 de 2001, según la cual la presentación de la solicitud de conciliación suspende el término de caducidad, y sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado reitera ese mecanismo de interrupción o suspensión. Argumentó que la solicitud fue radicada oportunamente, y que no podían trasladarse al abogado las consecuencias derivadas de la demora institucional en la programación de la audiencia de conciliación.

En quinto lugar, alegó ausencia de certeza sobre la configuración del daño atribuido, pues la decisión sancionatoria presumió que la actuación del abogado produjo un perjuicio definitivo para sus clientes, sin demostrar de manera concluyente que la acción estuviera efectivamente caducada, que la conciliación no hubiera suspendido los términos, que las medidas de la pandemia fueran irrelevantes, o que la pérdida de oportunidad procesal fuer a imputable exclusivamente al disciplinado.

En sexto lugar, cuestionó la insuficiente motivación de la sanción, pues, a su juicio, la providencia dedicó la mayor parte de su extensión a la responsabilidad y solo unos escasos párrafos a la dosimetría, sin desarrollar un análisis concreto sobre la ausencia absoluta de

pues, a su juicio, la providencia dedicó la mayor parte de su extensión a la responsabilidad y solo unos escasos párrafos a la dosimetría, sin desarrollar un análisis concreto sobre la ausencia absoluta de antecedentes disciplinarios, la primera investigación disciplinaria, la modalidad culposa de la conducta, la comparecencia al proceso, el ejercicio activo del derecho de defensa, y la inexiste ncia de apropiación de recursos, fraude proces al o engaño acreditado. Señaló que todos esos factores le eran favorables al disciplinado, no obstante, se impuso una sentencia de seis (6) meses.A 16024

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Finalmente, en séptimo lugar, sostuvo la desproporcionalidad d e la sanción impuesta, al considerar que no se probó dolo, apropiación de dinero, fraude ni ocultamiento deliberado, y que la ausencia de antecedentes disciplinarios constituye un criterio relevante de graduación favorable que la sentencia desconoció.

Con fundamento en esos argumentos, solicitó revocar integralmente la sentencia y absolver al disciplinado, o subsidiariamente modificar la decisión y sustituir la sanción por una de menor entidad, con una valoración integral de las pruebas omitidas y del efe cto jurídico de la conciliación prejudicial y de la suspensión de términos durante la emergencia sanitaria.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

valoración integral de las pruebas omitidas y del efe cto jurídico de la conciliación prejudicial y de la suspensión de términos durante la emergencia sanitaria.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Una vez concedido 18 el recurso de apelación formulado por el encartado, le correspondió el conocimiento del presente a sunto al despacho del suscrito Magistrado ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro Arrubla, c

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