CNDJ - 41001250200020230020501
Detalles
- Título
- CNDJ - 41001250200020230020501
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A 16084
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
Radicación No. 41001250200020230020501 Aprobado según Acta No. 026 de la misma fecha.
ASUNTO
Resolver la apelación formulada por el disciplinado PEDRO IGNACIO MORALES GRILLO, contra la sentencia dictada el 7 de mayo de 2026 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila 1 mediante la cual fue sancionado con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio profesional, al hallarlo responsable a título de dolo, de la falta prevista en el artículo 36 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, con infracción del deber descrito en el artículo 28 numeral 11 ibidem.
HECHOS DENUNCIADOS
Gustavo Puentes Soto presentó queja contra el abogado por retardar el pago de los honorarios debidos, toda vez que el 29 de diciembre de 2022 recibió la suma de $504.000.000, por concepto de indemnización decretada al interior del medio de control de reparación directa ante el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva bajo el radicado No. 2004-00785, y solo le canceló lo correspondiente el 30 de enero y 25 de
1 MP . José Nelson Polanía Tamayo en sala dual con el magistrado Andrés Felipe Tamayo Caro.A 16084
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marzo de 2025, en virtud de acuerdo conciliatorio pactado por la suma de $75.000.000 al interior del ordinario laboral No. 2024-00122.
Alegó que tenía derecho a dicha remuneración, por cua nto, una vez le fue sustituido el poder por el disciplinable el 13 de mayo de 2004, presentó la demanda administrativa y logró una sentencia favorable en sede de segunda instancia; posteriormente, luego de promover conjuntamente el incidente de regulación de perjuicios, Morales Grillo reasumió el mandato, sin reconocerle el 50% de los honorarios percibidos al momento de obtener el pago de la condena en favor de los mandantes en contravía de lo previamente acordado.
ACTUACIÓN PROCESAL
Acreditada la calidad de abogado2, en auto del 10 de abril de 2023 se dispuso la apertura del proceso disciplinario3 y la audiencia de pruebas y calificación provisional tuvo lugar en sesiones del 12 de septiembre de 20234, 30 de enero 5, 22 de marzo 6, 5 de julio 7, 27 de septiembre de 20248, 11 de febrero 9, 27 de mayo 10 y 2 de septiembre de 2025 11, incorporándose como prueba documental: i) las aportadas por el quejoso12 y el disciplinado13, ii) copia de los expedientes de reparación
incorporándose como prueba documental: i) las aportadas por el quejoso12 y el disciplinado13, ii) copia de los expedientes de reparación
2 El abogado Pedro Ignacio Morales Grillo se identifica con cédula de ciudadanía No. 12.225.777 y tarjeta profesional 83.023. Archivo digital “0005AcreditaciónAbogado”. 3 Archivo digital “0007AutoAperturaProcesoDisciplinario”. 4 Archivo digital “0019AudioAudiencia20230912, 0020AudioAudiencia20230912”. 5 Archivo digital “0032AudioAudiencia20240130. 6 Archivo digital “0038AudioAudiencia20240322. 7 Archivo digital “0044AudioAudiencia20240705”. 8 Archivo digital “0053AudioAudiencia20240927”. 9 Archivo digital “0072AudioAudiencia20250211”. 10 Archivo digital ”0080AudioAudiencia20250527”. 11 Archivo digital “0092AudioAudiencia20250209”. 12 Archivo digital “0011AnexoEscritoQueja, 0027PruebasDocumentales, 0055AnexoCertificacionApoderadoGustavoPuentes”. 13 Archivo digital ”0022OficioAportaPruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo, 0023PruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo, 0069AdjuntoConciliaciónLaboralAnexos, 0078AnexoCorreoInvestigado”.A 16084
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directa No. 2004 -0078514 y ordinario laboral No. 2024 -0012215 y iii) órdenes y soportes de pago expedidos por la Policía Nacional16.
Además, se recibió la ampliación de queja17 y los testimonios de Misael Lugo Barrero18, Rosa Adela Pardo Motta19, Jesús Paul Muñoz Murcia20, Esperanza Cantillo 21, Estibaliz López Chavarro 22, Vianey Santos Glares23, Ovencio Santos Robles24 y Ermilia Glares de Santos25.
En versión libre26 el encartado indicó que confió al quejoso 12 procesos para su trámite, trabajaron juntamente con la expectativa de repartirse los frutos , aunque sin un acuerdo formal , pero este arbitrariamente cobró en 8 procesos el 50% de los honorarios, pues lo que se planteó fue un incentivo de la mitad del 30% que él normalmente cobraba, no sobre el total.
Respecto del proceso objeto de controversia, explicó que la sentencia de primera instancia fue desfavorable, pero la segunda revocó y ordenó una condena en abstracto, lo que obligó a iniciar incidente de regulación de perjuicios; reasumió el poder en noviembre de 2015, le reconocieron personería en junio de 2017 y culminó el trámite con la fijación de la cuantía, luego promovió una tutela e inició proceso ejecutivo.
de perjuicios; reasumió el poder en noviembre de 2015, le reconocieron personería en junio de 2017 y culminó el trámite con la fijación de la cuantía, luego promovió una tutela e inició proceso ejecutivo.
14Archivo digital ”0029CorreoRespuestaJuzgado09AdministrativoDeNeiva 0030AnexoCopiaExpediente2004-785, 0036CopiaExpediente41001-23-31-000-2004-00785-00, 0058CopiaProceso2004-00785". 15 Archivo digital ” 0084ProcesoCompartidoJuzg1LaboralCtoPitalito”. 16 Archivo digital ” 0065Anexo1Resolucion03016Del2022, 0066Anexo2OrdenPagoPresupuestalGastosComprobante”. 17 Récord 53:23 archivo digital ” 0032AudioAudiencia20240130”. 18 Récord 16:14 archivo digital “ 0044AudioAudiencia20240705”. 19 Récord 27:56, archivo digital “0044AudioAudiencia20240705”. 20 Récord 39:18 archivo digital ”0044AudioAudiencia20240705”. 21 Récord 50:52 archivo digital ” 0044AudioAudiencia20240705”. 22 Récord 1:26:13 archivo digital ” 0044AudioAudiencia20240705”. 23 Récord 2:02:20 archivo digital ”0044AudioAudiencia20240705”. 24 Récord 2:32:37 archivo digital ” 0044AudioAudiencia20240705”. 25 Récord 3:04:32 archivo digital ” 0044AudioAudiencia20240705”. 26 Récord 10:16 archivo digital ” 0019AudioAudiencia20230912”, récord 4:10 archivo digital ” 0020AudioAudiencia20230912”.A 16084
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26 Récord 10:16 archivo digital ” 0019AudioAudiencia20230912”, récord 4:10 archivo digital ” 0020AudioAudiencia20230912”.A 16084
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Expuso que el 29 de diciembre de 2022 la entidad giró $504.000.000 y el 4 de enero de 2023 le entregó lo correspondiente a sus clientes, nunca se negó a pagar honorarios a su colega, incluso propuso reestructurarlos porque el quejoso abandonó la actuación.
Cuando Puentes Soto conoció del pago, presentó una cuenta de cobro por $126.000.000, y como no llegaron a un acuerdo, inició un incidente de regulación de honorarios, declarado improcedente por extemporáneo, pues debió adelantarlo inmedi atamente le sustituyó el poder -noviembre de 2015-, al igual que la acción disciplinaria, frente a lo cual indicó, que como transcurrieron más de 5 años, está prescrita.
Concluyó que el doctor Puentes abandonó el proceso, no rindió cuentas de su gestión , carecía de legitimación para promover el presente trámite, y nunca recibió requerimientos de su parte porque no le corresponde suma alguna, pues se deben compensar los valores que cobró indebidamente en otros procesos.
En la última sesión -2 de septiembre de 202527se formuló como único cargo contra Pedro Ignacio Morales Grillo, la presunta infracción del
corresponde suma alguna, pues se deben compensar los valores que cobró indebidamente en otros procesos.
En la última sesión -2 de septiembre de 202527se formuló como único cargo contra Pedro Ignacio Morales Grillo, la presunta infracción del deber previsto en el artículo 28 numeral 1128 de la Ley 1123 de 2007 e incursión, a título de dolo, en la falta descrita en el artículo 36 numeral 429 ibidem, al estimar que, a pesar de la gestión profesional realizada por su colega frente a la reparación directa No. 2004-00785, “gracias a quien en gran medida se pudo obtener el 27 de diciembre de 2022 la indemnización correspondiente por valor de $504.779.081 ”, el
27 Archivo digital ” 0092AudioAudiencia20250209”. 28“ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado (…) 11. Proceder con lealtad y honradez en sus relaciones con los colegas”. 29 ARTÍCULO 36. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: (…) 4. Eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un colega o propiciar estas conductas”.A 16084
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disciplinado retardó hasta marzo de 2025 el reconocimiento de lo s emolumentos que le correspondían.
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disciplinado retardó hasta marzo de 2025 el reconocimiento de lo s emolumentos que le correspondían.
En la misma diligencia se negó la prescripción planteada por el investigado, al no haber transcurrido el término dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que el verbo retardar implica una conducta de ejecución permanente, respecto de la cual, cesa la obligación una vez se materialice el pago debido al colega, lo que sucedió el 25 de marzo de 2025 , cuando el encartado consignó en la cuenta del quejoso el último pago por $25.000.000 y cumplió con ello el acuerdo conciliatorio.
La audiencia de juzgamiento tuvo lugar el 1 6 de marzo de 202630, el disciplinado alegó de conclusión a firmando que el doctor Puentes incumplió sus obligaciones, además nunca hablaron de honorarios sino de un "incentivo” de la mitad del porcentaje que su colega normalmente cobraba, y concilió por $75.000.000 en el proceso de regulación de honorarios, sin que ello significara que aceptaba responsabilidad alguna. Afirmó que no es destinatario de la ley disciplinaria porque fue el quejoso quien actuó como abogado.
SENTENCIA APELADA
En proveído del 7 de mayo de 202631, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila sancionó al abogado Pedro Ignacio Morales Grillo con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio profesional, tras hallarlo responsable de la falta imputada, al estimar que el 27 de diciembre de
Judicial del Huila sancionó al abogado Pedro Ignacio Morales Grillo con suspensión de cuatro (4) meses en el ejercicio profesional, tras hallarlo responsable de la falta imputada, al estimar que el 27 de diciembre de
30 Récord 5:27 archivo digital ” 0099AudioAudiencia20260316”. 31 Archivo digital ” 0100FalloPrimeraInstancia”.A 16084
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2022 recibió el pago de la sentencia contenciosa por valor de $504.779.081, sin enterar al doctor Puentes Soto de dicho pago, ni mucho menos entregarle lo correspondiente a la gestión profesional desplegada durante 10 años, hasta cuando, en virtud de demanda laboral, acordaron por ese co ncepto $75.000.000, suma que terminó de cancelar el 25 de marzo de 2025.
En sede de antijuridicidad, concluyó que el comportamiento infringió sin justificación el deber de lealtad y honradez con los colegas, porque quedó demostrado que retardó por más de 2 años el pago de los honorarios que correspondían al abogado quejoso dentro del proceso de reparación directa 2004-00785, sin justificación alguna, conducta que calificó a título de dolo , porque guardó silencio ante el cobro que aquel le hizo, a sabiendas de que había recibido el dinero en su cuenta.
directa 2004-00785, sin justificación alguna, conducta que calificó a título de dolo , porque guardó silencio ante el cobro que aquel le hizo, a sabiendas de que había recibido el dinero en su cuenta.
Para graduar la sanción, valoró la trascendencia social de la conducta, pues el comportamiento desplegado impactó negativamente en la imagen de la profesión frente a la comunidad (Art. 45 Lit. A Num. 1 CDA), la modalidad dolosa (Art. 45 Lit. A Num. 2 CDA), el perjuicio causado (Art. 45 Lit. A Num. 3 CDA) por cuanto el quejoso tuvo que esperar por más de 2 años el pago por el fruto de su trabajo, lo que implicó un detrimento económico.
RECURSO DE APELACIÓN
En término32, el disciplinado apeló33 acusando una valoración probatoria
32 Archivo digital “0102NotificaciónSentenciaPrimeraInstancia”. El fallo sancionatorio fue notificad o mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2026 y el recurso fue recibido el día 01 de junio de 2026, archivo digital “0103CorreoInvestigado”. 33 Archivo digital ” 0104EscritoRecursoApelacion”.A 16084
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parcial y desconocedora de la presunción de inocencia y el principio de la
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parcial y desconocedora de la presunción de inocencia y el principio de la duda razonable, pues, a su juicio, no se examinó de manera integral el acervo suasorio y se otorgó relevancia únicamente a los elementos que le eran desfavorables.
Cuestiona que la responsabilidad se hubiera derivado del pago realizado dentro del proceso laboral, a pesar de que dicho acto no comport a reconocimiento de obligación alguna y que se pasa ra por alto la prescripción de las acciones laboral y disciplinaria.
Afirma que no existía una relación jurídica que sustentara el cobro de honorarios, toda vez que entre las partes únicamente medió una sustitución de poder, el quejoso abandonó la gestión en el año 2015 y nunca se acreditó un contrato de prestación de servicios ni un acuerdo económico. Agrega que no podía atribuírsele una conducta dolosa, pues era el doctor Puentes quien tenía el deber de rendir cuentas y responder disciplinariamente conforme al artículo 19 del Código Disciplinario del Abogado, norma que no lo cobija como sujeto disciplinable.
Reprocha el cambio de magistrado que inicialmente adelantó la actuación, y que la primera instancia hubiera omitido valorar sus antecedentes profesionales y los testimonios que respaldaban su trayectoria, razones por las cua les solicita la revocatoria de la sanción impuesta, la que considera desproporcionada por tratarse de una conducta sin trascendencia social.
Concedida la apelación34, el expediente fue remitido a la Comisión
impuesta, la que considera desproporcionada por tratarse de una conducta sin trascendencia social.
Concedida la apelación34, el expediente fue remitido a la Comisión
34 Archivo digital” 0108AutoConcede Recurso”.A 16084
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Nacional de Disciplina Judicial y por reparto del 23 de junio de 202635, correspondió al magistrado que funge ponente.
CONSIDERACIONES
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 257A de la Constitución Política y el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el disciplinado, bajo el principio estricto de limitación.
Antes de abordar los cuestionamientos respecto de la responsabilidad disciplinaria, se debe resolver la prescripción propuesta por el censor, por tratarse de una causal de extinción de la acción (Art. 23 CDA36) que, de prosperar, impediría continuar con cualquier análisis de fondo.
El artículo 24 de la Ley 1123 de 200737 dispone que la acción prescribe en cinco años contados para las faltas instantáneas, desde el día de su consumación, y para las conductas permanentes o continuadas, desde la realización del último acto ejecutivo.
El artículo 24 de la Ley 1123 de 200737 dispone que la acción prescribe en cinco años contados para las faltas instantáneas, desde el día de su consumación, y para las conductas permanentes o continuadas, desde la realización del último acto ejecutivo.
Bajo esa premisa, no asiste razón al apelante cuando ubica el inicio del término consumativo, a partir de la fecha en que se le sustituyó el poder -noviembre de 2015-, o, se le reconoció personería al interior del
35 Archivo digital 002 Segunda instancia” 001ActaIndividualReparto”. 36 Artículo 23. Causales. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: 2. La prescripción. 37 Artículo 24. Términos de pre scripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.A 16084
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proceso de reparación directa, -junio de 2017-, toda vez que el marco fáctico se limitó al retardo del pago de honorarios a un colega, conducta que inicia con el recibo de los dineros resultantes del proceso y
proceso de reparación directa, -junio de 2017-, toda vez que el marco fáctico se limitó al retardo del pago de honorarios a un colega, conducta que inicia con el recibo de los dineros resultantes del proceso y permanece en el tiempo hasta tanto no se cumpla con el deber; en consecuencia, la obligación del togado cesó el 25 de marzo de 2025, cuando materializó el pago de dichas acreencias, luego es a partir de esa fecha cuando empieza a contarse el término del aludido fenómeno extintivo, el cual no ha fenecido.
Respecto de la caducidad de la acción ordinaria laboral adelantada por el quejoso, esta Corporación no se pronunciará por tratarse de un asunto que no es de nuestra competencia, aunado a no tener injerencia en el caso bajo estudio, toda vez que la jurisdicción disciplinaria, por obedecer a naturaleza y finalidad diferentes, es independiente de las demás áreas del derecho.
Ahora, conviene precisar que el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, establece que son destinatarios de esa ley “los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.
La actuación del profesional Morales Grillo se derivó del poder conferido el 5 de marzo de 200338, por los señores Ermilia Glares y Ovencio Santos Robles para adelantar proceso contencioso administrativo, que
relaciones jurídicas”.
La actuación del profesional Morales Grillo se derivó del poder conferido el 5 de marzo de 200338, por los señores Ermilia Glares y Ovencio Santos Robles para adelantar proceso contencioso administrativo, que
38 Archivo digital ”carpeta 0023PruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo, 02.ANEXO 2. Poder Inicial 05 03 20032004”.A 16084
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sustituyó al quejoso el 13 de mayo de 200439 y reasumió en el 201540, en virtud del cual recibió las resultas del proceso No. 2004-00785, y se reprocha no haber entregado a su colega lo correspondiente, de manera que sí ejerció su rol de abogado en representación de sus clientes al interior de un proceso judicial y que en virtud del mismo surgió la inconformidad del quejoso, en consecuencia, es destinatario de la ley disciplinaria.
En lo que respecta al reproche por el cambio del funcionario que adelantó una parte de la actuación, la Ley 1123 de 2007 contempla el procedimiento en los artículos 105 y 106, donde se consagran las audiencias de pruebas y calificación provisional y de juzgamiento, actos que fueron llevados a cabo por la Comisión Seccional con competencia territorial y funcional, de modo que el cambio del magistrado titular del
audiencias de pruebas y calificación provisional y de juzgamiento, actos que fueron llevados a cabo por la Comisión Seccional con competencia territorial y funcional, de modo que el cambio del magistrado titular del despacho que conocía el asunto, no implica desconocimiento de los postulados del debido proceso y de la defensa.
Frente a la ausencia de valoración integral de la prueba , el análisis conjunto denota que el 5 de marzo de 2003 41 Ermilia Glares y Ovencio Santos otorgaron mandato a Pedro Ignacio Morales Grillo para que adelantara proceso de reparación directa en contra de la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional, iniciado por el abogado Gustavo Puentes Soto 42 en virtud de sustitución de poder h echa el 13 de mayo de 2004 43, la demanda fue admitida el 23 de agosto de ese año bajo el radicado 2004 -00785 y fallada en primera instancia por el
39 Archivo digital ”carpeta 0023PruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo, 01.ANEXO 1. Sustituciones de Poderes - Varios”. 40 Archivo digital ”carpeta 0023PruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo, 04.ANEXO 4. Solicitud 06-06-2017 y Auto reasume Poder - 20-06-2017. 41 Archivo digital ”023PrebsDcipliablePedroIngnacioMoralesGrillo”, subcarpeta ”02. ANEXO 2. Poder Inicial”.
42 El 7 de Julio de 2004, archivo digital ”030expediente04-785”, subcarpeta 002.410012331000200400785”. 43Archivo digital ”023PruebasDisciplinablePedroIgnacioMoralesGrillo”, subcarpeta ”02.ANEXOS 2 Poder Inicial”.A 16084
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Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Neiva el 29 de mayo de 2013, de manera desfavorable a la parte actora.
En dicho trámite, el quejoso desplegó actuaciones por medio de memoriales en papel marcado con su nombre , entre los cuales se aprecia que aportó consignación de gastos procesales, presentó alegatos de conclusión, además, participó en la audiencia de recepción de testimonios del 9 de septiembre de 2008 e interpuso recurso de apelación el 24 de junio de 2013 y presentó alegatos en segunda instancia el 4 de septiembre de 2013.
El 3 de junio de 2015 el Tribunal Administrativo del Huila revocó la sentencia de primera instancia, declaró la responsabilidad de la entidad demandada y condenó en abstracto en favor de los demandantes. El 6 de noviembre de 2015 se radicó solicitud conjunta entre apoderado principal y sustituto para impulsar incidente de liquidación de cuantía de perjuicios, el 1 de marzo de 20 17 se posesionó el perito Misael Lugo
de noviembre de 2015 se radicó solicitud conjunta entre apoderado principal y sustituto para impulsar incidente de liquidación de cuantía de perjuicios, el 1 de marzo de 20 17 se posesionó el perito Misael Lugo Barrero ante el juzgado de conocimiento y el doctor Morales allegó constancia de pago de sus honorarios, luego en escrito del 8 de marzo de 2017 solicitó se le r econociera personería para actuar en representación de los demandantes.
El 7 de mayo de 2018 se decidió la liquidación de perjuicios en la que se fijó la suma de $178.440.899 como valor de la condena en abstracto en favor de Ermilia Glares y Ovencio Santos, y el 21 del mismo mes se expidió primera copia con mérito ejecutivo recibida por el disciplinado , el 29 de junio de 2023 el doctor Puentes formuló incidente de regulación de honorarios y el 26 de enero de 2024 el juzgado de conocimiento rechazó dicha solicitud por extemporánea.A 16084
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Asimismo, el encartado allegó a estas diligencias el poder a él conferido para adelantar el asunto, así como la sustitución hecha al inconforme y algunos documentos que demuestran el impu lso procesal dado luego de la solicitud de incidente de liquidación de la condena.
para adelantar el asunto, así como la sustitución hecha al inconforme y algunos documentos que demuestran el impu lso procesal dado luego de la solicitud de incidente de liquidación de la condena.
Igualmente, obra copia de proceso ordinario laboral 2024 -0012244 iniciado por Gustavo Puentes Soto contra Pedro Ignacio Morales Grillo el 23 de mayo de 2024 ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito en donde se realizó audiencia de conciliación el 28 de enero de 2025 en la que se acordó que Pedro Ignacio M orales Grillo cancelaría al demandante las sumas de $50.000.000 y $25.000.000 los días 31 de enero y 30 de abril de 2025, respectivamente , por concepto de los honorarios debidos.
También se evidencia cuenta de cobro remitida a través de la empresa Servientrega el 16 de febrero de 2023, por la suma de $126.724.365, en la que el quejoso aportó número de su cuenta bancaria.
Por su parte, los testigos escuchados en el transcurso del presente trámite dan fe de las afirmaciones contenidas en la queja y en la versión libre, así, los peritos M isael Lugo Barrero y Jesús Paul Mu ñoz Murcia, confirmaron que el doctor Morales pagó sus honorarios y que no tuvieron trato alguno con el quejoso.
Rosa Adela Pardo informó sobre las calidades profesionales del disciplinado y su gestión intachable durante varios años en que conoció de cerca su trabajo, como también lo hizo su esposa y asistente Estibaliz López, quien aludió todas las gestiones desarrolladas por el
Rosa Adela Pardo informó sobre las calidades profesionales del disciplinado y su gestión intachable durante varios años en que conoció de cerca su trabajo, como también lo hizo su esposa y asistente Estibaliz López, quien aludió todas las gestiones desarrolladas por el
44 Archivo digital ”084ProcesoCompartidoJuzg1LaboralCtoPitalito”.A 16084
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
RADICADO NO. 41001250200020230020501
ABOGADO EN APELACIÓN
P á g i n a 13 | 23
investigado para sacar avante el proceso contencioso administrativo, y presenció la visita del abogado Puentes en enero de 2023 cuando se enteró del pago, momento en que su esposo le dijo que como se trataba de un desembolso parcial, cuando obtuvieran el restante evaluarían el porcentaje que le correspondía, también confirmó que recibió el correo electrónico del requerimiento o cuenta de cobro, pero que no lo abrió porque desconocía el remitente.
Ovencio Santos dio fe de las visitas que realizaba a la oficina de Puentes para preguntar por el proceso y del dinero que le entregó Morales, versión confirmada por su hija Vianey Santos y por Esperanza Cantillo, asistente del quejoso, última que dio detalles de la gestión profesional de su jefe en el proceso e indicó que la hija de Ovencio llamó a la oficina para informar sobre el pago de la sentencia y de la reunión de sus padres con el encartado, quien les pidió no comentarle nada a su socio
de su jefe en el proceso e indicó que la hija de Ovencio llamó a la oficina para informar sobre el pago de la sentencia y de la reunión de sus padres con el encartado, quien les pidió no comentarle nada a su socio Puentes, tal como lo narró Vianey. Por su parte Ermilia Glares confirmó que el doctor Morales siempre estuvo pendiente del proceso.
La reseña demuestra que los dos profesionales ejercieron actuaciones al interior del proceso de reparación directa en favor de Ermilia Glares y Ovencio Santos, particularmente, el quejoso desde la presentación de la demanda hasta la presentación del incidente de reparación de perjuicios, cuando el investigado asumió el poder a él inicialmente otorgado y continuó con el trámite hasta el recibo del dinero producto de la sentencia en diciembre de 2022.
Los elementos de convicción acopiados demuestran que el quejoso desplegó una actuación profesional en virtud de acuerdo celebrado con su colega Morales, quien reconoció en su versión que trabajaronA 16084
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M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
RADICADO NO. 41001250200020230020501
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P á g i n a 14 | 23
conjuntamente varios procesos, incluido el que generó la presente queja, por tanto, sin importar que el convenio fuera verbal y que no mediara contrato de prestación de servicios profesionales, existía el deber de lealtad entre ellos, y en tal virtud, el disciplinado estaba en la obligación de pagar los honorarios debidos a su colega, sin dilación
mediara contrato de prestación de servicios profesionales, existía el deber de lealtad entre ellos, y en tal virtud, el disciplinado estaba en la obligación de pagar los honorarios debidos a su colega, sin dilación alguna.
Ahora, en caso de no existir pacto sobre el monto o porcentaje debido, la legislación Colombiana consagra mecanismos como el pago por consignación o el depósito judicial, instrumentos a los que no acudió el disciplinado, quien en su versión afir
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