CNDJ - 41001250200020250111501
Detalles
- Título
- CNDJ - 41001250200020250111501
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Magistrada ponente:
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
DISCIPLINABLE: GINA CATHERINE PARAMO BERNALSECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MÚLTIPLES DE NEIVA.
QUEJOSO: RICARDO CAICEDO NARVÁEZ RADICACIÓN: 41001-25-02-000-2025-01115-01
Decisión: CONFIRMA AUTO INTERLOCUTORIO
Bogotá D.C, 20 de agosto de 2026. Aprobado según Acta de Comisión No. 28.
1. ASUNTO
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada contractual del quejoso, en contra de la providencia del 20 de abril de 2026, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila 1, por medio de la cual ordenó la terminación y archivo del proceso disciplinario que se adelantaba en contra de Gina Catherine Paramo Bernal en calidad de Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La presente actuación disciplinaria tiene como origen lo dispuesto mediante auto de fecha 7 de noviembre de 2025 por medio del cual, el Despacho 02
1 Archivo ”0015AutoOrdenaArchivoDefinitivo” del expediente digital. La Sala de primera instancia estuvo integrada por los
auto de fecha 7 de noviembre de 2025 por medio del cual, el Despacho 02
1 Archivo ”0015AutoOrdenaArchivoDefinitivo” del expediente digital. La Sala de primera instancia estuvo integrada por los Magistrados: M.P Lina María Guarnizo Tovar y José Nelsón Polanía Tamayo.Página 2 | 14
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, ordenó en el acápite de o tras determinaciones en el proceso disciplinario radicado No. 2025-00931 enviar a reparto lo relacionado con la secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, doctora Gina Catherine Paramo Bernal, con el fin de analiza r la queja presentada por el señor Ricardo Caicedo Narváez, por las presuntas irregularidades en el proceso ejecutivo radicado No. 2021 -00265 al no dar trámite a peticiones para el pago de los depósitos judiciales.
3. TRÁMITE PROCESAL
El 28 de noviembre de 20252, el Despacho 03 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, a cargo de la magistrada Lina María Guarnizo Tovar recibió por reparto la queja y el 12 de diciembre de 2025 3 ordenó la apertura de investigación disciplinaria, de conformidad con el artículo 211 y 212 de la Ley 1952 de 2019.
En la providencia, la magistrada instructora ordenó notificar a la doctora Paramo Bernal sobre el inicio de la investigación y de la posibilidad de rendir versión libre, ordenó incorporar sus antecedentes disciplinarios, el acta de nombramiento y posesión, la certificación de tiempo de servicio,
Paramo Bernal sobre el inicio de la investigación y de la posibilidad de rendir versión libre, ordenó incorporar sus antecedentes disciplinarios, el acta de nombramiento y posesión, la certificación de tiempo de servicio, salarios percibidos desde el año 2021 a 2025 y ultimas direcciones registradas en la hoja de vida.
Del mismo modo, ordenó oficiar al Juzgado Tercero de Pequeñas C ausas y Competencias Múltiples de Neiva a fin de que remitiera copia del proceso ejecutivo con radicado No. 2021 -00265 junto un informe detallado y cronológico del mismo.
El 26 de enero de 2026 4, mediante oficio No. 83, el doctor Arnold David Castro Macia s, en calidad de Juez Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva remitió informe detallado de las
2 Archivo “0004ActadeReparto” del expediente digital. 3 Archivo “0008AutoOrdenaAperturaDeInvestigacion” del expediente digital. 4 Archivo “0011OficioRtaRequerimiento” del expediente digital.Página 3 | 14
actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo con radicado No. 202100265, así como el expediente digital del mismo.
Pruebas. En el expediente reposan las siguientes pruebas:
-Copia del expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 202100265.5
- Las allegadas por el quejoso, concernientes a las 3 solicitudes de pago de títulos judiciales realizadas al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y
Competencias Múltiples de Neiva. 6
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
títulos judiciales realizadas al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva. 6
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante providencia de 20 de abril de 2026 7, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila ordenó la terminación y archivo del proceso disciplinario, en favo r Gina Catherine Paramo Bernal en calidad de Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, de conformidad con el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019 en concordancia con el artículo 90 ibidem.
Al respecto, consideró la Seccional que, no se encontraba acreditado que la conducta por la cual se presentó apertura proceso disciplinario en contra de la doctora Gina Catherine Paramo Bernal constituía falta disciplinaria en la medida que las peticiones del quejoso fueron trami tadas y resueltas por el despacho judicial.
En ese sentido, para fundamentar su decisión, la Seccional analizó la prueba documental incorporada al expediente concerniente a las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ejecutivo No. 202100265 relacionadas con las solicitudes de pagos de títulos judiciales mencionadas por el quejoso bajo el principio de investigación integral , abordando las mismas en orden cronológico así:
5Archivo “0012ProcesoCompartidoJuz3PeqCausas” del expediente digital. 6Archivo “0002QuejaDisciplinaria” del expediente digital. 7 Archivo ”0015AutoOrdenaArchivoDefinitivo” del expediente digital.Página 4 | 14
(…) • El 14 de febrero de 2022 el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas
7 Archivo ”0015AutoOrdenaArchivoDefinitivo” del expediente digital.Página 4 | 14
(…) • El 14 de febrero de 2022 el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, negó la solicitud de pago de depósitos judiciales requerida por la parte demandante el 9 de febrero de 2022 en razón a que no existía liquidación del crédito actualizada, requisito del artículo 447 del CGP.
- El 1° de septie mbre de 2022 se reconoció como cesionario de la parte ejecutante a RICARDO CAICEDO NARVAEZ conforme el contrato de cesión aportado.
- El 18 de noviembre de 2022 luego de la presentación de la liquidación, el juzgado procedió a su aprobación.
- Mediante auto del 11 de diciembre de 2023 el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, procedió a modificar la liquidación del crédito aportada.
- El 12 de marzo de 2025 El juzgado modificó la liquidación y amplió el límite de la medida cautel ar de embargo sobre el salario de la demandada.
- El 10 de septiembre de 2025 el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Liborio Mejía sede Neiva informó que la demandada LUZ MARINA PATIÑO MORALES inició el trámite de negociación de deudas.
- Seguidamente, el 11 de septiembre de 2025 el accionante solicitó la entrega de pago de títulos judiciales.
- El auto del 24 de septiembre de 2025 el Juzgado resolvió memorial
- Seguidamente, el 11 de septiembre de 2025 el accionante solicitó la entrega de pago de títulos judiciales.
- El auto del 24 de septiembre de 2025 el Juzgado resolvió memorial presentado por la parte actora y suspendió el proceso ejecutivo en virtud del trámite de insolvencia y, en consecuencia, negó la entrega de los depósitos judiciales para garantizar la igualdad de los acreedores.
- La parte demandante interpuso recurso de reposición contra la decisión del 24 de septiembre de 2025, sin em bargo, el juzgado mediante auto del 5 de noviembre de 2025 dispuso no reponer.
“(sic)
Por tanto, se puso de presente que la situación fáctica que rodeaba el asunto era que dentro del proceso ejecutivo con radicado 2021 -00265 sePágina 5 | 14
cuestionaba que presuntame nte la investigada, no emitió trámite a la solicitud de pago de títulos judiciales aportadas por la parte ejecutante.
Bajo tal razonamiento, se constató que la señora Maritza García Rueda inició demanda ejecutiva contra Luz Marina Patiño Morales ante el J uzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva y mediante auto calendado el 30 de julio de 2021 se dispuso a ordenar seguir adelante la ejecución contra la parte demandada.
De la misma manera, se encontró que en auto del 1º de septie mbre de 2022 el juzgado tuvo como sucesor procesal de la parte demandante al quejoso Ricardo Caicedo Narváez en razón a la cesión de los derechos litigiosos
De la misma manera, se encontró que en auto del 1º de septie mbre de 2022 el juzgado tuvo como sucesor procesal de la parte demandante al quejoso Ricardo Caicedo Narváez en razón a la cesión de los derechos litigiosos que se hiciera con la señora Maritza García Rueda.
Posteriormente, el señor Caicedo Narváez solici tó el pago de depósitos judiciales el 2 de septiembre de 2022 y 5 de octubre de 2022 pero a la vez presentó actualización de la liquidación del crédito, por lo tanto, el juzgado procedió mediante auto del 18 de noviembre de 2022 a la aprobación de esta.
La magistratura destacó que el quejoso requirió el 11 de septiembre de 2025 que se procediera a la aprobación de la liquidación aportada y el pago de títulos judiciales. Igualmente, se encontró que mediante auto del 24 de septiembre de 2025 el Juzgado Terce ro de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva resolvió suspender el proceso en razón a que la deudora inició el trámite de negociación de deudas ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Fundación Liborio Mejía Sede N eiva, resolviendo además negar la solicitud de entrega de depósitos judiciales requeridos por la parte actora del proceso, señalando:
“corresponde a este Despacho decretar la suspensión del presente proceso judicial a partir del 10 de septiembre de 2025, fecha en la cual se profirió el auto de admisión del procedimiento de negociación de deudas.
Respecto de las medidas cautelares vigentes , se ordenará
proceso judicial a partir del 10 de septiembre de 2025, fecha en la cual se profirió el auto de admisión del procedimiento de negociación de deudas.
Respecto de las medidas cautelares vigentes , se ordenará igualmente su suspensión, sin perjuicio de su conservación formalPágina 6 | 14
bajo la órbita de competencia de este Despacho. En consecuencia, tales medidas continuarán vigentes pero inactivas, hasta tanto exista una nueva orden judicial que decida sobre su levantamiento, modificación o reanudación, en consonancia con el desarrollo del trámite de insolvencia.
De otra parte, conforme al oficio No. 2025 -00147/1241 de fecha 24 de julio de 2025 , recibido en este Despacho el 11 de agosto del mismo año, remitido por el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva (H), mediante el cual se ordenó el embargo del remanente existente o que llegare a existir dentro del presente proceso, se procederá a dejar constancia formal de su recibo y a disponer lo pertinente.
Finalmente, en relación con la solicitud presentada por la parte actora el 11 de septiembre de 2025, consistente en que se ordene la entrega de títulos, la misma será denegada. Lo anterior, por cuanto la demandada se encuentra actualmente vinculada a un trámite de negociación de deudas y, en consecuencia, opera de manera automática la suspensión del presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 545 del Código General del Proceso, el cual dispone expresamente que se suspenderán los procesos en curso al momento de la aceptación de la solicitud de insolvencia” (sic).
automática la suspensión del presente proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 545 del Código General del Proceso, el cual dispone expresamente que se suspenderán los procesos en curso al momento de la aceptación de la solicitud de insolvencia” (sic).
Dicha decisió n fue recurrida por el quejoso, por lo tanto, el Juzgado mediante proveído del 5 de noviembre de 2025 no repuso la actuación, y se pronunció frente a la inconformidad del recurrente, a lo que le reiteró " no es jurídicamente viable acceder a lo solicitado, toda vez que, aunque la parte demandante presentó las solicitudes con anterioridad, la demandada se encuentra actualmente vinculada a un trámite de negociación de deudas, lo cual activa automáticamente la suspensión del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 545 del CGP".
Frente a estos elementos, la Seccional determinó que, a partir del análisis integral de los hechos y de las pruebas allegadas al expediente, se podía concluir que no se observaba conducta alguna de parte de la investigada que configurara una falta disciplinaria, dado que las peticiones del quejoso fueron tramitadas y resueltas por el despacho judicial y las negativas de pago no obedecieron a una omisión secretarial, sino al incumplimiento de requisitos por parte del ejecutante en una ocasión y a un mandato legalPágina 7 | 14
imperativo de suspensión por insolvencia en la o tra tal como lo puso de presente el director del despacho.
Igualmente, de las pruebas analizadas, se observó que la secretaria dio curso a las peticiones presentadas, por lo que el titular del despacho
presente el director del despacho.
Igualmente, de las pruebas analizadas, se observó que la secretaria dio curso a las peticiones presentadas, por lo que el titular del despacho Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, Huila se pronunció frente a las solicitudes.
Bajo ese entendido, se advirtió que esta Comisión no podía “tomar partido” sobre el proceso ejecutivo No. 2021 -00265, pues no se constituía en una tercera instancia para objetar las actuaciones, salvo que las mismas fuesen arbitrarias o alejadas a la realidad procesal, probatoria y jurisprudencial, cosa que no sucedió en el presente caso.
En consecuencia, se concl uyó que la actuación de la doctora Gina Catherine Paramo Bernal se ajustó al marco legal, por lo que no se evidenció ninguna falta funcional de su parte , resaltando que contrario a lo manifestado por el quejoso, en ninguna parte de la queja, la funcionaria le atribuyó amenazas de muerte.
Precisado lo anterior, se dispuso la terminación y archivo de la investigación disciplinaria adelantada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019 en concordancia con el artículo 90 ibidem.
5. RECURSO DE APELACIÓN
Notificada la decisión el 13 de mayo de 2026, la doctora Maritza García Rueda, en calidad de apoderada contractual del quejoso, interpuso recurso de apelación el 19 de mayo de 2026 contra el auto del 20 de abril de 2026, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, manifestando lo siguiente8:
de apelación el 19 de mayo de 2026 contra el auto del 20 de abril de 2026, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, manifestando lo siguiente8:
Señaló que, el motivo de su inconformidad se enmarcó en la violación del principio de investigación integral, consagrado en el artículo 13 de la Ley 1952 de 2019, ya que según él la primera instancia solo tuvo en cuenta para
8Archivo “0018EscritoRecursoApelacionPoder” del expediente digital.Página 8 | 14
su decisión el informe remitido por el doctor Arnold David Castro Macías, titular del despacho, concluyendo que todas las peticiones fueron tramitadas y resueltas, violando el principio de investigaci ón integral sin verificar los tiempos y el fondo de cada solicitud dado que se solicitaron de manera insistente el pago de títulos judiciales.
Asimismo, indicó que, no existía prueba que se hubiesen elaborado las órdenes de pago de los depósitos judicial es ni que se hubiese informado al cesionario sobre el estado del trámite, presentándose una omisión injustificada en el trámite de las solicitudes de pago.
Bajo ese entendido, refirió que, no se analizó si el tiempo entre las 3 solicitudes configuró una m ora justificada o injustificada en el impulso del trámite del proceso, por lo que solicitó la revocatoria de la decisión y se investigara a la doctora Gina Catherine Paramo Bernal en calidad de Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competenci as Múltiples de Neiva y al doctor Arnold David Castro Macias, titular del despacho para que se determinara si incurrieron en falta disciplinaria.
Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competenci as Múltiples de Neiva y al doctor Arnold David Castro Macias, titular del despacho para que se determinara si incurrieron en falta disciplinaria.
6. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El expediente fue recibido en la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el 17 de junio de 2026 9 asignado por reparto al despacho de la m agistrada Diana Marina Vélez Vásquez para resolver el recurso de apelación.
7. CONSIDERACIONES
Competencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente, en sede de segunda instancia, para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de 20 de abril de 2026, proferido por la Comisión Seccional de Disciplina J udicial del Huila, a través del cual se dispuso la terminación y archivo del proceso adelantado contra Gina
9 Archivo “001ActaIndividualReparto” del expediente digital.Página 9 | 14
Catherine Paramo Bernal en calidad de Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva.
Igualmente, según el par ágrafo del artículo 110 10 de la Ley 1952 de 2019, Ricardo Caicedo Narváez en su calidad de quejoso, tiene el derecho a interponer el recurso de apelación en contra de la providencia de terminación y archivo del proceso.
Se precisa que, en acatamiento de l principio de limitación, la órbita de competencia del juez de segunda instancia solo se circunscribe a los
interponer el recurso de apelación en contra de la providencia de terminación y archivo del proceso.
Se precisa que, en acatamiento de l principio de limitación, la órbita de competencia del juez de segunda instancia solo se circunscribe a los aspectos objeto del recurso, pues no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico, salvo que existan causales objetivas de improcedibilidad de la acción disciplinaria o de invalidación de lo actuado que deban decretarse de oficio.
Caso en concreto.
La apoderada del quejoso centró sus reparos en sostener que la decisión de primera instancia desconoció el principio de investigació n integral, por cuanto, en su criterio, se sustentó únicamente en el informe rendido por el titular del despacho judicial, sin efectuar una valoración completa del expediente y de las actuaciones surtidas frente a las solicitudes de entrega de depósitos ju diciales. Igualmente, cuestionó que no se hubiera verificado la existencia de una presunta omisión en el trámite de dichas s olicitudes, al considerar que no existía prueba de la elaboración de las órdenes de pago ni de la información suministrada al cesion ario sobre el estado de sus peticiones, afirmando además que no se analizó si el tiempo transcurrido entre las distintas solicitudes configuraba una mora funcional injustificada.
Sobre el particular, advierte esta Corporación que, una vez revisados los argumentos del recurso de alzada, de entrada, negará los mismos interpuestos, confirmando en su integridad la decisión adoptada en primera instancia con fundamento en las siguientes razones:
Sobre el particular, advierte esta Corporación que, una vez revisados los argumentos del recurso de alzada, de entrada, negará los mismos interpuestos, confirmando en su integridad la decisión adoptada en primera instancia con fundamento en las siguientes razones:
10 “(…) ARTÍCULO 110. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales podrán: (…) PARÁGRAFO. 1º. La intervención del quejoso, que no es sujeto procesal, a excepción de lo establecido en el artículo anterior, se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos precisos efectos podrá conocer el expediente en la Secretaría del Despacho que profirió la decisión. (…)”Página 10 | 14
En primer lugar, la apoderada del quejoso afirmó que la decisión de primera instancia se sustentó exclusivamente en el informe rendido por el titular del despacho judicial, desconociendo el principio de investigación integral y omitiendo verificar el trámite real de las solicitudes elevadas por el quejoso.
Al respecto, es importante precisar que no le asiste razón a la apelante por cuanto, de la revisión de la decisión de primera instancia, se advierte que el a quo no limitó su análisis al informe allegado por el juez del despacho, sino, como se pudo verificar, efectuó una valoración conjunta e integral de todo los elementos probatorios incorporado a la actuación. Así, además del informe rendido por el director del despacho, examinó el expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 2021 -00265, las solicitude s de
los elementos probatorios incorporado a la actuación. Así, además del informe rendido por el director del despacho, examinó el expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 2021 -00265, las solicitude s de entrega de depósitos judiciales aportadas por el quejoso y las decisiones judiciales proferidas dentro de dicho trámite, reconstruyendo cronológicamente cada una de las actuaciones relacionadas con las peticiones objeto de inconformidad.
En ese orden , no resulta acertado afirmar que la decisión apelada desconoció el principio de investigación integral, pues la conclusión adoptada no obedeció exclusivamente a las manifestaciones del juez, sino al contraste de dichas explicaciones con el contenido objet ivo del expediente judicial, del cual se desprende que las solicitudes fueron objeto de trámite y resolución.
Precisamente, fue a partir de ese estudio integral que la primera instancia estableció que las solicitudes formuladas por el ejecutante sí fueron incorporadas al trámite judicial y dieron lugar a decisiones expresas por parte del despacho, circunstancia que descarta la hipótesis planteada en la queja consistente en que la secretaria hubiese omitido darles curso.
En segundo lugar, la recurrente afi rma que no existe prueba de que se hubieran elaborado las órdenes de pago ni de que se hubiera informado oportunamente al cesionario sobre el estado de las solicitudes, estimando que ello evidencia una omisión funcional atribuible a la secretaria. NoPágina 11 | 14
obstante, tampoco le asiste razón a la apoderada del quejoso. Debe recordarse que el objeto de la presente actuación disciplinaria se circunscribe exclusivamente a establecer si la secretaria investigada
obstante, tampoco le asiste razón a la apoderada del quejoso. Debe recordarse que el objeto de la presente actuación disciplinaria se circunscribe exclusivamente a establecer si la secretaria investigada incumplió los deberes funcionales que le eran exigibles r especto del trámite de las solicitudes presentadas por el quejoso, mas no a reexaminar la legalidad o acierto de las decisiones adoptadas por el despacho judicial dentro del proceso ejecutivo.
Desde esa perspectiva, el material probatorio evidencia que la s solicitudes de entrega de depósitos judiciales fueron incorporadas al expediente y sometidas a consideración del titular del despacho, quien, en ejercicio de la autonomía e independencia propias de la función jurisdiccional, resolvió no acceder a ellas mediante las correspondientes providencias.
Así, la negativa inicial obedeció a la ausencia de un presupuesto procesal indispensable para autorizar la entrega de los títulos, consistente en la aprobación de la liquidación del crédito, mientras que la poste rior negativa respondió a la suspensión legal del proceso derivada del trámite de negociación de deudas adelantado por la ejecutada. Tales determinaciones fueron adoptadas mediante providencias judiciales debidamente motivadas por el funcionario competente.
En consecuencia, no puede trasladarse a la doctora Paramo Bernal una responsabilidad disciplinaria por decisiones cuyo contenido correspondía exclusivamente al juez del proceso, pues su función consistía en dar trámite a las solicitudes presentadas, act uación que, conforme quedó acreditado, efectivamente realizó. La inexistencia de órdenes de pago no constituye, por sí sola, demostración de una omisión funcional de la investigada, cuando
a las solicitudes presentadas, act uación que, conforme quedó acreditado, efectivamente realizó. La inexistencia de órdenes de pago no constituye, por sí sola, demostración de una omisión funcional de la investigada, cuando precisamente dichas órdenes nunca podían expedirse porque el despac ho decidió negar las solicitudes formuladas por el ejecutante.
Igualmente, la apoderada del quejoso sostiene que la primera instancia omitió analizar si entre las distintas solicitudes existió una mora justificada o injustificada en el impulso del trámite . Sobre el particular, la Sala adviertePágina 12 | 14
que dicho planteamiento parte de un presupuesto que no encuentra respaldo en el expediente.
En efecto, las pruebas recaudadas permiten establecer que las solicitudes elevadas por el quejoso fueron tramitadas y resue ltas mediante las correspondientes decisiones judiciales, de manera que la inconformidad del recurrente realmente se dirige contra el sentido de dichas determinaciones y no contra una supuesta inactividad atribuible a la secretaria.
No se acreditó que las peticiones hubiesen permanecido sin trámite por causa imputable a la investigada ni que existiera una omisión secretarial que hubiera impedido su conocimiento por parte del juez. Antes bien, el expediente evidencia que las solicitudes ingresaron al trámit e correspondiente y fueron objeto de pronunciamiento por el despacho, circunstancia que excluye la configuración de una mora funcional atribuible a la secretaria.
Debe insistirse en que el control disciplinario no constituye un mecanismo para revisar el a cierto jurídico de las providencias judiciales ni para sustituir
circunstancia que excluye la configuración de una mora funcional atribuible a la secretaria.
Debe insistirse en que el control disciplinario no constituye un mecanismo para revisar el a cierto jurídico de las providencias judiciales ni para sustituir el criterio del funcionario competente al resolver las solicitudes de las partes, salvo que se acrediten actuaciones arbitrarias o el incumplimiento de deberes funcionales por parte de la doc tora Paramo Bernal , supuesto que no se presenta en el asunto bajo examen.
Finalmente, solicita la apelante que también se investigue disciplinariamente al juez titular del despacho. Frente a esta petición, basta señalar que la presente actuación disciplin aria fue iniciada exclusivamente respecto de la doctora Gina Catherine Paramo Bernal, razón por la cual el objeto de esta segunda instancia se encuentra delimitado por la decisión recurrida y por los hechos materia de investigación, sin que sea posible ext ender el análisis a la conducta de otros servidores judiciales que no hacen parte del presente trámite.
En ese contexto, la Sala comparte la conclusión alcanzada por la Comisión Seccional, pues el material probatorio demuestra que la investigada cumplióPágina 13 | 14
con el deber de dar trámite a las solicitudes presentadas por el quejoso, las cuales fueron resueltas por el titular del despacho mediante las decisiones judiciales correspondientes. Las negativas al pago de los depósitos judiciales obedecieron a razones pr ocesales y legales expresamente consignadas en las providencias respectivas, y no a una actuación omisiva o irregular atribuible a la secretaria.
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar la prosperidad del recurso
judiciales obedecieron a razones pr ocesales y legales expresamente consignadas en las providencias respectivas, y no a una actuación omisiva o irregular atribuible a la secretaria.
En este orden de ideas, no hay lugar a declarar la prosperidad del recurso de alzada al no evidenciar error a lguno en la valoración fáctica ni jurídica efectuada por la primera instancia, dado a la decisión se encuentra debidamente motivada y ajustada de acuerdo con el material probatorio allegado.
En mérito de lo expuesto, la Comisión, en ejercicio de sus facul tades constitucionales y legales;
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 20 de abril de 2026 , proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial d el Huila , a través de la cual, se dispuso la terminación y archivo del proceso, en favor de Gina Catherine Paramo Bernal en calidad de Secretaria del Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva , de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos de los intervinientes y el quejoso, incluyendo en el acto de notificación copia íntegra de la providencia notificada. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recep cione acuso de recibido, en este caso se dejará constancia de ello en el expediente, adjuntando una impresión del mensaje de datos y del acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial, advirtiendo que contra ella no procede recurso.
caso se dejará constancia de ello en el expediente, adjuntando una impresión del mensaje de datos y del acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial, advirtiendo que contra ella no procede recurso.
TERCERO: Devolver el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen para lo de su competencia.Página 14 | 14
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
DIANA MARINA
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