CNDJ - 50001250200020220072901

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 50001250200020220072901
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

F 16244

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 500012502000 202200729 01 Aprobado según Acta de Sala No. 029 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Comisión a conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinable , en contra de la sentencia sancionatoria proferida el 25 de julio de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta 1, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA en calidad de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN , al infringir las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, según los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-367 de 2014, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES.

1 Sala dual integrada por los doctores ROMER SALAZAR SÁNCHEZ (ponente) y MARCO JAVIER CORTÉS CASALLAS. 043SentenciaPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

JAVIER CORTÉS CASALLAS. 043SentenciaPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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HECHOS Y ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

1.- El 26 de octubre de 2022 2, la señora JOHANA LILIANA RAMÍREZ TOBÓN, presentó queja en contra de l doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA, en su calidad de JUEZ PRIMERO

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN.

Explicó que, dentro del incidente de desacato promovido por el presunto incumplimiento del fallo de tutela No 5068931890012022000270 que ordenó a Nueva EPS prestar terapias y servicios médicos a su menor hijo, el despacho judicial incurrió en una presunta mora judicial, toda vez que el incidente fue abierto mediante auto del 14 de diciembre de 2022, y pese a que la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia C -367 de 2014 que este tipo de trámites deben resolverse en un término de 10 días, el juez decidió el asunto el 3 de febrero de 2023, excediendo el plazo previsto para resolver el desacato.

2.- El asunto le correspondió por reparto el 22 de noviembre de 2022 a la doctora Yira Lucia Olarte Avila3, quien, mediante proveído del 31 de enero de 2023, dispuso la apertura de auto de investigación disciplinaria , con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta

del 31 de enero de 2023, dispuso la apertura de auto de investigación disciplinaria , con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad4.

3.- Por medio de auto del 28 de abril de 20235, se declaró el cierre de la investigación disciplinaria, y se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

2 001Queja 3 002ActaReparto 4 004AutoAperturaInvestigacion 5 015AutoCierreM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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Mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2023, el disciplinable presentó alegatos en los que manifestó que el Juzgado que presidía era promiscuo, y tenía una alta carga laboral6.

4.- A través de providencia del 13 de agosto de 20247, la magistrada Martha Cecilia Botero Zuluaga, formuló cargos al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA, en su condición de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN, por la presunta infracción injustificada de las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, y en concordancia con la sentencia C – 367 de 2014 de la

el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, y en concordancia con la sentencia C – 367 de 2014 de la Honorable Corte Constitucional, calificada provisionalmente como FALTA GRAVE cometida con CULPA GRAVE.

Lo anterior, como quiera que dentro del incidente de desacato promovido en el trámite de tut ela radicado No. 50689318900120220002700, el despacho judicial abrió formalmente el incidente mediante auto del 14 de diciembre de 2022, y pese a que la jurisprudencia constitucional establece un término de 10 días para resolver este tipo de actuaciones, e l disciplinable decidió el asunto mediante providencia del 3 de febrero de 2023, excediendo el plazo previsto para resolver el desacato.

5.- Mediante memorial del 22 de octubre de 2024 se dejó constancia de la posesión del doctor Andrés Mauricio Granados Suárez en calidad de defensor de oficio del investigado8.

6.- Mediante proveído del 3 de diciembre de 2024 9, el magistrado

6 018AlegatosPrecalificatorios 7 026AutoPliegoCargos20230728 8 029DefOficioAceptaEncargo 9 0024AutoAvocaConocimientoJuzgamientoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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Romer Salazar Sánchez , asumió la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario, y ordenó que el trámite a seguir era el

Funcionarios en Apelación

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Romer Salazar Sánchez , asumió la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario, y ordenó que el trámite a seguir era el ordinario10.

7.- Mediante auto del 6 de mayo de 2025, la Comisión Seccional ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión11.

Mediante escrito del 20 de mayo de 2025, el investigado presentó alegatos en los que reiteró su argumento de la alta carga laboral que soportaba su despacho12.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, mediante sentencia proferida el 25 de julio de 2025 13, declaró responsable disciplinariamente al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA en calidad de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN, al infringir las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, según los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-367 de 2014, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES.

La Sala consideró que se configuró responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario encartado, porque dentro del incidente de desacato radicado 50689 31 89 001 2022 00027 00, promovido el

La Sala consideró que se configuró responsabilidad disciplinaria por parte del funcionario encartado, porque dentro del incidente de desacato radicado 50689 31 89 001 2022 00027 00, promovido el

10 031AutoAvocaJuzgamiento 11 034AutoTrasladoAlegatos 12 037AlegatosConclusion 13 0057FalloPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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5 de julio de 2022 por Johana Liliana Ramírez Tobón, omitió resolver el asunto dentro del término de 10 días fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C -367 de 2014, contado desde la apertura del incidente. Aunque la apertura se ordenó el 14 de diciembre de 2022, el incidente solo fue resuelto el 3 de febrero de 2023, por lo que, descontada la vacancia judicial, sábados, domingos y festivos, tardó 20 días, excediendo en 10 días el término aplicable.

Conducta con lo cual, afectó el deber funcional de respetar la Constitución y la ley, como quiera que el funcionario debía adelantar el proceso en el término debido.

Estimó que la conducta se ejecutó a título de culpa, teniendo en cuenta que el disciplinable infringió el deber objetivo de cuidado, al dejar vencer los términos legales con los que contaba para resolver el incidente de desacato.

Para la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta los criterios

cuenta que el disciplinable infringió el deber objetivo de cuidado, al dejar vencer los términos legales con los que contaba para resolver el incidente de desacato.

Para la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta los criterios señalados en el artículo 50 del Código General Disciplinario, el atenuante dispuesto en el numeral 1 literal 1, que la falta cometida era GRAVE con CULPA GRAVE, así, consideró que lo justo y proporcional era imponer como SANCIÓN la SUSPENSIÓN DE UN (1) MES 14.

DE LA APELACIÓN

El disciplinable presentó recurso de apelación 15 contra la anterior decisión, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

14 043SentenciaPrimeraInstancia 15 0060RecursoApelacionM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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Sostuvo que el fallo no valoró adecuadamente la carga laboral estructural que soportaba el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de San Martín, pues para la época de los hechos tenía a cargo, entre otros asuntos, 225 procesos de Ley 906, 9 procesos Ley 600, 61 civiles de primera instancia, 66 laborales, 15 tutelas, procesos de segunda instancia y control de garantías. Señaló que dicha congestión fue tan grave que el Consejo Super ior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA23 -12124 del 19 de diciembre de 2023, creó el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Martín para descongestionar su despacho.

Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA23 -12124 del 19 de diciembre de 2023, creó el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Martín para descongestionar su despacho.

Por lo cual, y en su sentir, no se acreditó la culpabilidad, porque el retraso no obedeció a negligencia, sino a circunstancias justificadas como la congestión judicial, las obligaciones administrativas y la complejidad del asunto.

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El asunto ingresó al despacho del Magistrado Ponente el 2 de octubre de 202516.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aproba ción del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala

16 001ActaIndividualRepartoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones17, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/1618.

que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/1618.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C285 de 201619 y C-112/1720, por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.

2.- Del disciplinable.

Se evidencia la calidad de disciplinable del doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA, en condición de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN, identificado con

17 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela. 18 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947, Magistrados

Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

acciones de tutela. 18 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947, Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 19 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor : Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 20 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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cédula de ciudadanía No 79.144.494 fue acreditado mediante acta de posesión del 4 de julio de 2018 ante la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos21.

3.- De la apelación

Constata la Comisión que la decisión de primera instancia fue

de posesión del 4 de julio de 2018 ante la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos21.

3.- De la apelación

Constata la Comisión que la decisión de primera instancia fue proferida el 25 de julio de 2025, y comunicada al disciplinable 11 de agosto de 202522, siendo presentado el recurso de apelación el 14 de agosto de 202523 por el disciplinable, de manera oportuna.

El 16 de diciembre de 2025, el magistrado Romer Salazar Sánchez, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por el disciplinable y ordenó su remisión ant e esta Comisión para lo correspondiente24.

En segundo lugar, es necesario precisar que en virtud del principio de limitación, el operador judicial de segunda instancia solo está habilitado para revisar las inconformidades planteadas en el recurso, conforme jurisprudencia constitucional, en la cual se indicó “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá est ar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”25.

En consecuencia, esta Corporación sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el apelante frente a la decisión recurrida en el término legal.

21 013CertificacionTalentoHumano 22 044NotificacionSentencia1raInstancia 23 045ApelacionDisciplinable 24 0073AutoConcedeRecursoDeApelación

recurrida en el término legal.

21 013CertificacionTalentoHumano 22 044NotificacionSentencia1raInstancia 23 045ApelacionDisciplinable 24 0073AutoConcedeRecursoDeApelación 25 Corte Constitucional, sentencia C-968 de 2003.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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5.- Del caso en concreto

Esta Comisión procede a pronunciarse de los argumentos esbozados en la alzada, de la siguiente manera:

  1. Indebida valoración probatoria.

Manifestó el recurrente, que no se valoraron adecuadamente las pruebas ya que el investigado tenía una alta carga laboral, que había incidido en su gestión,

Ahora bien, de acuerdo con las pruebas recaudadas por esta Corporación, se advierte que al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA en cali dad de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN, le fue asignado el conocimiento del proceso de tutela radicado No 5068931890012022000270, en el cual habría surgido una mora judicial, ya que el 14 de diciembre de 2022 se dio apertura al incidente de desacato que propuso la señora JOHANA LILIANA RAMÍREZ TOBÓN, y solo fue resuelto el 3 de febrero de 2023, por lo que habría tardado 20 días hábiles 26, excediendo en 10 días el término aplicable dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-367 de 2014.

3 de febrero de 2023, por lo que habría tardado 20 días hábiles 26, excediendo en 10 días el término aplicable dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-367 de 2014.

No obstante, esta Corporación debe precisar que la responsabilidad disciplinaria es subjetiva, por lo que es necesario verificar la culpabilidad del investigado, al punto que la falta solo es sancionable a título de dolo o culpa. En el caso en c oncreto relacionado con la mora judicial, se requiere que además de la tardanza en la resolución de los asuntos, se determine que el servidor judicial en efecto fue negligente y actuó con desidia de los asuntos encomendados.

26 010AcciónTutela2019-010M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244

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Al respecto, este órgano de cierre ha dispuesto que, para el caso de los jueces, se debe tener en consideración el Índice de Producción de Egresos, para efectos de determinar si la mora judicial es justificada, o se amerita imponer sanción disciplinaria.

Para ello, d ebe tenerse en cuenta lo establecido por esta

Corporación:

“Ahora bien, debe precisarse que, conforme al desarrollo de la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto de los asuntos ordinarios, precisó cuándo se podría entender justificado un retardo a partir del cálculo del Índice de Producción de Egresos (IPE)54, cuyo fundamento es el análisis de la información estadística de la

los asuntos ordinarios, precisó cuándo se podría entender justificado un retardo a partir del cálculo del Índice de Producción de Egresos (IPE)54, cuyo fundamento es el análisis de la información estadística de la producción del funcionario investigado durante el tiempo de retraso para emitir la decisión que corresponda. El índice en mención se calcula por año o período —según corresponda —, con base en la siguiente fórmula:

Egresos Efectivos55 / Días Trabajados por año56 = Índice de Producción de Egresos por año.

De ahí que esta colegiatura haya precisado e n reiterada jurisprudencia57 que es razonable que el egreso efectivo de 1,0 sea suficiente para entender la mora judicial de un servidor judicial como justificada”27.

Al igual, procedente resulta tener en cuenta que la Sala de primera instancia, someramente mencionó que, el investigado habría tardado 20 días hábiles, excediendo en 10 días el término fijado, pero sin analizar si la mora se encontraba justificada o no.

Textualmente, afirmó que:

“Lo dicho resulta relevante en la medida que el Disciplinable destacó en sus descargos que no podía obviar el principio necesidad de la prueba, sin embargo, tal como se extrae del expediente incidental, el doctor JARAMILLO ZULETA en ninguna de las decisiones del proceso constitucional dio cuenta de una circunstancia objetiva y razonable que impidiera resolver en 10 días el incidente de desacato, después de su apertura. (…)

27 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Rad No 200011102000 2020 00236 01. 24 de

impidiera resolver en 10 días el incidente de desacato, después de su apertura. (…)

27 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Rad No 200011102000 2020 00236 01. 24 de abril de 2024. M.P MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYOM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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En relación con la ilicitud sustancial, surge de cara al caso en concreto que el doctor JARAMILLO ZULETA al desatender el término jurisprudencialmente fijado para resolver el incidente de desacato afectó los deberes de celeridad y eficiencia de la función judicial, en tanto el fallo que profirió el 3 de febrero de 2023 excedió 10 días el término establecido en la Sentencia C-367 de 2014 para este tipo de actuaciones, impidiendo con ello la pronta resolución del caso. (…)”

Por lo tanto, se advierte que la Sala de primera no realizó análisis alguno del Índice de Producción de Egresos, o si se advertían otras circunstancias para determinar si en dicho caso la mora se encontraba justificada, atendiendo así los presupuestos establecidos por esta Corporación, y lo mencionado por la Corte Constitucional en la sentencia SU179/21 sobre la materia28.

Por lo cual, ante la ausencia del análisis del Índice de Producción de Egresos (IPE), en el asunto en particular se carece de un soporte suficiente para determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado, en tanto dicho instrumento no fue utilizad o para

Por lo cual, ante la ausencia del análisis del Índice de Producción de Egresos (IPE), en el asunto en particular se carece de un soporte suficiente para determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado, en tanto dicho instrumento no fue utilizad o para determinar si la mora judicial se encontraba justificada o no.

Por ello, no se pudo superar la existencia de una responsabilidad disciplinaria objetiva lo cual se encuentra proscrito por la Ley 1952 de 2019, así, no habiendo más remedio que ABSOLV ER al funcionario investigado pues no se demostró que su conducta se adecuó en la referida falta disciplinaria a título de dolo o culpa.

Inclusive, al examinar el expediente la Sala de primera instancia no allegó ni decretó como prueba las estadísticas j udiciales del despacho, reforzando la tesis aquí planteada.

28 “(…) En ese orden de ideas, existirá mora judicial justificada cuando se constate que el incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”[113].M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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En ese orden de ideas, la insuficiencia del análisis efectuado por la Sala de primera instancia impide tener por acreditado, con el grado de certeza exigido en esta etapa, que el disciplinable hu biese incurrido en una conducta negligente o descuidada en el cumplimiento de sus funciones, por lo cual, conforme a los criterios fijados por esta Corporación, no se permite establecer si la inactividad advertida obedeció a una falta de diligencia imputable al funcionario, o si por el contrario, pudo estar asociada a factores propios de la dinámica del despacho, como la carga laboral.

Sumado a lo anterior, se tiene que aun cuando la primera instancia sostuvo que el incidente debía ser priorizado incluso respecto de las demás acciones constitucionales, lo cierto es que la propia sentencia reconoció que, para la época, el despacho tenía a su cargo 15 acciones de tutela, sin que se hubiese establecido la naturaleza de aquellas, los derechos fundamentales inv olucrados o si también correspondían a asuntos que demandaban atención prioritaria.

“A su vez, en vista de que el Disciplinable señaló que al momento de rendir la primera estadística de enero de 2023 tenía a su cargo 15 acciones de tutela, debe recordarse que el caso promovido por la señora Ramírez Tobón involucraba un sujeto de especial protección constitucional que, a través de su madre, reclamaba la protección de derechos fundamentales tan importantes como la vida y la salud, por lo que inclus o al interior del subgrupo de tutelas, el caso merecía prevalencia”29.

constitucional que, a través de su madre, reclamaba la protección de derechos fundamentales tan importantes como la vida y la salud, por lo que inclus o al interior del subgrupo de tutelas, el caso merecía prevalencia”29.

Por tanto, la sola afirmación de que el asunto promovido por la señora RAMÍREZ TOBÓN debía prevalecer sobre las demás tutelas no permitía descartar, por sí misma, la incidencia que la concurrencia de múltiples asuntos constitucionales podía tener en la capacidad de respuesta del despacho.

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Inclusive, la carga laboral alegada por el disciplinable encontraba respaldo en un elemento objetivo reconocido por la propia Sala de primera instancia, pues mediante el Acuerdo PCSJA23 -12124 del 19 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Martín de los Llanos, medida que constituía un elemento indicativo de que la capacidad instalada existente resultaba insuficiente para atender adecuadamente la demanda judicial de dicho circuito30.

Así las cosas, es menester declarar que frente al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA, en su condición de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN – META, no se pudo demostrar que incurrió en la falta disciplinaria atribuida, al no encontrarse probado que la mora advertida en la resolución del

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARTÍN – META, no se pudo demostrar que incurrió en la falta disciplinaria atribuida, al no encontrarse probado que la mora advertida en la resolución del incidente de desacato promovido dentro de la acción de tutela No 5068931890012022000270 presentada por la señora JOHANA LILIANA RAMÍREZ TOBÓN sea imputable a una actuación dolosa o culposa de su parte . Por esa razón se ABSOLVERÁ al disciplinable sobre este factico.

En consecuencia, esta Comisión procederá a REVOCAR la sentencia sancionatoria proferida el 25 de julio de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA en calidad de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CIR CUITO DE SAN MARTÍN , al infringir las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, según los parámetros fijados

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por la Corte Constituci onal en la Sentencia C -367 de 2014, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES , para en su lugar, ABSOLVERLO de toda responsabilidad disciplinaria.

calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES , para en su lugar, ABSOLVERLO de toda responsabilidad disciplinaria.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disci plina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia sancionatoria proferida el 25 de julio de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, mediante la cual declaró responsable disciplinariamente al doctor LEÓN JOSÉ JARAMILLO ZULETA en calidad de JUEZ PRIMERO PROMISCUO DEL CI RCUITO DE SAN MARTÍN, al infringir las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, según los parámetros fijados por la Corte Constituc ional en la Sentencia C -367 de 2014 , por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES, para en su lugar, ABSOLVERLO de toda responsabilidad disciplinaria.

SEGUNDO: Efectuar las notificaciones judiciales a que haya lugar, utilizando para el efecto los correos electrónicos que obran en el expediente, incluyendo en el acto de notificación copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuse de recibo, luego de lo cual se dejará

la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación, cuando el iniciador recepcione acuse de recibo, luego de lo cual se dejará constancia de ello en el expediente, adjuntando la impresión delM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo, debidamente certificados por el servidor de la Secretaría Judicial.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente a la Comisión Seccional de Origen, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Presidente

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

Magistrada

ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Magistrada

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario Judicial (Continuación hoja de firmas radicado No. 500012502000 202200729 01)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Magistrada

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario Judicial (Continuación hoja de firmas radicado No. 500012502000 202200729 01) REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIALM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16244 Radicado No. 500012502000 202200729 01 Funcionarios en Apelación

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COMISIÓN NACIONAL DE DISC

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