CNDJ - 50001250200020220079101

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
CNDJ - 50001250200020220079101
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

F 16079

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 500012502000 202200791 01 Aprobado según Acta de Sala No. 026 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Comisión a conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinable , en contra de la sentencia sancionatoria proferida el 6 de noviembre de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judi cial del Meta 1, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ en calidad de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, al haber desatendido el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por el desconocimiento del inciso 1° del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAV E, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE TRES (3) MESES.

1 Sala dual integrada por los doctores MARCO JAVIER CORTÉS CASALLAS (ponente) y María De Jesús Muñoz Villaquiran. 063SentenciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01

María De Jesús Muñoz Villaquiran. 063SentenciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 2 | 28

HECHOS Y ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

1.- El 23 de noviembre de 2022 2, la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional Guaviare , compulsó copias en contra del doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en su calidad de FISCAL

46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE –

GUAVIARE.

Se explicó que, dentro del proceso penal radicado No. 950016000647201700145, adelantado contra el señor Manuel Felipe Tocora Sánchez, se presentó una presunta mora judi cial atribuible al fiscal, toda vez que la audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo el 29 de junio de 2022, a partir de la cual comenzó a correr el término de noventa (90) días previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 para presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión, el cual vencía el 27 de septiembre de 2022, sin que el disciplinable adoptara decisión alguna dentro de dicho plazo, permitiendo el vencimiento de términos sin impulso procesal oportuno.

2.- El asunto le correspondió por reparto el 28 de noviembre de 2022 a la doctora YIRA LUCIA OLARTE AVILA 3, quien mediante proveído del 15 de febrero de 2023 , dispuso iniciar apertura de investigación disciplinaria contra el doctor RICHARD ELOY

2022 a la doctora YIRA LUCIA OLARTE AVILA 3, quien mediante proveído del 15 de febrero de 2023 , dispuso iniciar apertura de investigación disciplinaria contra el doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en condición de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad4.

2 001Queja 3 002ActaReparto 4 004AutoAperturaInvestigaciónM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 3 | 28

3.- A través de escrito del 24 de febrero de 2023 5, el disciplinable presentó versión libre en la que manifestó que no existió intención de su parte en que el proceso penal incurriera en mora, y ello obedeció a la gran carga laboral que tenía en su despacho6.

4.- El 7 de septiembre de 2023 7 se realizó audiencia pública en la que se escuchó el testimonio del señor Daniel Ricardo Pulido , quien manifestó que fue asistente del fiscal investigado, aproximadamente 8 – 7 meses. Refirió que la carpeta del proce so penal estaba perdida, por lo que le informó a su superior verbalmente. Indicó que, el investigado estuvo sin asistente Fiscal por un tiempo largo.

5.- Por medio de auto del 15 de octubre de 2024 8, la Sala de

penal estaba perdida, por lo que le informó a su superior verbalmente. Indicó que, el investigado estuvo sin asistente Fiscal por un tiempo largo.

5.- Por medio de auto del 15 de octubre de 2024 8, la Sala de primera instancia declaró el cierre de la i nvestigación disciplinaria, y ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

En el escrito de alegatos el disciplinable manifestó que tenía una alta carga laboral, y para la fecha de las diligencias, había realizado diversas actuaciones. Entre tanto, no existió intencionalidad en que se vencieran los términos en el proceso penal.

6.- A través de providencia del 2 de diciembre de 2024 9, la magistrada Martha Cecilia Botero Zuluaga, formuló cargos al doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en su condición de

FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

5 009EscritoVersiónLibre 6 009EscritoVersiónLibre 7 022DiligenciaTestimonioYVersiónLibre 8 036AutoDecretaCierreInvestigación 9 026AutoPliegoCargos20230728M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 4 | 28

– GUAVIARE, por la infracción injustificada de las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242

Página 4 | 28

– GUAVIARE, por la infracción injustificada de las disposiciones legales contenidas en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, y por el presunto desconocimiento del inciso 1° del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, calificada provisionalmente como FALTA GRAVE cometida con

CULPA GRAVE.

Lo anterior, como quiera que dentro del proceso penal con radicado No. 950016000647201700145, la audiencia de formulación de imputación se realizó el 29 de junio de 2022, y posteriormente no se presentó el escrito de acusación ni se solicitó la preclusión, de conformidad con el artículo 175 de la Ley 906 de 2004, cuyo término de noventa (90) días vencía el 27 de septiembre de 2022, sin que el disciplinable adoptara decisión alguna dentro de dicho plazo.

7.- Mediante memorial del 19 de junio de 2025, se dejó constancia de la posesión del defensor de oficio del investigado10.

8.- Mediante proveído del 3 de julio de 2025 11, el magistrado Marco Javier Cortés Casallas, asumió la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario, y ordenó que el trámite a seguir era el ordinario, ya que la falta imputada al investigado no hacía parte de las señaladas en el artículo 225A de la Ley 1952 de 2019.

9.- Mediante auto del 12 de agosto de 2025 , la Comisión Seccional ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a

las señaladas en el artículo 225A de la Ley 1952 de 2019.

9.- Mediante auto del 12 de agosto de 2025 , la Comisión Seccional ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión12.

10 050DesignacionDefensor 11 054AutoAvocaConocimiento 12 057AutoTrasladoAlegatosM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 5 | 28

Mediante escrito del 28 de agosto de 2025 13, el disciplinable presentó alegatos de conclusión, en los que manifestó que no existió intención, se había perdido el expediente en físico, tenía una alta carga laboral, y casos de connotación nacional.

Adicionalmente, el defensor de oficio del disciplinable presentó alegatos de conclusión, en los que indicó que no existió dolo ni culpa, y solicitó que se considerara la falta como leve14.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, mediante sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025 15, declaró responsable disciplinariamente al doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ en calidad de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, por infringir el deber consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por el desconocimiento del

consagrado en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por el desconocimiento del inciso 1° del art ículo 175 del Código de Procedimiento Penal, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que l o sancionó con SUSPENSIÓN DE TRES (3) MESES.

La Sala consideró que se configuró responsabilidad disciplinaria frente al doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en su condición de Fiscal 46 Seccional URPA de San José del Guaviare – Guaviare, por cuanto dentro del proceso penal radicado NUNC 950016000647201700145, adelantado contra Manuel Felipe

13 061AlegatosConclusionDisciplinable 14 060AlegatosConclusionDefensor 15 063SentenciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 6 | 28

Tocora Sánchez por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 añ os, omitió presentar el escrito de acusación o solicitar la preclusión dentro del término de 90 días previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004. Así, la audiencia de formulación de imputación se realizó el 29 de junio de 2022, por lo que el término vencía el 27 de septiembre de 2022; sin embargo, solo hasta el 22 de noviembre de 2022 el propio fiscal informó el vencimiento de términos y se declaró impedido, superando el plazo legal.

vencía el 27 de septiembre de 2022; sin embargo, solo hasta el 22 de noviembre de 2022 el propio fiscal informó el vencimiento de términos y se declaró impedido, superando el plazo legal.

Conducta con lo cual, afectó el deber funcional de respetar la Constitución y la ley, como quiera que el funcionario debía adelantar el proceso en el término debido.

Estimó que la conducta se ejecutó a título de culpa, teniendo en cuenta que el disciplinable infringió el deber objetivo de cuidado, al dejar vencer los té rminos legales con los que contaba para formular acusación o solicitar la preclusión dentro de l proceso penal.

Para la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta los criterios señalados en el artículo 50 del Código General Disciplinario , consideró que la falta era cometida era GRAVE con CULPA GRAVE, así, consideró que lo justo y proporcional era imponer como SANCIÓN la SUSPENSIÓN DE TRES (3) MESES 16.

DE LA APELACIÓN

El disciplinable presentó recurso de apelación 17 contra la anterior decisión, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

16 0064FalloDePrimeraInstancia 17 0060RecursoApelacionM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 7 | 28

Alegó que tenía una alta carga laboral, además por un tiempo estuvo sin Asistente Fiscal lo cual incidió en el manejo de los procesos penales, por lo que tenía que ser tenido en cuenta por la

Página 7 | 28

Alegó que tenía una alta carga laboral, además por un tiempo estuvo sin Asistente Fiscal lo cual incidió en el manejo de los procesos penales, por lo que tenía que ser tenido en cuenta por la Comisión Seccional.

Adicionalmente, debía considerarse las demás actuaciones que realizaba en el rol de fiscal, como la asistencia de audiencias, ordenes de policía judicial, atención al público, entre otros. De tal forma, que imponerle una responsabilidad disciplinaria en esas circunstancias, sería atribuir una responsabilidad objetiva.

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El asunto ingresó al despacho del Magistrado Ponente el 9 de diciembre de 202518.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Pol ítica de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aprobación del Acto Legis lativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones 19, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un

18 001ActaIndividualReparto 19 Al respecto es i mportante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre

18 001ActaIndividualReparto 19 Al respecto es i mportante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 8 | 28

análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/1620.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C - 285 de 201621 y C -112/1722, por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

En consecu encia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.

2.- Del disciplinable.

Se evidencia la calidad de disciplinable del doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en condición de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, identificado con cédula

Se evidencia la calidad de disciplinable del doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ, en condición de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, identificado con cédula de ciudadanía No 77.159.395 fue acreditado mediante certificado del 24 de agosto de 2023 , expedida por la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Orinoquía23.

20 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expedien te D -10947, Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 21 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 22 Corte Constitucional, Senten cia C112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 23 018CertificaciónLaboralyActosAdministrativosM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079

institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 23 018CertificaciónLaboralyActosAdministrativosM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 9 | 28

3.- De la apelación

Constata la Comisión que la decisión de primera instancia fue proferida el 6 de noviembre de 2025 , y comunicada a l disciplinable el 9 de noviembre de 2025 24, siendo presentado el recurso de apelación el 26 de noviembre de 2025 25 por el defensor de confianza, de manera oportuna.

El 1 de diciembre de 2025, el operador disciplinario, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por el disciplinable y ordenó su remisión ante esta Comisión para lo correspondiente26.

En segundo lugar, es necesar io precisar que en virtud del principio de limitación, el operador judicial de segunda instancia solo está habilitado para revisar las inconformidades planteadas en el recurso, conforme jurisprudencia constitucional, en la cual se indicó “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”27.

En consecuencia, esta Corporación sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el apelante frente a la decisión

consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”27.

En consecuencia, esta Corporación sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el apelante frente a la decisión recurrida en el término legal.

5.- Del caso en concreto

Esta Comisión procede a pronunciarse de los argumentos esbozados en la alzada, de la siguiente manera:

24 064NotificacionSentencia 25 065RecursoApelacion 26 067AutoConcedeApelacion 27 Corte Constitucional, sentencia C-968 de 2003.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 10 | 28

  1. Indebida valoración probatoria.

Manifestó el recurrente, que no se valoraron adecuadamente las pruebas ya que el investigado tenía una alta carga laboral, y no se consideraron actuaciones como la asistencia a audiencias, atención al público, etc.

Ahora bien, de acuerdo con las pruebas recaudadas, se advierte que al doctor RICHARD ELOY VEGA NÚÑEZ en calidad de FISCAL 46 SECCIONAL URPA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE, le fue asignado el conocimiento del proceso penal radicado No. 950016000647201700145, adelantado contra el señor Manuel Felipe Tocora Sánchez, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dentro del cual se configuró una presunta mora judicia l, toda vez que la audiencia de formulación de imputación se realizó el 29 de junio de 2022 , a

carnal abusivo con menor de 14 años, dentro del cual se configuró una presunta mora judicia l, toda vez que la audiencia de formulación de imputación se realizó el 29 de junio de 2022 , a partir de la cual comenzó a correr el término de noventa (90) días previsto en el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 para presentar el escrito de acusación o sol icitar la preclusión, el cual vencía el 27 de septiembre de 2022, sin que el disciplinable adoptara decisión alguna en ese sentido, permitiendo el vencimiento del término legal sin impulso procesal oportuno.

No obstante, esta Corporación debe precisar que la responsabilidad disciplinaria es subjetiva, por lo que es necesario verificar la culpabilidad del investigado, al punto que la falta solo es sancionable a título de dolo o culpa. En el caso en concreto relacionado con la mora judicial, se requiere que además de la tardanza en la resolución de los asuntos, se observe que el servidor judicial en efecto fue negligente y actuó con desidia en los asuntos encomendados.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 11 | 28

En ese modo, este órgano de cierre ha dispuesto que, para el caso de los fiscales, se debe tener en consideración el Índice de Productividad del Fiscal (IPF), para efectos de determinar si la mora judicial es justificada, o se amerita imponer sanción disciplinaria.

Para ello, debe recordarse la providencia No 050012502000 2024

Productividad del Fiscal (IPF), para efectos de determinar si la mora judicial es justificada, o se amerita imponer sanción disciplinaria.

Para ello, debe recordarse la providencia No 050012502000 2024 02175 01 del 17 de septiembre de 2025 proferido por esta Corporación, en el que se establecieron las actuaciones que corresponden a egresos efectivos, y que deben ser tenidos en cuentas para calcular el Índice de Productividad del Fiscal (IPF):

“Así las cosas, el retardo o mora judicial de los fiscales se podría entender justificada a partir del cálculo de un Índice de Productividad del Fiscal (IPF), que comprenda el análisis de la información de las actuaciones realizadas y las decisiones adoptadas por el servidor en la totalidad de los asuntos judiciales y gestiones administrativas a su cargo27, durante el tiempo de retraso atribuido por la autoridad disciplinaria, bien sea por inobservancia de un término legal o, a falta de este, la superación de un plazo razonable. El índice en mención se calcula por año o período —según corresponda — , con base en la siguiente fórmula:

Actuaciones o decisiones adoptadas por año o período/ Días efectivamente trabajados por año o período = Índice de Productividad del Fiscal por año o período.

Frente al ítem de actuaciones o decisiones adoptadas por los fiscales, deben tenerse en cuenta, al menos, las siguientes:

  • Los escritos de imputación. - Las decisiones de archivo (artículo 79 del Código de Procedimiento Penal —en adelante CPP—) - Las conciliaciones (artículo 522 del CPP)

deben tenerse en cuenta, al menos, las siguientes:

  • Los escritos de imputación. - Las decisiones de archivo (artículo 79 del Código de Procedimiento Penal —en adelante CPP—) - Las conciliaciones (artículo 522 del CPP) - Las aplicaciones del principio de oportunidad (artículo 323 del CPP) - Las solicitudes de preclusión (artículo 331 del CPP) - Los escritos de formulación de acusación (artículo 336 CPP) - Los preacuerdos (artículo 350 del CPP ) - Órdenes proferidas por el fiscal28. A manera de ejemplo: las órdenes de policía judicial; las órdenes de registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones (artículo 219 y 235 del CPP), las órdenes de ca ptura —cuando procede de manera excepcional— (artículo 300 del CPP) y la asistencia a las respectivas audiencias de control de legalidad. - La asistencia a las audiencias preliminares (artículo 154 del CPP), deM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079

Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 12 | 28

formulación de imputación (artículo 286 y ss . del CPP), de formulación de acusación (artículo 338 y ss. del CPP), preparatoria (artículo 355 del CPP), de juicio oral (artículo 366 del CPP), audiencia de individualización de pena y sentencia (art. 447 del CPP) y audiencia de trámite de incidente de reparación integral (artículo 103 del CPP).

Nótese por ejemplo que, en relación con las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral, de conformidad

de trámite de incidente de reparación integral (artículo 103 del CPP).

Nótese por ejemplo que, en relación con las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral, de conformidad con los artículos 355 y ss. de la Ley 906 de 2004, la comparecencia de los fiscal es delegados es obligatoria, argumento de peso para considerar aún más la asistencia a estas audiencias de cara al índice de productividad.

De igual forma, la Comisión comprende que, dadas las particularidades de cada una de las audiencias, el funcionari o judicial no solo debe atender la diligencia programada, sino que también tiene la obligación de prepararlas para obtener un resultado favorable(…)”28. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Sin embargo, al examinar la sentencia de primera instancia, se observa que la Sala no analizó el Índice de Produc tividad del Fiscal, y se limitó a mencionar que el disciplinable no justificó el incumplimiento del término legal, sin efectuar un análisis integral de su carga laboral ni de las actuaciones desplegadas du rante el periodo objeto de reproche.

En la decisión, se plasmó:

“De conformidad con los datos oficiales allegados, el funcionario registró un promedio de 17 a 19 actuaciones mensuales, comprendidas entre audiencias de formulación de imputación, preparatorias, juicios orales y escritos de acusación

De forma particular, se advierte que durante ese mismo trimestre solo presentó cuatro (4) escritos de acusación, cifra que en modo alguno permite inferir una carga excesiva de trabajo, sino, por el contrario, u n volumen de actuaciones manejable y propio de un despacho de su

presentó cuatro (4) escritos de acusación, cifra que en modo alguno permite inferir una carga excesiva de trabajo, sino, por el contrario, u n volumen de actuaciones manejable y propio de un despacho de su nivel. Tal circunstancia refuerza la conclusión de que no existía una sobrecarga estructural o material que le impidiera cumplir con sus deberes funcionales.

28 Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Rad No 050012502000 2024 02175 01. 17 de septiembre de 2025. M.P MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYOM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 13 | 28

Tal dinámica procesal, lejos de evidenciar una sobrecarga extraordinaria, demuestra un ritmo de trabajo regular y compatible con las exigencias ordinarias del cargo, lo que desvirtúa la alegada imposibilidad material para cumplir con los términos legales. En consecuencia, no resulta ate ndible la tesis defensiva del exceso de carga laboral, al no acreditarse una situación excepcional que impidiera el cumplimiento de sus deberes funcionales. (…) Por otra parte, el reporte estadístico de la Dirección Seccional de Fiscalías del Guaviare, cor respondiente al periodo junio –septiembre de 2022, muestra que el disciplinado solo radicó cuatro (4) escritos de acusación en todo el trimestre, pese a mantener un nivel regular de audiencias y actuaciones25. Tal nivel de productividad desvirtúa la existencia de una carga excesiva o extraordinaria que impidiera

acusación en todo el trimestre, pese a mantener un nivel regular de audiencias y actuaciones25. Tal nivel de productividad desvirtúa la existencia de una carga excesiva o extraordinaria que impidiera cumplir con sus obligaciones dentro del término legal. La conducta reprochada muestra un actuar negligente, pues el investigado conocía de su deber funcional de cumplir estrictamente los términos procesales y contaba con los medios institucionales para garantizar la radicación oportuna del escrito de acusación o la solicitud de preclusión. Al dejar transcurrir el plazo legal sin adoptar ninguna decisión, incurrió en una mora injustificada que resulta reprochable en el marco de sus funciones”29.

En efecto, la Sala de primera instancia solo realizó una valoración general de la carga laboral del disciplinable, sin efectuar un análisis estructurado conforme al Índice de Productividad del Fiscal (IPF), en tanto no identificó de manera concreta la naturaleza de las actuaciones desplegadas, ni verificó si estas correspondían a egresos efectivos propios de la función fiscal, tales como formulaciones de imputación, solicitudes de preclusión, escritos de acusación o asistencia a audiencias, etc.

Por lo cual, ante la ausencia del análisis del Índice de Productividad del Fiscal (IPF), en el asunto en particular se carece de un soporte suficiente para determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado, en tanto dicho instrumento no fue utilizado para determinar si la mora judicial se encontraba justificada o no.

29 063SentenciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079

Radicado No. 500012502000 202200791 01

utilizado para determinar si la mora judicial se encontraba justificada o no.

29 063SentenciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079

Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 14 | 28

Ahora bien, si bien dentro de la presente actuación fueron allegadas estadísticas relacionadas con algunas actividades desarrolladas por el disciplinable, lo cierto es que dicha información resulta incompleta para efectuar una valoración integral de su productividad y carga laboral , ya que no fueron aportadas estadísticas relacionadas tales como decisiones de archivo, solicitudes de preclusión, ap licaciones del principio de oportunidad, conciliaciones, preacuerdos, órdenes de captura, diligencias de allanamiento, así como la participación en audiencias preparatorias, de juicio oral, de individualización de pena y sentencia, y de incidente de reparación integral30.

Adicionalmente, sobre la mora judicial, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU -179 de 2021, precisó que el incumplimiento de un término procesal puede encontrarse justificado cuando: “(i) es producto de la complejidad del asunto y de ntro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acr editan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

En el asunto examinado se encuentran acreditadas circunstancias

imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

En el asunto examinado se encuentran acreditadas circunstancias relacionadas con los criterios señalados por la Corte Constitucional, y es que las pruebas dan cuenta de dificultades estructurales en el funcionamiento del despacho.

Así, el disciplinable manifestó que permaneció aproximadamente entre siete y ocho meses sin asistente fiscal y que, además de

30 030AllegaPruebasDireccionFiscaliasGuaviare Pag 164M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16079 Radicado No. 500012502000 202200791 01 Funcionarios Judiciales en Apelación

Página 15 | 28

cumplir sus propia s funciones, debía asumir actividades administrativas y de

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Consultar sobre este documento ...