CNDJ - 50001250200020230014801
Detalles
- Título
- CNDJ - 50001250200020230014801
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A 16025 Página 1 | 26
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA Radicación No. 500012502000202300148 01 Aprobado, según acta No. 026 de la misma fecha
1. ASUNTO POR TRATAR
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia asignada en el artículo 257A 1 de la Constitución Política de Colombia, y en concordancia con el numeral 4° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, procede a resolver e l recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
1 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional dis ciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados»; en concordancia con el articulo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y numeral 1º del artículo 5 9 de la Ley 1123 de 2007, y armonía con
el parágrafo transitorio 1º del Acto Legi slativo No. 02 de 2015. «PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Los Magistrados de l a Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia d el presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura...». (Negrilla y subrayado fuera de texto).A 16025
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Meta2, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor César Alberto Guevara Arango por incurrir, a título de culpa, en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 y con ello transgredir el deber profesional contenido en el numeral 10º del artículo 28 del mismo cuerpo normativo, siendo sancionado con censura.
2. LA CONDUCTA QUE SE INVESTIGÓ
La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio 3, mediante la cual solicitó investigar al doctor César Alberto Guevara Arango, defensor de confianza dentro del proceso No. 500016000564201505818, por su no asistencia a la audiencia de juicio oral programada para el día cuatro (4) de octubre de 2022.
al doctor César Alberto Guevara Arango, defensor de confianza dentro del proceso No. 500016000564201505818, por su no asistencia a la audiencia de juicio oral programada para el día cuatro (4) de octubre de 2022.
Para los efectos respectivos, se allegó copia del act a de la referida diligencia, dentro de la cual se dejó constancia que el único sujeto procesal que se hizo presente fue el delegado fiscal, ya que no comparecieron el disciplinado, el acusado, ni las víctimas del presunto delito de hurto agravado y calific ado, por el cual se adelantaba la actuación penal.
3. ACTUACIONES PROCESALES
2 Sala dual conformada por los magistrados Marco Javier Cort és Casallas y María de Jesús Muñoz Villaquirán. 3 Documento 001Queja, Carpeta01PrimeraInstancia del expediente digital.A 16025
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Las diligencias fueron tramitadas ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta 4, donde luego de acreditarse la calidad de abogado del doctor César Alberto Guevara Ara ngo, mediante auto proferido el veintisiete (27) de abril de 2023, se ordenó abrir investigación disciplinaria en su contra y se fijó fecha y hora para audiencia de pruebas y calificación provisional en los términos del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
La etapa de pruebas y calificación provisional se agotó en diligencias
investigación disciplinaria en su contra y se fijó fecha y hora para audiencia de pruebas y calificación provisional en los términos del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
La etapa de pruebas y calificación provisional se agotó en diligencias celebradas los días siete (7) de diciembre de 2023 y treinta (30) de julio de 2024, oportunidades en las cuales el disciplinado rindió versión libre, fueron decretadas y practicadas pruebas documentales, se designó defensor de oficio ante la ausencia del disciplinable, y se calificó jurídicamente la conducta reprochada.
En audiencia celebrada el siete (7) de diciembre de 2023, se otorgó el uso de la palabra al disciplinado, quien, en ejercicio de su derecho a rendir versión libre, manifestó que para el mes de octubre de 2022 padeció una serie de quebrantos de salud que lo llevó a estar incapacitado desde el cinco (5) de octubre de 2022 – día después de la diligencia – y luego del once (11) al catorce (14) del mismo mes.
Asimismo, que su conducta no había significado una afectación contra la administración de justicia, y que en todo caso su no asistencia a la diligencia obedeció a su estado de salud y no a una maniobra dilatoria, de manera que no había cometido ninguna falta.
Acto seguido, agregó que al interior del mencionado proceso penal se había programado una audiencia para el día cuatro (4) de diciembre
4 Documento 002ActaReparto, Carpeta01PrimeraInstancia del expediente digital.A 16025
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de 2023, respecto de la cual señaló haber informado al juez de conocimiento sobre la posibilidad de reprogramarla, debido a que se encontraba por fuera de la ciudad y se le cruzaba con la hora del vuelo que tenía desde Leticia, Amazonas. Posteriormente, en diligencia instalada el treinta (30) de julio de 2024, con la participación del doctor Fernando Acosta Cuesta, en su calidad de defensor de oficio, se formuló cargo disciplinario en contra del profesional investigado en los siguientes términos:
Imputación fáctica : la actuación disciplinaria tuvo origen en la compulsa ordenada p or el Juzgado Octavo Penal Municipal de Villavicencio, en contra del abogado César Alberto Guevara Arango, por su presunta incursión en falta disciplinaria con ocasión a su inasistencia injustificada a la audiencia de juicio oral prevista para el día cuatro (4) de octubre de 2022 , donde actuaba en calidad de defensor de confianza del señor César Julio Velásquez, quien figuraba como acusado por el delito de hurto calificado y agravado.
Según las pruebas que obran en el plenario, el doctor Guevara Arango se encontraba por fuera del país y solo informó al despacho minutos antes de la celebración de la audiencia que requería unos minutos
Según las pruebas que obran en el plenario, el doctor Guevara Arango se encontraba por fuera del país y solo informó al despacho minutos antes de la celebración de la audiencia que requería unos minutos mientras realizaba “los trámites migratorios” y buscaba conexión a internet en el aeropuerto para conectarse, siendo evidente que omitió avisar con antelación dicha situación para efectos de que la audiencia se pudiera reprogramar de forma oportuna.
Asimismo, se advierte que el disciplinado omitió presentar una justificación formal sobre su incomparecencia, e incurrió en contradicciones al haber presentado su versión libre dentro del proceso, pues en esta alegó que no había comparecido a la citaciónA 16025
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judicial por temas de quebrantos de salud, cuando en el proceso penal refirió que era por su ingreso al país. Conducta que derivó e n la suspensión de la diligencia, afectando la administración de la justicia y la situación jurídica de su representado.
Imputación jurídica: el abogado disciplinado pudo incurrir en falta a la debida diligencia profesional, en los términos del artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, de la siguiente manera:
Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la
Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.
Lo anterior, por cuanto, a pesar de haber sido informado en debida forma sobre la realización de la diligencia prevista para el cuatro (4) de octubre de 2022, omitió presentarse en la misma de manera oportuna o presentar la debida excusa dentro del término que le fue otorgado, pese a que contaba con plazo suficiente para procurar su reprogramación, conducta que encuadra bajo el verbo rector dejar de hacer oportunamente.
Frente a la antijuridicidad d e la conducta, el magistrado instructor sostuvo que el disciplinado pudo desconocer el deber contenido en el artículo 28 numeral 10º de la Ley 1123 de 2007, pues no atendió con celosa diligencia el asunto que le fue encomendado:
Artículo 28. Deberes profe sionales del abogado. Son deberes del abogado:A 16025
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10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de
10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo.
Por otro lado, tratándose del elemento subjetivo de culpabilidad, el magistrado instructor encuadró la conducta del abogado Guevara Arango bajo la modalidad de culpa, por considerar que incurrió en una irregularidad que denota cualidad de irresponsable. Calificación que se sustenta en el hecho de que el profesional no informó oportunamente al despacho sobre su situación para permitir la reprograma ción, habiendo enviado un correo electrónico apenas minutos antes de la referida diligencia, observándose además la existencia de contradicciones en su versión libre.
La etapa de juzgamiento se agotó en sesiones del veinticuatro (24) de septiembre, diecisiete (17) de octubre y diecinueve (19) de noviembre de 2024, oportunidades en las cuales se insistió al disciplinado sobre importancia de su comparecencia, se relevó del encargo profesional a los abogados que habían sido designados como defensores de oficio y se otorgó el uso de la palabra al disciplinable, quien presentó sus alegatos de conclusión.
En su intervención, el doctor Guevara Arango, manifestó que el artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado era contrario a lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que este condiciona la designación de un abogado suplente en los casos donde existe autorización expresa del procesado. Así mismo,
previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que este condiciona la designación de un abogado suplente en los casos donde existe autorización expresa del procesado. Así mismo, que su inasistencia no fue consecuencia de una maniobra dilatoria,A 16025
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sino el resultado de imprevistos en la aeronáutica internacional, y que a pesar de haber presentado una solicitud ante el despacho de conocimiento – tal y como consta en el acta de la diligencia del cuatro (4) de octubre de 2022 -, el margen de espera previo a la compuls a de copias en su contra fue de solo cinco (5) minutos.
Por último, insistió en que su conducta no era susceptible de ser atribuida a título de dolo o culpa, y que, en todo caso, no incumplió con su deber profesional por cuanto no estaba facultado para de signar a un abogado suplente sin la autorización de su cliente.
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, mediante sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de 2025, declaró disciplinariamente responsab le al doctor Cé sar Alberto Guevara Arango, por considerar que incurrió en la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, al desconocer el deber de celosa diligencia profesional en los términos del numeral
Arango, por considerar que incurrió en la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, al desconocer el deber de celosa diligencia profesional en los términos del numeral 10º del artículo 28 ibidem, sancionándolo con censura.
Para arribar a la anterior conclusión, el a quo en primer momento realizó un recuento sobre los hechos que dieron origen a la actuación disciplinaria, e indicó que el cargo formulado en contra del profesional investigado obedeció a su presunta incursión en falta a la debida diligencia en los términos del artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, al no haber comparecido a la audiencia prevista para el cuatro (4) de octubre de 2022, dentro del proceso pen al No. 2015 -05818, adelantado por el delito de hurto calificado y agravado.A 16025
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Asimismo, hizo referencia al acervo probatorio recaudado en el curso de la investigación disciplinaria y a los alegatos expuestos por el doctor Guevara Arango, procediendo a adop tar una decisión de fondo sobre la calificación jurídica atribuida a la conducta del disciplinable.
Consideró que la conducta del profesional investigado constituía un dejar de hacer oportunamente en los términos del artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, pues, a pesar de haber sido notificado en debida forma sobre la celebración de la audiencia prevista para el
dejar de hacer oportunamente en los términos del artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, pues, a pesar de haber sido notificado en debida forma sobre la celebración de la audiencia prevista para el cuatro (4) de octubre de 2022, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, omitió acudir a la referida diligencia y presentó un memorial mediante el cual refirió encontrarse por fuera del país y tener problemas de conectividad, razón por la cual luego de instalarse y haberse esperado al disciplinado por un término prudencial, se dispuso la reprogramación de la misma, observándose que, por el contrario, pretendió probar que su incomparecencia había sido consecuencia de quebrantos de salud que padeció a partir del cinco (5) de octubre de 2022.
De igual manera, indicó que las exculpaciones del disciplinado no tenían vocación de prosperidad y que se encontraba acreditado que la conducta quebrantó el deber contenido en el artículo 28 numeral 10º del Estatuto Disciplinario del Abogado, sin justificación alguna, pues desatendió su obligación de comparecer a la diligencia programada para el cuatro (4) de octubre de 2022, siendo evidente la antijuridicidad de la conducta enrostrada.
Agregó que, en el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva y que el proceder del abogado en todo caso encajaba en una conducta esencialmente culposa, pues dejó al azar los intereses de su cliente.A 16025
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esencialmente culposa, pues dejó al azar los intereses de su cliente.A 16025
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Por último, insistió en que se encontraban probados los elementos constitutivos de falta disciplinaria y que la sanción viable a imponer era la censura, p ues, además de no advertirse la existencia de causales de exclusión de responsabilidad, era evidente que el profesional disciplinado había dejado de ejecutar el encargo profesional que le había sido encomendado por su poderdante. Decisión que fue notificad a personalmente a los intervinientes el siete (7) de febrero de 20255.
5. RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la sentencia de primera instancia, el disciplinado presentó y sustentó recurso de apelación a través de correo electrónico allegado el doce (12) de febrero de 20256, mediante el cual solicitó ser absuelto de toda responsabilidad de conformidad con los siguientes argumentos:
Inicialmente, refirió que la decisión sancionatoria se estructuró bajo dos cuestionamientos: el primero consistente en no asis tir a la audiencia bajo la premisa de encontrarse en trámites de migración por el regreso al país y, el segundo, por no haber justificado su no comparecencia a la audiencia dentro de los t res (3) días que le fueron otorgados por el juzgado informante.
Asimismo, señaló que el a quo incurrió en una violación indirecta de la
comparecencia a la audiencia dentro de los t res (3) días que le fueron otorgados por el juzgado informante.
Asimismo, señaló que el a quo incurrió en una violación indirecta de la ley por un error de hecho por falso juicio de existencia, toda vez que omitió indicar el daño que sufrió el proceso, así como valorar el contenido normativo del artículo 121 del Código d e Procedimiento
5 Documento 075NotificacionSentencia, Carpeta01PrimeraInstancia del expediente d igital. 6 Documento 077RecursoApelacionDisciplinable, Carpeta01PrimeraInstancia del expediente digital.A 16025
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Penal y la prohibición de designar un abogado suplente sin la autorización del acusado. Manifestó que los abogados litigantes no contaban con un periodo de vacancia judicial, que tenían un periodo de tiempo muy restringido para vacaciones i ndividuales, y que el viaje a México estuvo programado para llegar al país y poder conectarse oportunamente a la diligencia, solo que no contaba con el hecho de la demora en el trámite de ingreso y no poder presentarse a la audiencia.
Respecto de las exc ulpaciones que presentó, insistió en que nunca había faltado a la verdad, ni pretendido engañar a la judicatura, de forma que sus imprecisiones habían sido consecuencia del estrés que implica intervenir como acusado dentro de un proceso judicial, circunstancia que además se encontraba reconocida por la jurisprudencia.
forma que sus imprecisiones habían sido consecuencia del estrés que implica intervenir como acusado dentro de un proceso judicial, circunstancia que además se encontraba reconocida por la jurisprudencia.
Agregó que su estado de salud era un hecho cierto, el cual no fue discutido por el juez de primera instancia.
Sostuvo que en los términos del artículo 121 del Código de Procedimiento Penal , no podía proceder con la designación de un abogado suplente sin la autorización de su cliente – como lo dispone el Código Disciplinario del Abogado -, pues de haberlo hecho estaría incurriendo en falta disciplinaria.
Insistió en que su estado de salud – el cual había sido aceptado por el a quo – fue coetáneo al término otorgado para justificar su inasistencia, siendo evidente que dichos quebrantos no le habían permitido cumplir con el término de tres (3) días otorgados por el despacho informante.A 16025
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Refirió que el acto complejo de ingresar al país le impidió conectarse a la diligencia y que el a quo omitió señalar cuál fue el daño o riesgo que significó para el proceso, la víctima o el procesado con ocasión a no haber comparecido a la audiencia. Afirmó que, en los términos del artículo 2º de la Constitución Política y el 121 del Código de Procedimiento Penal, su comportamiento siempre estuvo encaminado a cumplir con los fines del Estado, la
no haber comparecido a la audiencia. Afirmó que, en los términos del artículo 2º de la Constitución Política y el 121 del Código de Procedimiento Penal, su comportamiento siempre estuvo encaminado a cumplir con los fines del Estado, la Constitución y la ley, pues, en todo caso, garantizó los derechos fundamentales de su defendido al no haber designado un defensor suplente sin su autorización, debiéndose realizar el análisis probatorio efectuado por la primera instancia, toda vez que se había incurrido en errores de hecho al desconocerse la situación fác tica por incurrir en falsos juicios de existencia, identidad o raciocinio.
De manera subsidiaria, indicó que existió un error de hecho por inexistencia del hecho, correspondiendo al juzgado informante precisar el daño al proceso y no sólo decir que no ac eptaba las justificaciones presentadas por estar fuera del país, debiendo por lo tanto el juez de instancia valorar si las justificaciones presentadas eran dilatorias o en efecto justificadas.
Siendo evidente - a su criterio – que su comportamiento no vio ló norma alguna y obedeció a los fines del Estado, y procuró preservar el derecho que le asistía a su cliente, en los términos del artículo 121 del Código del Procedimiento Penal, consistente en la libertad de designar a un abogado de confianza y a no auto rizar la designación de un abogado suplente o sustituto, hechos que no comprometieron el estadio procesal ni significaron un daño para el proceso.
Por último, insistió en que la decisión había sido consecuencia de un error de hecho por falso juicio de id entidad en la indebida valoraciónA 16025
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Por último, insistió en que la decisión había sido consecuencia de un error de hecho por falso juicio de id entidad en la indebida valoraciónA 16025
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de las pruebas, debiéndose reconsiderar su contenido y absolverlo de toda responsabilidad disciplinaria.
6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Concedido el recurso interpuesto por el disciplinable mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de 2025, las diligencias fueron remitidas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, correspondiendo el conocimiento del asunto al suscrito magistrado ponente, conforme al acta individual de reparto del veintiocho (28) de febrero de 20257.
7. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
7.1. Competencia
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto a la luz de las previsiones del artículo 257A de la Constitución Política de Colombia de 1991, que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y le fij ó sus atribuciones constitucionales, una de ellas la relativa a examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de la profesión, así como lo dispuesto en el artículo 110A de la Ley 270 de 1996.
Esta facultad encuentra desarrollo legal en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 , modificado por el artículo 56 de la Ley
profesión, así como lo dispuesto en el artículo 110A de la Ley 270 de 1996.
Esta facultad encuentra desarrollo legal en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 , modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, que establece, entre otras, la función de conocer sobre
7 Documento001 ACTA, de la carpeta de segunda instancia del expediente digital.A 16025
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los recursos previs tos en la ley en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.
Así las cosas, en el marco de la competencia descrita y en estricta observancia de los límites del recurso de apelación 8 la Co misión Nacional de Disciplina Judicial procederá a analizar el recurso de apelación presentado por el disciplinado para efectos de determinar si impera confirmar su responsabilidad disciplinaria, o si, por el contrario, se debe revocar la sentencia proferi da el treinta y uno (31) de enero de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.
7.2. Caso en concreto
Descendiendo a los argumentos de disenso planteados por el recurrente, encuentra esta Colegiatura que la inconformidad del disciplinable se contrae al análisis probatorio efectuado por la primera instancia, así como a la falta de antijuridicidad de la conducta imputada, pues, a su criterio, su proceder no constituía falta
disciplinable se contrae al análisis probatorio efectuado por la primera instancia, así como a la falta de antijuridicidad de la conducta imputada, pues, a su criterio, su proceder no constituía falta disciplinaria.
Acerca del reproche disciplinario enrostrado al ape lante, se observa que el mismo se sustentó en el hecho que, a pesar de haber sido notificado en debida forma sobre la realización de la audiencia de juicio oral programada para el cuatro (4) de octubre de 2022 dentro de la actuación penal No. 500016000564201505818, omitió comparecer a la misma y tampoco allegó justificación válida sobre su proceder,
8 Artículo 234 de la Ley 1952 de 2019: TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (…) El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.A 16025
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faltando así a su deber de debida diligencia profesional en los términos de la Ley 1123 de 2007.
Sobre los cargos formulados, se advierte que el disciplinado sostuvo que la primera instancia incurrió en una “ violación indirecta de la ley por un error de hecho por falso juicio de existencia ”, toda vez que se omitió señalar cuál fue el daño infringido al proceso, así como valorar
que la primera instancia incurrió en una “ violación indirecta de la ley por un error de hecho por falso juicio de existencia ”, toda vez que se omitió señalar cuál fue el daño infringido al proceso, así como valorar lo previsto en el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal9.
Frente a este argumento de inconformidad, observa de entrada esta Colegiatura que el disciplinable pretende justificar su proceder negligente con sustento en lo establecido en el artículo 121 de la Ley 906 de 2004, bajo e l supuesto de que no se encontraba autorizado para designar a un abogado suplente que compareciera a la diligencia. Premisa que además de ser alejada al análisis jurídico que debía realizar el operador judicial, resulta insuficiente para justificar su transgresión al deber profesional que le era exigible en los términos del Código Disciplinario del Abogado.
Toda vez que el reproche disciplinario, lejos de haber sido consecuencia de no haberse designado un abogado suplente que lo sustituyera en la referida diligencia, fue consecuencia de un actuar desinteresado e injustificado respecto de la gestión profesional encomendada, resultando evidente que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que existió una violación indirecta de la ley, pues el análisis del mencionado texto normativo resultaba inane para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria.
9 Artículo 121 “El defensor que haya sido designado como principal dirigirá la defensa, pudiendo incluso seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa información al juez y autorización del imputado. Este defensor suplente actuará bajo la responsabilidad del principal y p odrá ser
seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa información al juez y autorización del imputado. Este defensor suplente actuará bajo la responsabilidad del principal y p odrá ser removido libremente durante el proceso.” (Negrilla fuera de texto original).A 16025
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Aunado a lo anterior, tampoco es de recibo lo sostenido por el recurrente respecto de que la decisión de primera instancia fue desacertada al no h aberse señalado el daño que implicó su inasistencia para el proceso penal, pues, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, en materia disciplinaria no se busca la garantía o protección de derechos o intereses jurídicamente tutelados, sino el cumplimiento pleno y oportuno de los mandatos éticos -jurídicos a los que están llamados los profesionales del derecho como actores esenciales en la materialización de los fines del Estado y de la función pública de administración de justicia.
En otros términos , si se causó o no un daño al proceso pe
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