CNDJ - 50001250200020230087101
Detalles
- Título
- CNDJ - 50001250200020230087101
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
E - 16064
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C, cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicado No. 500012502000 2023 00871 01 Aprobado según Acta de Sala No. 26 de la misma fecha Referencia: Empleado en apelación de sentencia.
ASUNTO A DECIDIR La Comisión Nacional de Disciplina Judicial procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable a través de su defensor contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 1, por medio de la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta2, declaró disciplinariamente responsable al doctor CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ en calidad de Asistente Forense Grado 03 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito a la Unidad Básica San José del Guaviare – Dirección Seccional Meta – Dirección Regional Oriente, con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por su incursión en la falta gravísima contemplada en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 a título de dolo, al tenor de lo previsto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019.
1 Expediente digital: 056SentenciaPrimeraInstancia 2 Sala integrada por los H.M Carlos Fernando Ortiz Correa (ponente) y Carlos Eduardo Tovar Galindo.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
1 Expediente digital: 056SentenciaPrimeraInstancia 2 Sala integrada por los H.M Carlos Fernando Ortiz Correa (ponente) y Carlos Eduardo Tovar Galindo.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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HECHOS La presente actuación disciplinaria se inició por informe presentado por el Director Seccional Meta, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual indicó que “el funcionario Cristian Jhoan PALACIOS Rodríguez, asistente forense, adscrito a la Unidad Básica de San José del Gua viare, presentó una solicitud de gastos de transporte causados por la comisión de servicios del 18 al 19 de octubre de 2023, del municipio de San José del Guaviare a Villavicencio (ida y regreso), trámite para el cual allegó dos (2) recibos de transporte como soporte del pago de los pasajes; no obstante, en la Minuta de la Portería de esta Dirección Seccional, se registró su ingreso y salida de la Unidad Básica de Villavicencio, e n un vehículo particular. En virtud de lo anterior, esta dirección Seccional, mediante el Oficio No. 104 -DSME-AD-2023 (anexo), solicitó a la Empresa COOTRANSGUAVIARE, confirmara la Autenticidad de los documentos aportados por el funcionario, lo mismo que la confirmación de la fecha y hora del servicio, rutas, nombre del pasajero y placas de los vehículos que prestaron el servicio.
COOTRANSGUAVIARE, confirmara la Autenticidad de los documentos aportados por el funcionario, lo mismo que la confirmación de la fecha y hora del servicio, rutas, nombre del pasajero y placas de los vehículos que prestaron el servicio. Consonante con lo anterior, en respuesta a la solicitud, la empresa de transporte Cootransguaviare , informó que no presta el servicio de transporte de pasajeros en la ruta San José del GuaviareVillavicencio, dado que no están habilitados aún por el Ministerio de Transporte; igualmente, refirió que NO presta el servicio puerta a puerta, y que el vehículo correspondiente a la Placa TFV -725, corresponde una camioneta que atiende el servicio de Ruta Escolar, la cual para la fecha registrada en el documento (18 -10-2023), se encontraba atendiendo dicha obligación, por último manifiesta que elCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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nombre del se ñor CRISTIAN PALACIOS, no registra como titular del tiquete”3. ACTUACIONES PROCESALES Con auto del 8 de no viembre de 2023, la oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto Colombiano de Medicina Legal ordenó remitir por competencia el informe presentado por las presuntas irregularidades en que incurrió el señor CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ, junto con los documentos que acompañaban dicho informe4.
ordenó remitir por competencia el informe presentado por las presuntas irregularidades en que incurrió el señor CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ, junto con los documentos que acompañaban dicho informe4. El 25 de enero de 202 45, el magistrado instructor , doctor Romer Salazar Sánchez, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ordenó abrir investigación disciplina ria contra CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ en calidad de Asistente Forense adscrito a la Unidad Básica del Guaviare, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el curso de la etapa de investigación se allegaron las siguientes pruebas al expediente: Actos de nombramiento y posesión y certificado de salario devengado para el año 2023 del investigado6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 7, donde consta que no aparecen sanciones registradas a nombre del investigado.
3 Expediente digital: 001Queja 4 Expediente digital: 001Queja 5 Expediente digital: 005AutoAperturaInvestigación 6 Expediente digital: 011RecepcionRtaMedicinaLegal y 024AnexosMedicinaLegal 7 Expediente digital: 014AntecedentesDisciplinariosCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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El día 4 de marzo de 2025, se decretó el cierre de la investigación y se corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran los
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El día 4 de marzo de 2025, se decretó el cierre de la investigación y se corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran los alegatos precalificatorios pertinentes 8, sin que el investigado hiciera uso de este derecho. Mediante auto del 20 de mayo de 2025 9, se formuló pliego de cargos contra el CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ, en su calidad de asistente forense grado 03, adscrito a la unidad básica San José del Guaviare – dirección seccional Meta – dirección regional oriente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los siguientes términos: “En línea de lo expuesto, y soportado en los medios de prueba recaudados, es posible establecer que, presuntamente, el señor CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ, en su calidad de ASISTENTE FORENSE GRADO 03, adscrito a la UNIDAD BÁSICA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – DIRECCIÓN SECCIONAL META – DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, adulteró documentos privados para realizar el cobro de gastos de transporte dentro de la comisión de servicios desarrollada en la ciudad de Villavicencio el 19 de octubre de 2023.” Lo anterior por la infracción al deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la ley 270 de 1996 , lo establecido en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019 y la comisión de la falta disciplinaria descrita en el artículo 65 ibidem, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 599
artículo 153 de la ley 270 de 1996 , lo establecido en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019 y la comisión de la falta disciplinaria descrita en el artículo 65 ibidem, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, tipifica el delito de falsedad en document o privado, siendo calificada dicha falta
8 Expediente digital: 028AutoCierreInvestigacion 9 Expediente digital: 032AutoFormulacionCargosCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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como GRAVÍSIMA, cometida a título de DOLO. Una vez notificada esta decisión, el investigado allegó escrito de descargos el día 5 de junio de 2025 10, en donde indicó que su actuación no revestía ilicitud sustancial por no existir “afectación de los valores o de la función pública, ni se vio afectado en ningún momento el desarrollo de la labor del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”. Igualmente indicó que no se presentó dolo en su actuar, que no falsificó ningún documento, no diligenció los datos que se encuentran consignados en los tiquetes objeto de reproche y que los mismos corresponden a la realidad. Con auto del día 22 de octubre de 2025, se dispuso adelantar la etapa de juzgamiento por el procedimiento ordinario y se corrió traslado para que los sujetos procesales presentaran descargos11.
corresponden a la realidad. Con auto del día 22 de octubre de 2025, se dispuso adelantar la etapa de juzgamiento por el procedimiento ordinario y se corrió traslado para que los sujetos procesales presentaran descargos11. El 10 de febrero de 2026 12 se corrió traslado para que los sujetos procesales presentaran alegatos de conclusión. El 27 de febrero de 202613, el defensor de confianza del investigado presentó alegatos de conclusión , en los que indicó que durante la actuación no se demostró que hubiera falsificado, adulterado o participado en la elaboración de los tiquetes de transporte aportados para solicitar el reintegro de ga stos. Afirmó que las pruebas recaudadas no acreditan la autoría ni el dolo, por lo que la imputación se sustentó en simples conjeturas y no en evidencia suficiente.
10 Expediente digital: 034Descargos 11 Expediente digital: 043AutoFijaciónProcedimiento 12 Expediente digital: 046AutoTrasladoAlegatosConclusión 13 Expediente digital: 049AlegatosConclusionCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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Asimismo, alegó que no se practicaron pruebas esenciales para esclarecer los hechos, como l a declaración del conductor o actuaciones dirigidas a verificar la autenticidad de los tiquetes, lo que, en su criterio, generó un defecto fáctico en la valoración probatoria.
esclarecer los hechos, como l a declaración del conductor o actuaciones dirigidas a verificar la autenticidad de los tiquetes, lo que, en su criterio, generó un defecto fáctico en la valoración probatoria. De igual manera, sostuvo que el disciplinado cumplió la comisión de servicios, que nunca se efectuó el reintegro solicitado y que, por ende, no se produjo afectación al deber funcional ni detrimento patrimonial. Añadió que el registro de ingreso en un vehículo particular no demuestra la falsedad de los tiquetes ni la existencia de dol o o culpa, pues el usuario del servicio de transporte no está obligado a verificar la autenticidad de los documentos expedidos por la empresa transportadora. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 5 de mayo de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, decidió lo siguiente respecto del investigado: En primer lugar, absolverlo por la violación del deber señalado en el artículo 153 numeral 1° de la Ley 270 de 1996. Y en segundo lugar, se decidió sancionar a CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ en cal idad de Asistente Forense Grado 03 adscrito a la Unidad Básica San José del Guaviare – Dirección Seccional Meta – Dirección Regional Oriente, con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por su incursión en la falta gr avísima contemplada en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 a título de dolo, al tenor de lo previsto en el artículo 242 de laCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 a título de dolo, al tenor de lo previsto en el artículo 242 de laCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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Ley 1952 de 2019. En cuanto a la tipicidad s e indicó que : “(…) las pr uebas sí tienen plurales hechos indicadores con los cuales se infiere la autoría del tipo; nótese que i) el disciplinado fue a quien se le confirió la comisión de servicios y se autorizó como pago el valor de $280.000; ii) con el fin de legalizar la comisi ón y obtener el reintegro del dinero presentó el oficio el 22 de octubre de 2023; iii ) aportó los tiquetes N°43214 y 43250 del 18 y 19 de octubre de 2023, respectivamente, los cuales no contienen información fidedigna, pues recuérdese que la empresa de transporte ni siquiera tiene autorización para prestar el servicio de transporte de pasajeros para la ruta que tomó y el disciplinado no reposa en el historial de clientes; iv ) en su condición de Asistente Forense (a quien se le confirió la comisión de servic ios) era el interesado en obtener el reintegro del dinero; v) no tiene sustento la teoría del disciplinado respecto que los conductores en ocasiones ofrecen servicios a la ciudad en la que deben cumplir una diligencia, pues por el contrario se acreditó que el vehículo identificado con placa
teoría del disciplinado respecto que los conductores en ocasiones ofrecen servicios a la ciudad en la que deben cumplir una diligencia, pues por el contrario se acreditó que el vehículo identificado con placa TFV-725, está destinado para ruta escolar y el 18 de octubre de 2023 cumplió esa obligación”. Respecto de la ilicitud sustancial la primera instancia indicó que , al adecuarse su conducta a las conductas descritas como fa lta disciplinaria, se generó una afectación a su deber funcional, sin importar si se había cumplido con la comisión encomendada.
Por último y en relación con la culpabilidad, se indicó que su actuar fue doloso en tanto “se demostró que los recibos apócrif os fueronCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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aportados por él mismo cuando legalizó la comisión de servicios el 22 de octubre de 2023, y si bien el disciplinado y su defensor expresaron que no hay prueba que acredite la autoría de la falsedad del documento privado, los hechos indicadores sí permiten inferirlo, pues en realidad tenía el interés de obtener el reintegro del dinero.
De lo anterior, se evidencia el conocimiento y la voluntad del inculpado, al momento de remitir los recibos de la empresa de transporte, pues voluntariamente las e nvió para legalizar la comisión de servicios y por ende le fuera reintegrado el dinero, con conocimiento de que no había dirigido a la ciudad de Villavicencio en
inculpado, al momento de remitir los recibos de la empresa de transporte, pues voluntariamente las e nvió para legalizar la comisión de servicios y por ende le fuera reintegrado el dinero, con conocimiento de que no había dirigido a la ciudad de Villavicencio en un vehículo adscrito a la empresa Cootransguaviare por cuanto ésta ni siquiera tenía autorización para prestar ese servicio”. DE LA APELACIÓN Notificada la anterior decisión el día 15 de mayo de 2026 14, mediante escrito del 25 del mismo mes y año 15 el defensor del investigado, doctor Eder Escobar Hernández, con tarjeta profesional número 94084, presentó recurso de apelación frente al fallo de primera instancia, en donde se indicó:
1. Falencias en la argumentación de la ilicitud sustancial: Se cuestiona que la sentencia de primera instancia, al abordar la ilicitud sustancial, incurre en un razonamiento ca rente de coherencia lógica, al sostener que el incumplimiento del deber funcional previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 carece de relevancia disciplinaria, bajo el entendido de
14 Expediente digital: 057NotificacionSentencia 15 Expediente digital: 084RecursodeApelaciónCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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que la conducta podría subsumirse en un tipo penal pr evisto en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019.
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que la conducta podría subsumirse en un tipo penal pr evisto en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019.
A juicio del impugnante, dicha conclusión no se deriva de las premisas normativas y jurisprudenciales citadas, configurándose una falacia de non sequitur, en tanto la eventual relevancia penal de la conduct a no excluye su valoración disciplinaria. Sostiene que el fallador desvió el análisis propio del derecho disciplinario hacia categorías del derecho penal, particularmente la antijuridicidad material, desconociendo que, conforme a la jurisprudencia del Cons ejo de Estado, la ilicitud sustancial se estructura a partir del quebrantamiento de deberes funcionales, sin necesidad de acreditar un resultado lesivo.
2. Ausencia de material probatorio: El recurrente sostuvo que la providencia apelada vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al haberse proferido con fundamento en un acervo probatorio insuficiente y mediante la imposición de una carga procesal desproporcionada al disciplinado.
Afirmó que la autoridad disciplinaria omitió decret ar pruebas relevantes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos, tales como los testimonios del conductor del vehículo y de funcionarios de la empresa transportadora, así como la verificación de eventuales actuaciones internas de dicha entidad, pese a que estas resultaban determinantes para establecer la autenticidad de los tiquetes y las circunstancias reales del desplazamiento. En su criterio, la decisión se edificó sobre una
verificación de eventuales actuaciones internas de dicha entidad, pese a que estas resultaban determinantes para establecer la autenticidad de los tiquetes y las circunstancias reales del desplazamiento. En su criterio, la decisión se edificó sobre una certificación incompleta y sobre inferencias no corroboradas, sinCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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que se demostrara la falsedad documental ni la intervención del investigado en su eventual adulteración.
Sostuvo que la providencia parte de una premisa preconcebida, esto es, la supuesta falsedad de los documentos, configurándose una petición de principio qu e orientó indebidamente la valoración probatoria, al otorgar plena credibilidad a la versión inicial del denunciante sin someterla a contraste. Añadió que, bajo el argumento de suficiencia probatoria y ausencia de solicitudes de las partes, el despacho se abstuvo de ejercer sus facultades oficiosas, trasladando al disciplinado la carga de aportar pruebas q ue, por su naturaleza, debían ser recaudadas por la autoridad, lo cual desconoció la lógica de la carga dinámica de la prueba y el carácter inquisitivo del proceso disciplinario.
3. El recurrente cuestionó la valoración probatoria efectuada en la providencia apelada, al considerar que la responsabilidad disciplinaria fue estructurada a partir de una indebida construcción de prueba indiciaria y de la aplicació n errónea de
3. El recurrente cuestionó la valoración probatoria efectuada en la providencia apelada, al considerar que la responsabilidad disciplinaria fue estructurada a partir de una indebida construcción de prueba indiciaria y de la aplicació n errónea de máximas de la experiencia.
Señaló que el fallador edificó una cadena de hechos indicadores, relacionados con la comisión de servicios, la presentación de los tiquetes, la inexistencia de registro en la empresa transportadora y el interés en el reintegro, para inferir la autoría de una supuesta falsedad documental. No obstante, sostuvo que dicha inferencia se apoyó en una regla de experiencia no verificable ni universal, según la cual quien presenta un documento es necesariamenteCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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quien lo falsifica, o que la ausencia de registro en bases de datos implica la inexistencia del desplazamiento.
Adujo que tales premisas desconocieron las dinámicas reales del servicio de transporte, en las que pueden presentarse viajes por fuera de rutas o terminales, así como prácticas informales que desvirtúan el carácter absoluto de dichas generalizaciones. En ese sentido, afirma que la providencia acogió como máximas de la experiencia, apreciaciones subjetivas que no cumplen con los criterios de generalidad, reiter ación y verificabilidad exigidos por la jurisprudencia.
ese sentido, afirma que la providencia acogió como máximas de la experiencia, apreciaciones subjetivas que no cumplen con los criterios de generalidad, reiter ación y verificabilidad exigidos por la jurisprudencia.
4. Omisiones en la sentencia recurrida: El recurrente adujo que la providencia apelada incurrió en omisiones sustanciales que vulneraron el debido proceso, al desconocer el deber de motivación integral previsto en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, conforme al cual las decisiones judiciales deben pronunciarse sobre todos los hechos y asuntos planteados por los sujetos procesales.
Sostuvo que, pese a que en los descargos y alegatos finales se expusieron argumentos orientados a explicar las dinámicas informales del servicio de transporte, particularmente en lo relativo a la utilización de tiquetes suministrados por conductores fuera de rutas o condiciones ordinarias, así como la ausencia de deber del us uario de verificar la autenticidad de dichos documentos, la sentencia omitió cualquier análisis o pronunciamiento sobre tales planteamientos. En su criterio, el fallador se limitó a aco ger la certificación de la empresaCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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transportadora, sin confrontarla con otras hipótesis plausibles derivadas del contexto fáctico.
Afirmó que esta omisión impidió reconstruir el iter lógico de la decisión y comprometió el ejercicio del derecho de contradicción,
transportadora, sin confrontarla con otras hipótesis plausibles derivadas del contexto fáctico.
Afirmó que esta omisión impidió reconstruir el iter lógico de la decisión y comprometió el ejercicio del derecho de contradicción, al no permitir identificar las razones por las cuales fueron desestimados los argumentos de la defensa. Añadió que dicha falencia se enmarcó en una valoración probatoria que no atendió a las reglas de la sana crítica, en la medida en que no se examinaron de manera integral las distintas posibilidades fácticas del caso.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Recibido el expediente por esta comisión, fue asignado por reparto del 5 de junio de 2026, a quien hoy funge como ponente16.
CONSIDERACIONES De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, además, de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021.
16 Expediente digital: 002 SEGUNDA INSTANCIA, archivo 001ActaIndividualRepartoCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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La Comisión abordará el recurso sometido a su consideración únicamente en los aspectos que fueron objeto de inconformidad en la apelación, en acatamient o del principio de limitación. Ello implica que la competencia del juez de segunda instancia se restringe a los puntos expresamente cuestionados por el apelante y no le habilita para emitir un nuevo juicio fáctico o jurídico integral sobre la decisión. Sol o de manera excepcional podrá apartarse de ese marco, cuando se adviertan causales objetivas que imponga n declarar la improcedencia de la acción disciplinaria o la nulidad de lo actuado, las cuales deben ser decretadas de oficio. Del asunto en concreto. Procede la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del investigado, contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 17, por medio de la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta18, declaró disciplinariamente responsable al doctor CRISTIAN JHOAN PALACIOS RODRÍGUEZ en calidad de Asistente Forense Grado 03 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito a la Unidad Básica San José del Guaviare – Dirección Seccional Meta – Dirección Regional Oriente, con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por su incursión en la falta gravísima contemplada en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, en
– Dirección Regional Oriente, con sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, por su incursión en la falta gravísima contemplada en el artículo 65 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 289 de la Ley 59 9 de 2000 a título de dolo, al tenor de lo previsto en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019. Respecto del primer punto de la apelación, debe tenerse en cuenta que la primera instancia absolvió al investigado, por lo que no se hace necesario profundizar sobre los motivos que tuvo el a quo para tomar dicha decisión, al ser esta favorable a los intereses del encartado.
17 Expediente digital: 056SentenciaPrimeraInstancia 18 Sala integrada por los H.M Carlos Fernando Ortiz Correa (ponente) y Carlos Eduardo Tovar Galindo.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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En segundo lugar, en lo que atañe a la presunta omisión en el decreto y práctica de pruebas de oficio, si bien el apelante plantea la existencia de una vulneración al deber de motivación integral de la providencia recurrida y, de manera correlativa, al debido proceso, dicha inconformidad debe ser abordada desde una perspectiva eminentemente probatoria y no como un vicio constitutivo de nulidad procesal. Lo anterior obedece a que, del examen de la actuación, se advierte que la decisión de primera instancia se encuentra debidamente
eminentemente probatoria y no como un vicio constitutivo de nulidad procesal. Lo anterior obedece a que, del examen de la actuación, se advierte que la decisión de primera instancia se encuentra debidamente sustentada, en tanto expone de manera clara, suficiente y razonada los fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la determinación adoptada. En ese orden, no se configura una deficiencia estructural en la motivación que permita predicar la afectación del debido proceso en los términos alegados por el recurrente. Adicionalmente, resulta relevante destacar que las p ruebas cuya ausencia se cuestiona no fueron oportunamente solicitadas por el investigado dentro de las etapas procesales correspondientes, circunstancia que desvirtúa la configuración de una irregularidad atribuible al operador judicial. En efecto, si bien el juez cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio en aras de esclarecer los hechos y garantizar la efectividad del derecho sustancial, dicha potestad no puede erigirse en una carga obligatoria en todos los casos, ni tampoco puede suplir la inac tividad o desidia probatoria de las partes. En consecuencia, la ausencia de decreto y práctica de las pruebas referidas no comporta, en el caso concreto, una vulneración al debido proceso ni un defecto de motivación de la providencia, sino que se inscribe dentro de la dinámica propia de la actividad probatoria.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
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En efecto, de la lectura sistemática de la providencia se advierte que el fallador sí efectuó un análisis del material probatorio obrante en el expediente, valorándolo en su conjunto conforme a las r eglas de la sana crítica y en ejercicio de la autonomía probatoria que le es propia en el marco del proceso disciplinario. En ese sentido, no puede afirmarse que la decisión se haya limitado a acoger de manera acrítica la certificación de la empresa transportadora, pues esta fue ponderada dentro de un contexto probatorio más amplio, en el que se examinaron los elementos de juicio disponibles para arribar a una conclusión razonada. Conforme con lo expuesto, no le asiste razón al apelante al sostener que la p rimera instancia omitió el decreto de pruebas de manera injustificada o que, por tal vía, se hubiesen vulnerado garantías procesales del investigado. Una revisión integral de la actuación permite advertir que el disciplinado fue debidamente notificado de cada una de las decisiones adoptadas, contando en todo momento con las oportunidades procesales idóneas para ejercer su derecho de defensa y contradicción, sin que hubiese hecho us o efectivo de las facultades que el ordenamiento le otorga en materia probatoria. En efecto, al momento de rendir descargos, etapa procesal especialmente dispuesta para controvertir los cargos y solicitar la práctica de pruebas, el investigado se limitó a exponer su versión de los hechos, sin interesar la incorporación de medios de convicción
especialmente dispuesta para controvertir los cargos y solicitar la práctica de pruebas, el investigado se limitó a exponer su versión de los hechos, sin interesar la incorporación de medios de convicción adicionales que respaldaran sus afirmaciones. Esta circunstanc
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