CNDJ - 50001250200020230096201
Detalles
- Título
- CNDJ - 50001250200020230096201
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 500012502000202300962 01 Aprobado según Acta N. 26 de la fecha.
ASUNTO
Negada la ponencia presentada por el Honorable Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo 1, p rocede la Comisión a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de mayo de 20262, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Meta3, en la que resolvió SANCIONAR al abogado CELSO DARÍO PRIETO LÓPEZ , con SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión , al incurrir en la falta culposa contemplada en el numeral 1º del artíc ulo 3 7 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem.
SITUACIÓN FÁCTICA
La presente actuación tuvo origen en la queja4 interpuesta por Yenny Fabiola Millán Riaño, quien adujo que el 2 de fe brero de 2018 otorg ó poder al abogado disciplinado para iniciar un proceso ejecutivo singular contra Alirio Sanabria Mejía, con el fin de cobrar una letra de
1 Sala ordinaria No. 023 del 16 de julio de 2026 2 Archivo titulado “079SentenciaPrimeraInstancia” de la carpeta de primera instancia. 3 H.M Carlos Fernando Ortíz Correa y Romer Salazar Sánchez
1 Sala ordinaria No. 023 del 16 de julio de 2026 2 Archivo titulado “079SentenciaPrimeraInstancia” de la carpeta de primera instancia. 3 H.M Carlos Fernando Ortíz Correa y Romer Salazar Sánchez 4 Archivo titulado “001Queja” ibidem.A 16054
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cambio. Dicho proceso se adelantó bajo el radicado 5000140030082018-00190-00 ante el Juzgado Octa vo Civil Municipal d e Villavicencio.
La quejosa sostiene que durante el proceso se logró el embargo del sueldo del demandado, realizándose las deducciones correspondientes que fueron consignadas en una cuenta judicial hasta cubrir el monto de la obligaci ón e intereses. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2022, el juez declaró terminado el proceso por desistimiento tácito, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del expediente. Esto, según afirma la quejosa, fue consecuencia del aband ono del proceso por parte del abogado disciplinado.
Ante dicha decisión, el disciplinado presentó recurso de reposición el cual fue rechazado por extemporáneo.
Adicionalmente, la quejosa sostiene que el actuar del abogado le causo perjuicios económicos por un valor de $12.958.910.
ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DISCIPLINABLE
Adicionalmente, la quejosa sostiene que el actuar del abogado le causo perjuicios económicos por un valor de $12.958.910.
ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DISCIPLINABLE
Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 11 de enero de 20245, se constató que el doctor CELSO DARÍO PRIETO LÓPEZ , se identifica con la cédula de ciudadanía No. 19.499.450, y se halla inscrito como abogado, titular de la tarjeta profesional No. 178.443, documento que a la fecha se
5 Folio 1 del archivo titulado “003AntecedentesDisciplinarios” ibidem.A 16054
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encontraba vigente. De igual manera , se allegó certificado de antecedentes disciplinario6s No 3979196 expedido en la misma fecha por el Secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en el que consta que el abogado no registraba sanciones.
RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
1.- Etapa de investigación y calificación.
El asunto fu e asignado por reparto del 19 de diciembre de 2023 , a la Magistrada Martha Cecilia Botero Zuluaga de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta7, quien luego de verificar la calidad de disciplinable
El asunto fu e asignado por reparto del 19 de diciembre de 2023 , a la Magistrada Martha Cecilia Botero Zuluaga de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta7, quien luego de verificar la calidad de disciplinable del implicado, emitió auto el 12 de febrero de 20248, en el que dispuso la apertura de proceso disciplinario y fijó fecha de audiencia de pruebas y calificación provisional para el 21 de febrero de 202 4 a las 9:30 a.m., sin embargo, la reprogramó para el 10 de julio de 2024.
2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.
La referida diligencia se realizó en sesiones del 10 de julio de 2024, 22 de octubre y 3 de diciembre de 2025.
- Sesión del 10 de julio de 20249.
6 Folio 2 ibidem. 7 Archivo titulado “002ActaReparto” de la carpeta de primera instancia. 8 Archivo titulado “005AutoAperturaInvestigación” ibidem. 9 Archivo titulado “016AudienciaPruebasCalificación” ibidem.A 16054
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Tras verificar la asistencia, la Magistrada leyó la queja que dio origen al proceso. Acto seguido, el abogado Prieto López ejerció su derecho de defensa rindiendo su versión libre, de la cual se destaca lo siguiente:
Tras verificar la asistencia, la Magistrada leyó la queja que dio origen al proceso. Acto seguido, el abogado Prieto López ejerció su derecho de defensa rindiendo su versión libre, de la cual se destaca lo siguiente:
El abogado disciplinado expone ampliamente las razones por las que no presentó el recurso de apelación, dentro de las cuales expone que, primero, al ser un proceso de única instancia no era procedente la presentación de recursos. Segundo, explicó que su falta de impulso para notificar al demandado obedeció a que estaba esperando a que se materializara la medida caute lar de modo que no se pusiera en alerta al demandado. Tercero, precisó que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio declaró el desistimiento tácito, sin tener en cuenta lo establecido en el artículo 317 del Código General del Proceso.
Tras ser interrogado por la mag istrada, señaló que tras la terminación del procesodeclaratoria de desistimiento tácito - solicitó el desarchivo y una reconsideración para que el juez admitiera que no hubo el requerimiento legal que exige el artículo 317 del Código General del Proceso. Asimismo, afirmó que propuso iniciar una acción de tutela por vía de hecho contra el juzgado, pero no pudo proceder porque la relación profesional con la señora Millán se rompió antes de que ella le otorgara un nuevo poder para dicho trámite.
El representante del Ministerio Público cuestionó por qué no realizó ninguna gestión de notificación al demandado durante más de un año. Al respecto, el abogado reiteró que se amparó en el inciso tercero del numeral 1 del Art. 317, el cual indic a que no se debe requerir la notificación mientras existan medidas cautelares pendientes de
de notificación al demandado durante más de un año. Al respecto, el abogado reiteró que se amparó en el inciso tercero del numeral 1 del Art. 317, el cual indic a que no se debe requerir la notificación mientras existan medidas cautelares pendientes de consumarse.
Posterior a esto, la magistrada decretó las pruebas solicitadas por el abogado disciplinado y el Ministerio Público
- Sesión del 22 de octubre de 202510.
A la diligencia asistieron la quejosa y el disciplinado.
La señora Yenny Fabiola Millán Riaño fue escuchada en diligencia de ampliación y ratificación de la queja:
En dicha oportunidad, manifestó que la comunicación con el abogado era deficiente, razón por la cual tuvo que adelantar por su propia cuenta labores de
10 Archivo titulado “054GrabaciónAudienciaPruebas22102025” ibidem.A 16054
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investigación encaminadas a obtener la información necesaria sobre el demandado.
Asimismo, afirmó que la declaratoria de desistimiento tácito obedeció al abandono del proceso por parte del profesional del derecho.
De igual forma, señaló que el abogado le propuso presentar nuevamente la demanda; sin embargo, indicó que ello no le parecía posible, dado que el mismo profesional le había informado previamente que la letra de cambio se encont raba
De igual forma, señaló que el abogado le propuso presentar nuevamente la demanda; sin embargo, indicó que ello no le parecía posible, dado que el mismo profesional le había informado previamente que la letra de cambio se encont raba prescrita. Agregó que sucedió lo mismo frente al ofrecimiento de promover una acción de tutela.
Finalmente, indicó que el disciplinable propuso un acuerdo económico para evitar una actuación disciplinaria.
- Sesión del 3 de diciembre de 202511.
Con la presencia de la quejosa y el disciplinado, el Magistrado realizó la calificación jurídica provisional y formuló cargos contra el doctor Celso Darío Prieto López, de la siguiente manera:
Imputación fáctica: Las pruebas que obran en el expediente dieron cuenta de que el abogado disciplinado , en su condición de apoderado judicial de la quejosa dentro del proceso ejecutivo singular en contra del señor Alirio Sanabria Mejía ante el Juzgado 8 Civil Municipal De Villavicencio, presuntamente dejó de hacer opor tunamente las diligencias propias de la actuación profesional al no ejercer un impulso procesal idóneo, constante y eficaz que permitiera la normal continuación del trámite judicial.
Lo anterior, teniendo en cuenta que está acreditado que, pese a haberse librado el mandamiento de pago del 20 de septiembre del 2018, decretado y materializado el embargo salarial desde el año 2019
11 Archivo titulado “060GrabaciónAudienciaPruebasyCalificaciónProvisional03122025” ibidem.A 16054
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11 Archivo titulado “060GrabaciónAudienciaPruebasyCalificaciónProvisional03122025” ibidem.A 16054
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y conocida formalmente la respuesta de la Secretaría de Educación de Cundinamarca sobre la efectividad de la medida cautelar , el disciplinable habría omitido ejecutar las actuaciones necesar ias para continuar el proceso, en especial las gestiones tendientes a concretar la notificación del demandado , así como ejercer el control y seguimiento adecuado del proceso permitiendo con ell o la inactividad procesal prolongada que desembocó en la decla ración de desistimiento tácito mediante providencia del 7 de septiembre de 2022.
Imputación jurídica: Presunta infracción del deber contenido en el numeral 10º del artículo 28 y comisión de la falta disciplinaria tipificada en el numeral 1º del artículo 3 7 de la Ley 1123 de 2007, por dejar de hacer las diligencias propias de la actuación profesional, atribuida a título de culpa.
3.- Etapa de juzgamiento.
La referida audiencia tuvo lugar en sesiones el 14 de abril de 202612.
El abogado disciplinado presentó alegatos de conclusión indicando que hubo error por parte del Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio al declarar el desistimiento tácito sin realizar el requerimiento previo de 3 0 días que exige la ley.
El abogado disciplinado presentó alegatos de conclusión indicando que hubo error por parte del Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio al declarar el desistimiento tácito sin realizar el requerimiento previo de 3 0 días que exige la ley. Asimismo, sostuvo que solicitó al juzgado dejar sin efectos la decisión basándose en la figura del antiprocesalismo para corregir el error judicial, sin embargo, su solicitud no fue comprendida. Argumentó que durante el proceso pre sentó recursos y realizo gestiones c on ayuda de la quejosa para ubicar a la parte demandada y materializar las medidas cautelares.
Por otro lado, afirmó que el derecho de la quejosa no se perdió en la medida en que conservaba la facultad de volver a presentar la demanda 6 meses después de la declaratoria de desistimiento tácito, actuación que no pudo adelantar debido a la falta de voluntad de la quejosa frente a dicho escenario.
12 Archivo titulado “077GrabaciónAudienciaJuzgamiento14042026” ibidem.A 16054
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Por último, solicitó la absolución de los cargos por falta de tipicidad y ausencia de afectación al deber funcional, dado que el derecho de la quejosa seguía vigente, pero fue ella quien desistió de continuar.
DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
afectación al deber funcional, dado que el derecho de la quejosa seguía vigente, pero fue ella quien desistió de continuar.
DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
Mediante sentencia proferida el 12 de mayo de 2026 13, la Comisión Seccional de Disci plina Judicial de l Meta , resolvió SANCIONAR al abogado CELSO DARÍO PRIETO LÓPEZ, con SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión, al incurrir en la falta culposa contemplada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en descon ocimiento del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem.
Señaló el a quo que la falta se concretó en el verbo “dejar de hacer”, dado que el disciplinable omitió adelantar la gesti ón que le fue encomendada. Lo anterior, teniendo en c uenta que, tras lograr el mandamiento de pago, el profesional del derecho no desplego las conductas necesarias para notificar al ejecutado. Además, el abogado permitió una inactividad prolongada dentro del proceso que derivo en el desistimiento tácito, decisión sobre la cual el abogado no interpuso ningún recurso dentro del término oportuno para hacerlo.
Frente a la antijuridicidad, se indicó que, aunque el abogado realizó gestiones iniciales, omitió notificar al demandado cuando ya tenía conocimiento formal de la comunicación emitida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca . Además, sostuvo que el abogado argumentó que el juez civil no lo requirió previamente por 30 días
conocimiento formal de la comunicación emitida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca . Además, sostuvo que el abogado argumentó que el juez civil no lo requirió previamente por 30 días
13 Archivo titulado “079SentenciaPrimeraInstancia” ibidem.A 16054
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antes de archivar el proceso, como l o indica el artículo 317 del Código General del Proceso. No obstante, el a quo consideró que esta inconformidad debió debatirse ante el juez natural mediante recursos oportunos, los cuales el abogado no interpuso y en su lugar, acudió meses después a figur as como el "antiprocesalismo", lo cual resu ltó ineficaz.
Por lo anterior, concluye que la conducta es antijurídica porque el abogado permitió un periodo prolongado de inactividad procesal , sin que existiera una razón legal válida que justificara su desatención.
Respecto a la culpabilidad, conside rando que, en virtud del ejercicio profesional del derecho, debía conocer sus deberes como abogado entre los cuales estaba el deber de actuar con celosa diligencia , la conducta fue imputada a título de culpa por vulnerar el deber objetivo de cuidado.
Respecto de la dosificación de la sanción, la Seccional de instancia consideró los criterios de trascendencia social de la conducta, la modalidad y el perjuicio causado.
de cuidado.
Respecto de la dosificación de la sanción, la Seccional de instancia consideró los criterios de trascendencia social de la conducta, la modalidad y el perjuicio causado.
Indicó que el actuar del abogado puede reflejar a la sociedad el mensaje de que el act uar de los abogados no es diligente y que el perjuicio causado se evidenció en que, a pesar de que la quejosa le confió el inicio del proceso hasta su finalización, sin embargo, esto no fue posible debido a la desatención del profesional del derecho.A 16054
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Por lo anterior, consideró que la sanción a imponer al abogado era la de SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión.
LA APELACIÓN14
En la alzada, el disciplinado solicitó se revoque la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
1. Error de hecho por indebida valoración probatoria:
Al respecto, el apelante sostiene que no se aplicaron las reglas de la sana crítica en el estudio del radicado 50001400300820180019000 de modo que se pudiera concluir que existió una inactividad prolongada o desatención por parte del abogado.
Considera que no se configura el verbo rector de "dejar de hacer oportunamente" o "descuidar” consagrado en el numeral 1 del
que existió una inactividad prolongada o desatención por parte del abogado.
Considera que no se configura el verbo rector de "dejar de hacer oportunamente" o "descuidar” consagrado en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, teniendo en cuenta que él adelantó actuaciones procesales de fondo.
Asimismo, afirmó que el a quo no tuvo en cuenta la suspensión de términos y el trastorno judicial provocado por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
14 Archivo titulado “081RecursoApelación” ibidem.A 16054
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2. Defecto sustantivo por error del Juzgado Civil Munic ipal de Villavicencio en la aplicación del desistimiento tácito sin requerimiento previo.
Sobre este punto, el disciplinado sostiene que la ley exige un requerimiento previo y expreso por parte del juez para poder decretar el desistimiento tácito, sin em bargo, dicho requisito no se cumplió por parte del juez, de modo que conside ra que la sanción disciplinaria no puede generarse en una irregularidad cometida por la administración de justicia.
Adicionalmente, señaló que no hubo una debida valoración de las sentencias del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que allegó como
cometida por la administración de justicia.
Adicionalmente, señaló que no hubo una debida valoración de las sentencias del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que allegó como prueba.
3. Inexistencia de perjuicio
El disciplinado establece que la terminación del proceso por desistimiento tácito no significo la pérdida del derecho de la quejosa, por cuanto aun contaba con instrumento s judiciales para reclamarlo. Sin embargo, precisó que ella decidió no presentar nuevamente la demanda ni la tutela, de modo que no puede trasladarse la responsabilidad disciplinaria al abogado.
Por todo lo anterior, solicita la revocatoria de la sentenci a de primera instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, y que como consecuencia de elloA 16054
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sea absuelto de toda responsabilidad disciplinaria por a usencia de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad en la conducta investigada.
TRÁMITE DEL RECURSO
La sentencia fue notificada el 15 de mayo de 2026 15, y el disciplinado presentó el recurso el 21 de mayo de 2026 16, por lo que , al estar en término, el Magistrado sustanciador de primera instancia lo concedió el
La sentencia fue notificada el 15 de mayo de 2026 15, y el disciplinado presentó el recurso el 21 de mayo de 2026 16, por lo que , al estar en término, el Magistrado sustanciador de primera instancia lo concedió el 29 de mayo de 202617, y ordenó el envío a esta Comisión.
RECUENTO PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
1. Mediante acta individual de reparto de data 18 de junio de 2026 18, le correspondió el conocimien to del asunto a quien hoy funge como ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
1.- De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257 A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Igualmente, es comp etente en virtud de lo dispuest o en el parágrafo
15 Archivo titulado “080NotificacionSentencia” ibidem. 16 Folio 1 del archivo titulado “081RecursoApelación” ibidem. 17 Archivo titulado “084AutoConcedeRecursoApelación” ibidem. 18 Archivo titulado “001ActaIndividualReparto” de la carpeta de segunda instancia.A 16054
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transitorio de la misma disposición que señala que: “(…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ”. Lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 112 numeral 4 ° de la Ley 270 de 1996 modificado por el canon 56 de la Ley 2430 de 2024, y lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
2.- Procedencia del recurso de apela ción y legitimación de los intervinientes para recurrir. El medio vertical es procedente contra la sentencia de primera instancia emitida en los procesos disciplinarios adelantados contra los profesional es del derecho, de acuerdo con lo reglamentado en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007:
“ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”. (Negrilla fuera del texto original).
Igualmente, en su calidad de interviniente, el disciplinado está facultado para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión adoptada en cada caso, según lo dispuesto en el numeral 2°
fuera del texto original).
Igualmente, en su calidad de interviniente, el disciplinado está facultado para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión adoptada en cada caso, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 66 de la Ley 1123 del 2007:
“ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:
(…)
2. Interponer los recursos de ley.”A 16054
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Ya que se logra verificar que la sentencia fue notificada el 15 de mayo de 2026 y el recurso presentado el 21 del mismo mes y año, se entiende presentado dentro del término, en atención a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 81 de la Ley 1123 del 2007.
3Del caso concreto. Procederá esta Comisión a revisar los argumentos expuestos por el disciplinado para determinar si estos revisten la contundencia suficiente que obliguen a revocar la decisión de primer grado , o si, por el contrario, no prestan mérito para desvirtuar la mis ma; no obstante, es válido recordar que el operador judicial en segunda instancia solo está habilitado para analizar las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.
Al fin y al cabo, “si la pretensión del apelante fija, en principio, el
judicial en segunda instancia solo está habilitado para analizar las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.
Al fin y al cabo, “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”19.
A c ontinuación, se procederán a desatar los argumentos que sustentaron el recurso de apelación, que fueron denominados de la siguiente manera para mejor comprensión:
- Sobre el alegado error de hecho por indebida valoración probatoria.
19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C -968 del 21 d e octubre de 2003. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente; D-4607.A 16054
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Frente a este punto, e l apelante alega la configuración de un error de hecho por indebida valoración probatoria, al considerar que el a quo no aplicó las reglas de la sana crítica al analizar el expediente con radicado 50001400300820180019000, lo que condujo erróneamente a concluir que existió una inactividad prolongada o desatención de su
no aplicó las reglas de la sana crítica al analizar el expediente con radicado 50001400300820180019000, lo que condujo erróneamente a concluir que existió una inactividad prolongada o desatención de su parte. En ese sentido, sostiene que su conducta no se subsume en los verbos rectores de "dejar de hacer oportunamente" o "descuidar", previstos en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 d e 2007, pues adelantó actuaciones procesales de fondo. Adicionalmente, agrega que tampoco se valoró el impacto de la suspensión de términos y de las afectaciones al funcionamiento de la administración de justicia derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Frente a ello, se advierte que el a quo señaló que la gestión del disciplinable se limitó a la presentación de la demanda ejecutiva, la interposición de un recurso de reposición, la radicación de un memorial, dos escritos de delegaci ón para la revisión del proceso y una solicitud de información sobre la medida cautelar. Sin embargo, pese a conocer la respuesta emitida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca respecto de la efectividad de dicha medida, omitió adelantar las actuac iones necesarias para impulsar el proceso, particularmente las orientadas a lograr la notificación del demandado y a ejercer un adecuado seguimiento del trámite, lo que finalmente condujo a que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Villavicencio declarara la terminación del proceso por desistimiento tácito mediante auto del 7 de septiembre de 2022.A 16054
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En atención a ello, pr ocede la Sala a estudiar el presunto error de hecho que alega el apelante.
El Consejo de Estado, respecto a la configuración del error de hecho, ha indicado lo siguiente:
“En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma.”20
Adicionalmente, en otro fallo, el alto tribunal determinó:
“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o no rmativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no con sideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el de recho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso).”21
Pues bien, es necesario referirnos a las pruebas que obran dentro del
conducentes para determinar el hecho relevante para el de recho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso).”21
Pues bien, es necesario referirnos a las pruebas que obran dentro del expediente, así:
En primer lugar, consta en el expediente que la señora Yenny Fabiola Millán Riaño -quejosaotorgó poder al abogado Celso Darío Prieto López -disciplinadoel 2 de febrero del 20 1822, para que llevara hasta su terminación el proceso ejecutivo singular de mínima cuantía en contra del señor Alirio Sanabria Mejía , con el propósito de obtener el
20 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia del 21 de noviembre de 2017. Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimi
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