CNDJ - 50001250200020240016201

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 50001250200020240016201
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 500012502000202400162 01 Aprobado según Acta N. 27 de la misma fecha

ASUNTO

Sería del caso que la Comisión procediera a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de febrero de 2026 1, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta2, en la que res olvió SANCIONAR al abogado JUAN CARLOS MORA GARCÍA con SUSPENSIÓN de tres (3) años en el ejercicio de la profesión y MULTA de veinte (20) SMLMV por incurrir de manera dolosa en las faltas previstas en: i) el artículo 39 en concordancia con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento el deber del numeral 14 del artículo 28 ibidem, ii) el literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en desatención de los deberes señalados en los numerales 8 y el literal c del numeral 18 del artículo 28 ibidem; iii) el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 en incumplimiento d el deber del numeral 8 del artículo 28 de la misma ley, de no ser porque se observa la configuración de una causal de nulidad que obliga a decretarla.

1 Archivo 080 del expediente digital, trámite de primera instancia.

misma ley, de no ser porque se observa la configuración de una causal de nulidad que obliga a decretarla.

1 Archivo 080 del expediente digital, trámite de primera instancia. 2 MP Romer Salazar Sánchez y Carlos Eduardo Tovar Galindo.A 16112

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SITUACIÓN FÁCTICA

La presente actuación tuvo origen en l os escritos de queja 3 presentados el 20 de febrero y el 6 de noviembre de 2026, por Julio Roberto Calderón Urrego y Delfín Calderón Amaya , en contra del abogado JUAN CARLOS MORA GARCÍA, por cuanto fue contratado para que atendiera el proceso reivindicatorio No. 201500125 00 ante el Juzgado Cuatro Civil del Circuito de Villavicencio en contra de su hijo Roberto Calderón Amaya por una propiedad ubicada en la Vereda San Jorge de Mapiripán Meta. Por lo cual , le entregaron $ 22.000.000 por concepto de honorarios profesionales, sin que el abogado hubiera adelantado actuación alguna. Adicionalmente, sostuvo que el letrado no le infirmó la realidad sobre el proceso.

ACREDITACIÓN DEL DISCIPLINABLE Y ANTECEDENTES

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 14 de marzo de 2024 4, se constató que el

ACREDITACIÓN DEL DISCIPLINABLE Y ANTECEDENTES

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 14 de marzo de 2024 4, se constató que el doctor JUAN CARLOS MORA GARCÍA, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 86.058.878, y se encuentra inscrit o como abogad o, titular de la tarjeta profesional No. 178.153, documento que a la fecha se encontraba vigente. Además de ello, mediante certificado de antecedentes disciplinarios de abogados No. 4221175 del 6 de marzo de 20245 se constató que el investigad o no contaba con antecedentes disciplinarios a la fecha.

3 Archivo 001 del expediente digital, trámite de primera instancia. 4 Archivo 006 del expediente digital, trámite de primera instancia. 5 Archivo 003 del expediente digital, trámite de primera instancia.A 16112

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RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación. El asunto fue asignado por reparto del 27 de febrero de 2024 6 al Magistrado Romer Salazar Sánchez, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, quien, luego de verificar la calidad de abogad o del investigado, mediante auto del 12 de marzo de 2024 7 dispuso la apertura de

Sánchez, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, quien, luego de verificar la calidad de abogad o del investigado, mediante auto del 12 de marzo de 2024 7 dispuso la apertura de proceso disciplinario , fijó fecha de audiencia de pruebas y calificación provisional para el 19 de marzo de 2024 a las 8:00 a.m., y emitió los respectivos oficios de notificación. La cual no se llevó a cabo por inasistencia del investigado; por lo que se fijó edicto emplazatorio el 24 de abril de 2024 8, luego, en auto del 29 de abril de 202 4 el inculpado fue declarado persona ausente y se le designó defensor de oficio9.

2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional. El referido acto procesal se surtió en sesiones del 20 de junio10, 12 de septiembre 11, 3 de diciembre de 202412, 17 de marzo13, 4 de junio14, 26 de agosto15, 30 de octubre 16 y 4 de noviembre de 2025 17, donde se efectuaron las siguientes actuaciones.

6 Archivo 002 del expediente digital, trámite de primera instancia. 7 Archivo 005 del expediente digital, trámite de primera instancia. 8 Archvio 014 del expediente digital, trámite de primera instancia. 9 Archivo 016 del expediente digital, trámite de primera instancia. 10 Archivo 028 del expediente digital, trámite de primera instancia. 11 Archivo 035 del expediente digital, trámite de primera instancia. 12 Archivo 045 del expediente digital, trámite de primera instancia. 13 Archivo 052 del expediente digital, trámite de primera instancia. 14 Archivo 059 del expediente digital, trámite de primera instancia.

12 Archivo 045 del expediente digital, trámite de primera instancia. 13 Archivo 052 del expediente digital, trámite de primera instancia. 14 Archivo 059 del expediente digital, trámite de primera instancia. 15 Archivo 066 del expediente digital, trámite de primera instancia. 16 Archivo 070 del expediente digital, trámite de primera instancia. 17 Archivo 074 del expediente digital, trámite de primera instancia.A 16112

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En sesión del 20 de junio de 2024, el Magistrado decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de aper tura de proceso disciplinario , y se dispuso por secretaría fijar el edicto correspondiente, en aras de cumplir con el trámite contemplado en la Ley 1123 de 2007. En atención a lo anterior, se fijó edicto emplazatorio del 21 al 23 de agosto de 2024 18 en el que se notificó el auto de apertura.

Por lo que Mediante auto del 26 de noviembre de 2024 19, la Seccional dispuso declarar persona ausente al investigado, y se le designó como defensor de oficio a Miguel Ángel Ávila Sierra. Posteriormente, e n audiencia del 3 de diciembre de 2024, se posesionó el doctor Miguel Ángel Ávila Sierra en calidad de d efensor de oficio del disciplinable y

defensor de oficio a Miguel Ángel Ávila Sierra. Posteriormente, e n audiencia del 3 de diciembre de 2024, se posesionó el doctor Miguel Ángel Ávila Sierra en calidad de d efensor de oficio del disciplinable y se ordenó la acumulación del proceso, con radicado No. 51001250200020240097000, el cual versa ba por los mismos hechos contra el mismo disciplinable. A su turno , se escuchó ampliación y ratificación de queja de Delfín Calderón Amaya 20 así como al señor Julio Roberto Calderón Urrego . Posteriormente, en audiencia del 4 de noviembre de 2025 , el a quo procedió a realizar la calificación jurídica provisional con formulación de cargos, en los siguientes términos:

Cargo Primero.

Imputación jurídica. Presuntamente incurrió a título de dolo en la falta del artículo 39 de la Ley 1123 de 2007 , en concordancia con el

18 Archivo 032 del expediente digital, trámite de primera instancia. 19 Archivo 040 del expediente digital, trámite de primera instancia. 20 En audiencia del 26 de agosto de 2025A 16112

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numeral 1 del artículo 29 ibidem; en desatención del deber del numeral 14 del artículo 28 de la misma norma.

Imputación jurídica. Lo anterior, ya que el abogado JUAN CARLOS

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numeral 1 del artículo 29 ibidem; en desatención del deber del numeral 14 del artículo 28 de la misma norma.

Imputación jurídica. Lo anterior, ya que el abogado JUAN CARLOS MORA GARCÍA, “en una fecha próxima al 22 de agosto de 2022, se obligó a representar al señor Julio Robert o Calderón Urrego en el proceso reivindicatorio 50001 3103004 201500125 00 ante el Juzgado 4 Civil del Circuito de Villavicencio, a pesar de que fungió como servidor público entre el 23 de febrero de 2012 y el 2 de julio de 2024, dada su vinculación como Pr ofesional Universitario Grado 3 en provisionalidad con la Alcaldía de Granada”21

Segundo cargo.

Imputación jurídica. Al parecer, incurrió en la conducta del literal d) artículo 34 de la Ley 1123 de 2007 “No informar con veracidad la constante evolución d el asunto encomendado” en desatención del deber de los numerales 18 y 8 del artículo 28 de la misma Ley.

Imputación fáctica. Lo anterior, por cuanto el investigado presuntamente suministró información contraria a la realidad respecto de la gestión profes ional que le había sido encomendada por el quejoso. Ello, pues “no informó con veracidad la constante evolu ción del asunto encomendado , en la medida que siendo contratado por el señor Julio Roberto Calderón Urrego para que lo representara en el proceso reivindicatorio 50001 3103004201500125 00 del que conoce el Juzgado 4 Civil del Circuito de Villavicencio, le indicó en términos

señor Julio Roberto Calderón Urrego para que lo representara en el proceso reivindicatorio 50001 3103004201500125 00 del que conoce el Juzgado 4 Civil del Circuito de Villavicencio, le indicó en términos

21 Minuto 00:13:52 Archivo 073 cuaderno virtual de primera instancia.A 16112

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generales que el proceso estaba desarrollándose con normalidad, que existía una demora en su trámite y que su gestión estaba reali zada, a pesar de que él ni siquiera había comparecido al procedimiento para ejercer su representación.”22 Tercer cargo.

Imputación jurídica. El jurista, aparentemente incurrió en la falta del numeral 1° artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, “acordar y obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos”; ello en desconocimiento del deber descrito en el numeral 8 del artículo 28 ibidem.

Imputación fáctica. Lo anterior, por cuanto el investigado “durante el año 2022 acordó y obtuvo de su cliente remuneración desproporcionada por su trabajo aprovechándose de la necesidad e inexperiencia de este; en la medida que durante el año 2022 recibió la

año 2022 acordó y obtuvo de su cliente remuneración desproporcionada por su trabajo aprovechándose de la necesidad e inexperiencia de este; en la medida que durante el año 2022 recibió la suma de $22.000.000, para atender el proceso reivindicatorio 50001 3103004 2015 00125 00 del que conoce el Juzgado 4 Civil del Circuito de Villavicencio, con lo que acordó y obtuvo de su cliente remuneración desproporcionada por su trabajo, aprovechándose de la necesidad e inexperiencia de estos.” 23

Finalmente, el defensor de oficio solicitó una prueba pericial para que se revisaran los audios aportados por el quejoso , solicitud probatoria que fue negada por el despacho.

22 Minuto 00:16:43 Archivo 073 cuaderno virtual de primera instancia 23 Minuto 00:19:53 Archivo 073 cuaderno virtual de primera instanciaA 16112

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3.- Audiencia de juzgamiento. El referido acto procesal se surtió en sesión del 25 de noviembre de 2025 24, donde se dejó constancia de asistencia del investigado , su defensor de oficio, el quejoso Julio Roberto Calderón Urrego.

Se escuchó a l defensor de oficio del investigado en alegatos de conclusión, en los siguientes términos:

asistencia del investigado , su defensor de oficio, el quejoso Julio Roberto Calderón Urrego.

Se escuchó a l defensor de oficio del investigado en alegatos de conclusión, en los siguientes términos:

Sostuvo que el abogado JUAN CARLOS MORA fue investigado por presunciones, ya que no existía certeza respecto del recibo de honorarios o que los audios de WhatsApp allegados al proceso fueran de su autoría.

Adujo que, para la etapa de juzgamiento, le fue negada la práctica de una prueba grafológica que resultaba pertinente y conducente para esclarecer la autenticidad de lo s documentos cuestionados, la cual pudo haberse realizado mediante la verificación de la c édula de ciudadanía o a través de un certificado expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil viciando así de nulidad dicha etapa procesal.

Asimismo, manifestó que no exist ía certeza de que las conductas atribuidas al doctor MORA GARCÍA hayan s ido efectivamente ejecutadas por él, más aún cuando para la época de los hechos el disciplinable se desempeñaba como funcionario público y no obra prueba en el expedi ente que acreditara su intervención en alguna actuación judicial relacionada con los hecho s investigados.

LA DECISIÓN APELADA

Mediante sentencia proferida el 19 de febrero de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, resolvió SANCIONAR al abogado JUAN CARLOS MORA GARCÍA con SUSPENSIÓN de tres (3) años en el ejercicio de la profesión y MULTA de veinte (20)

Seccional de Disciplina Judicial del Meta, resolvió SANCIONAR al abogado JUAN CARLOS MORA GARCÍA con SUSPENSIÓN de tres (3) años en el ejercicio de la profesión y MULTA de veinte (20) SMLMV por incurrir de manera dolosa e n las faltas previstas en: i) el artículo 39 en concordancia con el numeral 1° del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento el deber del numeral 14 del artículo

24 Archivo 079 del expediente digital, trámite de primera instancia.A 16112

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28 ibidem, ii) el literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en desatención de los deberes señalados en los numerales 8 y el literal c del numeral 18 del artículo 28 ibidem; iii) el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 en incumplimiento del debe r del numeral 8 del artículo 28 de la misma ley.

  • De la falt a del artículo 39 en concordancia con el numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.

Señaló la instancia, que s e acreditó en grado de certeza en virtud de las pruebas documentales allegadas por la Alcaldía de Granada , que el jurista Juan Carlos Mora García ejerció en provisionalidad el cargo de Profesional Universitario con dicha entidad, durante el periodo

las pruebas documentales allegadas por la Alcaldía de Granada , que el jurista Juan Carlos Mora García ejerció en provisionalidad el cargo de Profesional Universitario con dicha entidad, durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2012 y el 2 de julio de 2024. Sin embargo, de conformidad con el recibo de pago de honorarios del 23 de agosto de 2022 y la s declaraciones se acreditó que el letrado asumió la representación del señor Calderón Urrego en agosto del 2022, pese a estar vinculado como servidor público.

Por lo cual, se acreditó los ingredientes del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, pues de manera simultánea ejerció el cargo público y asumió una gestión profesional, que se entendió finalizada el 20 de febrero de 2024 con la presentación de la queja.

En atención a la antijuridicidad, el a quo expuso que el profesional desconoció el deber previsto en el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pues deliberadamente optó por recibir el encargo que el señor Calderón Urrego le entregó, aun cuando ell o implicabaA 16112

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desatender la exclusividad que demanda el ejercicio de un cargo público. Pues si bien, no adelantó ninguna actuación judicial en nombre de sus representados, sí se obligó como abogado, recibió

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desatender la exclusividad que demanda el ejercicio de un cargo público. Pues si bien, no adelantó ninguna actuación judicial en nombre de sus representados, sí se obligó como abogado, recibió dinero por sus servicios, aceptó y revisó documento s de sus clientes e incluso mantuvo comunicaciones con sus contratantes.

Respecto de la culpabilidad, sostuvo que la conducta se enmarcaba en un actuar dolos o, pues el doctor MORA GARCÍA conocía de su condición de servidor público, en el cargo de Profesi onal Universitario con la Alcaldía de Granada por aproximadamente 12 años. En tal sentido, el funcionario público, dada su condición de abogado, sabía que dicha vincu lación administrativa le imp edía el ejercicio de la profesión en casos particulares, es de cir, aquellos que no estuvieran ligados al servicio para la entidad territorial. No obstante, y pese a dicho conocimiento, aceptó el encargo del señor Calderón Urrego.

  • De la falta literal D del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007

Se logró confirmar que el investigado le manifestó a su cliente que el proceso reivindicatario No. 2015 -00125 que cursó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio estaba avanzando y pronto se lograría la salida del señor Roberto Calder ón Amaya del predio. Lo cual, además se corroboró con las notas de voz de WhatsApp cruzados entre el abogado y una señora Myriam, a través de la cual, el señor Calderón Urrego mantenía comunicación con el jurista . Pues el jurista le hizo creer a sus clientes que estaba al frente del asunto

cruzados entre el abogado y una señora Myriam, a través de la cual, el señor Calderón Urrego mantenía comunicación con el jurista . Pues el jurista le hizo creer a sus clientes que estaba al frente del asunto encomendado y que el expediente estaba en un Tribunal y que si existía una demora que no le era atribuible a él. Sin embargo, talesA 16112

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afirmaciones no correspondían a la realidad en la medida que el abogado no realizó ninguna gestión en su nombre, el p roceso siempre estuvo bajo el conocimiento del Juzgado 4 Civil del Circuito de Villavicencio, quien lo adelantaba conforme con los procedimientos y términos previstos en la Ley 1564 de 2012.

En lo que respecta a la antijuridicidad, la Seccional dispuso qu e la conducta del profesional del derecho desatendió los numerales 8 y 18.C del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007. Ello, por cuanto el inculpado deliberadamente optó por transmitir mentiras a su cliente, en torno al desarrollo y avance del proceso, sus ac tuaciones y los términos razonables para obtener un resultado; lo cual se enmarcó e n un actuar desleal con el cliente que le impidió tener un panorama verídico sobre la gestión y le obstaculizó la l ibertad de elección que tenía el señor Calderón Urrego.

un actuar desleal con el cliente que le impidió tener un panorama verídico sobre la gestión y le obstaculizó la l ibertad de elección que tenía el señor Calderón Urrego.

En sede de culpabilidad, sostuvo que la conducta era eminentemente dolosa, por cuanto, para su configuración se requiere el conocimiento de que la información suministrada no es verdadera y la voluntad de transmitirla a su cliente.

  • De la falta del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de

2007.

Al respecto, se acreditó que el jurista recibió por concepto de honorarios la suma de $22.000.000 , no obstante, dicho montó no guarda proporción con el trabajo realizado por el abogado. Ello, enA 16112

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atención a los e lementos25 dispuestos por la Corte Constitucional, pues el jurista pact ó y cobró dicho monto pese a tener conocimiento que la abogada Pardo Palomo había adelantado gran parte del proceso 201500125 00 pues la etapa de aporte y solicitud de pruebas ya se habí a surtido . Sostuvo, además, que no se advertía que el asunto tuviera una complejidad o cuantía mayúscula en la medida que era un caso típico. Se consideró que e n lo relacionado con la capacidad económica del cliente debía tenerse en cu enta que se le

asunto tuviera una complejidad o cuantía mayúscula en la medida que era un caso típico. Se consideró que e n lo relacionado con la capacidad económica del cliente debía tenerse en cu enta que se le había concedido el amparo de pobreza, razón por la cual existía un límite a la forma en que se podrían cobrar honorarios, de conformidad con el artículo 155 de la Ley 1564 de 2012. Lo anterior, en aprovechamiento de la necesidad, vulnerabilidad, y entorno socioeconómico del quejoso.

Por lo que , concluyó que los $22.000.000 cobrados y recibidos por el jurista a título de honorarios resultaban desproporcionados.

En lo atinente a la antijuridicidad, indicó que el jurista desatendió el deber descrito en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 ; ello, en la medida que los honorarios pactados y recibido s desconocieron los criterios de equidad, justicia y proporcionalidad, ya que perseguían que un campesino a quien se le había reconocido un amparo de pobreza pagara la suma de $22.000.000 a pesar de que el proceso no requería del jurista una actividad profesional compleja.

25 i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente […]”A 16112

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En cuanto a la culpabilidad, concluyó que el letrad o sabía de las condiciones especiales de su cliente (trabajo rural, poca instr ucción y experiencia, la existencia de un amparo de pobreza) y aun así acordó y obtuvo $22.000.000, con lo que se aprovechó de su cliente.

Respecto a la dosificación de la sanción , el a quo sustentó la sanción de suspensión y la muta en virtud del i) concurso de faltas ; ii) la trascendencia social en la medida que la violación del régimen de incompatibilidades afecta el normal desarrollo de la función pública, pues se afectan los principios de la función pública que debe regir la prestación de los serv icios estatales; iii) el perjuicio causado , pues la conducta del jurista generó una afectación patrimonial al señor Calderon Urrego “en tanto tuvo que entregar al abogado $22.000.000, los cuales son una suma considerable, dada la condición de campesino del quejoso en mención” y iv) como criterio de agravación el descrito en el numeral 7 del literal c del artículo 45 de la Ley 1123 , ya que el jurista se aprovechó de la inexperiencia y necesidad de su cliente, en atención a la calidad de su repre sentado quien era un campesino y atravesaba un conflicto respecto de la propiedad de un inmueble sobre el cual ejercía su actividad económica.

ya que el jurista se aprovechó de la inexperiencia y necesidad de su cliente, en atención a la calidad de su repre sentado quien era un campesino y atravesaba un conflicto respecto de la propiedad de un inmueble sobre el cual ejercía su actividad económica.

DE LA APELACIÓN

El recurso26 fue interpuesto el 2 de marzo de 2026 por el defensor de oficio quien solicitó revocar la decisión de p rimera instancia y , en consecuencia, se le absolviera con fundamento en que:

26 Archivo 082 del expediente digital, trámite de primera instancia.A 16112

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1.- De la falta por violación del régimen de incompatibilidades . Expuso que dentro del expediente no obra ba prueba de que el abogado hubiera intervenido en proceso judicial, actu ación administrativa o gestión equivalente en representación del quejoso, ni de que hubiese celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales, verbal o escrito, que permiti era concluir que asumió la defensa jurídica del asunto. Además, indic ó que la prueba obtenida por la propia defensa puntualmente, la certificación expedida por la Alcaldía de Granada – Meta, únicamente acreditaba que el disciplinado se desempeñaba como fun cionario público para la época de los hechos y, por tanto, estaba legalmente impedido para litigar; sin embargo, no demostraba que efectivamente hubiera ejercido la

disciplinado se desempeñaba como fun cionario público para la época de los hechos y, por tanto, estaba legalmente impedido para litigar; sin embargo, no demostraba que efectivamente hubiera ejercido la profesión en el caso investigado.

Agregó que, tampoco existía certeza acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se celebró el con trato de prestación de servicios profesionales, razón por la cual consider ó que subsistían dudas que debieron resolverse a favor del disciplinado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado.

2.- De la falta consistente en no informar con verac idad la evolución del asunto encomendado . El recurrente cuestionó la valoración probatoria efectuada a los audios de WhatsApp aportados por los quejosos. Ello, pues tales registros fueron incorporados al expediente sin que se verificara su autenticidad, or igen, integridad o metadatos, ni existiera cadena de custodia o elemento técnico que permitiera atribuirlos al disciplinado, por lo que, en su c riterio, las transcripciones de dichos audios no podían constituir prueba suficienteA 16112

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para demostrar la conducta imputada. Por último, a ñadió que, aun prescindiendo de ese cuestionamiento, tampoco se acreditó la existencia del mandato profesional o del asun to específicamente

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para demostrar la conducta imputada. Por último, a ñadió que, aun prescindiendo de ese cuestionamiento, tampoco se acreditó la existencia del mandato profesional o del asun to específicamente encomendado al abogado, de manera que la configuración de la falta exclusivamente en las mani festaciones del quejoso y no en pruebas legalmente obtenidas.

3.- Frente a la falta por cobro de honorarios desproporcionados . La defensa sost uvo que la sanción carec ía de respaldo probatorio, pues, en primer lugar, no exist ía certeza acerca de la gestió n profesional encomendada ni sobre la efectiva entrega de la suma de dinero cuya recepción se atribuy ó al disciplinado. Manifestó, además, que la decisión se sustentó en un recibo de caja cuya autenticidad nunca fue verificada, pese a que la defensa solici tó la práctica de una prueba grafológica para establecer si la firma allí consignada correspondía al disciplinado. Afirmó también que la ausencia del investigado durante el juicio no impedía la práctica de dicha experticia, la c ual podía realizarse mediant e el cotejo con registros oficiales. Asimismo, alegó que la prueba testimonial tampoco acreditó las circunstancias en que supuestamente se efectuó el pago.

Finalmente, sostuvo que la primera instancia omitió valorar que el quejoso solicitó amparo de pobre za dentro del proceso civil como una estrategia procesal, circunstancia que, a su juicio, no implicaba ausencia de capacidad económica. Incluso , señaló que el quejoso era

quejoso solicitó amparo de pobre za dentro del proceso civil como una estrategia procesal, circunstancia que, a su juicio, no implicaba ausencia de capacidad económica. Incluso , señaló que el quejoso era propietario de un predio de considerable extensión y valo r, por lo que contaba con re cursos suficientes para asumir honorarios profesionales. También resaltó que la anterior apoderada habíaA 16112

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COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 500012502000202400162 01

Referencia: ABOGADO EN APELACIÓN

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renunciado al proceso por falta de pago de sus honorarios. Con fundamento en esas circunstancias, concluyó que no existía c erteza sobre la desproporció n de los honorarios y que la sanción resultaba injustificada.

TRÁMITE DEL RECURSO

Notificada la providencia el 26 de febrero de 2026 27 a los correos electrónicos del investigado, su defensor de oficio y el representante del Ministerio Público. Y como viene de verse, el defen

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