CNDJ - 50001250200020240042701
Detalles
- Título
- CNDJ - 50001250200020240042701
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
1
A - 16058
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C, cuatro (04) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 500012502000 2024 00427 01 Aprobado según Acta de Sala No. 26 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación sentencia.
ASUNTO
Corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, resolver el re curso de apelación promovido por la defensora de oficio de la disciplinable JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2025 , mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta1, l a sancionó con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES en el ejercicio profesional , tras hallarl a responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem.
HECHOS Y ANTECEDENTES
El asunto tuvo su origen en la compulsa de copias ordenada2 por el Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Granada - Meta, en contra de la abogada JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL, en calidad de apoderada
1 Sala dual integrada por los magistrados Marco Javier Cortes Casallas (ponente) y María De
Juzgado 3 Promiscuo Municipal de Granada - Meta, en contra de la abogada JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL, en calidad de apoderada
1 Sala dual integrada por los magistrados Marco Javier Cortes Casallas (ponente) y María De Jesús Muñoz Villaquiran.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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judicial de la demandada Luz Mary Gaitán Salazar, por su incomparecencia a la audiencia de instrucción y juzgamiento ( artículo 3733 CGP), del 31 de enero de 2024 dentro del proceso de pertenencia No. 503134089003 -2018-00339-00 siendo demandante Olivia Cárdenas Buitrago y Didier Gutiérrez Álzate.4
Sometido el asunto a reparto, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia certificó que la doctora JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL , identificad a con cédula de ciudadanía 51.662.835, aparece inscrita como abogad a y e s portadora de la tarjeta profesional 59.169, expedida el 10 de febrero de 1992 , vigente al momento de la consulta5. Por su parte, la Secretaría Judicial de esta Comisión certificó que la disciplinable no tenía antecedentes disciplinarios.6
El magistrado instructor, mediante auto del 11 de junio de 20247 dispuso apertura de proceso disciplinario y fij ó fecha y hora para la audiencia de pruebas y calificación jurídica provisional. Se dispuso su
disciplinarios.6
El magistrado instructor, mediante auto del 11 de junio de 20247 dispuso apertura de proceso disciplinario y fij ó fecha y hora para la audiencia de pruebas y calificación jurídica provisional. Se dispuso su emplazamiento en los términos del inciso 3 del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007.
El 16 de agosto de 202 4 se designó defensor a la disciplinada; sin embargo, este presentó renuncia. En consecuencia, mediante auto del 26 de noviembre de 2024 se relevó de dicha designación y se nombró defensora pública.8
2 El 31 de enero de 2024. 3 “ARTÍCULO 373. AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO. Para la audiencia de instrucc ión y juzgamiento se observarán las siguientes reglas:
1. En la fecha y hora señaladas para la audiencia el juez deb erá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de las partes y, en su caso, proferir la sentencia.
2. En caso de que el juez haya aceptado la justificación de la inasistencia de alguna de las partes a la aud iencia inicial, se practicará el interrogatorio a la respectiva parte.
A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados par a que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias.
3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: (…)”.
considera demostrados y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias.
3. A continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera: (…)”. 4 001Queja y 002AnexoQueja.
5008CertificadoVigenciaDisciplinable. 6 004AntecedentesDisciplinarios. 7 007AutoApertura. 8 Archivo 28.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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La audiencia de pruebas y calificación se llevó a cabo en sesiones de 10 del febrero de 2025 9, y 9 de abril de 2025 10, oportunidad procesal en la cual se recaudaron, decretaron y practicaron las siguientes pruebas y actuaciones:
- Copia del acta de audiencia de instrucción y juzgamiento, realizada el 31 de ene ro de 2024 dentro del proceso de pertenencia No. 503134089003-2018-00339.11
- Copia del proceso No. 503134089003-2018-00339.12
- Copia del proceso penal 500016000563202413419 18, el cual fue incorporado al expediente e inspeccionado así: “Se trata de la denuncia penal presentada el 14 de mayo de 2024 ante la Fiscalía General de la Nación – Seccional Meta, Fiscalía 27 de Granada, por parte de la abogada Josefina Rodríguez Vidal, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.662.835, en su calidad de defensora pública
General de la Nación – Seccional Meta, Fiscalía 27 de Granada, por parte de la abogada Josefina Rodríguez Vidal, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.662.835, en su calidad de defensora pública adscrita a la Regional Meta desde hace más de 26 años. La denuncia fue radicada bajo el NUNC 500016000563202413419 y tuvo como objeto el delito de amenazas (artículo 347 del Código Penal).”.
Testimonio del ciudadano Hervin Daniel Cáceres: Declaró que era técnico agrícola, residente en Granada (Meta), y que conocía a la abogada JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL desde el año 2022, cuando esta asumió la representación judicial de Luis Carlos Morales, vecino suyo con limitaciones de lenguaje y audición. Indicó que, debido a su cercanía con el caso, colaboró con la profesional en la obtención de documentos y demás gestiones necesarias para el trámite judicial.
9 037Audiencia20250210 y 038ActaAudiencia20250210. 10 045Audiencia20250409 y 046ActaAudiencia20250409. 11 002AnexoQueja. 12 002AnexoQueja.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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Manifestó que tanto él como la disciplinada habían sido objeto de amenazas, hostigamientos e intimidac iones por parte de algunos familiares de Luis Carlos Morales, quienes, según afirmó, pretendían
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Manifestó que tanto él como la disciplinada habían sido objeto de amenazas, hostigamientos e intimidac iones por parte de algunos familiares de Luis Carlos Morales, quienes, según afirmó, pretendían apropiarse de un inmueble perteneciente a este último. Señaló que tales circunstancias generaron preocupación por la seguridad de la profesional y que, en varia s oportunidades, le recomendó adoptar medidas de protección y extremar precauciones.
Agregó que las amenazas recibidas explicaban las dificultades de la abogada para asistir a determinadas diligencias judiciales y que él mantuvo comunicación permanente co n ella para apoyar la consecución de pruebas y documentación. Finalmente, indicó que las intimidaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía y que estas generaron un ambiente de temor que afectó tanto a la profesional como a las demás personas involucradas en el proceso.
Por otro lado, se recibió versión libre de la investigada. Manifestó que , siempre estuvo atenta al proceso y realizó gestiones para ubicar a su representada; sin embargo, indicó que esta era una persona de difícil contacto y que, pese a múl tiples intentos, incluso con apoyo de la Policía, no logró mantener una comunicación constante. Señaló que procuró impulsar el trámite y buscar acuerdos, pero la usuaria mostró desinterés en continuar con el asunto.
Asimismo, relató que en el año 2022 asumió la representación de Luis Carlos Morales Sánchez, persona en condición de discapacidad, y que, con ocasión de dicha gestión, comenzó a recibir amenazas provenientes de familiares del representado. Indicó que estas intimidaciones se hicieron cada vez má s frecuentes y graves,
Carlos Morales Sánchez, persona en condición de discapacidad, y que, con ocasión de dicha gestión, comenzó a recibir amenazas provenientes de familiares del representado. Indicó que estas intimidaciones se hicieron cada vez má s frecuentes y graves, situación que corroboró a través de terceros cercanos al caso, lo que le generó temor por su integridad y afectaciones emocionales.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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Finalmente, sostuvo que el miedo derivado de esas amenazas impactó su salud física y mental, motiván dola a presentar denuncia ante la Fiscalía, restringir su ejercicio profesional en algunos municipios y cambiar de residencia. Afirmó que su inasistencia a la audiencia del 31 de enero de 2024 no obedeció a negligencia o desinterés, sino al temor fundado p or su seguridad personal y al riesgo que percibía para su vida.
Definido el objeto de la pes quisa perfeccionada la investigación, se realizó la calificación jurídica de la actuación, profiriendo cargos contra la doctora JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL por incurrir presuntamente en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 e infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem.
De la imputación fáctica: Presuntamente dejó de hacer las diligencias propias de la actuació n profesional. Se dijo que : “quedó en evidencia
2007 e infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem.
De la imputación fáctica: Presuntamente dejó de hacer las diligencias propias de la actuació n profesional. Se dijo que : “quedó en evidencia por cuanto fue el mismo JUZGADO 3º PROMISCUO MUNICIPAL DE GRANADA - META que advirtió su incomparecencia a la audiencia de instrucción y juzgamiento (Art. 373 CGP), del 31 de enero de 2024 dentro del proceso de pertenencia No. 503134089003-2018-00339-00, sin que justificara su inasistencia pese a que fue debidamente notificada a través de estado publicado por el Despacho compulsante”.
La audiencia de juzgamiento 13. Se realizó el 1 de septiembre de 2025, en cuy o desarrollo la disciplinable rindió alegatos de conclusión . En sus alegatos, la togada solicitó su absolución y sostuvo que la actuación se originó por su inasistencia a la audiencia del 31 de enero de 2024 dentro de un proceso de pertenencia. Explicó que dicha ausencia obedeció a amenazas graves y reiteradas contra su vida, derivadas de la representación que ejercía en otro asunto en el
13 068GrabacionAudiencia20250901 y 069ActaAudienciaJuzgamiento.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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municipio de Granada, Meta, relacionadas con familiares de su representado. Señaló que estas intimidaciones se prolongar on entre los años 2022 y 2024, generándole un temor constante que afectó su capacidad para asistir con normalidad a las diligencias judiciales.
Asimismo, afirmó que las amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía mediante denuncia penal y que s u existencia fue corroborada por el testimonio de un tercero que conocía directamente la situación. Con fundamento en las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, argumentó que su conducta se encontraba amparada por una situación de fuerza m ayor y miedo insuperable, pues enfrentaba un riesgo real para su integridad personal. Finalmente, destacó que durante más de veinticinco años de ejercicio profesional no había sido objeto de reproches disciplinarios y reiteró que su inasistencia no obedeci ó a negligencia, sino al temor fundado generado por las amenazas recibidas, razón por la cual solicitó que se declarara su no responsabilidad disciplinaria.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia proferida el 22 de octubre de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta sancionó a la disciplinable JOSEFINA RODRÍGUEZ VIDAL, con SUSPENSIÓN DE DOS (2) MESES en el ejercicio profesional, tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Le y 1123 de 2007 e infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem.
MESES en el ejercicio profesional, tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Le y 1123 de 2007 e infringir el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem.
De la ti picidad: La primera instancia precisó que, con base en el material probatorio recaudado se demostró que la investigada dejó de hacer las actuaciones propias de la gestión profesional.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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La primera instancia concluyó que la conducta de la disciplinada se adecuó a la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, al haber dejado de asistir a la audiencia del 31 de enero de 2024 sin justificar oport unamente su inasistencia ante el despacho judicial. Destacó que no existía constancia de memorial, correo electrónico o cualquier otra comunicación mediante la cual hubiera informado previamente algún impedimento para comparecer, razón por la cual la diligencia se llevó a cabo en su ausencia y el juzgado dejó constancia expresa de dicha situación.
Asimismo, señaló que las razones expuestas por la profesional para justificar su conducta no lograron desvirtuar la tipicidad de la falta. Aunque allegó una denu ncia penal relacionada con presuntas amenazas, advirtió que tales circunstancias nunca fueron puestas en conocimiento del juzgado antes o durante la audiencia, ni motivaron solicitud alguna de aplazamiento o excusa formal.
Aunque allegó una denu ncia penal relacionada con presuntas amenazas, advirtió que tales circunstancias nunca fueron puestas en conocimiento del juzgado antes o durante la audiencia, ni motivaron solicitud alguna de aplazamiento o excusa formal.
Finalmente, consideró acreditad a la existencia de un mandato profesional vigente, así como la obligación de asistir a la diligencia o justificar su ausencia. Al no hacerlo, la investigada dejó de atender oportunamente una actuación esencial del proceso, lo que produjo una afectación directa a la defensa técnica de la parte representada, pues la audiencia culminó con sentencia sin su intervención. Por ello, concluyó que la conducta era típicamente disciplinaria y que no se configuró ninguna causal de exclusión de responsabilidad.
De la a ntijuridicidad: El a quo consideró evidente la vulneración del deber de diligencia profesional por parte de la disciplinable consagrado en el artículo 28 numeral 10 ejusdem, al estimar que no actuó con el celo y cuidado exigibles en el ejercicio de la defensa encomendada.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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De la culpabilidad: La Sala primigenia sostuvo que, la conducta de la investigada debía analizarse con la modalidad culposa, al considerar que el resultado típico surgió del incumplimiento de dicho deber de cuidado.
De la sanción: Al momento de individualizar la sanción, la instancia
investigada debía analizarse con la modalidad culposa, al considerar que el resultado típico surgió del incumplimiento de dicho deber de cuidado.
De la sanción: Al momento de individualizar la sanción, la instancia ponderó los postulados de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007.
Sanción de dos meses de suspensión, tras valorar los criterios previstos en el artículo 45, literal A, de la Ley 1123 de 2007. Consideró el Seccional que la conducta tuvo trascendencia social, al afectar la confianza en el ejercicio de la abogacía y el acceso efectivo a la administración de justicia, debido a su inasistencia injustific ada a una diligencia judicial en calidad de apoderada de amparo de pobreza. Asimismo, determinó que la falta fue cometida a título de culpa, pues, aunque “no se acreditó dolo”14, su actuación ocasionó un perjuicio a la persona representada, quien quedó sin defensa técnica en una audiencia decisiva para el proceso, lo que le impidió controvertir las pruebas y presentar alegatos. Igualmente, concluyó que la conducta evidenció negligencia e incumplimiento del deber de diligencia y comunicación profesional, sin que existiera un motivo legítimo o un beneficio personal, razón por la cual estimó que la sanción impuesta era proporcional, razonable y suficiente para cumplir los fines preventivos y correctivos de la potestad disciplinaria.
DE LA APELACIÓN La sentencia fue notificada el 4 de noviembre de 2025 15 y el 10 de noviembre de 202516 la defensora de oficio de la investigada presentó
preventivos y correctivos de la potestad disciplinaria.
DE LA APELACIÓN La sentencia fue notificada el 4 de noviembre de 2025 15 y el 10 de noviembre de 202516 la defensora de oficio de la investigada presentó y sustentó recurso de apelación basado en los siguientes argumentos
14 La falta de indiligencia no requiere acreditación del dolo. 15 073NotificacionSentencia.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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solicitó la absolución: “1. Existencia del miedo insuperable ple namente demostrado”: La primera instancia pasó por alto la denuncia radicada por la investigada por amenazas, así como el testimonio del señor Daniel Cáceres, qu ien confirmaba el riesgo y “el temor por la vida de la disciplinada y terceros”. (Sic). “2. De sconocimiento del deber de protección reforzada a abogados defensores de amparo de pobreza ”: “La decisión sanciona a quien ejercía una función pública de defensa gratuita bajo amenaza armada, sin considerar los estándares de riesgo para defensores”. (Sic). “3. Error en la valoración temporal ”: “ El fallo sostiene: (… la denuncia es de mayo 2024 y los hechos de enero 2024 (…). Pero olvida que el miedo insuperable puede preceder, coexistir o manifestarse después de la conducta, y que su acreditación puede
denuncia es de mayo 2024 y los hechos de enero 2024 (…). Pero olvida que el miedo insuperable puede preceder, coexistir o manifestarse después de la conducta, y que su acreditación puede ser posterior (CSJ SP14942-2016). La misma sentencia reconoce que las amenazas datan de 2022 y se intensificaron con el paso del tiempo”. (Sic). TRÁMITES DE SEGUNDA INSTANCIA Mediante acta individual de reparto de l 3 de diciembre de 2025 ,17 el asunto correspondió a quien hoy funge como ponente en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
16 074RecursoApelacion. 17 001ActaIndividualReparto.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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Competencia. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, es competente para examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en e jercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley de conformidad con el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024 y 59 de la Ley 1123 de 2007.
De la apelación. Conforme al principio de limitación enunciado en el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019 18, aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, l a competencia de esta
De la apelación. Conforme al principio de limitación enunciado en el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019 18, aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, l a competencia de esta Corporación, en virtud del recurso de apelación incoado por el abogado de confianza de la disciplinable, se dirige a analizar los aspectos censurados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a su objeto.
Del primer, segundo y tercer argumento que guardan relación con la denuncia penal:
Memórese que la investigada fue sancionada porque incumplió con las actuaciones propias de la gestión profesional al no comparecer a la audiencia programada para el 31 de enero de 2024 ni justificar oportunamente su inasistencia ante el despacho judicial. Se estableció que no existió memorial, correo electrónico o comunicación previa mediante la cual informara algún impedimento para asistir o solicitara el aplazamiento de la diligencia, pese a que tenía un mandato profesional vigente y la obligación de garanti zar la adecuada representación de su poderdante. En consecuencia, su conducta se adecuó a la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al desatender una actuación procesal esencial que culminó con sentencia sin su intervención.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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En el recurso de apelación la defensora de oficio estimó que el a quo
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En el recurso de apelación la defensora de oficio estimó que el a quo no tuvo en consideración la denuncia penal por amenaza , así como el testimonio del ciudadano Daniel Cáceres.
Al respecto, debe señalarse que este argumento no está llamado a prosperar, porque aun aceptando la existencia de las amenazas alegadas, lo cierto fue que la togada no informó al despacho judicial la situación que, según afirmó, le impedía comparecer a la audiencia del 31 de enero de 2024.
En efecto, se constató que la doctor a RODRÍGUEZ VIDAL no presentó memorial, correo electrónico, llamada, solicitud de aplazamiento o cualquier otra comunicación encaminada a justificar su ausencia o a proteger los intereses de su representada.
En la misma línea, debe señalar esta Alta Corte que, el a quo destacó que la denuncia penal fue presentada el 14 de mayo de 2024, esto fue, varios meses después de la diligencia cuestionada . Si bien dicho documento evidenciaba que las amenazas eran objeto de investigación por parte de la Fiscalía, no a creditaba que existiera una dificultad material u objetiva que le impidiera asistir a la audiencia o, al menos, poner en conocimiento del juzgado las circunstancias que decía afrontar, en efecto, aunque el material probatorio da cuenta de un contexto de am enazas, en este caso no se acreditó que esa situación hiciera objetivamente imposible la comparecencia de la abogada o, al menos, la presentación oportuna de una excusa,
un contexto de am enazas, en este caso no se acreditó que esa situación hiciera objetivamente imposible la comparecencia de la abogada o, al menos, la presentación oportuna de una excusa, solicitud de aplazamiento o comunicación al despacho judicial, razón por la cual no se configura la causal de exclusión invocada.
18 Artículo 234: “El recurso de apelación otorga competen cia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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Por ello, no es que se desconozca que las amenaza s “puede preceder, coexistir o manifestarse después de la conducta ”, lo que sucede es que la doctora RODRÍGUEZ VIDAL en su calidad de abogada conocía de sus deber es como profesional del derecho, por ello, la situación relatada no configuraba una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
Frente al testimonio de Daniel Cáceres Pineda, se advierte que sus manifestaciones corroboraban la existencia de un c ontexto de amenazas y temor; sin embargo, ello no result ó suficiente para exonerar a la disciplinada, porque el debate no gir ó únicamente en torno a la realidad de dichas intimidaciones, sino a la ausencia de gestión profesional frente al proceso judicial encomendado (inasistencia a la audiencia del 31 de enero de 2024) . En efecto, aun
torno a la realidad de dichas intimidaciones, sino a la ausencia de gestión profesional frente al proceso judicial encomendado (inasistencia a la audiencia del 31 de enero de 2024) . En efecto, aun en el escenario descrito por el testigo, la doctora JOSEFINA RODRÍGUEZ conservaba el deber de informar oportunamente al juez sobre su situación, deber que no cumplió, razón p or la cual mantuvo acreditada la falta a la debida diligencia profesional (37-1).
No se está desconociendo por parte del a quo que la investigada haya fungido como abogada de pobreza y que su función era “ gratuita”. Se sanciona el dejar de hacer las gesti ones propias del encargo encomendado al no asistir a la diligencia del 31 de enero de 2024 , sin justificación válida y oportuna.
Ahora, en relación con e l argumento relacionado con e l deber de protección de defensor de amparo de pobreza, debe señalarse que la jurisdicción disciplinaria no desconoció las condiciones especiales en las que actuaba la abogada, quien ejercía como defensora designada por amparo de pobreza y que, además, al parecer se encontraba expuesta a amenazas, lo que sucedió fue que tales circunstancias no justificaron la conducta reprochada, por las razones dadas, entonces,COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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pese a alegarse un contexto de amenazas, no se acreditó que dichas
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pese a alegarse un contexto de amenazas, no se acreditó que dichas circunstancias le impidieran objetivamente asistir a la audiencia ni justificó oportunamente su inasistencia ante el despacho judicial. Se insiste, el reproche disciplinario no obedeció a un criterio arbitrario , lo cierto fue que se estableció que existía un mandato profesional vigente y una obligación clara de asistir a la audiencia o, al menos, justificar oportunamente su ausencia. Sin embargo, se acreditó que no compareció a la diligencia ni informó previamente al despacho judicial sobre alguna circunstancia que le impidiera hacerlo.
Asimismo, se estableció que las amenazas alegadas por la profesional no desvirtuaban la configuración de la falta disciplinaria, pues dichas circunstancias no fueron puestas en conocimiento del juez ni dieron lugar a solicitudes de aplazamiento, excusas o cualquier gestión encaminada a proteger los intereses de su represent ada. Por ello la togada incumplió con el deber de diligencia previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, incurriendo en la conducta descrita en el artículo 37 numeral 1 ibidem (debe sancionarse dicha omisión).
Su inasistencia produjo un a afectación al derecho de defensa de la persona representada, ya que la audiencia culminó con sentencia sin intervención de la defensa técnica.
Entonces, estima esta Alta Corte que no existió un error temporal entre la denuncia y los hechos sancionados como lo alega la recurrente,
persona representada, ya que la audiencia culminó con sentencia sin intervención de la defensa técnica.
Entonces, estima esta Alta Corte que no existió un error temporal entre la denuncia y los hechos sancionados como lo alega la recurrente, pues la conducta objeto de reproche se concretó en la inasistencia injustificada de la abogada a la audiencia del 31 de enero de 2024 y en la omisión de informar oportunamente al despacho judicial las razones que, según afirmó posteriormente, le impedían comparecer. En efecto, aunque la denuncia penal por amenazas fue presentada el 14 de mayo de 2024, esto no generó una inconsistencia cronológica,COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL A - 16058
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ya que dicho documento únicamente constituyó un medio de prueba allegado con posterioridad para justificar una conducta ya consumada. En consecuencia, la sanción no es que se haya fundamentado en la fecha de presentación de la denuncia, sino en el incumplimiento del deber profesional ocurrido el día de la audiencia, de manera que la posterior denuncia no desvirtuó ni modificó el momento en que se configuró la falta disciplinaria.
Por lo expuesto, en las presentes diligencias no se configura ninguna causal de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 que reza:
“Artículo 22. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:
causal de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 que reza:
“Artículo 22. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:
1. Se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
2. Se obre en estricto cumplimiento de un deber consti tucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.
3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita.
4. Se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la nece
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