CNDJ - 52001250200020211023901

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 52001250200020211023901
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

F 16197

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No.520012502000 202110239 01 Aprobado según Acta de Sala No. 028 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede esta Comisión a conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinable , en contra de la sentencia sancionatoria proferida el 4 de noviembre de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño 1, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA en calidad de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑ O, por infringir los deberes funcionales contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (reproducidos en los numerales 1 y 24 del artículo 76 de la Ley 2430 de 2024), por haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular No 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES.

febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES.

1 Sala dual integrada por los Magistrados MARTHA LILIANA ARTEAGA PANTOJA (ponente) y MARINO ANDRÉS GUTIÉRREZ VALENCIA. 081SentenciaPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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HECHOS Y ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES

1.- El 21 de diciembre de 20202, la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico de la Fiscalía General de la Nación , compulsó copias en contra del doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA, en su

calidad de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES

DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO.

Explicó que el disciplinable no habría cumplido integralmente con el Formato de Publicación y Divulgación de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2019, pese a que el plazo máximo para hacerlo vencía el 30 de noviembre de 2020.

2.- El asunto le correspondió por reparto el 12 de julio de 2021 al doctor ALVARO RAUL VALLEJOS YELA 3, quien mediante

vencía el 30 de noviembre de 2020.

2.- El asunto le correspondió por reparto el 12 de julio de 2021 al doctor ALVARO RAUL VALLEJOS YELA 3, quien mediante proveído del 26 de octubre de 2021, dispuso iniciar apertura de indagación preliminar con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad4.

3.- El 12 de septiembre de 2023 se ordenó apertura de auto de investigación disciplinaria contra el doctor ARNULFO MIGUEL

BRAVO ÁLAVA, en condición de FISCAL DELEGADO ANTE LOS

JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN

SECCIONAL NARIÑO5.

2 002COMPULSADECOPIAS11202200225 3 005ActaRepartoSecuencia378 4 007Indagación 5 015InvestigaciónFormalM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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4.- Por medio de auto del 14 de noviembre de 2024 6, la Sala de primera instancia declaró el cierre de l a investigación disciplinaria, y ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

Mediante auto del 9 de diciembre de 2024 7 la Secretaría de la Comisión Seccional dejó constancia que había vencido el término,

días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios.

Mediante auto del 9 de diciembre de 2024 7 la Secretaría de la Comisión Seccional dejó constancia que había vencido el término, sin que los sujetos procesales presentaran los escritos preliminares.

5.- A través de providencia del 21 de febrero de 20258, el Magistrado ALVARO RAÚL VALLEJOS YELA, formuló cargos al doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA, en su condición de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO, por infringir los deberes funcionales contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (reproducidos en los numerales 1 y 24 del artículo 76 de la Ley 2430 de 2024), por haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular No 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por l a Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, calificada provisionalmente como FALTA GRAVE cometida con CULPA GRAVE.

Lo anterior, como quiera que el investigado omitió el Formato de Publicación y Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2019, aunque tenía plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

6 028CierredeInvestigación 7 032ConstanciaSecretarial

sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2019, aunque tenía plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

6 028CierredeInvestigación 7 032ConstanciaSecretarial 8 026AutoPliegoCargos20230728M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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6.- Mediante acta de posesión del 21 d e mayo de 2025, se dejó constancia de la designación de la abogada DORIS YOLIMA TIMARAN MONTANCHEZ como defensora de oficio del disciplinable9.

7. El 12 de junio de 2025 la Magistrada MARTHA LILIANA ARTEAGA PANTOJA avocó conocimiento del proceso, y orden ó seguir el trámite ordinario10

8.- A través de correo electrónico del 1 de julio de 2025 11 la defensora de oficio del disciplinable presentó descargos en los que manifestó que para la fecha la plataforma estaba fallando, y ello tenía como sustento que 22 servidores no presentaron el formato. Adicionalmente, para ese momento se encontraba en vigencia la pandemia Covid-19, también mencionó que el investigado intentó realizar el procedimiento posteriormente, pero ello no fue posible porque la plataforma no lo permitió.

9.- El 15 de septiembre de 2025 se llevó a cabo audiencia pública en la que el disciplinable rindió versión libre en la que manifestó que tenía más de 60 años12, no tenía antecedentes. Refirió que, en ese momento tenían prohibido ir a los despachos de manera presencial,

en la que el disciplinable rindió versión libre en la que manifestó que tenía más de 60 años12, no tenía antecedentes. Refirió que, en ese momento tenían prohibido ir a los despachos de manera presencial, por el COVID -19, no podía sacar documentos y por eso no pudo llenar el formato. En septiembre de 2021, luego de presentar la declaración de rentas ante la DIAN, intentó llenar el formato, pero el sistema ya no le permitió realizar el diligenciamiento. Acudió a un funcionario, pero el sistema no lo dejó. En el 2022, acudió al DAFP, pero tampoco pudo llenar el formato del 2019. Indicó que no existió voluntad en su parte, de no publicar el formato.

9 043ActaPosesiónFirmada 10 045AutoAvocaYFijaProcedimiento 11 049DescargosDisciplinable 12 071Grabacióndelareunión15092025M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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10.- Mediante auto del 30 de se ptiembre de 2025, la Comisión Seccional ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión13.

Mediante escrito del 17 de octubre de 202514, la defensora de oficio del investigado presentó alegatos en los que reiteró las dificultades ocasionadas por la pandemia Covid -19, las restricciones de movilidad, la edad del investigado quien contaba con más de 60

del investigado presentó alegatos en los que reiteró las dificultades ocasionadas por la pandemia Covid -19, las restricciones de movilidad, la edad del investigado quien contaba con más de 60 años, y que 22 otros servidores tampoco cumplieron con el formato, por lo que existía una falla operativa institucional.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, mediante sentencia proferida el 4 de noviembre de 2025 15, declaró responsable disciplinariamente al doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA en calidad de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO, por infringir los deberes funcionales contenidos en los numerales 1 y 23 del artículo 153 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (reproducidos en los numerales 1 y 24 del artículo 76 de la Ley 2430 de 2024), por haber desconocido las prescripciones normativas previstas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 2013 de 2019 y la Circular No 002 del 17 de febrero de 2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, en calidad de FALTA GRAVE con CULPA GRAVE, por lo que lo sancionó con SUSPENSIÓN DE UN (1) MES,

convertida en UN (1) SALARIO BÁSICO MENSUAL DEVENGADO.

13 075AutoTrasladoAlegatosConclusión 14 079AlegatosdeConclusión 15 081SentenciaPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197

13 075AutoTrasladoAlegatosConclusión 14 079AlegatosdeConclusión 15 081SentenciaPrimeraInstanciaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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La Sala consideró que se configuró responsabilidad disciplinaria contra el doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA, en su condición de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO, porque omitió publicar de manera íntegra y oportuna en la página web de Función Pública/SIGEP el Formato de Publicación y Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, correspondiente al año gravable 2019. Así, la obligación tenía plazo inicial hasta el 30 de abril de 2020, pero fue prorrogada hasta el 30 de noviembre de 2020, sin que el disciplinable cumpliera completamente con la carga, pues solo publicó la declaraci ón de bienes y rentas, pero no el registro de conflictos de interés ni la declaración de renta.

Conducta con lo cual, afectó el deber funcional de respetar la Constitución y la ley, como quiera que el funcionario estaba obligado, a publicar de manera opor tuna el Formato de Publicación y Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, del Registro de Conflictos de Interés y la Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2019.

Divulgación Proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, del Registro de Conflictos de Interés y la Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2019.

Estimó que la conducta se ejecutó a título de culpa, teniendo en cuenta que el disciplinable infringió el deber objetivo de cuidado, al no cumplir con la obligación de publicación del formato, pese a que conocía el deber legal, y fue requerido en varias oportunidades y contó con una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020.

Para la dosificación de la sanción, tuvo en cuenta los criterios señalados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, reproducidos en el artículo 50 del Código General Disciplinario, especialmente la ausencia de antecedentes disciplinarios como criterio atenuante,M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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que la falta cometida era GRAVE con CULPA GRAVE, así, consideró que lo justo y proporcional era imponer como SANCIÓN la SUSPENSIÓN DE UN (1) MES 16.

DE LA APELACIÓN

La defensora de oficio del disciplinable presentó recurso de apelación17 contra la anterior decisión, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:

La defensora sostuvo que la sentencia de primera instancia no valoró integralmente la versión libre rendida por el doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA el 15 de septiembre de 2025, en la cual

síntesis, lo siguiente:

La defensora sostuvo que la sentencia de primera instancia no valoró integralmente la versión libre rendida por el doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA el 15 de septiembre de 2025, en la cual explicó que el incumplimiento en el cargue de la información en el SIGEP obedeció a limitaciones tecnológicas presentadas durante la pandemia por COVID -19, tales como fallas del sistema, restricciones operativas en la Fiscalía, teletrabajo sin equipos institucionales adecuados y ausencia de soporte técnico oportuno.

Alegó que no se trató de una conducta individual negligente del disciplinable, sino de una dificultad generalizada en el sistema de cargue de información, pues, según la apelante, existían constancias y antecedentes administrativos que demostraban problemas en el SIGEP y que 22 servidores tuvieron la misma dificultad para publicar la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración de renta.

Manifestó que la sentencia calificó indebidamente la conducta como culpa grave, sin demostrar los elementos que permitirían estructurar esa modalidad de culpabilidad. Por el contrario, afirmó

16 081SentenciaPrimeraInstancia 17 083RecursoApelaciónM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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que el disciplinable b uscó asesoría, pidió ayuda a funcionarios expertos, intentó realizar gestiones para cumplir, tenía aproximadamente 60 años, enfrentaba limitaciones razonables

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que el disciplinable b uscó asesoría, pidió ayuda a funcionarios expertos, intentó realizar gestiones para cumplir, tenía aproximadamente 60 años, enfrentaba limitaciones razonables frente al uso de herramientas digitales, no contaba con equipos institucionales ni acceso físico a la sede.

Sostuvo que la omisión atribuida al disciplinable no afectó sustancialmente el deber funcional, pues no generó daño ni riesgo real al servicio, no impactó negativamente el interés general ni alteró el funcionamiento de la administración, inclus o, el disciplinable había presentado declaraciones en años anteriores, no ocultó patrimonio, no existió riesgo de corrupción, y no se afectó el servicio de administración de justicia.

Argumentó que la sanción de suspensión por un (1) mes, resultaba desproporcionada frente a la naturaleza de la conducta, pues se trató de una omisión técnica, no dolosa, sin daño concreto y producida en un contexto excepcional de pandemia y dificultades tecnológicas.

ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El asunto ingresó al despacho del Magistrado Ponente el 21 de enero de 202618.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257

18 001ActaIndividualRepartoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aproba ción del Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones19, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, qu ien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante Sentencia C373/1620.

La Corte Constitucional también se refirió al querer del constituyente para concebir la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, su estructura, autonomía e independencia, designación de sus integrantes y competencia, en las Sentencias C285 de 201621 y C-112/1722, por lo que a partir de la entrada en funcionamiento de este Máximo Tribunal Disciplinario, el 13 de enero de 2021, quedó claro que toda referencia realizada por las Leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, estaba dirigida a la Comisión de Disciplina Judicial, en razón a la sustitución funcional entre estas dos Corporaciones.

En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.

19 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia

entre estas dos Corporaciones.

En consecuencia, esta colegiatura precisa que es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto.

19 Al respecto es importante precisar que el Acto legislativo 02 de 2015, eliminó la competencia que tenía la anterior Sala Disciplinaria para conocer de los conflictos entre jurisdicciones y las acciones de tutela. 20 Corte Constitucional, Sentencia C - 373 de 2016, Expediente D -10947, Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 21 Corte Constitucional, Sentencia C -285 de 2016, Expediente D -10990, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, actor: Carlos Santiago Pérez Pinto, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 22 Corte Constitucional, Sentencia C - 112 de 2017, Expediente D -11533, Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14, 17, 19 (parcial) y 26 (parcial) del Acto Legislativo 02 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y re ajuste institucional y se dictan otras disposiciones.”, Actor: Paulina Canosa Suárez, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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2.- Del disciplinable.

Se evidencia la calidad de disciplinable del doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA, en condición de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No 12.963.318 fue acreditado mediante certificado del 1 de noviembre de 2023 expedido por la Fiscalía General de la Nación23.

3.- De la apelación

Constata la Comisión que la decisión de primera instancia fue proferida el 4 de noviembre de 2025, y comunicada al disciplinable el 25 de noviembre de 2025 24, siendo presentado el recurso de apelación el 28 de noviembre de 2025 25 por la defensora de oficio del disciplinable, de manera oportuna.

El 15 de enero de 2026, la MAGISTRADA MARTHA LILIANA ARTEAGA PANTOJA, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por la defensora de oficio del disciplinable y ordenó su remisión ante esta Comisión para lo correspondiente26.

En segundo lugar, es necesario precisar que en virtud del principio de limitación, el operador judicial de segunda instancia solo está habilitado para revisar las inconformidades planteadas en el recurso, conforme jurisprudencia constitucional, en la cual se indicó “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras

“si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras

23 021RespuestaFiscaliaTalentoHumano 24 082CumplimientoSentenciaPrimeraInstancia 25 080RECURSOAPELACION202200225 26 086AutoConcedeApelaciónM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá est ar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”27.

En consecuencia, esta Corporación sólo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por la apelante frente a la decisión recurrida en el término legal.

5.- Del caso en concreto

Esta Comisión procede a pronunciarse de los argumentos esbozados en la alzada, de la siguiente manera:

  1. Indebida valoración probatoria, inexistencia de culpa, ausencia de ilicitud sustancial

La defensora sostuvo que i) la sentencia de primera instancia valoró de manera incompleta la versión libre rendida por el doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA el 15 de septiembre de 2025, pues no tuvo en cuenta que la omisión en el cargue de la información en el SIGEP obedeció a dificultades tecnológicas derivadas de la pandemia por COVID-19, restricciones de acceso a la sede. Además, señaló ii) que no se trató de una conducta individual negligente, sino de una dificultad generalizada, toda vez

información en el SIGEP obedeció a dificultades tecnológicas derivadas de la pandemia por COVID-19, restricciones de acceso a la sede. Además, señaló ii) que no se trató de una conducta individual negligente, sino de una dificultad generalizada, toda vez que 22 servidores habrían presentado el mismo inconveniente y que iii) tampoco existió ilicitud sustancial, porque no hubo ocultamiento patrimonial, riesgo de corrupción, daño al servicio ni afectación real a la administración de justicia.

Ahora bien, de acuerdo con las pruebas recaudadas por esta Corporación, se advierte que al doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO

27 Corte Constitucional, sentencia C-968 de 2003.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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ÁLAVA, en calidad de FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL NARIÑO, aunque publicó en la plataforma dispuesta por Función Pública/SIGEP la declaración de bienes y rentas correspondiente al año gravable 2019, el 28 de mayo de 2020 28; sin embargo, no cargó el registro de conflictos de interés ni la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, pese a que estaba obligado a hacerlo en virtud de la Ley 2013 de 2019 y de la Circular No. 002 del 17 de febrero de 2020 de la Fiscalía General de la Nación, obligaciones cuyo plazo máximo venció el 30 de noviembre de 2020.

No. 002 del 17 de febrero de 2020 de la Fiscalía General de la Nación, obligaciones cuyo plazo máximo venció el 30 de noviembre de 2020.

En ese sentido, si bien se encuentra demostrado un incumplimiento parcial de la obligación prevista en la Ley 2013 de 2019, esta Corporación considera que dicha omisión no tiene la entidad suficiente para configurar ilicitud sustancial, en tanto no se acreditó que con ella se hubiera afectado de manera real y material el deber funcional del disciplinable ni el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Así, no se acreditó dentro del expediente que la omisión del registro de conflictos de interés y de la declaración de r enta hubiera generado un riesgo concreto de corrupción, un incremento patrimonial injustificado, la configuración real de un conflicto de intereses, una afectación al servicio de administración de justicia o una alteración en el ejercicio de sus funciones como fiscal. Por el contrario, el reproche se edificó sobre la falta de cargue completo de los documentos exigidos, sin que se demostrara una consecuencia material.

28 074RespuestaDirecciónSeccionalFiscalíaM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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Así, debe resaltarse que el disciplinable sí publicó oportunamente, el 28 de mayo de 2020 , la declaración de bienes y rentas correspondiente al año gravable 2019, documento mediante el cual exteriorizó su situación patrimonial y permitió el conocimiento y control de la información relativa a sus bienes y rentas.

el 28 de mayo de 2020 , la declaración de bienes y rentas correspondiente al año gravable 2019, documento mediante el cual exteriorizó su situación patrimonial y permitió el conocimiento y control de la información relativa a sus bienes y rentas.

En esa medida, el cumplimiento de ese componente de la obligación constituye un elemento objetivo que permite descartar que la conducta estuviera encaminada a ocultar su situación económica o a impedir el control sobre la evolución de su patrimonio, máxime cuando dentro del expediente no se identificó inconsistencia alguna entre la información patrimonial reportada y la realidad económica del disciplinable. Por ello, la publicación de la declaración de bienes y rentas adquiere especial relevancia para establecer que, aun cuando el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 fue incompleto, sí se materializó una parte sustancial de la finalidad de transparencia y control patrimonial perseguida por la norma.

En ese orden, aunque la publicación íntegra de la información exigida por la Ley 2013 de 2019 constituye un deber funcional relevante, el derecho disciplinario no sanciona cualquier incumplimiento meramente formal, sino únicamente aquel que compromete sustancialmente la función pública. Por ello, en este caso, la omisión parcial advertida n o supera el umbral de ilicitud sustancial requerido para imponer una sanción disciplinaria, máxime cuando el disciplinable sí realizó actuaciones orientadas al cumplimiento de la obligación, y no se demostró afectación concreta a los principios de transpar encia, publicidad, moralidad administrativa, etc.

Inclusive, se debe tener en cuenta que para la época el disciplinable

cumplimiento de la obligación, y no se demostró afectación concreta a los principios de transpar encia, publicidad, moralidad administrativa, etc.

Inclusive, se debe tener en cuenta que para la época el disciplinable contaba con más de 60 años, circunstancia relevante en el contextoM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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de transición digital que fue acelerada por la pandemia Covid -19, en el que fue necesario a los servidores adaptarse abruptamente al uso de plataformas tecnológicas para el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Por lo cual, las restricciones de movilidad, el cierre de sedes físicas, el teletrabajo obligatorio y la necesidad de realizar trámites únicamente a través de aplicativos virtuales como el SIGEP generaron dificultades particulares para funcionarios que no tenían un manejo avanzado de herramientas digitales, más aún cuando, según explicó el disciplinable, no c ontaba con acompañamiento técnico suficiente y su avanzada edad.

Esta versión encuentra respaldo en el oficio del 27 de noviembre de 2020 29, en el que se dejó constancia expresa de que varios servidores de la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño habían informado inconvenientes para cargar los documentos en la plataforma SIGEP, circunstancia por la cual se amplió nuevamente el término hasta el 30 de noviembre de 2020.

Esta Corporación en antaño, en la presencia de hechos similares, mantuvo esta misma posición, en la que consideró:

el término hasta el 30 de noviembre de 2020.

Esta Corporación en antaño, en la presencia de hechos similares, mantuvo esta misma posición, en la que consideró:

“En virtud de jurisprudencia de esta Comisión, no toda irregularidad o inobservancia normativa reviste entidad disciplinaria, pues la antijuridicidad sustancial exige una afectación real, concreta y verificable de los deberes funcionales, del servicio público o de los fines del Estado33.

En el presente caso, se evidencia que la conducta atribuida, si bien formalmente infringe el deber legal de reporte oportuno, está justificada por el contexto de migración tecnológica del sistema SIGEP, y fue subsanada institucionalmente sin que se produj era una afectación verificable a la transparencia, el control público o la eficacia administrativa. No hay evidencia de ocultamiento patrimonial, obtención de beneficios indebidos ni incremento patrimonial ilícito. Tampoco se

29 001NoticiaDisciplinaria Pag 9-10M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA F 16197 Radicado No. 520012502000 202110239 01 Funcionarios en Apelación de Sentencia

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acreditó afectación alguna a t erceros o vulneración al debido proceso, ni se configuró un desvalor institucional que justifique la activación de la potestad sancionadora.

Aun cuando se reconoce el valor de la formalidad en la función pública, el principio de intervención mínima y el c riterio de lesividad imponen límites a la potestad disciplinaria. El incumplimiento en este caso fue subsanado por vías institucionales ordinarias y no generó

el principio de intervención mínima y el c riterio de lesividad imponen límites a la potestad disciplinaria. El incumplimiento en este caso fue subsanado por vías institucionales ordinarias y no generó consecuencias materiales que justifiquen un reproche sancionatorio. En consecuencia, no se config ura la antijuridicidad sustancial exigida por el ordenamiento jurídico”30.

Así las cosas, esta Comisión concluye que la conducta atribuida al doctor ARNULFO MIGUEL BRAVO ÁLAVA, no configuró una afectación sustancial del deber funcional, razón por la cual no se estructuró la ilicitud sustancial exigida para declarar responsabilidad disciplinaria.

En consecuencia, esta Comisión procederá a REVOCAR la sentencia sancionatoria proferida el 4 de noviembre de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño ,

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