CNDJ - 52001250200020220006501

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 52001250200020220006501
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 520012502000202200065 01 Aprobado según Acta Extraordinaria No. 23 de la fecha.

ASUNTO

Negada la ponencia presentada por los magistrados Julio Andrés Sampedro Arrubla 1 y Diana Marina Vélez Vásquez 2, p rocede la Comisión a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sen tencia proferid a el 10 de noviembr e de 2023 3, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, en la que resolvió SANCIONAR al abogado GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y MULTA de tres (3) SMLMV por incurrir a título de dolo en las faltas previstas en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, en desatención del deber contenido en el numeral 5 ° del artículo 28 ibidem.

SITUACIÓN FÁCTICA

La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la queja4 presentada el 4 de febrero de 2022 por Liliana Margot Arciniegas Usamag , en contra de los abogados GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ y

1 En Sala No. 27 del 12 de agosto de 2026 2 En Sala No. 28 del 20 de agosto de 2026

contra de los abogados GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ y

1 En Sala No. 27 del 12 de agosto de 2026 2 En Sala No. 28 del 20 de agosto de 2026 3 M.P Óscar Carrillo Vaca y Martha Liliana Arteaga Pantoja. 4 Archivo 001 del cuaderno principal de primera instancia.A 16216

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Jhon Alexander Cisneros Sarchi5. Lo anterior, por cuanto los abogados utilizaron estrategias eng añosas para induci r en error al Juez Municipal de Pupiales al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 2021 -00126 en contra señor Gerardo Velásquez Betancourt con ocasión de la demanda presentada por el abogado Gabriel Alejandro Quiñ ones Ortiz en repr esentación del Andrés Fernando Goyes.

Lo anterior por cuanto, el letrado solicitó el embargo y secuestro de los derechos de posesión del vehículo con placa AVC-744, a pesar de que el automóvil ya no estaba en posesión ella en calidad de demanda, la por lo que, la medida cautelar se obtuvo sobre una base fáctica falsa ; pues este había sido entregado real y material mente como parte de pago de un contrato de promesa de venta de un lote de terreno de 288 mts2 ubicado en la ciudad de Ipiales por valor de $150.000.000.

Con su escrito de queja aportó copia de:

pago de un contrato de promesa de venta de un lote de terreno de 288 mts2 ubicado en la ciudad de Ipiales por valor de $150.000.000.

Con su escrito de queja aportó copia de: • Certificación expedida por la Notaría Primera del Círculo de Ipiales el 18 de septiembre de 2020. • Boleta de retención del vehículo con placas AVC-744 expedida el 27 de d iciembre de 202 1 por la Alcaldía Municipal de Ipiales en cumplimiento del despacho comisario No. 0038 del Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales. • Recibo No. 0582 expedido por el Parqueadero Judicial (ilegible) el 21 de diciembre de 2021 en el que se real iza inventario del vehículo retenido con placas AVC-744.

5 En sesión del 2 de agosto de 2023, se ordenó la te rminación anticipada al advertir que este no tuvo intervención en el embargo y posterior secuestro del automotor identificado con matrícula AVC-744 que se encontraba registrado a nombre de Luis Felipe Chamorro Arciniegas,A 16216

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  • Demanda ejecutiva de menor cuantía presentada por Gabriel Alejandro Quiñones Ortiz en representación de Andrés Fernando Goyes y en contra de Gerardo Velásquez Betacourt.

ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DISCIPLINABLE

  • Demanda ejecutiva de menor cuantía presentada por Gabriel Alejandro Quiñones Ortiz en representación de Andrés Fernando Goyes y en contra de Gerardo Velásquez Betacourt.

ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DISCIPLINABLE

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 15 de febrero de 2022 6 se acreditó la calidad de abogado GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1085923876 y tar jeta profesional N o. 314648, documento que a la fecha se encontraba vigente. Se aportó también certificado de l 22 de marzo de 2022 , en donde se corroboró que el encartado no registraba antecedentes disciplinarios.

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 15 de febrero de 2022 7 se acreditó la calidad de abogado JHON ALEXANDER CISNEROS SARCHI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1004549600 y tarjeta profesional No. 259122, doc umento que a la fecha se encontra ba vigente. Se aportó también certificado del 22 de marzo de 2022, en donde se corroboró que el encartado no registraba antecedentes disciplinarios.

6 Archivo 005 del cuaderno principal de primera instancia. 7 Archivo 006 del cuaderno principal de primera instancia.A 16216

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7 Archivo 006 del cuaderno principal de primera instancia.A 16216

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RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación.

El asunto fue asigna do por reparto del 4 de febrero de 2022 8, al Magistrado Oscar Carrillo Vaca de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, quien emitió auto del 16 de marzo de 2022 , en el que dispuso la apertura de investigación y fijó audiencia de pruebas y calificación provisional el 28 de junio de 2022.

2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.

La diligencia se llevó a cabo en las sesiones del 1 de diciembre de 2022 22 de febrero, 26 de abril, 7 de junio, 2 y 24 de agosto de 2023, en las que se realizaron las siguientes actuaciones:

Se escuchó en versión libre al abogado Jhon Alexander Cisneros Sarchi, quien se pronunció en el siguiente sentido:

Calificó la queja como temeraria en la medida en que para la fecha de inmovilización del vehículo la señora Arciniegas Usamag no era poseedora de este, ello debido a que en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ipiales se adelantó prueba extraprocesal del señor Velásquez en contra de la señora Arciniegas Usamag, actuación a la que esta última no asistió y en la

de este, ello debido a que en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ipiales se adelantó prueba extraprocesal del señor Velásquez en contra de la señora Arciniegas Usamag, actuación a la que esta última no asistió y en la cual el señor Velásquez afirmó que, ante el incumplimiento del contrato de promesa por parte de la promitente vendedora, él no entregó la posesión del vehículo a esta.

Adicionalmente, refirió que, en el pr oceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, el señor Luis Felipe Chamorro, presentó escrito de oposición al embargo alegando que, para la fecha de inmovilización del vehículo, él ostentaba la posesión de este, con lo que, en virtud de dicha afirmación, era evide nte que la quejosa mintió en su escrito de reproche.

8 Archivo 003 del cuaderno principal de primera instancia.A 16216

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Informó que el señor Velásquez requirió de sus servicios profesionales a fin de acompañarlo en la defensa de sus intereses dado el delito de estafa del cual se cons ideró víctima y cuyos victimarios eran la quejosa y su esposo, ello en virtud del contrato de promesa de compraventa.

Aseguró que en desarrollo de dicha gestión acompañó a su cliente a la casa

cual se cons ideró víctima y cuyos victimarios eran la quejosa y su esposo, ello en virtud del contrato de promesa de compraventa.

Aseguró que en desarrollo de dicha gestión acompañó a su cliente a la casa de la señora Arciniegas Usamag a fin de dialogar y encontrar u na solución consensuada del conflicto surgido, sin embargo, el esposo de la quejosa le manifestó “que dejara las cosas quietas o le ir ía mal” y lo amenaz ó con interponer queja disciplinaria, sin embargo, él les informó sobre el principio de la buena fe en la ejecución de los contratos, les pidió resolver la promesa de compraventa comprometiéndose a cancelar la penalidad prevista en este, es decir, la suma de $15.000.000 pero con el compromiso de que le devolvieran el vehículo y le restituyeran parte del dinero entregado, propuesta que no fue aceptada, pese a las súplicas de su cliente, a quien le exigieron cancelar la suma de $50.000.000 para llegar a un acuerdo.

En lo referente a la diligencia de inmovilización del vehículo, señaló que ese día, “por coincidencia”, pas ó por el lugar del op erativo policial evidenciando que se encontraba el abogado Quiñones Ortiz, así como la señora Arciniegas Usamag y su esposo. Afirmó que “por curiosidad” se detuvo y en el lugar, estos últimos, lo acusaron de haber embargado el vehículo y le exigieron darle una solución al asunto, ante lo cual les informó que no sabía nada al respecto. Finalmente, aseveró no haber recibido dinero por parte del señor Velásqu ez para llevar a cabo diligencia de embargo y tampo co

exigieron darle una solución al asunto, ante lo cual les informó que no sabía nada al respecto. Finalmente, aseveró no haber recibido dinero por parte del señor Velásqu ez para llevar a cabo diligencia de embargo y tampo co haber presentado la demanda ejecutiva en representación del señor Goyes ni en contra de su antiguo cliente.

De igual forma, se recibió la versión libre del abogado Gabriel Alejandro Quiñones Ortiz, quien se pronunció así:

En primer lugar, indicó que , en ejercicio de su profesión presentó, el 24 de agosto de 2021, demanda ejecutiva singular contra el señor Gerardo Velásquez Betancourt, basada en un título valor válido y que, en el marco de ese proceso, solicitó el embargo y secuestro de los derechos d e posesión del vehículo de placas AVC -744. Afirmó que la diligencia de secuestro realizada el 30 de diciembre de 2021, contó con el acompañamiento de las autoridades de policía y tránsito, por lo que sostuvo que el procedimiento no fue irregular.

Así mismo, relató que en enero de 2022 recibió en su oficina a las personas afectadas por la inmovilización del vehículo, a quienes se le habían retenido el rodante, junto con su apoderado, los cuales le manifestaron que había cometido un grave error al haber sol icitado la medida cautelar sobre el automotor y le exigieron con insistencia el levantamiento de esta.A 16216

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Afirmó que incluso lo amenazaron con interponer una queja disciplinaria en su contra si no accedía a sus pretensiones. Aseguró que no accedió a levantar la medida cautelar voluntariamente porque consideró que no podía defraudar los intereses de su representado. Precisó que debido a la insistencia y para evitar el proceso disciplinario con el que se le amenazaba, informó a su cliente sobre la posibilidad d e sustituir el poder, lo cual hizo el 26 de enero de 2022 a favor del abogado Javier Hernando Revelo Goyes.

Señaló que tras reasumir el poder identificó irregularidades en la figura de compraventa del vehículo y acuerdos de pago entre las partes, lo que a su juicio confirmaba que la medida cautelar estuvo plenamente justificada.

En sesión del 22 de febrero de 20239, se recibió la ampliación y ratificación de la queja, a la señora Liliana Arciniegas Usamag, quien manifestó lo siguiente:

Afirmó que celeb ró un negocio jurídico con el señor Gerardo Velásquez Betancourt y Yomaira Liliana Pinchao Chacua a través del cual, les vendió un lote de terreno. En razón a lo anterior, explicó que los compradores le entregaron como parte de pago del inmueble una camion eta junto con dinero en efectivo, sin embargo, posteriormente los promitentes compradores incumplieron sus obligaciones.

un lote de terreno. En razón a lo anterior, explicó que los compradores le entregaron como parte de pago del inmueble una camion eta junto con dinero en efectivo, sin embargo, posteriormente los promitentes compradores incumplieron sus obligaciones.

Reseñó que el abogado Cisneros Sarchi conocía toda la contratación por ellos celebrada, acudiendo inclusive a su casa a solicitarle un arreglo sobre el mismo y que devolviera la camioneta, a lo cual se negó. Indicó que no entendía el por qué los investigados “me quitan mi camioneta con tan mala fe”, a través de un operativo con policía como si fuera una delincuente, en donde estuvieron p resente los dos abogados investigados, pidiéndole explicaciones la quejosa pues conocían que la camioneta le había sido entregada a ella como parte de pago de un terreno.

Informó que dicho proceso fue fallado a su favor, pues la camioneta se encontraba en su poder desde el 19 de mayo, siendo ella quien cancelaba los mantenimientos de esta entre otros; no obstante, su vehículo no le había sido aún entregado.

Precisó que fue el abogado Gabriel Quiñone s quien realizó todas las actuaciones tendientes a quita rle su vehículo. Respondiendo a las preguntas del abogado de confianza del investigado sobre la persona que detentaba la posesión del vehículo al momento de su inmovilización, refirió que: “mi hijo Luis Felipe Chamorro Arciniegas fue al que se le hizo los papeles, pero ese día lo estaba manejando mi esposo (…) el dueño es mi hijo, está en propiedad nuestra y él nos la presta”. Precisando que luego deA 16216

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papeles, pero ese día lo estaba manejando mi esposo (…) el dueño es mi hijo, está en propiedad nuestra y él nos la presta”. Precisando que luego deA 16216

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dicho inconveniente fue el juzgado el que ordenó devolverle la camioneta a su hijo Luis Felipe Chamorro Arciniegas.

Finalmente, mencionó que los clientes de los abogados le interpusieron tres acciones de tutela, las cuales, también fueron decididas de forma favorable a ella. Igualmente indicó que estos la tildaban de delincuente a pesar de que la otra comprador a del inmueble ya había inclusive construido sobre el lote de terreno encontrándose, habitando en este, igualmente, afirmó que: “a mi la camionetica me la dieron en parte de pago, esa yo ya la consideraba mía porque yo les entregué mi terreno, y por eso es tá todo a nombre de mi hijo porque yo le hice los papeles a mi hijo y la camioneta estaba en poder nuestro señor magistrado”9.

A su turno, se escuchó el testimonio del señor Luis Felipe Chamorro Chacua, quien declaró así:

Precisó que desde el 19 de mayo de 2020 los señores Gerardo Velásquez Betancourt y Yomaira Liliana Pinchao les habían entregado por parte de pago la camioneta en mención, siéndole la misma retenida en diciembre del 2021 por los abogados investigados quienes afirmaron fraudulentamente

Betancourt y Yomaira Liliana Pinchao les habían entregado por parte de pago la camioneta en mención, siéndole la misma retenida en diciembre del 2021 por los abogados investigados quienes afirmaron fraudulentamente que el señor Gerardo ostentaba la posesión de esta, lo cual, no era cierto, pues la camioneta era de ellos, al punto que junto con su esposa se la entregaron a su hijo, encontrándose a nombre de este.

Añadió que “aquel día me la detuvieron los dos abogados con la policía de tránsito diciendo que embargaban la posesión … me decía que ese día lo llamaba el señor Gerardo para arreglar lo de ese contrato que hicimos del lote que le vendimos y yo le dije que no porque eso debía hacerlo con un abogado y legalmente y no, así como ellos lo hicieron, sin estar al nombre de él ni detentar la posesión deteniendo la camioneta de esa manera”.

En sesión del 26 de abril de 2023, se recibió el testimonio del señor Gerardo Velásquez Betancourt, quien manifestó así:

Indicó que era el real propietario del vehículo en cuestión, pues la quejosa ni su esposo nunca le hicieron entrega del lote . Además, s eñaló que la camioneta fue embargada por una deuda que el testigo tenía con el señor Andrés Goyes, quien en el año 2020 le habí a prestado un dinero, procediendo este a embargar el vehículo al ser de su propiedad; finalmente, indicó que lo único que él necesitaba era que le entregara su camioneta.

9 Minuto 29:00, archivo 42 cuaderno principal de primera instanciaA 16216

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indicó que lo único que él necesitaba era que le entregara su camioneta.

9 Minuto 29:00, archivo 42 cuaderno principal de primera instanciaA 16216

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Se escuchó la declaración del Andrés Fernando Goyes Cisneros , quien m anifestó que el investigado Gabriel Alejandro Quiñones y además, aseguró ser primo del abogado investigado Jhon Alexander Cisneros Sarchi, razón por la cual, no era su deseo rendir testimonio.

Posteriormente, se recibió el testimonio de la señora Yomaira Liliana Pinchao Chacua, quien manifestó lo siguiente:

Refirió que la camioneta en mención fue entregada como parte de pago de un lote que compraron con el señor Gerardo Velásquez Betancourt, quien era su expareja. Manifestó que recibieron el lote e inclusive realizaro n unos trabajos en este con maquinaria, sin embargo, posteriormente el señor Gerardo manifestó su deseo de no adquirir el lote, indicando posteriormente que no tenía más dinero para completar su pago.

Refirió que entregó 52.000.000 m/te a Velásquez Betanc ourt como su parte del negocio. Afirmó que en dicho lote construyó una casa, proponiéndole el abogado Cisneros Sarchi que demandaran a la quejosa con lo cual no se encontró de acuerdo pues ella había cumplido con el negocio jurídico

del negocio. Afirmó que en dicho lote construyó una casa, proponiéndole el abogado Cisneros Sarchi que demandaran a la quejosa con lo cual no se encontró de acuerdo pues ella había cumplido con el negocio jurídico celebrado, viviendo en dicho terreno.

En sesión del 2 de agosto de 2023, el Magistrado realizó la calificación jurídica provisional de la actuación así:

Por un lado, respecto del abogado Jhon Alexander Cisneros Sarchi, decretó la terminación anticipada de la actuación disciplinaria, al advertir que este no tuvo intervención en el embargo y posterior secuestro del automotor identificado con matrícula AVC -744 que se encontraba registrado a nombre de Luis Felipe Chamorro Arciniegas, hijo de la quejosa. Además, precisó que, si bie n el abogado tuvo contacto con la señora Liliana Arciniegas Usamag y su esposo pues presentó trámite de prueba extraprocesal, lo cierto era que le habían revocado el poder previo a la realización de dicha actuación y tampocoA 16216

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participó en el trámite de tute la ni en el de nulidad y resolución del contrato de promesa de compraventa.

Por otro lado, respecto al abogado Gabriel Alejandro Quiñones Ortiz, formuló cargos, así:

participó en el trámite de tute la ni en el de nulidad y resolución del contrato de promesa de compraventa.

Por otro lado, respecto al abogado Gabriel Alejandro Quiñones Ortiz, formuló cargos, así:

Imputación jurídica: El disciplinable presuntamente desconoció el deber contemplado en el numeral 5° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, con ello, puedo incurrir, a título de dolo, en la falta prevista en el numeral 4° del artículo 30 ibidem, consistente en “obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión”.

Imputación fáctica: presuntamente, “el abogado Quiñones Ortiz, actuando como apoderado del señor Andrés Fernando Goyes, obró de mala fe en una actividad relacionada con el ejercicio de la profesión, toda vez que dentro del proceso ejecutivo identif icado con el radicado No. 2021 -126 adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pupiales, a sabiendas, alegó hechos contrarios a la realidad, pues solicitó como medida cautelar el embargo y secuestro los derechos derivados de la posesión que dijo oste ntaba el demandado, señor Gerardo Velásquez Betancourt, respecto del vehículo automotor con placas AVC -744, medida cautelar que fue decretada y efectuada , a pesar de que el señor Velásquez no tenía la posesión de ese vehículo.

Se insiste, el abogado conocí a que sobre el vehículo con matrícula AVC-744 se había efectuado un traspaso por parte del señor Velásquez al señor Luis Felipe Chamorro desde el 30 de septiembre de 2020 y que su cliente no ejercía la posesión de este.”10

AVC-744 se había efectuado un traspaso por parte del señor Velásquez al señor Luis Felipe Chamorro desde el 30 de septiembre de 2020 y que su cliente no ejercía la posesión de este.”10

10 Minuto 35:17 – 36:26, archivo 063 cuaderno principal de primera instanciaA 16216

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En sesión del 24 de agosto de 202 3, el defensor de confianza del investigado solicitó como pruebas para la etapa de juzgamiento que se oficiara al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales para que allegara copia del expediente 2022 -525 de Gerardo Velásquez contra Liliana Arciniegas prueba que fue decretada. A su turno, de oficio se citó a rendir testimonio Javier Hernando Revelo Goyes y se oficio a la Oficina de Transito y Transporte del Municipio de Pasto e Ipiales para que certificara qué vehículos automotores se encontraban registrados a nombre del señor Gerardo Velasquez Betancourt, para los años 2020 y 2021.

3.- Etapa de juzgamiento.

Se llevó a cabo el 5 de octubre de 2023, oportunidad en la que se realizaron las siguientes actuaciones:

Se escuchó el testimonio de Javier Hernando Revelo Goyes , quien se pronunció en los siguientes términos:

Manifestó que el disciplinable le sustituyó temporalmente el poder a él

realizaron las siguientes actuaciones:

Se escuchó el testimonio de Javier Hernando Revelo Goyes , quien se pronunció en los siguientes términos:

Manifestó que el disciplinable le sustituyó temporalmente el poder a él conferido, en razón a que había sido denunciado disciplinariamente y se sentía amenazado. Añadió que inició su gestió n con la diligencia de secuestro del vehículo tipo camioneta de placas AVC -744, precisando que en la diligencia no se presentaron oposiciones. Indicó que la camioneta quedó guardada en un parqueadero.

Arguyó que posteriormente le informó al Juzgado Promi scuo Municipal de Pupiales que el señor Gerardo Velasquez Betancourt había realizado dos abonos, agregando que conoció que los poseedores del vehículo presentaron ante el Juzgado un incidente de desembargo y dio contestación al incidente.

Informó que para la audiencia en la que se presentarían las pruebas, no podía asistir, además le habría indicado al disciplinable que renunciaba a la sustitución, pues solo le pagaron $200.000 de sus honorarios. Por último, dijo que cuando recibió el poder, el doctor Qui ñones Ortíz le puso deA 16216

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presente que estaba amenazado con la presentación de una queja disciplinaria.

Radicación No. 520012502000202200065 01

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presente que estaba amenazado con la presentación de una queja disciplinaria.

Se recibió los alegatos de conclusión del apoderado del disciplinable, quien adujo lo siguiente:

Solicitó se absolviera a su cliente debido a que la que ja disciplinaria resultaba temeraria al estar fundamentada en hechos falsos. Adicionalmente, s ostuvo que el disciplinable estaba obligado por un contrato de prestación de servicios a presentar la demanda ejecutiva contra Gerardo Velásquez, la cual tenía co mo respaldo un título valor (letra de cambio) aportado por su cliente, Andrés Fernando Goyes.

Precisó que el embargo y secuestro sobre el vehículo de placas AVC -744 se solicitó debido a que el demandado, Gerardo Velásquez, ostentaba un derecho o beneficio sobre dicho bien. Además, señaló que el hecho de que el juzgado inicialmente negara la solicitud y luego, tras ser saneadas por el abogado, la admitiera, validaba la legalidad de la petición.

Afirmó que, en trámite d el incidente de levantamiento de medi das promovido por Luis Felipe Chamorro, hubo inconsistencias graves en los testimonios, en la medida en que en un momento refirieron que el vehículo se adquirió por donación, pero después se referían a una compraventa. Asimismo, afirmó que el negocio causa l de adquisición del rodante presentaba vicios.

Argumentó que el acercamiento del abogado Quiñones con la quejosa no fue un acto de presión, sino el cumplimiento de su deber de promover

Asimismo, afirmó que el negocio causa l de adquisición del rodante presentaba vicios.

Argumentó que el acercamiento del abogado Quiñones con la quejosa no fue un acto de presión, sino el cumplimiento de su deber de promover mecanismos alternativos de solución de conflictos para intentar llega r a un arreglo.

Consideró que la mala fe estaba desvirtuada porque tanto la parte demandante como la incidentante presentaron pruebas similares sobre laA 16216

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posesión del bien. También, calificó como legal y lícito incoar medidas cautelares contra un deudor en mora. Finalmente, indicó que la quejosa no logró demostrar la afectación alegada y que, en caso de existir, disponía de otras instancias legales para obtener compensaciones, reiterando la naturaleza infundada de la denuncia disciplinaria.

DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 , por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, en la que resolvió SANCIONAR al abogado GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y MULTA de tres (3) SMLMV por incurrir a título de

SANCIONAR al abogado GABRIEL ALEJANDRO QUIÑONES ORTIZ con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses y MULTA de tres (3) SMLMV por incurrir a título de dolo en las faltas previstas en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, en desatención del deber contenido en el numeral 5° del artículo 28 ibidem.

En sede d e tipicidad adujo la Seccional que había certeza sobre la comisión de la falta disciplinaria. Lo anterior, pues luego de efectuar un recuento y análisis del derecho de propiedad y posesión del vehículo de placas AVC -744 encontró acreditado que dicho automó vil fue entregado a la señora Arciniegas Usamag por parte del señor Gerardo Velásquez, ello como parte de pago del contrato de promesa de compraventa de un lote , celebrado en mayo de 2020 . Precisó que, si bien no se tenía certeza de la fecha en que se real izó el traspaso del bien, si era cierto que, para septiembre del 2020, el certificado de tradición ya registraba como propietario a Luis Felipe Chamorro Arciniegas, hijo de la quejosa.A 16216

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Señaló que a pesar de dicho registro oficial, en agosto de 2021, el abogado Quiñones Ortiz, en cumplimiento del contrato de prestación

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Señaló que a pesar de dicho registro oficial, en agosto de 2021, el abogado Quiñones Ortiz, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con el señor Andrés Fernando Goyes, con fundamento en una letra de cambio instauró demanda ejecutiva contra el señor Gerardo Velásquez, actuación en la qu e solicitó el embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesión del rodante, alegando que el demandado aún ejercía la posesión sobre este, sin embargo, allegó a la solicitud un certificado en que constaba que el traspaso del automotor se había r ealizado meses atrás al señor Luis Felipe Chamorro Arciniegas, calificando como ilógico y contrario a las reglas de la experiencia que el abogado alegara actos de señor y dueño por parte de Velásquez, cuando él mismo allegó a la solicitud certificado que probaba lo contrario.

Por consiguiente, determinó

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