CNDJ - 52001250200020230136401

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 52001250200020230136401
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16262

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D. C., veintiséis (26) de agosto de 2026

Magistrado Ponente: MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.° 520012502000 2023 01364 01

Aprobado, según acta de sala ordinaria n.° 029 de la fecha

Criterios normativos: - artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007

Criterio subjetivo: abogado en apelación Criterios nominales: - Retardar el reporte a los juzgados de los abonos a las obligaciones que se están cobrando judicialmente

1. ASUNTO POR TRATAR

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia 1, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el disciplinable, Rigoberto Filimon Médicis Chapuel, contra la sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño 2, en la que se le declaró responsable y se le sancionó con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, por la inobservancia del deber contemplado

1 Inciso quinto del artículo 257 A de la C. P .: «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su

1 Inciso quinto del artículo 257 A de la C. P .: «La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados». 2 Decisión adoptada por los magistrados Álvaro Raúl Vallejos Yela y Martha Liliana Arteaga PantojaA 16262

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en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta tipificada en el artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

2. LA CONDUCTA QUE SE INVESTIGÓ Y POR LA CUAL SE

IMPUSO LA SANCIÓN DISCIPLINARIA

El profesional del derecho fue investigado y sancionado en primera instancia toda vez que, en su rol como apoderado de la señora Erika Guerrero en el proceso ejecutivo de alimentos con radicado n .° 2021 132 del Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Pasto, en el cual se pretendía el pago de una obligación alimentaria a favor del hijo menor de la mencionada señora, retardó en informar al despacho judicial sobre el pago realizado el 7 de febrero de 2022 por el monto de $8.000.000, el cual debía ser tenido en cuenta en la liquidación del crédito.

de la mencionada señora, retardó en informar al despacho judicial sobre el pago realizado el 7 de febrero de 2022 por el monto de $8.000.000, el cual debía ser tenido en cuenta en la liquidación del crédito.

3. TRÁMITE PROCESAL

3.1. El proceso inició a propósito de la queja disciplinaria presentada por Germán Rosero Armero 3. Una vez recibida, el proceso se asig nó por reparto al magistrado Álvaro Raúl Vallejos Yela, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, conforme al acta individual de reparto del 28 de septiembre de 20234.

3 Folios 3 a 5, archivo 001, carpeta de primera instancia, expediente digital. 4 Folio 1, ibidem.A 16262

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3.2. Una vez acreditada la condición de abogado 5, el 9 de noviembre de 2023 se ordenó la apertura de la investigación disciplinaria 6, notificado mediante correo electrónico del 14 de noviembre de 20237.

3.3. La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo en las sesiones de los días 29 de enero 8, 30 de a bril9, 5 de julio 10, 6 de septiembre11 y 28 de noviembre 12 de 2024. Una vez valoradas las pruebas, se formularon cargos disciplinarios en el siguiente sentido:

de septiembre11 y 28 de noviembre 12 de 2024. Una vez valoradas las pruebas, se formularon cargos disciplinarios en el siguiente sentido:

Imputación fáctica: Se le reprochó al investigado que, en su rol como apoderado judicial de la señ ora Erika Guerrero, en el proceso con radicación nro. 2021 132, en el cual se pretendía el pago de una obligación alimentaria a favor del hijo menor de la mencionada señora, retardó informar al juzgado sobre el pago realizado el 7 de febrero de 2022 por el monto de $8.000.000, el cual debía ser tenido en cuenta en la liquidación del crédito.

Imputación jurídica : Con su conducta, pudo incurrir en la falta del artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de conformidad con la inobservancia del deber del artículo 28, numeral 10 de la misma norma.

5 Archivo 004, ibidem. 6 Archivo 005, ibidem. 7 Archivo 008, ibidem. 8 Archivo 013, ibidem. 9 Archivo 026, ibidem. 10 Archivo 033, ibidem. 11 Archivo 040, ibidem. 12 Archivo 045, ibidem.A 16262

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3.4. La audiencia de juzgamiento se celebró en la sesión del 30 de

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3.4. La audiencia de juzgamiento se celebró en la sesión del 30 de enero de 2025 13, oportunidad en la que se otorgó el uso de la palabra al investigado para rendir alegatos de conclusión.

3.5. Así, se profirió la decisión del 7 de marzo de 2025 14, mediante la cual se declaró disciplinariamente responsable al investigado, y se le impuso la sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses. 3.6. La decisión se notif icó mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2025 15 y edicto del 19 de marzo de 2025 16; al respecto, el disciplinable presentó recurso de apelación el 27 de marzo de 2025 17, concedido a través del auto del 4 de abril de 202518.

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño declaró disciplinariamente responsable al abogado Rigoberto Filimon Medicis Chapuel por la comisión de la falta prevista en el artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa. En consecuencia, lo sancionó con suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

Para llegar a la anterior decisión, se relató que el investigado representó los intereses de Erika Guerrero en el trámite de la demanda de alimentos presentada contra Otoniel Jesús German

13 Archivo 047, ibidem.

dos (2) meses.

Para llegar a la anterior decisión, se relató que el investigado representó los intereses de Erika Guerrero en el trámite de la demanda de alimentos presentada contra Otoniel Jesús German

13 Archivo 047, ibidem. 14 Archivo 049, ibidem. 15 Archivo 050, ibidem. 16 Archivo 052, ibidem. 17 Archivo 051, ibidem. 18 Archivo 055, ibidem.A 16262

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Rosero Armero, que correspondió al Juzgado Quinto de Familia de Pasto, bajo el radicado 2017 315.

Así, se indicó que en dicho trámite, se llegó a un acuerdo conciliatorio que, una vez incumplido, dio origen al ejecutivo de alimentos 2021 132 seguido ante el Juzgado Quinto de Familia de Pasto, en el cual se dispuso librar mandamiento de pago contra German Rosero Armero por valor de $6.000.000 y el secuestro de un bien inmueble.

Posteriormente, se hizo referencia que el 21 de octubre de 2021, se pactó el pago de $8.000.000 dentro del plazo de tres meses siguientes a la diligencia, lo cual se cumplió el 7 de febrero de 2022, actuación sobre la que el investigado manifestó que la compartiría con su cliente y, una vez verificada, informaría lo correspondiente al despacho.

a la diligencia, lo cual se cumplió el 7 de febrero de 2022, actuación sobre la que el investigado manifestó que la compartiría con su cliente y, una vez verificada, informaría lo correspondiente al despacho.

Sin embargo, fue solo hasta el 6 de marzo de 2023 cuando el señor German Rosero Armero remitió los documentos al Juzgado Quinto de Familia de Pasto para solicitar la terminación del proceso, solicitud que fue refutada por el investigado bajo el argumento de que el pago se había hecho de forma tardía y, con fundamento en ello, que debía pagarse la deuda total de $8.571.360 más los intereses.

Por tanto, el titular del juzgado, mediante providencia del 19 de julio de 2023, resolvió negar la solicitud de terminación del proceso y ordenó seguir adelante con la ejecución, pues el acuerdo no se cumplió dentro de los plazos establecidos.

Así, entonces, puntualizó la primera instancia que, pese a que el togado elaboró un documento que envió a su cliente el 12 de febrero de 2022, con el fin de que lo suscribiera y lo enviara al despacho paraA 16262

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informar el abono, no se procedió de conformidad, razón por la cual se encontró probado que el profesional no informó al desp acho el abono realizado por el señor Germán Rosero Armero.

De esa manera, se endilgó la falta contenida en el artículo 37, numeral

encontró probado que el profesional no informó al desp acho el abono realizado por el señor Germán Rosero Armero.

De esa manera, se endilgó la falta contenida en el artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con el deber del artículo 28, numeral 10 de la misma norma, pues no actuó con la di ligencia que le era exigible en la gestión encargada.

Sobre la culpabilidad, se señaló que, distinto a lo manifestado en la formulación de cargos, el comportamiento del togado había sido cometido a título culposo, por cuenta de su negligencia y descuido, pues aunque elaboró el memorial con el que se le informaría al despacho sobre el abono, este nunca se radicó; aunado a que su cliente reconoció que ella decidió no presentarlo.

Al respecto, el togado alegó que cumplió con sus deberes profesionales al elaborar el documento que sería remitido al despacho, pero fue su cliente quien decidió no entregarlo; situación de la cual se enteró cuando el demandado presentó el escrito de solicitud de terminación del proceso; argumento que no fue de recibo para la primera instancia, pues la obligación se encontraba a cargo del profesional, no de su cliente.

En el mismo sentido, se sostuvo que, aun cuando el abogado del demandado debió avisar al juzgado, la obligación también recaía en el disciplinable, quien no realizó ninguna actuación con el fin de constatar si el oficio se había radicado.A 16262

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si el oficio se había radicado.A 16262

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Finalmente, se tuvo en cuenta la modalidad culposa, el perjuicio causado y la ausencia de antecedentes, para determinar que la sanción a imponer sería la suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

5. APELACIÓN

Inconforme con la decisión, el disciplinable presentó recurso de apelación bajo los siguientes argumentos:

Como primer argumento, expuso que no existió claridad sobre si la sanción disciplinaria le fue impuesta por el verbo rector omitir o retardar, lo cual se tornó confuso en la sentencia sancionatoria y genera una clara afectación al derecho de defensa.

En ese sentido, precisó que, si el reproche consistiera en retardar, no existe norma que estab lezca el deber de informar y mucho menos el término en el que debía hacerlo, sino que fue el juez del asunto quien determinó que la información se debía rendir cuando se hubiese cumplido con lo acordado, pero el acuerdo se incumplió, pues la suma de dinero se pagó luego del término pactado, razón por la que no se debía informar, pues de esa manera se causaría el archivo del proceso.

De esa manera, el titular del despacho no advirtió la obligación de informar cualquier abono, ni realizó ningún requerimiento del cual se

debía informar, pues de esa manera se causaría el archivo del proceso.

De esa manera, el titular del despacho no advirtió la obligación de informar cualquier abono, ni realizó ningún requerimiento del cual se pudiera inferir que se mantuvo el proceso en estado de indefinición o que se hubiese causado algún desgaste innecesario.A 16262

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Segundo, afirmó que sí informó el abono de la suma de $8.000.000 cuando se pronunció sobre el traslado que hizo el despac ho sobre la petición de archivo que realizó el señor Rosero Armero.

Tercero, puso de presente que sus deberes profesionales estaban orientados a favor de su mandante porque al recibir poder se generó un contrato de mandato, y ella misma sostuvo que el act uar del togado no merece reproche, pues actuó de manera diligente en todo momento.

Sobre la antijuridicidad, adujo que no se causó indefinición del proceso ni desgaste en la administración de justicia, pero no se tuvo en cuenta la naturaleza del proceso e jecutivo y, por tanto, para archivarlo se debía constatar que el ejecutado estaba al día en el pago de las cuotas alimentarias.

En consecuencia, resaltó que el quejoso sabía que el proceso no se archivaría, pues no había pagado la totalidad de las cuotas, lo que se demuestra con la respuesta del despacho cuando no accedió a la

pago de las cuotas alimentarias.

En consecuencia, resaltó que el quejoso sabía que el proceso no se archivaría, pues no había pagado la totalidad de las cuotas, lo que se demuestra con la respuesta del despacho cuando no accedió a la solicitud de archivo por tener pendientes cuotas de alimentos, tanto así, que a la fecha el proceso sigue vigente por haber cuotas pendientes.

Finalmente, recordó que sus conversaciones con el quejoso permitían evidenciar que él no tenía ningún tipo de reproche o descontento con su actuar y, en esa forma, no se probó la vulneración al deber profesional.

6. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIAA 16262

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Conforme al acta individual de reparto del 6 de m ayo de 2025 19, el expediente fue asignado a quien hoy funge como ponente en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

7. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia

Esta colegiatura precisa que tiene la competencia para conocer del recurso de apelación, a la luz de las previsiones del artículo 257A de la Constitución Política de Colombia de 1991, que creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y le fijó sus atribuciones constitucionales, una de ellas, la relativa al enjuiciamiento disciplinario de los abogados . De este modo, a partir de la entrada en funcionamiento de esta nueva alta corte judicial —que lo fue el pasado

Nacional de Disciplina Judicial y le fijó sus atribuciones constitucionales, una de ellas, la relativa al enjuiciamiento disciplinario de los abogados . De este modo, a partir de la entrada en funcionamiento de esta nueva alta corte judicial —que lo fue el pasado 13 de enero de 2021 — debe entenderse que la Ley 270 de 1996 se refiere a la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Esta facultad ante s recaía en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y encuentra desarrollo legal en el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, que establece, entre otras, la función de conocer sobre el recurso de apelación en los procesos disciplinarios a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hoy Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

7.2. Problema jurídico a resolver

19 Archivo 001, carpeta de segunda instancia del expediente digital.A 16262

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En el marco de la competencia señalada y dentro de los límites propios del recurso de apelación , corresponde a esta instancia examinar los argumentos planteados contra la decisión adoptada en primera instancia.

En ese sentido, «la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino

examinar los argumentos planteados contra la decisión adoptada en primera instancia.

En ese sentido, «la apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación»20.

Igualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones ha explicado el alcance de la limitación del recurso de apelación, de forma tal que «[e]l estudio se circunscribirá al examen de los aspectos que son objeto de impugnación y de los inescindiblemente vinculados con ella, de ser necesario21».

Así, revisados los argumentos presentados en el recurso de apelación y la fecha de ejecución de las conductas reprochadas, esta corporación judicial debe resolver los siguientes problemas jurídicos:

7.2.1. Primer problema jurídico a resolver

¿Resulta procedente confirmar la sentencia sancionatoria proferida por la primera instancia, que encontró disciplinariamente responsable

20 Corte Constitucional, Sentencia SU -418 de 2019, referencia: Expedientes T -6.695.535, T6.779.435, T -6.916.634, T -7.028.230 y T -7.035.566 (acumulados), M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 21 Sala Penal de la Corte Sup rema de Justicia, sentencia del 13 de noviembre de 2024, SP30242024, M.P. Gerardo Barbosa Castillo.A 16262

Pérez. 21 Sala Penal de la Corte Sup rema de Justicia, sentencia del 13 de noviembre de 2024, SP30242024, M.P. Gerardo Barbosa Castillo.A 16262

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al investigado por la falta disciplinaria contenida en el artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007?

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sostendrá la siguiente tesis: Sí, resulta procedente confirmar la sentencia sancionatoria de primera instancia en lo relacionado con la falta de referencia, toda vez que los argumentos expuestos en el recurso de alzada no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la declaratoria de responsabilidad.

Para sustentar esta tesis, debe señalarse que la primera instancia encontró disc iplinariamente responsable al investigado porque, en el proceso ejecutivo de alimentos con radicación nro. 2021 132, a cargo del Juzgado Quinto de Familia de Pasto, retardó el informe sobre el pago por $8.000.000 que hizo el demandado el 7 de febrero de 20 22, pues solo hasta el 6 de marzo de 2023, cuando el extremo pasivo solicitó la terminación del proceso, fue que el despacho recibió la información.

Al respecto, el profesional presentó recurso de alzada en el que alegó que el reproche de primera instancia no había sido claro sobre cuál de las conductas de tipo disciplinario le había sido endilgada. Sin

información.

Al respecto, el profesional presentó recurso de alzada en el que alegó que el reproche de primera instancia no había sido claro sobre cuál de las conductas de tipo disciplinario le había sido endilgada. Sin embargo, revisado el archivo de audio y video de la sesión de audiencia de pruebas y calificación provisional en la que se formularon los cargos, se advierte que el magistrado instructor señaló con claridad que la falta se había cometido por retardar el informe del pago recibido de la parte demandada.

En el mismo sentido, en la sentencia de primera instancia, el reproche se centró en que el profesional del derecho retardó en el tiempo elA 16262

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informe del referido pago, pues a pesar de que fue recibido el 7 de febrero de 2022, fue el mismo demandado quien puso en conocimiento del despacho la situación el 6 de marzo de 2023.

Asimismo, sobre el hecho de que fue el juez del asunto quien ordenó informar el pago total de la obligación cuando se cumpliera, y que el pago parcial no podía ser reportado porque generaría la terminación irregular del proceso, se advierte que, además de la clara obligación que tenía el profes ional de informar sobre el pago cuando el demandado hubiese cumplido el acuerdo suscrito, tenía el deber de informar cualquier pago, así fuera parcial, pues como apoderado de la demandante contaba con la responsabilidad de actualizar el estado de la deuda frente al juzgado y al deudor.

hubiese cumplido el acuerdo suscrito, tenía el deber de informar cualquier pago, así fuera parcial, pues como apoderado de la demandante contaba con la responsabilidad de actualizar el estado de la deuda frente al juzgado y al deudor.

Al respecto, resulta desacertado el argumento según el cual el proceso terminaría de forma irregular al informar el aporte, pues la decisión sobre la terminación del proceso no concierne al abogado, sino al juez como director del proceso; y, además, si el pago se había hecho de forma parcial, o el compromiso se había incumplido, en el proceso debía debatirse sobre este particular, pero no es válido que el profesional decidiera omitir y, con ello generar el cobro de una suma a dicional por cuenta de los intereses, pues ello difería del acuerdo al que se había llegado con el extremo pasivo.

Incluso, tan claro tenía su deber el abogado que, de las pruebas practicadas en el curso de la actuación, como el testimonio de quien fuera su cliente en el proceso ejecutivo, se aprecia que el 12 de febrero de 2022, es decir, tan solo 5 días después de recibir el pago, el profesional elaboró un documento para informar al juzgado del pagoA 16262

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parcial, y lo entregó para que su mandante lo remitiría , pero no se aseguró de informar sobre el pago, ni confirmó si su cliente lo hizo.

El segundo reproche se relaciona con el verbo rector «retardar»,

parcial, y lo entregó para que su mandante lo remitiría , pero no se aseguró de informar sobre el pago, ni confirmó si su cliente lo hizo.

El segundo reproche se relaciona con el verbo rector «retardar», específicamente, el reporte al despacho sobre los abonos efectuados a las obligaciones en cobro judicial. F rente al argumento del apelante, según el cual no existe un término legal para informar dichos pagos, debe precisarse que, para configurar la falta, corresponde establecer que el abogado (i) retardó (ii) el reporte de los abonos efectuados a las obligaciones (iii) que se encontraban en cobro judicial.

De esa manera, la conducta consistente en retardar, que recae sobre la actuación de reportar a los juzgados los abonos a las obligaciones cobradas por vía judicial, significa «diferir, detener, entorpecer o dilatar»22; por tanto, para configurar la falta disciplinaria sobre esta conducta, en el caso debe ser claro que el reporte no se realizó en un plazo razonable, concepto ampliamente referido esta Comisión para significar que ha de trascurrir un lapso signifi cativo desde la asunción de la gestión profesional y el momento en el que cesa el deber de actuar para estudiar lo relacionado con la falta del artículo 37, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

Para aplicar lo anterior al caso bajo estudio y, en general, al evaluar la configuración de la falta del artículo 37, numeral 4 del Código Disciplinario del Abogado, resulta necesario demostrar que transcurrió un lapso significativo desde el abono recibido y relacionado con la obligación cobrada judicialmente, y el momento en que es reportado al

Disciplinario del Abogado, resulta necesario demostrar que transcurrió un lapso significativo desde el abono recibido y relacionado con la obligación cobrada judicialmente, y el momento en que es reportado al despacho de conocimiento del asunto.

22 https://dle.rae.es/retardarA 16262

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En este tipo de situaciones, se trata de limitar el tiempo con el que se cuenta para realizar una determinada gestión profesional, entonces ese plazo debe ser adecuado para poder realizarla, es decir, suficiente para verificar el recibo de los emolumentos y poner en conocimiento del juez del asunto de esa recepción.

Sobre el concepto de plazo razonable, esta corporación se ha pronunciado de la siguiente manera:

Sobre lo anterior, la Corpora ción, mediante sentencia del 28 de julio de 2021 23 precisó, con apoyo en la jurisprudencia constitucional e interamericana:

[…] a efectos de endilgar una responsabilidad disciplinaria, por violación al deber de debida diligencia, por la tardanza de la presentación de una acción judicial, deberá atenderse el concepto de plazo razonable y no, el del plazo legal, (como lo expuso el recurrente), esto por cuanto, además de lo expuesto, con ello, es posible encontrar una balanza entre las expectativas y derechos del cliente que con el actuar del abogado pudo ver frustradas sus esperanzas de acceder prontamente a una

expuso el recurrente), esto por cuanto, además de lo expuesto, con ello, es posible encontrar una balanza entre las expectativas y derechos del cliente que con el actuar del abogado pudo ver frustradas sus esperanzas de acceder prontamente a una solución a su controversia y/o pretensiones y, el profesional, al cual, en garantía del debido proceso, se analiza su actividad y la complejidad del caso concreto; lo anterior, para determinar, sin lugar a dudas, si aquel actuó o no con “debida diligencia”.

Asimismo, en sentencia del 4 de agosto de 2021 24, la Comisión recogió el criterio de la corporación sobre el particular para sostener que «el «plazo razonable” es un requisito consustancial a toda “demora” constitutiva de la falta a la debida diligencia, criterio reiterando, finalmente, en la sentencia del 19 de agosto de 202125, cuando sostuvo:

23 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 28 de julio de 2021, radicado n.º 7600111-02-000-2017-02092-01, MP: Diana Marina Vélez. 24 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 4 de agosto de 2021, radicado n.º 73001110200020170000201, MP: Mauricio Fernando Roderíguez Tamayo. 25 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sentencia del 19 de agosto de 20 21, radicado n.º 23001110200020190006201, MP: Julio Andrés Sampedro Arrubla.A 16262

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En ese orden de ideas, la demora en la iniciación acaece cuando el abogado excede el tiempo que en condiciones normales tardaría la elaboración del concepto, el cobro de las sumas de dinero, el cumplimiento de la asesoría, la presentación de la petición o la radicación de la correspondiente demanda, o cualquie ra que haya sido la gestión encomendada; circunstancia que debe distinguirse de la existencia o no de un plazo legal establecido para el efecto – que hace parte del estudio de otras modalidades del tipo –, pues el imperativo deontológico orienta al abogado a actuar con prontitud, sin esperar la fecha límite establecida por el ordenamiento para cumplir con el encargo, o mucho menos postergar indefinidamente el encargo a falta de aquella.

[…] Así, y sin pretender la exhaustividad, resulta, cuando menos, conveniente, sopesar variables como: el grado de amenaza del interés jurídico encomendado, el apremio con el que se requiere el correspondiente resultado para el goce efectivo del derecho, la finalidad perseguida con la gestión, el número de personas involucradas en el asunto, la dificultad teórica o práctica de su desarrollo, la necesidad de contar con determinados insumos, la novedad del asunto, el grado de incertidumbre que gobierna los hechos, la incidencia del apremio frente al grado de

desarrollo, la necesidad de contar con determinados insumos, la novedad del asunto, el grado de incertidumbre que gobierna los hechos, la incidencia del apremio frente al grado de conservación de los b ienes o de la prueba, el volumen de documentos o elementos que se deban considerar para cumplir el encargo, el impacto económico, social o cultural, así como la disponibilidad de los medios.

En ese contexto, en el asunto que nos ocupa, transcurrieron aproximadamente trece (13) meses desde que se recibió el pago parcial de la obligación cobrada por vía judicial, hasta que mismo demandado informó el pago parcial de la obligación y solicitó la terminación del proceso, ante lo cual el disciplinable se pronunci ó al correrle traslado, de la siguiente manera:A 16262

M.P. DR. MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO Radicación n.°. 5200125020002023 01364 01

Referencia: ABOGADOS EN APELACIÓN

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Desde esa óptica, no se advierte explicación para que el investigado tomara cerca de trece (13) meses para reportar el pago realizado por el extremo pasivo del proceso ejecutivo, con mayor razón porque cinco (5) días después de su recepción, elaboró y entregó a su cliente el memorial a través del cual informaría al despacho, pero dejó de lado su deber confiando dicha remisión a su mandante, cuando era su responsabilidad asegurarse de que fuera radicado.

Ahora bien, frente al argumento de que no ser posible que se le formule reproche disciplinario, pues

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