CNDJ - 54001250200020210083702

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Detalles

Título
CNDJ - 54001250200020210083702
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16236

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente Dr. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Radicado No. 540012502000 202100837 02 Aprobado según Acta de Sala No. 029 de la misma fecha.

ASUNTO

Procede la Comisión a conocer del recurso de apelación presentado por el disciplinable1 en contra de la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024, por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca 2, contra el abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ en la cual, se le declaró responsable por quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, por lo que la sancionó con SEIS (6) MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1.- El presente asunto tuvo origen en la queja que hiciere el abogado ÓSCAR VERGEL CANAL 3, contra el abogado ALFREDO CASTAÑO

1 Folios 1 a 13 Expediente Digital 111RecursoApelacionDisciplinado20241016. 2 Folios 1 a 20 Expediente Digital 109SentenciaSala Dual integrada por el magistrado JULIO

1 Folios 1 a 13 Expediente Digital 111RecursoApelacionDisciplinado20241016. 2 Folios 1 a 20 Expediente Digital 109SentenciaSala Dual integrada por el magistrado JULIO CÉSAR VILLAMIL HERNÁNDEZ (Ponente) y el magistrado CALIXTO CORTÉS PRIETO. 3 Folios 5 a 8 Expediente Digital 002Queja.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 2 | 46 MARTÍNEZ, en razón a que con su actuar infringió norma disciplinaria

Expuso el quejoso que el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ, actuó como apoderado judicial del señor Fernando Pava Contreras dentro del proceso de acción de reintegro radicado No. 2019 -00193, promovido contra Ecopetrol S.A., trámite en el cual las pretensiones de la demanda fueron desestimadas tanto en primera como en segunda instancia, decisión que conllevó la condena en costas a cargo del demandante.

Manifestó que, como consecuencia de dicha condena, promovió el correspondiente proceso ejecutivo para obtener el pago de las costas procesales, dentro del cual, mediante auto del 31 de agosto de 2021, se libró mandamiento de pago. Indicó que, en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 806 de 2020, procedió a efectuar la notificación personal al ejecutado por medio electrónico y que, ese mismo día, recibió un correo electrónico remitido por el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ, cuyo contenido era el siguiente:

en el Decreto 806 de 2020, procedió a efectuar la notificación personal al ejecutado por medio electrónico y que, ese mismo día, recibió un correo electrónico remitido por el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ, cuyo contenido era el siguiente:

“Como hptas pueden haber abogados muertos de hambre cobrando vía ejecutiva $200 Mil cagaos pesos, aparte de que nosotros los trabajadores demandantes somos los que le originamos trabajos para esos mercenarios con T.P para que ganen jugosos honorarios de Ecopetrol que nada les cuesta a esos hoptas de Ecopetrol.” (sic).

Agregó el quejoso que, posteriormente, el 7 de septiembre de 2021, recibió un nuevo mensaje de correo electrónico enviado por el disciplinable, en el que este expresó:

“Debe usted pedirle al abogado VERGEL apoderado de ECOPETROL que le envíe a su correo electrónico copia simple del AUTO del Mandamiento Ejecutivo de Pago del juez 2o Laboral de Cúcuta, para verificar si se ordenó también el PAGO de COSTAS Y AGENCIAS EN DER ECHO por esa suma del Capital de $200Milpesos, que según el artículo 366 num. 4o y el Acuerdo 10554 del C. S. de la J. sería el 15% de la suma ejecutada de solo hasta treinta mil pesos $30.000= que le alcanzaría para tomarse unas 4 Cervecitas y un porro y que le remita a usted la copia del MEMORIAL de la TERMINACION DEL PROCESO EJECUTIVO POR PAGO TOTAL DE LAM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

TERMINACION DEL PROCESO EJECUTIVO POR PAGO TOTAL DE LAM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236

Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 3 | 46

OBLIGACION DEMANDADA (art. 446 y 461 del C. G. del P.). ESTO ES EL COLMO DE LA MALPARIDEZ DE LOS ABOGADOS DE ECOPETROL. ¡De por Dios!” (sic).

Con fund amento en tales hechos, el quejoso sostuvo que las expresiones utilizadas por el abogado resultaban ofensivas, irrespetuosas e incompatibles con el decoro y la dignidad que demanda el ejercicio de la profesión de abogado, razón por la cual solicitó que se adelantara la correspondiente investigación disciplinaria.

Con la queja se allegó material probatorio4.

2.-El asunto correspondió por reparto el 10 de septiembre de 2021, a la magistrada Martha Cecilia Camacho Rojas5, quien, avocó conocimiento y con certificado No. 56539 de 20 de enero de 2022, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, acreditó la calidad del abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍ NEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.884.173, y tarjeta profesional No. 46641 del C.S de la J; vigente para la época de expedición del mencionado certificado6.

3.- Mediante auto del 21 de enero de 20227, la magistrada de instancia ordenó la apertura del proceso disciplinario contra el abogado

la J; vigente para la época de expedición del mencionado certificado6.

3.- Mediante auto del 21 de enero de 20227, la magistrada de instancia ordenó la apertura del proceso disciplinario contra el abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ y convocó a audiencia de pruebas y calificación provisional para el 1 de abril de 2022. Se fijó edicto emplazatorio el 4 de febrero de 20228. 4.- Según constancia del 1 de abril de 2022 9, no se llevó a cabo la diligencia programada, debido a inasistencia del abogado investigado. Se fijó edicto emplazatorio el 20 de abril de 202210. Mediante auto del 28 de abril de 2022 se declaró persona ausente al abogado CASTAÑO

4 Folios 9 a 132 Expediente Digital 002Queja. 5 Folio 1 Expediente Digital 003ActaRepartoSecuencia846. 6 Folio 1 Expediente Digital 006Certificado. 7 Folios 1-2 Expediente Digital 007apertura. 8 Folio 1 Expediente Digital 013EdictoEmplazatorioInvestigado 9 Folio 1 Expediente Digital 014autoedc 10 Folio 1 Expediente Digital 016SegundoEdictoInvestigado.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 4 | 46 MARTÍNEZ y se le designó defensor de oficio11.

5.- La audiencia de pruebas y calificación se realizó los días 9 de junio12, 23 de noviembre13 de 2022 y 16 de febrero14 de 2023.

MARTÍNEZ y se le designó defensor de oficio11.

5.- La audiencia de pruebas y calificación se realizó los días 9 de junio12, 23 de noviembre13 de 2022 y 16 de febrero14 de 2023.

5.1.- En la sesión del 23 de noviembre de 2022, se hizo presente el abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, el quejoso Óscar Vergel Canal. Se delimitó el objeto del proceso disciplinario.

-Se escuchó en versión libre al abogado CASTAÑO MARTÍNEZ 15, quien manifestó que en ningún momento se había adelantado un proceso ejecutivo en contra de su cliente. Explicó que el asunto tenía origen en un proceso de fuero sindical promovido con ocasión del despido del señor Fernando Pava Contreras por parte de Ecopetrol S.A., después de 27 años de servicio, circunstancia que, según afirmó, afectó gravemente su derecho a acceder a la pensión de jubilación.

En relación con el primer correo electrónico allegado por el quejoso, cuyo contenido iniciaba con la expresión: “Como hptas pueden haber abogados muertos de hambre…” (sic), negó ser su autor, afirmando que probablemente correspondía a un mensaje reenviado y calificándolo como un documento falso. Respecto del segundo correo electrónico, reconoció haberlo remitido, indicando que su contenido obedeció al estado de indignación y frustración que experimentaba frente a la situación de su representado, a quien, según expresó, se le había afectado su proyecto de vida con ocasión del despido y, adicionalmente, se le pretendía cobrar ejecutivamente una suma que consideraba irrisoria.

quien, según expresó, se le había afectado su proyecto de vida con ocasión del despido y, adicionalmente, se le pretendía cobrar ejecutivamente una suma que consideraba irrisoria.

11 Folio 1 Expediente Digital 018 Se designa defensor 12 Folio 1 Expediente Digital 026acta09.6.22. 13 Folio 1 Expediente Digital 039ACTA23.11.23 14 Folios 1-2 Expediente Digital 052acta16.02.23 15 Minuto 20:27 a 43:08 Expediente Digital 040Llamada con ALFREDO y 3 más-20221123_095601M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 5 | 46 Sostuvo que, en el evento de estimarse que las expresiones utilizadas resultaban injuriosas, su eventual reproche correspondería a la jurisdicción penal y no a la disciplinaria, toda vez que dichas manifestaciones no fueron realizadas dentro de una audiencia judicial ni en un acto procesal, sino mediante una comunicación de carácter personal.

Sostuvo que al abogado Vergel Canal no le había importado perseguir a un trabajador y dejarlo sin pensión, lo que conllevaba a que se convirtiera en un “mercenario”, pues no era propio de la labor de los abogados, porque la profesión tenía una función social.

Finalmente indicó que, no ejercía la profesión por dinero como “ las prostitutas”, sino como una labor social en defensa de los trabajadores.

5.2.- En la sesión del 16 de febrero de 2023, se hizo presente el abogado encartado, el defensor de oficio – Andrés Felipe Medina

prostitutas”, sino como una labor social en defensa de los trabajadores.

5.2.- En la sesión del 16 de febrero de 2023, se hizo presente el abogado encartado, el defensor de oficio – Andrés Felipe Medina Mogollón, el quejoso y el testigo Fernando Pava Contreras.

-Bajo la gravedad de juramento el señor Pava Contreras16 indicó que, el abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, lo representó judicialmente dentro de un proceso de fuero sindical promovido contra Ecopetrol S.A., el cual culminó con decisión desfavorable a sus intereses. Indicó que, como consecuencia de la derrot a procesal, fue condenado al pago de costas, razón por la cual recibió la correspondiente notificación remitida por el abogado Óscar Vergel Canal, quien actuaba como apoderado de la parte vencedora. Señaló que, al conocer dicha comunicación, consultó con s u abogado si debía cancelar el valor reclamado.

16 Minuto 18:53 a 38:43 Expediente Digital 053Reunión-20230216_143212M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 6 | 46 Frente a los correos electrónicos enviados por su apoderado al abogado Vergel Canal, manifestó que no fueron redactados por él ni intervino en su elaboración, precisando que su apoderado únicamente le remitió copia de la respuesta que había enviado al profesional del derecho.

-En ampliación de versión libre, el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ17

su elaboración, precisando que su apoderado únicamente le remitió copia de la respuesta que había enviado al profesional del derecho.

-En ampliación de versión libre, el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ17 indicó que las expresiones “malparidez” e “hijueputa” no eran injuriosas, sino que hacían parte del argot nacional, destacando que así se le decía a todo el mundo hasta al “Presidente de la Corte”, pues no se estaba en un país de monjas, por lo mismo, no eran injuriosas, si así lo consideraba el quejoso, debía haber formulado denuncia penal.

Asimismo, reiteró su apreciación de que el abogado Vergel Canal era un "mercenario con tarjeta profesional", afirmando que su actuación no se correspondía con la que, en su criterio, debía caracterizar el ejercicio de la abogacía.

Finalmente, insistió en que uno de los correos electrónicos aportados al expediente carecía de eficacia probatoria, por cuanto desconocía su autoría y sostenía que no existían elementos que permitieran atribuírselo.

  • En la audiencia se calificó la actuación disciplinaria y se r ealizó la formulación de cargos 18 contra el abogado ALFREDO CASTAÑO

MARTÍNEZ, así:

Por la probable inobservancia del deber contenido en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, por lo que pudo incurrir en la falta descrita en el artículo 32 ibidem, en modalidad dolosa.

17 Minuto 40:02 a 49:03 Expediente Digital 053Reunión-20230216_143212

artículo 32 ibidem, en modalidad dolosa.

17 Minuto 40:02 a 49:03 Expediente Digital 053Reunión-20230216_143212 18 Minuto 1:08:56 a 1:09:44 Expediente Digital 053Reunión-20230216_143212M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 7 | 46 Lo anterior, debido a que el letrado, posiblemente realizó unas manifestaciones no propias del lenguaje respetuoso que se debía emplear en el desarrollo del ejercicio profesional, a través de los correos electrónicos enviados el 2 y 7 de septiembre de 2021 desde su cuenta abo_castanoalfredo@yahoo.es al abogado Vergel Canal.

-En la audiencia, el disciplinable solicitó el decreto de algunas pruebas, negándose por parte de la Magistrada de Instancia la relacionada con requerir al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, prueba sobre la consignación de las costas por parte del quejoso, la misma, fue apelada. Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, confirmó la decisión adoptada en la audiencia de fecha 16 de febrero de 2023.

6.- La audiencia de juzgamiento, se llevó a cabo el 12 de mayo 19 de 2023, 1220, 1821 y 20 de marzo22 de 2024

6.1.- En sesión del 20 de marzo de 2024 , avocó conocimiento el magistrado Julio César Villamil Hernández. Se hicieron presentes el

2023, 1220, 1821 y 20 de marzo22 de 2024

6.1.- En sesión del 20 de marzo de 2024 , avocó conocimiento el magistrado Julio César Villamil Hernández. Se hicieron presentes el abogado encartado y el quejoso.

-Antes de la presentación de los alegatos de conclusión, el disciplinable formuló solicitud de nulidad procesal, argumentando la falta de competencia territorial de la autoridad disciplinaria para conocer de la investigación.

Como fundamento de su petición, sostuvo que los correos electrónicos objeto de reproche no permitían establecer la ciudad desde la cual fueron enviados y que, al tratarse de comunicaciones emitidas por fuera de una actuación judicial o administrativa, no era posible determinar con

19 Folio 1 Expediente Digital 063ACTA. 20 Folio 1 Expediente Digital 100 acta12.3.24. 21 Folio 1 Expediente Digital 103 acta18.3.24. 22 Folio 1 Expediente Digital 107 ACTA 20.03.2024M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 8 | 46 certeza el lugar de ocurrencia de los hechos investigados. En consecuencia, solicitó que, antes de continuar con la audiencia de juzgamiento, se resolviera de manera previa el incidente de nulidad planteado.

-El abogado CASTAÑO MARTÍNEZ23 rindió alegatos de conclusión , manifestando que los correos electrónicos aportados como sustento de

juzgamiento, se resolviera de manera previa el incidente de nulidad planteado.

-El abogado CASTAÑO MARTÍNEZ23 rindió alegatos de conclusión , manifestando que los correos electrónicos aportados como sustento de la queja habían sido reenviados y editados, razón por la cual, a su juicio, carecían de autenticidad y valor probatorio. En ese sentido, sostuvo que dichas comunicaciones no podían ser apreciadas como prueba válida, al no haberse allegado en su formato original ni existir certeza sobre la integridad de su contenido.

De igual forma, argumentó que, aun en el evento de estimarse que las expresiones consignadas en los correos electrónicos pudieran ser interpretadas como injuriosas o calumniosas, ello no configuraba una falta disciplinaria, por cuanto las comunicaciones habían sido objeto de reenvío y, además, no fueron emitidas dentro del marco de una actuación judicial o administrativa ni con ocasión de una diligencia procesal. En consecuencia, afirmó que los hechos investigados carecían de relevancia disciplinaria y , por tanto, no daban lugar a reproche alguno en el ámbito de la Ley 1123 de 2007.

DE LA SENTENCIA APELADA

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, en decisión proferida el 18 de septiembre de 2024, declaró al abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ, responsable por quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la misma normatividad, a título de dolo, por

quebrantar el deber profesional consagrado en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la misma normatividad, a título de dolo, por

23 Minuto 11:03 a 13:56 Expediente Digital 108 AUD 2021 837-20240320_090111M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 9 | 46 lo que lo sancionó con SEIS (6) MESES de suspensión en el ejercicio de la profesión.

  • Cuestión previa – Sobre la nulidad

La primera instancia negó la solicitud de nulidad propuesta por el disciplinado, al considerar que no se configuró la alegada falta de competencia territorial para conocer de la actuación disciplinaria.

En primer lugar, consideró acreditado que existía un vínculo directo entre los correos electrónicos objeto de investigación y el proceso judicial del cual se derivaron los hechos. En ese sentido, señaló que se encontraba plenamente demostrado que el abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ actuó como apoderado del señor Fernando Pava Contreras dentro del proceso especial de fuero sindical No. 202000193, tramitado ant e el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta. Asimismo, indicó que, una vez fueron impuestas las costas procesales y ante su incumplimiento, el abogado Óscar Vergel Canal promovió el correspondiente proceso ejecutivo como continuación del proceso laboral ante el mismo despacho judicial. Con fundamento en

procesales y ante su incumplimiento, el abogado Óscar Vergel Canal promovió el correspondiente proceso ejecutivo como continuación del proceso laboral ante el mismo despacho judicial. Con fundamento en tales circunstancias, concluyó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca era competente para conocer de los hechos investigados.

En segundo lugar, la Sala estim ó que los correos electrónicos habían sido enviados por el disciplinado en su condición de apoderado judicial del señor Fernando Pava Contreras. Afirmó que de la lectura de dichas comunicaciones se advertía que el investigado actuó en ejercicio de su representación profesional. Agregó que tal conclusión encontraba respaldo en el testimonio del propio Fernando Pava Contreras, quien manifestó que, una vez recibió la notificación del mandamiento de pago,M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 10 | 46 puso el asunto en conocimiento del investigado precisame nte porque era su abogado.

Por lo tanto, la nulidad planteada no tenía vocación de prosperar.

  • De la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007

En cuanto a la tipicidad de la conducta, la Sala Dual consideró acreditados los elementos de la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. Estimó que las expresiones contenidas en los correos electrónicos fueron dirigidas contra el abogado Óscar Vergel Canal, quien intervenía como apoderado de Ecopetrol S.A. en el proceso ejecutivo, y que aquellas constituían manifestaciones objetivamente

electrónicos fueron dirigidas contra el abogado Óscar Vergel Canal, quien intervenía como apoderado de Ecopetrol S.A. en el proceso ejecutivo, y que aquellas constituían manifestaciones objetivamente ofensivas e irrespetuosas.

Asimismo, concluyó que los mensajes no representaban una crítica jurídica a la actuación procesal de la contraparte, sino una descalificación personal mediante expresiones vejatorias. Finalmente, sostuvo que, aunque los correos fueron remitidos por fuera de una actuación judicial, guardaban una relación directa con el proceso ejecutivo y fueron enviados por el disciplinado en su condición de apoderado judicial, razón por la cual consideró satisfecha la exigencia de que la conducta se hubiera realizado con ocasión del ejercicio profesional.

En cuanto a la antijuridicidad, la primera instancia concluyó que la conducta del abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ vulneró, sin justificación, el deber de respeto inherente al ejercicio de la profesión. Señaló que la libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no ampara manifestaciones injuriosas o deshonrosas que afecten la honra y dignidad de otras personas. En consecuencia, estimó que las expresiones empleadas excedieron los límites de la crítica jurídica,M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 11 | 46 resultaban incompatibles con la responsabilidad social de la abogacía y quebrantaron, sin justa causa, el deber de mesura, seriedad, ponderación y respeto previsto en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley

resultaban incompatibles con la responsabilidad social de la abogacía y quebrantaron, sin justa causa, el deber de mesura, seriedad, ponderación y respeto previsto en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

En cuanto a la culpabilidad, la primera instancia concluyó que el disciplinado actuó a título de dolo, al considerar que empleó de manera consciente y voluntaria las expresiones ofensivas contenidas en los correos electrónicos. Para ello, valoró que reconoció parcialmente la autoría del segundo mensaje, en donde se utilizó expresiones como "el colmo de la malparidez" y manifestó que actuó motivado por la indignación que le generó el cobro ejecutivo de las cos tas procesales, circunstancias que, a juicio de la Sala, evidenciaron que conocía el alcance de su escrito y decidió emitirlas voluntariamente.

Respecto a los criterios de graduación de la sanción, la Primera Instancia tuvo en cuenta lo dispuesto en el ar tículo 45 de la Ley 1123 de 2007, señalando: Generales: i).La gravedad de la conducta, ii). la modalidad de la conducta, iii). Las circunstancias en que fue cometida.

Agravantes: i). La afectación de derechos fundamentales.

En suma, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca sancionó al abogado ALFREDO CASTAÑO MARTÍNEZ con suspensión en el ejercicio profesional por SEIS (6) MESES.

DE LA APELACIÓN

Por medio de correo electrónico de fecha 16 de octubre de 202424, el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ presentó recurso de apelación en

MESES.

DE LA APELACIÓN

Por medio de correo electrónico de fecha 16 de octubre de 202424, el abogado CASTAÑO MARTÍNEZ presentó recurso de apelación en

24 Folios 1 a 13 Expediente Digital 111RecursoApelacionDisciplinado20241016.M.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 12 | 46 contra de la providencia del 18 de septiembre de 2024, la cual fue notificada el 10 de octubre de 2024, en los siguientes términos:

1. Falta de competencia territorial (nulidad)

El apelante insistió en la solicitud de nulidad de toda la actuación, con fundamento en los artículos 60 y 98 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander carecía de competencia territorial para conocer del asunto.

Como sustento de su inconformidad, señaló que los hechos investigados correspondían a correos electrónicos enviados por fuera de cualquier actuación judicial, razón por la cual no era posible determinar el lugar desde donde fueron remitido s. Agregó que su domicilio profesional registrado en el Registro Nacional de Abogados se encontraba en la ciudad de Bogotá y afirmó que nunca actuó como apoderado dentro del proceso ejecutivo promovido para el cobro de las costas procesales, sino exclusivamente en el proceso de fuero sindical.

Con fundamento en tales argumentos, concluyó que, de estimarse configurada alguna conducta disciplinaria, esta debía entenderse

apoderado dentro del proceso ejecutivo promovido para el cobro de las costas procesales, sino exclusivamente en el proceso de fuero sindical.

Con fundamento en tales argumentos, concluyó que, de estimarse configurada alguna conducta disciplinaria, esta debía entenderse cometida en la ciudad de Bogotá y no en Cúcuta, motivo por el cual solicitó que se decla rara la nulidad de lo actuado por falta de competencia territorial.

2. Inexistencia de la falta disciplinaria prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007

Sostuvo que la conducta atribuida no reunía los elementos típicos de la falta disciplinaria prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007. En sustento de esa afirmación, el recurrente manifestó que las expresiones empleadas en los correos electrónicos correspondían a un lenguajeM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 13 | 46 coloquial, socarrón y sarcástico, por lo que no podían ser calificadas como injuriosas o calumniosas. Asimismo, señaló que tales manifestaciones no estuvieron dirigidas específicamente contra el abogado quejoso, sino a personas indeterminadas, y que expresiones como "mercenarios", "abogados muertos de hambre" o "malparidez" no lesionaban el honor de una persona determinada.

3. Falta de autenticidad y valoración indebida de los correos electrónicos

Cuestionó la eficacia probatoria de los correos electrónicos que

lesionaban el honor de una persona determinada.

3. Falta de autenticidad y valoración indebida de los correos electrónicos

Cuestionó la eficacia probatoria de los correos electrónicos que sirvieron de fundamento para la decisión sancionatoria. Al respecto, el recurrente sostuvo que los mensajes habían sido reenviados y editados, que nunca se aportó el mensaje original y que no existía garantía sobre la integridad del mensaje de datos. Asimismo, afirmó que durante la actuación no se practicó una experticia informática que permitiera establecer la autenticidad de los correos electrónicos.

Invocó las reglas relativas a los mensajes de datos y a los documentos electrónicos previstas en el Código General del Proceso para sostener que dichos elementos probatorios carecían de la fuerza demostrativa.

4. Violación del debido proceso por omisión probatoria

El disciplinado alegó la vulneración d e su derecho de defensa y del debido proceso al considerar que la primera instancia omitió decretar y practicar diversas pruebas que había solicitado de manera reiterada durante el trámite disciplinario. En particular, sostuvo que no se recibió la declarac ión de Michael Arturo Briceño Márquez, no se ordenó la práctica de una pericia técnica encaminada a verificar la autenticidad de los correos electrónicos y tampoco se obtuvo la certificación del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, con la cual pretendía demostrar que nunca actuó como apoderado dentro del proceso ejecutivo deM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 14 | 46

Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 14 | 46 cobro de costas. A juicio del recurrente, tales omisiones comprometieron el ejercicio efectivo de su derecho de defensa y afectaron la validez de la actuación por vulneración del debido proceso.

5. Desproporción de la sanción

Finalmente, el recurrente cuestionó la dosimetría de la sanción impuesta por la primera instancia y solicitó que la suspensión de 6 meses fuera sustituida por la sanción de censura.

En sustento de su petición, manifestó que los hechos investigados revestían escasa gravedad y que no se configuraba una verdadera injuria disciplinaria. Asimismo, afirmó que la sanción de suspensión afectaba gravemente su mínimo vital, debido a que contaba con cerca de 70 años de eda d, carecía de pensión, se encontraba afiliado al régimen subsidiado en salud y debía sufragar con sus propios recursos los gastos derivados de sus medicamentos y de su subsistencia.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

1.- El 6 de noviembre de 2024, el expediente virtual ingresó al despacho del magistrado ponente25.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- De la Competencia.

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 254 a 257 creó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aproba ción del Acto Legislativo 02

Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de cierre en asuntos disciplinarios de funcionarios de la Rama Judicial y abogados, y posteriormente, con la aproba ción del Acto Legislativo 02

25 Folio 1 Expediente Digital 002 SegundaInstancia/ 001 54001250200020210083702actaasigM.P. JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA A 16236 Radicado No. 540012502000 202100837 02 Abogados en Apelación de Sentencia

P á g i n a 15 | 46 de 2015, artículo 19, se reemplazó la Sala Disciplinaria por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con todas sus prerrogativas, atribuciones y funciones 26, texto normativo que fue estudiado por la Corte Constitucional, quien realizó un análisis detallado en relación con el juicio de sustitución, declaró exequible el artículo 19 antes citado mediante

Sentencia C-373/1627.

La Corte Constitucional ta

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