CNDJ - 68001250200020220011501
Detalles
- Título
- CNDJ - 68001250200020220011501
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Magistrada ponente:
DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ
DISCIPLINABLE: ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS – CITADORA
DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
INFORMANTE CORTE CONSTITUCIONAL – SALA DE
SELECCIÓN DE TUTELAS No. 10
RADICACIÓN: 68001-25-02-000-2022-00115-01
DECISIÓN: DECRETA NULIDAD
Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2026. Aprobado según Acta de Comisión No. 27.
1. ASUNTO
Negada la ponencia presentada por el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla en la sala No. 24 del 23 de julio de 2026 por no alcanzar la mayoría para su aprobación, sería del caso que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 257A de la C onstitución Política de Colombia y el artículo 240 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 62 de la Ley 2094 de 2021, proced iera a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Agente de Ministerio Público, doctor Mario Beltrán García, en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander1, a través de la cual, se absolvió a la investigada ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condició n de CITADORA DEL JUZGADO
de Santander1, a través de la cual, se absolvió a la investigada ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condició n de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNI CIPAL DE BARRANCABERMEJA, para la época de los hechos , de no ser porque se observa una causal de nulidad que invalida la actuación.
1 Expediente Digital, primera instancia, archivo 22. MP. Juan Pablo Silva Prada y Rocío Mabel Torres Murillo.Página 2 | 19
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El origen de la presente actuación devino en la compulsa de copias 2 ordenada por la Sala de Selecci ón de Tutelas No. 10 de la Corte Constitucional en contra de la señora Rosalba Hernández Amarís , en su condición de citadora del Juzgado Tercero Penal Municipal de Barrancabermeja, por la presunta mora de más de un año en remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión, los expedientes de las acciones de tutela con radicados números No. 68081400400320190031300 y No. 6808140040032019003840.
3.TRÁMITE PROCESAL
Indagación preliminar: 3 por medio del auto del 24 de febrero de 2022 , la Comisión Secc ional de Disciplina Judicial de Santander, con ponencia del magistrado José Ricardo Romero Camargo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, dispuso la apertura de indagación preliminar y decretó pruebas.
Investigación Disciplinaria: 4 el 14 de agosto de 2024 5 se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de ROSALBA
preliminar y decretó pruebas.
Investigación Disciplinaria: 4 el 14 de agosto de 2024 5 se profirió auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condición de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA , para la época de los hechos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 211 y 215 de la Ley 1952 del 2019. Asimismo, ordenó notificar a la mencionada empleada judicial para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción y rindieran su versión libre.
Cierre de investigación. Mediante auto del 29 de noviembre de 2024 6, la Magistrada instructora, decretó el cierre de la investigación disciplinaria.
Pliego de cargos 7. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, formuló pliego de cargos, en contra de ROSALBA HERNÁNDEZ
2 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 01. 3 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 03. 4 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 19. 5 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 71. 6 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 30.Página 3 | 19
AMARÍS en su condición de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA , para la época de los hechos, como presunt a infractora responsable de la falta disciplinaria de conformidad con el artículo 196 de la ley 734 de 2002 reproducida en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por la incursión en la prohibición
hechos, como presunt a infractora responsable de la falta disciplinaria de conformidad con el artículo 196 de la ley 734 de 2002 reproducida en el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019, por la incursión en la prohibición contenida en el numeral 3º del artículo 15 4 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 31 del Decreto 2591 de 1991 y artículo 86 de la Constitución Política de Colombia , f alta que calificó provisionalmente como grave y que se ejecutó presuntamente con culpa.
Lo anterior, en razón a que presuntamente la investigada remitió de manera tardía los expedientes de tutela con radicados números No. 68081400400320190031300 y No. 68 081400400320190038400 para su eventual revisión ante la Corte Constitucional , de conformidad con lo señalado en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
En cuanto a la culpabilidad, la seccional señaló que: “Considera el Despacho que la investigada con s u actuar infringió el deber objetivo de cuidado, que le imponía en su calidad de citadora conocer y dar aplicación a los términos previstos en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, pues excedió en 417 y 387 días el término para remitir las acciones de t utela de primera instancia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, sin justificación alguna. (…) Por lo tanto, se procede a analizar los criterios para determinar si la falta disciplinara reprochada corresponde a grave o leve, encontrando qu e, la señora Rosalba Hernández Amaris, por la presunta demora que de manera
justificación alguna. (…) Por lo tanto, se procede a analizar los criterios para determinar si la falta disciplinara reprochada corresponde a grave o leve, encontrando qu e, la señora Rosalba Hernández Amaris, por la presunta demora que de manera injustificada incurrió al remitir los fallos de las acciones de tutela con radicados Nos. 68081400400320190031300 y 68081400400320190038400 que dio origen a esta actuación tradujo en una perturbación del servicio a su cargo, máxime que, como antes se dijo, se trataba de un mecanismo especial cuyo fin es la protección de sus derechos fundamentales.
7 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 37.Página 4 | 19
En tal razón, esta comisión considera que el aspecto subjetivo de la conducta puede calificarse conforme a lo anterior provisionalmente como FALTA DISCIPLINARIA GRAVE. (…) En ese orden, teniendo en cuenta los conocimientos básicos esenciales exigidos para el desempeño de su cargo y además del tiempo de experiencia en el cargo desempeñado desde su posesión el 22 de octubre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2022 momento de su retiro, al ser evidente la presunta infracción del deber objetivo de cuidado a su cargo como empleada judicial, considera este Despacho que se configura su actuar a título de culpa, pues lo que salta a la vista es su negligencia y falta de cuidado en remitir oportunamente las acciones de tutela para su eventual revisión, lo que se generó como consecuencia de descuidar y desatender los términos establecidos en la normatividad”.
cuidado en remitir oportunamente las acciones de tutela para su eventual revisión, lo que se generó como consecuencia de descuidar y desatender los términos establecidos en la normatividad”.
El 1 de julio de 2025 ,8 se notificó a la disciplinable del pliego de cargos, designándosele defensor de oficio. Mediante constancia del 13 de agosto de 2025, se remitieron las diligencias para que fuera sometido a reparto para juzgamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley 1952 de
2019. A través de acta de reparto del 26 de agosto de 2025, el asunto fue asignado al Magistrado Juan Pablo Silva Prada, quien avocó el conocimiento en proveído del 28 de agosto siguiente y ordenó dejar e n disposición el proceso a los intervinientes para que presentaran descargos y solicitaran pruebas. El 13 y 14 de noviembre de 2025, se remitieron los antecedentes disciplinarios de la comisión nacional de disciplina judicial, así como, de la Procuraduría General de la Nación.
El 13 de enero de 2026 el magistrado ponente determinó correr traslado por el término de 10 días a los sujetos procesales para que presentaran alegatos de conclusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225E del Código Gene ral Disciplinario, notificado por correo electrónico a los intervinientes el 16 de enero de 2026.
8 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 82.Página 5 | 19
El 4 de febrero de 2026 9, el agente del Ministerio Público remitió escrito de alegatos de conclusión.
8 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 82.Página 5 | 19
El 4 de febrero de 2026 9, el agente del Ministerio Público remitió escrito de alegatos de conclusión.
Alegatos de conclusión del agente del Ministerio Públ ico: Indicó que se encontraba acreditado en el plenario que desde el 7 de noviembre de 2019 y el 14 de enero de 2020, respectivamente, y hasta el 31 de agosto de 2021, se había retardado el envió de los expedientes a la Corte Constitucional para su estudio y eventual revisión, labor que le correspondía realizar a la empleada judicial Rosalba Hernández Amaris conforme a la distribución de funciones señaladas por la autoridad ; tardanza que consideró, conllevó a la transgresión de los artículos 86 de la Carta Política y el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales todas las acciones de tutela deb ían ser remitidas a la alta Corte a más tardar el día siguiente, siempre que la sentencia no fuere impugnada.
Igualmente, constató que el servidor públic o responsable de la actividad procesal lo era el citador del Juzgado 3º penal municipal de Barrancabermeja, cargo que ostentó por espacio de cercano de 10 años, Rosalba Hernández Amaris.
Adicionó que: “se puede concluir con grado de certeza, que la servid ora pública incumplió sus compromisos y/o deberes laborales, por lo que debe elevarse en su contra juicio de reproche, considerando que la falta disciplinaria atribuida, y por la cual se procede, se realizó de manera
pública incumplió sus compromisos y/o deberes laborales, por lo que debe elevarse en su contra juicio de reproche, considerando que la falta disciplinaria atribuida, y por la cual se procede, se realizó de manera descuidada (falta de cuidado), con viol ación al deber objetivo que le asistía, por lo que su comportamiento debe atribuirse en la modalidad culposa, acorde a lo preceptuado en el artículo 29 del estatuto disciplinario que dispone que “La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurr e en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarla.”.
4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
9 Expediente Digital, primera instancia. Archivo 20.Página 6 | 19
Mediante providencia del 27 de febrero de 2026 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander 10, resolvió absolver a la investigada ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condició n de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA , para la época de los hechos.
Como fundamento de lo anterior, en primer lugar, la Seccional hizo un recuento de las actuaciones surtidas por la investigada destacando que a la señora Hernández se le imputó la comisión de la falta por el retardo injustificado en la remisión de las tutelas No. 68081400400320190031300 y No. 68081400400320190038400 para su eventual revisión a la Corte
señora Hernández se le imputó la comisión de la falta por el retardo injustificado en la remisión de las tutelas No. 68081400400320190031300 y No. 68081400400320190038400 para su eventual revisión a la Corte Constitucional con 417 y 387 días hábiles de mora, conducta que se extendió hasta el 31 de agosto de 2021, como se demostraba en el siguiente cuadro:
Posteriormente, el magistrado ponente indicó lo siguiente: “sería del caso proceder al respectivo análisis de los elementos materiales probatorios como antesala al pronunciamiento de fondo requerido para la emisión de sentencia, si no fue re porque se observa que en el pliego de cargos formulado a la investigada al interior de las presentes diligencias, si bien se indicó que la conducta imputada habría sido cometida en la modalidad culposa, no se precisó si se trataba de culpa grave o graví sima, como imperativamente lo establece el artículo 29 de la Ley 1952 de 2019”.
Asimismo, sostuvo que, en el derecho disciplinario la determinación explícita y debidamente motivada de la modalidad subjetiva de la conducta constituía un presupuesto indispe nsable para la estructuración del juicio de reproche, ya que la existencia de una falta disciplinaria demanda ba la verificación integral de sus tres elementos constitutivos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, indicando que se presentó una insuficie ncia en este último
10 Expediente Digital, primera instancia, archivo 22. MP. Juan Pablo Silva Prada y Rocío Mabel Torres Murillo.Página 7 | 19
elemento, dado que no se individualizó el tipo de culpa con el cual habría
10 Expediente Digital, primera instancia, archivo 22. MP. Juan Pablo Silva Prada y Rocío Mabel Torres Murillo.Página 7 | 19
elemento, dado que no se individualizó el tipo de culpa con el cual habría sido ejecutada la conducta objeto de reproche, lo cual impedía avanzar válidamente en la valoración de fondo.
Conforme con lo expuesto aseveró que al no habers e precisado en el pliego de cargos la modalidad de culpa atribuida a la investigada, no podía efectuarse consideración alguna respecto de la modalidad de la misma en la sentencia, pues la decisión debía circunscribirse estrictamente a los argumentos fáctic os y jurídicos contenidos en el pliego de cargos, sin posibilidad de ampliarlos o modificarlos en esa etapa, indicando que: “por tanto, al no ser ya procedente la variación del pliego de cargos o su declaratoria de nulidad conforme a lo señalado en el artículo 225 del C.G.D., deviene indefectiblemente la absolución de la investigada”.
La presente decisión fue notificada a los sujetos procesales mediante correo electrónico remitido el 4 de marzo del 2026. Por su parte, el agente del Ministerio Publico prese ntó el recurso de apelación el 6 de marzo, es decir, dentro del término, por lo que se concedió el recurso en efecto suspensivo y se remitió a esta Superioridad.
5. RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, el Ministerio Publico presentó recurso d e apelación al no compartir los argumentos esbozados por la Primera Instancia para abstenerse de conocer del fondo del asunto, con fundamento en lo siguiente:
Inconforme con la decisión, el Ministerio Publico presentó recurso d e apelación al no compartir los argumentos esbozados por la Primera Instancia para abstenerse de conocer del fondo del asunto, con fundamento en lo siguiente:
En primer lugar, resaltó que si el magistrado ponente consideraba que no se desarrolló en debida forma el pliego de cargos al no individualizar el tipo de culpa con el cual había sido ejecutada la conducta objeto de reproche, debió anular la actuación desde el acto irregular para corregirlo, pero no optar por la sentencia absolutoria, como si las cau sales de nulidad fueran a la vez motivos de absolución; nulidad que podía ser declarada en cualquier estado de la actuación.Página 8 | 19
Precisó que la supuesta falencia en el pliego de cargos no se constituía en una irregularidad que ameritara la declaratoria de nul idad, así como tampoco, la absolución de la investigada, dado que, la magistrada que profirió el referido pliego delimitó con claridad el cargo atribuido a la servidora judicial como lo impone el artículo 223 del C.G.D., asimismo, precisó la falta tanto fá ctica como jurídicamente desde su tipicidad como falta grave y los criterios del por qué se consideró ilícita sustancialmente, también se señaló que esa falta, le era atribuible a la disciplinada, desde la culpabilidad, como culposa, es decir, se le imputó una falta grave culposa.
Expuso que, aunque no se utilizó puntualmente la expresión de culpa grave o gravísima, si se indicó que: “ al ser evidente la presunta infracción del deber objetivo de cuidado a su cargo como empleada judicial,
Expuso que, aunque no se utilizó puntualmente la expresión de culpa grave o gravísima, si se indicó que: “ al ser evidente la presunta infracción del deber objetivo de cuidado a su cargo como empleada judicial, considera este Desp acho que se configura su actuar a título de culpa , pues lo que salta a la vista es su negligencia y falta de cuidado en remitir oportunamente las acciones de tutela para su eventual revisión , lo que se generó como consecuencia de descuidar y desatender los términos establecidos en la normatividad.
En virtud de lo anterior, la conducta puede calificarse provisionalmente como falta disciplinaria GRAVE a título de CULPA”.
Argumentación a partir de la cual, podía evidenciarse “la correcta atribución de la falta: culposa grave”; considerando por lo tanto desacertada la tesis de la sala dual, al entenderse que la culpa imputada era grave.
6. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El proceso de la referencia fue asignado por reparto al despacho del magistrado Julio And rés Sampedro Arrubla el 28 de abril de 2026 para resolver el recurso de apelación, quien radicó proyecto que fue negado en sala No. 2 4 del 23 de julio de 2026, pasando al despacho de quien hoy funge como ponente.
7. CONSIDERACIONESPágina 9 | 19
Competencia. De confor midad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, incorporada mediante el Acto Legislativo 002 del 2015, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente, e n sede de segunda instancia, para resolver el recurso de apelación in terpuesto por el
Constitución Política, incorporada mediante el Acto Legislativo 002 del 2015, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es competente, e n sede de segunda instancia, para resolver el recurso de apelación in terpuesto por el Agente de Ministerio Público, doctor Mario Beltrán García, en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2026 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander 11, a través de la cual, se absolvió a la investigada ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condició n de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, para la época de los hechos.
Asimismo, se precisa que, en acatamiento del principio de limitación, la órbita de competencia del juez de segunda instan cia sólo se circunscribe a los aspectos objeto del recurso, pues no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico, salvo que existan causales objetivas de improcedibilidad de la acción disciplinaria o de invalidación de lo actuado que deban decretarse de oficio.
Finalmente, debe señalarse que el artículo 134 de la Ley 1952 de 2019 señala que el recurso de apelación procede, entre otras decisiones, contra la decisión de archivo.
Análisis del caso: El recurrente manifestó su inconformidad con el recurso de alzada, indicando que la motivación planteada por la Primera Instancia para abstenerse de estudiar el fondo del asunto carecía de sustento real al no existir falencia alguna en el pliego de cargos, siendo evidente la calificación de la falta a título de culpa grave.
abstenerse de estudiar el fondo del asunto carecía de sustento real al no existir falencia alguna en el pliego de cargos, siendo evidente la calificación de la falta a título de culpa grave.
Sobre el particular, es preciso señalar que las nulidades se encuentran instituidas como un mecanismo procesal para corregir una irregularidad presentada asegurándose de esta manera la garantía al debido proceso; figura juríd ica que detenta su respectivo desarrollo en el Código General
11 Expediente Digital, primera instancia, archivo 22. MP. Juan Pablo Silva Prada y Rocío Mabel Torres Murillo.Página 10 | 19
Disciplinario a partir del artículo 202 y siguientes, dentro de los cuales se encuentra:
“ARTÍCULO 202. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
ARTÍCULO 204. DECLARATORIA OFICIOSA. En cualquier estado de la actuación dis ciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado. Contra esta providencia no procede recurso”. Negrillas fuera del texto original.
De conformidad con lo anterior, debe precisarse que el artículo 203 de la Ley 1952 de 2019 consagra los principios orientadores para declarar las nulidades y su convalidación, lo cual permite significar que solo se acude a la nulidad, cuando no exista otro remedio para subsanar la irregularidad
Ley 1952 de 2019 consagra los principios orientadores para declarar las nulidades y su convalidación, lo cual permite significar que solo se acude a la nulidad, cuando no exista otro remedio para subsanar la irregularidad presentada, pues mientras aquella se pueda remediar sin lesionar las garantías fundamentales de los sujetos procesales, el juez disciplinario deberá encaminarse por enderezar la actuación. De esta manera, efectuada l a revisión del presente asunto, encuentra esta Corporación, que tal y como lo señaló el recurrente en la alzada, en el sub judice aconteció una irregularidad sustancial que invalida la actuación adelantada por el a quo.
Al respecto, observa esta Colegiatu ra que la decisión absolutoria se fundamentó en la presunta imposibilidad jurídica de emitir un juicio de responsabilidad sobre la disciplinable al considerar que la imputación jurídica no cumplía las exigencias legales , al no haberse indicado la modalidad de la culpabilidad atribuida a la investigada que constituía un elemento esencial del pliego de cargos.Página 11 | 19
Sobre el particular, efectuado el correspondiente análisis al pliego de cargos y en particular al acápite relacionado con la culpabilidad, se advierte que, en este, la Magistrada Instructora indicó que:
“Considera el Despacho que la investigada con su actuar infringió el deber objetivo de cuidado, que le imponía en su calidad de citadora conocer y dar aplicación a los términos previstos en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, pues excedió en 417 y 387 días el término para remitir las acciones de tutela de primera instancia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, sin justificación alguna.
decreto 2591 de 1991, pues excedió en 417 y 387 días el término para remitir las acciones de tutela de primera instancia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, sin justificación alguna. (…) 3.2. Criterios tenidos en cuenta para determ inar la gravedad o levedad de la falta y modalidad de culpa
El artículo 13 de la ley 734 de 20021 establece sobre la culpabilidad que “en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a títu lo de dolo o culpa”.
Analizando el actuar de la señora Rosalba Hernández Amaris, en su condición de citadora del Juzgado Tercero Penal Municipal de Barrancabermeja, respecto a la imputación referenciada, se procederá a determinar la clasificación de la fa lta disciplinaria y luego, si esta es sancionable a título de dolo o culpa. (…) Por lo tanto, se procede a analizar los criterios para determinar si la falta disciplinara reprochada corresponde a grave o leve, encontrando que, la señora Rosalba Hernández A maris, por la presunta demora que de manera injustificada incurrió al remitir los fallos de las acciones de tutela con radicados Nos. 68081400400320190031300 y 68081400400320190038400 que dio origen a esta actuación tradujo en una perturbación del servicio a su cargo, máxime que, como antes se dijo, se trataba de un mecanismo especial cuyo fin es la protección de sus derechos fundamentales.
En tal razón, esta comisión considera que el aspecto subjetivo de la conducta puede calificarse conforme a lo anteri or provisionalmente
se dijo, se trataba de un mecanismo especial cuyo fin es la protección de sus derechos fundamentales.
En tal razón, esta comisión considera que el aspecto subjetivo de la conducta puede calificarse conforme a lo anteri or provisionalmente
como FALTA DISCIPLINARIA GRAVE.
Ahora bien, los conceptos de dolo o culpa han sido definidos por la Ley 1952 de 2019 (modificada por la ley 2094 de 2021) así:
“(…) ARTÍCULO 28. DOLO. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinabl e conoce los hechos constitutivos de falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización.
ARTÍCULO 29. CULPA. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria, por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarla.Página 12 | 19
La culpa sancionable podrá ser gravísima o grave.
La culpa leve no será sancionable en materia disciplinaria.
Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado n ecesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones(...)”.
En ese orden, teniendo en cuenta los conocimientos básicos esenciales exigidos para el desempeño de su cargo y además del tiempo de experiencia en el cargo desempeñado desde su pos esión
del común imprime a sus actuaciones(...)”.
En ese orden, teniendo en cuenta los conocimientos básicos esenciales exigidos para el desempeño de su cargo y además del tiempo de experiencia en el cargo desempeñado desde su pos esión el 22 de octubre de 2012 hasta el 8 de febrero de 2022 momento de su retiro, al ser evidente la presunta infracción del deber objetivo de cuidado a su cargo como empleada judicial , considera este Despacho que se configura su actuar a título de culpa , pues lo que salta a la vista es su negligencia y falta de cuidado en remitir oportunamente las acciones de tutela para su eventual revisión, lo que se generó como consecuencia de descuidar y desatender los términos establecidos en la normatividad.
En vi rtud de lo anterior, la conducta puede calificarse provisionalmente como falta disciplinaria GRAVE a título de CULPA”. Subrayado y negrillas fuera del texto original.
Verificado lo anterior, se advierte que tal y como lo señaló el agende del Ministerio Pú blico, no existió irregularidad alguna en el pliego de cargos efectuado por la magistrada instructora, pues nótese que este cumplió con las exigencias estipuladas por el artículo 223 de la Ley 1952 del 2019 al efectuarse un análisis completo y riguroso de todos y cada uno de los elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria, entre ellos, la forma de culpabilidad de la conducta, siendo evidente , de la argumentación plasmada en el mencionado pliego que la modalidad de la culpabilidad correspondía a culpa grave, ante la inobservancia del cuidado necesario en su labor por parte de la empleada judicial.
forma de culpabilidad de la conducta, siendo evidente , de la argumentación plasmada en el mencionado pliego que la modalidad de la culpabilidad correspondía a culpa grave, ante la inobservancia del cuidado necesario en su labor por parte de la empleada judicial.
Dicho razonamiento de la Seccional, corresponde , de forma palpable , al concepto de culpa grave estipulado en el artículo 29 de la Ley 1952 del 2019, en donde se indica que: “La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones” . Negrillas fuera del textoPágina 13 | 19
original; sin que, en ningún momento, la ma gistrada instructora hubiese hecho referencia a alguna otra forma de la culpabilidad que diera lugar a equívocos, pues en lo absoluto hizo referencia a la ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, estadio en el cual, se estaría ante una culpa gravísima, lo cual, se reitera, no fue referenciado en el presente caso , siguiendo siempre su argumentación en lo relacionado con la culpa grave.
Situación que, además, guarda concordancia con lo expuesto de forma expresa en el pliego de cargos por parte de la magistrada instructora, cuando se refirió a: “En tal razón, esta comisión considera que el aspecto subjetivo de la conducta puede calificarse conforme a lo anterior provisionalmente como FALTA DISCIPLINARIA GRAVE”.
De esta manera, se advierte que la Sala Dual incurrió en una irregularidad sustancial al momento de proferir la sentencia recurrida, al fundamentar su decisión bajo apreciaciones erróneas al no evidenciarse omisión alguna en
De esta manera, se advierte que la Sala Dual incurrió en una irregularidad sustancial al momento de proferir la sentencia recurrida, al fundamentar su decisión bajo apreciaciones erróneas al no evidenciarse omisión alguna en el pliego de carg os formulado a la investigada , motivación que no cuenta con sustento alguno en la realidad procesal del expediente.
Yerro argumentativo que conlleva a la necesidad de decretar la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la investigad a ROSALBA HERNÁNDEZ AMARÍS en su condició n de CITADORA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA , para l a época de los hechos , a partir de la providencia de l 27 de febrero de 2026 , a efectos de que se componga la actuación y se supere la falen cia evidenciaba en la motivación de la providencia.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;
RESUEL
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