CNDJ - 73001250200020230090301

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 73001250200020230090301
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

A 16205

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Radicación No. 73001250200020230090301 Aprobado según Acta No. 028 de la misma fecha.

ASUNTO

Negadas las ponencias de los Magistrados Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo1 y Alfonso Cajiao Cabrera2, sería del caso resolver los recursos formulados por el disciplinado OSCAR ORLANDO CORTÉS MOLANO y su defensor de oficio, contra la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima 3, que lo sancionó con “ suspensión de un (1) mes ” en el ejercicio de la profesión, al hallarl o responsable de incurrir, a título de culpa, en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, con infracción del deber descrito en el artículo 28 numeral 10 ibidem, de no ser porque se avizora una insalvable causal de nulidad.

1 En sala 053 del 1 de octubre de 2025. 2 En sala 015 del 6 de mayo de 2026. 3 MP . David Dalberto Daza Daza en sala dual con el magistrado Carlos Fernando Cortes Reyes.A 16205

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RADICADO NO. 73001250200020230090301

ABOGADO EN APELACIÓN

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SITUACIÓN FÁCTICA

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué compulsó copias contra el abogado por la inasistencia a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2023, al interior del proceso radicado bajo el número 2016-18298, adelantado por el delito de falsedad material en documento, en el que actuaba como apoderado de confianza del procesado4.

ACTUACIÓN PROCESAL

Acreditada la calidad de abogado5, en auto del 14 de noviembre de 2023 se ordenó la apertura de proceso disciplinario6. La audiencia de pruebas y calificación provisional se desarrolló los días 12 de febrero7, y 29 de abril de 2024 8, incorporándose como prueba s: i) las allegadas con la compulsa9 y por el disciplinado -certificado y diagnóstico médico veterinario-10, ii) certificación expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué11 y iii) registro de antecedentes disciplinarios12.

En versión libre 13, el inculpado justificó su inasistencia a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2023, en una calamidad doméstica derivada de la enfermedad de su mascota, contingencia que informó al

4 Archivo digital “002COMPULSADECOPIAS11202300903”.

programada para el 2 de mayo de 2023, en una calamidad doméstica derivada de la enfermedad de su mascota, contingencia que informó al

4 Archivo digital “002COMPULSADECOPIAS11202300903”. 5 El abogado OSCAR ORLANDO CORTÉS MOLANO se identifica con la cédula de ciudadanía No. 79.990.976 y es portador de la T.P . 276060 del C. S. de la J. Así mismo, registra como antecedentes disciplinarios sanción de Censura Archivos digitales “005CERTIFICADOUR NA11202300903” y “029ANTECEDENTESDISCIPLINARIOS202300903”, C01Principal. 6 Archivo digital “006AUTOAPERTURA202300903”. 7 Archivo digital “009AUDPYCP202300903”. 8 Archivo digital “022AUDPYCP202300903”. 9 Archivo digital “002COMPULSADECOPIAS11202300903”. 10 Archivo digital “021APORTEPROBATORIO202300903”. 11 Archivos digitales “012RTAJUZ02PENALCTODECONOCTOIBAGUE202300903” y “025RTAJ02PENALCTOFUNCONCIBA202300903”. 12 Archivo digital “029ANTECEDENTESDISCIPLINARIOS202300903”. 13En sesión de audiencia de pruebas y calificación provisional del 12 de febrero de 2024, Récord: 7:12 del archivo digital “009AUDPYCP202300903”.A 16205

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despacho a través de su asistente, agregó que nunca fue su intención dilatar el proceso penal, buscar una prescripción o faltar a los deberes profesionales.

En atención a la incomparecencia del encartado a la sesión programada para el 18 de abril de 2024 14, mediante auto de la fecha se designó defensor de oficio, con quien se continuó la actuación.

En la última sesión -29 de abril de 2024-15, se formuló como único cargo la presunta infracción al deber contemplado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 200716 e incursión culposa en la falta tipificada en el artículo 37 numeral 1 ibidem17, por desatender las diligencias propias de la actuación profesional , al no justificar válidamente su inasistencia a la audiencia de verificación de preacuerdo programada para el 2 de mayo de 2023, dentro del proceso penal con radicado 2016-18298, en su condición de defensor de confianza del procesado.

La audiencia de ju zgamiento tuvo lugar el 31 de julio de 202418 con presencia del defensor de oficio , en la que el disciplinado alegó de conclusión insistiendo en los argumentos esbozados en la versión libre.

14 Archivo digital “015AUTO ORDENA DESIGNAR APODERADO23-00903”. 15 Récord 15:43 Archivo digital “022AUDPYCP202300903”.

conclusión insistiendo en los argumentos esbozados en la versión libre.

14 Archivo digital “015AUTO ORDENA DESIGNAR APODERADO23-00903”. 15 Récord 15:43 Archivo digital “022AUDPYCP202300903”. 16 “ARTÍCULO 28. DEBER ES PROFESIONALES DEL ABOGADO. Son deberes del abogado:(…) 10) Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, (…)”. 17 ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. 18 Archivo digital “028ACTASAUDIENCIAJUZGAMIENTO2023-00903”.A 16205

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SENTENCIA APELADA

En proveído del 14 de agosto de 202 419, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima sancionó con “suspensión de un (1) mes” en el ejercicio de la profesión al abogado Oscar Orlando Cortés Molano como responsable de la falta imputada, al encontrar acreditado que no justificó debidamente su inasistencia a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2023, dentro del proceso No. 7760016000193201618298, tramitado

responsable de la falta imputada, al encontrar acreditado que no justificó debidamente su inasistencia a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2023, dentro del proceso No. 7760016000193201618298, tramitado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué con funciones de conocimiento por el delito de falsedad material en documento público agravado y falsedad material en documento privado.

La antijuridicidad fue evidenciada por el desconocimiento injustificado del deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que imponía actuar con celosa diligencia frente al encargo profesional encomendado, y le exigía justificar válida y oportunamente su incomparecencia a la audiencia.

En ese contexto, desestimó los argumentos defensivos relacionados con la calamidad doméstica acaecida con su mascota, toda vez que era al interior del proceso penal donde correspondía acreditar dicha excusa, incluso antes del inicio a la vista pública, sin embargo, no lo hizo.

Para efectos de graduar la sanción, valoró i) -el perjuicio causadocon su omisión el profesional afectó el normal desarrollo del curso procesal al postergar una etapa importante en el desarrollo de la causa penal, ii) la modalidad culposa de la conducta, y adicionalmente estimó que el disciplinado fue sancionado con censura mediante sentencia del 15 de

19 Archivo digital “060SentenciaSancionatoria”.A 16205

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mayo de 2024, por lo que concluyó “ proporcional y razonable que se aplique una SANCIÓN DE SUSPENSIÓN POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESI ÓN, sanción que se adopta teniendo en cuenta las razones anotadas y en virtud de haber vulnerado, con su despliegue, los deberes previstos para los abogados.”

RECURSO DE APELACIÓN

En término, el disciplinado y su defensor de oficio apelaron20, solicitando la absolución por el cargo reprochado, sustentados en una indebida valoración probatoria y considerar justificada la conducta bajo las mismas razones planteadas en primera instancia.

CONSIDERACIONES

Como se anunció en precedencia, sería del caso que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial proced iera a resolver el recurso de apelación presentado, de no ser porque se avizora una nulidad que debe decretarse.

El principio de legalidad constituye una garantía esencial del debido proceso, el cual exige que tanto las faltas como las sanciones aplicables, así como su alcance y límites estén previamente establecidos en la ley (lex previa), postulado que impide a la autoridad apartarse de los marcos normativos expresamente definidos con antelación, garantizando así al encartado, conocer de antemano, tanto

establecidos en la ley (lex previa), postulado que impide a la autoridad apartarse de los marcos normativos expresamente definidos con antelación, garantizando así al encartado, conocer de antemano, tanto

20 Archivo digital “32COMUNICACIONES2023-00903”. El fallo sancionatorio fue notificado mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2024, y los recursos fueron recibidos los días 20 y 21 del mismo mes y año.A 16205

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el régimen de faltas, como la consecuencia sancionatoria (lex certa), de tal suerte que la definición del correctivo no quede al arbitrio, elección o escogencia de la autoridad.

En materia disciplinaria, el ius puniendi del Estado se encuentra sometido a una estricta reserva legal, de manera que el funcionario judicial carece de facultades para modular discrecionalmente la naturaleza o duración de los correctivos más allá de los parámetros definidos por el legislador; ello obedece a que la clasificación de las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de la falta constituye una competencia exclusiva del legislador (reserva legal) y no de la autoridad encargada de aplicarla.

Así, el artículo 40 de la ley 1123 de 2007 consagra taxativamente las sanciones susceptibles de ser impuestas a los abogados que incurran

autoridad encargada de aplicarla.

Así, el artículo 40 de la ley 1123 de 2007 consagra taxativamente las sanciones susceptibles de ser impuestas a los abogados que incurran en faltas disciplinarias, a saber: censura, multa, suspensión y exclusión del ejercicio de la profesión, que para el caso de la suspensión el propio estatuto disciplinario estableció unos mínimos y máximos como parámetros temporales de obligatoria consideración al momento de su imposición.

Por ello, el legislador en el artículo 43 de la misma codificación determinó que esta medida oscilará entre un mínimo de dos (2) meses y un máximo de tres (3) años, extremos normativos que constituyen el marco impositivo definido por mandato legal y que son de forzosa aplicación al momento de tasar el quantum; de allí que apartarse de estos extremos, comporta de plano un insalvable desconocimiento del principio de legalidad de la sanción y reviste una irregularidad sustancial afectante del debido proceso.A 16205

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En el evento sub examine, la “suspensión por el término de un (1) mes” impuesta por la Comisión Seccional no se ofrece como una simple y desprevenida dosificación irregular, sino que constituye la imposición de una consecuencia jurídica que pugna con la autorizada por el legislador, toda vez que se ubicó por fuera de los marcos temporales que regulan

desprevenida dosificación irregular, sino que constituye la imposición de una consecuencia jurídica que pugna con la autorizada por el legislador, toda vez que se ubicó por fuera de los marcos temporales que regulan la propia existencia de la suspensión en el régimen disciplinario de los abogados, y por esa vía, la Comisión terminó creando una modalidad sancionatoria inexistente en el ordenamiento jurídico, circunstancia que desbordó por completo las competencias del operador disciplinario y de paso el principio de reserva legal.

Admitir lo contrario , equivaldría a aceptar que el juzgador puede en materia de abogados, modificar libremente los límites de las sanciones, reduciéndolos o ampliándolos según su propio criterio o a su arbitrio , con grave afectación de los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica, pues la fijación de los extremos mínimos y máximos previstos en el artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 constituyen mandatos imperativos de obligatoria observancia.

Podría pensarse en remed ios procesales alternativos, como el ajuste oficioso de legalidad, para incrementar la sanción al mínimo establecido en la norma, pero recuérdese que en este caso, los únicos apelantes fueron el disciplinado y su defensor, lo que activó la garantía de la n o reforma en peor o la no reformatio in pejus , y cualquier incremento traduciría en afectar su situación, como tampoco se podría mantener la suspensión de un mes, porque el Acuerdo 1389 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura dispone que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia debe llevar la anotación de lasA 16205

suspensión de un mes, porque el Acuerdo 1389 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura dispone que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia debe llevar la anotación de lasA 16205

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sanciones disciplinarias “de conformidad con el ordenamiento legal”21 lo que impediría materialmente realizar el registro, toda vez que el sistema está diseñado sobre la base de los límites legales, aunado a que la sanción aún no se encuentra en firme, lo que habilita el decreto de nulidad oficiosa.

En consecuencia, al carecer de sustento legal el correctivo impuesto en primera instancia constituye una insalvable irregularidad procesal que incide de manera directa en el debido proceso, lo que torna inválida la decisión que se pretende someter a revisión por vía de apelación y hace imperativa la declarator ia de nulidad de la actuación a partir del fallo inclusive, para que se emita un o nuevo con estricta sujeción a los parámetros legales aplicables.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, conforme a sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima -inclusive-, por las razones expuestas

RESUELVE

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima -inclusive-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar, indicando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Para el

21 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Acuerdo 1389 de 2002, artículo quinto, numeral 6, conforme al cual corresponde a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia: «Llevar el registro de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados por faltas cometidas en el ejercicio de la profesión, de conformidad con el ordenamiento legal; al igual que de las penas accesorias».A 16205

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efecto, se debe enviar a los correos electrónicos copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no modificable. Se presumir á que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.

TERCERO: Regresar las diligencias a la Comisión Seccional de

y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.

TERCERO: Regresar las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de origen, para que de inmediato imparta el trámite que corresponda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

Presidente

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Vicepresidente

MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS

MagistradaA 16205

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ALFONSO CAJIAO CABRERA

Magistrado

MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

Magistrado

JULIO ANDRÉS SAMPEDRO ARRUBLA

Magistrado

DIANA MARINA VÉLEZ VÁSQUEZ

Magistrada

CARLOS FERNANDO ORTIZ CORREA

Secretario

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Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de 2026

Magistrado Ponente: Carlos Arturo Ramírez Vásquez Radicación n.° 730012502000 2023 00903 01

Sala ordinaria n.º 028 del del veinte (20) de agosto de 2026

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a continuación, se expone la razón por la cual salvé el voto en la presente decisión, en la que la mayoría de la Sala tomó la determinación de decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2024 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al abogado Oscar Orlando Cortés Molano por la falta prevista en el artículo 37 numeral 1.° de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de culpa y, le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) mes.

Recuérdese que los hechos examinados aludieron a que el abogado

impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un (1) mes.

Recuérdese que los hechos examinados aludieron a que el abogado no asistió a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2023, al interior del proceso radicado bajo el número 2016-18298, tramitado ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué por el delito de falsedad material en documento, en el que actuaba como apoderado de confianza del procesado.

Antes de exponer las razones de mi disenso respetuoso, me permito poner de presente que el suscrito de forma primigenia actuó como magistrado ponente en la presente actuación disciplinaria, por tanto, presenté el correspondiente proyecto en la Sala n.º 053 del 1 de octubre de 2025, el cual fue negado.

Así, debo manifestar que, en criterio respetuoso del suscrito magistrado, en el presente caso, no debió decretarse la nulidad, por el contrario, debió ser revocada, por los motivos que a continuación expongo:

A juicio del suscrito magistrado, sea lo primero precisar que, con el tiempo, se ha presentado una gran evolución de la relación entre las personas y las mascotas, pasando de una época en la que losA 16205

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animales eran domesticados por su utilidad, a llegar a ocupar un lugar especial dentro de los hogares como compañeros afectivos.

En consecuencia, en la actualidad, las mascotas juegan un rol fundamental en el bienestar emocional de las personas, incluso, pueden ser tenidos como un soporte clave para su salud mental. Según una encuesta de American Psychiatric Association22 en Whasington, casi dos tercios de los propietarios de mascotas afirman que sus animales les ofrecen compañía (65%), son verdaderos amigos (65%) y les proporcionan amor y apoyo incondicionales (64%); todo, para un 84% de los dueños de mascotas que reportaron un impacto mayoritariamente positivo en su salud mental.

De esa manera, el cambio de perspectiva moral y ética sobre este vínculo, a su vez, ha transformado la conciencia sobre el sufrimiento del animal, los derechos de los seres sintientes y el rechazo al maltrato, al punto que se han proferido leyes de protección animal y han gozado de reconocimiento jurídico especial.

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoció a los animales como seres sintientes y estableció especial protección frente al sufrimiento y el dolor; reconocimiento que ha hecho parte de las iniciativas legales y jurisprudenciales con las cuales se ha transformado el estatuto jurídico de los animales, a través de un mandato de protección que abre la puerta a medidas de política pública en favor de los animales y las personas que conviven con ellos.

jurisprudenciales con las cuales se ha transformado el estatuto jurídico de los animales, a través de un mandato de protección que abre la puerta a medidas de política pública en favor de los animales y las personas que conviven con ellos.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-148 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera, reconoció que el mandato de protección animal se deriva del principio de la constitución ecológica y la dignidad humana, además que los animales, como seres sintientes, debían ser objeto del principio de precaución, conforme al cual deben ser protegidos tanto en su equilibrio sistémico como de manera individual con valor intrínseco.

En el año 2021 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizó una encuesta basada en el departamento de Cundinamarca conforme al cual el 40.2% de los hogares de Bogotá dijeron tener mascota, el 65.8% de ellos, perro, y el 43.7%, gato; en la

22 Americans pets offer mental health support to their owners, 1 out 5 pet owners has an emotional support animal, America Psychiatric ssociation. https://www.psychiatry.org/news-room/news-releases/pets-offer-mental-health-supportto-their-owners.A 16205

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cabecera de los municipios la tenencia llegó a 59.7% en Cota, donde el 75.5% tienen perro y el 45.1%, gato23.

Lo anterior constituye una muestra demostrativa de la influencia que tienen los animales en los hogares colombianos, sumado a ciertas medidas que se han tomado de forma local, como la Resolución 825 de 2024 proferida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, que estableció los requisitos para el reconocimiento del permiso remunerado por calamidad doméstica ocasionada por la muerte o enfermedad de los animales de compañía de los servidores públicos del Instituto.

En el marco del derecho internacional, en Estados Unidos, el sistema de consulta legislativa Bill Track 50 registró que los legisladores de Nueva York se encontraban discutiendo sobre la realidad de que los empleados utilizan las bajas remuneradas por enfermedad que han acumulado, para llevar a sus mascotas al veterinario. El proyecto de ley, A00791, denominado Ley de baja por enfermedad para el cuidado de mascotas, haría posible que los animales se incluyan en la lista de motivos válidos para acogerse a la baja remunerada por enfermedad24. En Italia, la sentencia 5979 de la Corte de Casación Italiana25 reconoció que el maltrato animal configuraba todos los aspectos normativos de un delito, pues bastaba que, en la acción causal con respecto al hecho típico, tuviera relevancia cualquier hecho humano, tanto de omisión como de acción, el primero, cuando el agente tiene la obligación jurídica de impedir que suceda.

respecto al hecho típico, tuviera relevancia cualquier hecho humano, tanto de omisión como de acción, el primero, cuando el agente tiene la obligación jurídica de impedir que suceda.

Sobre este tópico, en Chile, se elaboró un informe con fines de asesoría técnica parlamentaria relacionado con los permisos laborales por fallecimiento de una mascota, en el cual se encontró que, si bien las regulaciones legales en el mundo sobre la materia se encontraban en trámite, la dinámica de licencias laborales por enfermedad o muerte de mascotas estaba siendo adoptada por distintas empresas, así26:

23 DANE, encuesta multipropósito 2021. 24 Consulta en el sistema de seguimiento legislativo Bill Track 50, ver https://www.billtrack50.com/info/blog/who-let-the-dogs-out; también ver artículos periodísticos: The Wall Street Journal https://www.wsj.com/lifestyle/careers/yourcompany-pays-for-your-sick-days-should-it-pay-for-your-pets-too-33b6de09 y The New York Times https://www.nytimes.com/2024/10/23/nyregion/new-york-sick-leavepets.html. 25 Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5979 del 7 de febrero de 2013. Maltrattamenti per lállevatore dei cani in grave stato de denutrizione e disidratazione. 26 Álvarez y Louiseau, Permisos laborales por fallecimiento de mascota, Experiencia y jurisprudencia extranjera, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN.A 16205

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En Francia:

Tampoco en este país existe un permiso laboral por esta causa. Si bien algunas empresas han decidido conceder días de descanso a sus trabajadores para la acogida, los cuidados o la muerte de los animales de compañía. Por el momento, dichos beneficios siguen siendo una medida poco frecuente, otorgada por empresas vinculadas al mundo del animal

(LECOMPARATEURASSURANCE, 2021).

Un ejemplo de este beneficio, es el caso de Wamiz; que el año 2021 entregó un día de permiso retribuido a los empleados por el duelo de un perro, un gato o incluso un conejo. Además, desde el octubre de 2023, los empleados dueños de animales de compañía tienen derecho a tres días (o seis medios días) de permiso retribuido para cuidar de su mascota enferma y/o ir al veterinario (controles, vacunas, esterilización, urgencias) (Carpentier, 2023).

Para Sébastien Courtin, Director General de Wamiz, ofrecer días libres a los empleados que tienen mascota era obvio: "En la oficina, muchos de nuestros colaboradores que tienen mascota tienen un vínculo emocional cercano al que existe entre un padre y un hijo. Por ello, nos pareció obvio permitirles cuidar de su mascota cuando está enferma, en las mismas condiciones

oficina, muchos de nuestros colaboradores que tienen mascota tienen un vínculo emocional cercano al que existe entre un padre y un hijo. Por ello, nos pareció obvio permitirles cuidar de su mascota cuando está enferma, en las mismas condiciones que un padre puede hacerlo por su hijo" (Carpentier).

Otro ejemplo es la multinacional estadounidense en Francia, Mars (empresa que posee las marcas de comida para perros y gatos Pedigree, Whiskas o Royal Canin), que ofrece 10 horas de permiso pagado para la adquisición de una mascota y desde el año 2009 las oficinas de la empresa están acondicionadas para recibir a los animales de compañía de sus trabajadores7 .

En España:

Según cita el portal del medio Infobae España, en este país existen dos empresas que recientemente han incorporado el permiso laboral por muerte de mascotas como medida de conciliación en sus convenios colectivos. Una de ellas es Cegelec, una compañía del sector de la industria eléctrica y la otra firma es la cadena líder de tiendas de animales en España, Kiwoko.A 16205

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ

RADICADO NO. 73001250200020230090301

ABOGADO EN APELACIÓN

P á g i n a 15 | 20

Estas empresas establecieron -en el caso de Cegelec por ejemploa contar de 2022, un permiso retribuido de 8 horas anuales para acompañar al animal doméstico a una intervención quirúrgica, siempre y cuando coincida con el horario de trabajo

Estas empresas establecieron -en el caso de Cegelec por ejemploa contar de 2022, un permiso retribuido de 8 horas anuales para acompañar al animal doméstico a una intervención quirúrgic

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