CNDJ - 73001250200020240038601

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

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Título
CNDJ - 73001250200020240038601
Autor
Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 730012502000202400386 01 Aprobado según Acta No. 28 de la fecha.

ASUNTO

Negada la ponencia al Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo1, p rocede la Comisión a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 21 de mayo de 2026, por la Comisión Secc ional de Disciplina Judicial de Tolima2, en la que resolvió SANCIONAR al abogado RAFAEL GIOVANNY MACHADO SALAZAR con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses por incurrir a título de culpa en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la L ey 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10° del artículo 28 ibidem.

SITUACIÓN FÁCTICA

Mediante proveído del 22 de diciembre de 2023 3, remitido a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolim a el 19 de abril de 2024, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, expidió copias disciplinarias dentro del proceso 73001-60-00450-2016-01599-00, en que se adelantaba la investigación penal por el

1 En Sala ordinaria No. 25 del 29 de julio de 2026.

Ibagué, expidió copias disciplinarias dentro del proceso 73001-60-00450-2016-01599-00, en que se adelantaba la investigación penal por el

1 En Sala ordinaria No. 25 del 29 de julio de 2026. 2 Magistrada Ponente: Xiomara Jasmín Villota Rodríguez, en sala con July Paola Acuña Rincón. 3 Archivo digital ‘002COMPULSADECOPIAS11202400386’ del cuaderno principal de primera instancia.A 16173

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delito de hurto califica do, contra Edison Ricardo Lozano, Julián Javier Lozano Pérez y Diego Alejandro Ruiz Avendaño , cuyo defensor de confianza era el abogado RAFAEL GIOVANNY MACHADO

SALAZAR.

Lo anterior en c uanto, en audiencia preparatoria del 22 de diciembre de 2023, el juez evidenció la inasistencia de lo s procesados y de su defensor de confianza a la diligencia y, dejó constancia de que el disciplinable no se había hecho presente en reiteradas oportunidades, de las que destacó las siguientes: i) 9 de septiembre de 2020 , ii) 8 de abril de 2021 , iii) 7 de septiembre de 2021 , iv) 9 de diciembre de 2021, v) 10 de mayo de 2022 , vi) 7 de junio de 2022 , vii) 20 de

abril de 2021 , iii) 7 de septiembre de 2021 , iv) 9 de diciembre de 2021, v) 10 de mayo de 2022 , vi) 7 de junio de 2022 , vii) 20 de septiembre de 2022, viii) 15 de agosto de 2023 y ix) 22 de diciembre de 2023.

En razón a la reiterativa incomparecencia del abogado, el juzgado de conocimiento adoptó la decisión de expedir copias ante esta jurisdicción y designó un defensor público para que ejerciera la defensa técnica de los acusados. Con la compulsa de copias se allegó la totalidad del expediente penal4.

ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DEL DISCIPLINABLE

Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 19 de abril de 20245 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima, acreditó la calidad de abogado de RAFAEL GIOVANNI MACHADO SALAZAR, identificado con la cédula

4 Carpeta digital ‘003ANEXOCOMPULSALINKDESCARGADO’ del cuaderno principal de primera instancia. 5 Archivo digital ‘005CERTIFICADOURNA11202400386’ del cuaderno principal de primera instancia.A 16173

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de ciudadanía No. 93’392.752 y tarjeta profesional No. 132.891,

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de ciudadanía No. 93’392.752 y tarjeta profesional No. 132.891, documento que a la fecha se encontraba vigente.

RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

1.- Etapa de investigación y calificación.

El asunto fue asignado por reparto del 19 de abril de 2024 6, al Magistrado Alberto Vergara Molano de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima, quien, luego de comprobar la calidad de disciplinable del implicado, emitió auto el 29 de ab ril siguiente7, en el que dispuso la apertura del proceso disciplinario y fijó fecha para celebrar la audiencia de pruebas y calificación provisional.

La diligencia estaba prevista para el 9 de diciembre de 2024 8, pero no se celebró por la ausencia del di sciplinable, por lo que se fijó edicto emplazatorio el 18 del mismo mes y año 9, por el término de 3 días, vencido este el investigado no compareció. Por auto del 14 de octubre de 2025 10, el doctor Cristian Camilo Lozano Guzmán fue designado como defensor de oficio del disciplinable , quien aceptó el encargo al día siguiente11.

6Archivo digital ‘004ACTADEREPARTO11202400386’ del cuaderno principal de primera instancia. 7Archivo digital ‘007AUTODEAPERTURA11202400386’ del cuaderno principal de primera instancia. 8 Archivo digital ‘013CONSTANCIADESPACHO’ del cuaderno principal de primera instancia.

7Archivo digital ‘007AUTODEAPERTURA11202400386’ del cuaderno principal de primera instancia. 8 Archivo digital ‘013CONSTANCIADESPACHO’ del cuaderno principal de primera instancia. 9 Archivo digital ‘014AUTOFIJAEDICTOEMPLAZATORIO’ del cuaderno principal de primera instancia. 10 Archivo digital ‘024AUTOREMUEVEDEFENSORDEOFICIO2024-00386’ del cuaderno principal de primera instancia. 11 Archivo digital ‘026MEMORIALDEFENSORDEOFICIO’ del cuaderno principal de primera instancia.A 16173

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2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.

Sesión del 21 de octubre de 2025 12. Compareció el defensor de oficio del investigado, pero no este último y, tampoco se presentó el agente del Ministerio Público. Instalada la diligencia, se requirió al defensor para que realizara su solicitud probatoria, quien manifestó que no tenía pruebas por solicitar.

Sesión del 19 de febrero de 2026 13. Se presentó el defensor de oficio, pero no el investigado ni el representante del Ministerio Público . Instalada la diligencia, el abogado defensor puso de presente que no fue posible comunicarse con su prohijado, seguido, el ponente relacionó los motivos de la investigación disciplinaria, que li mitó a la inasistencia del encartado a varias audiencias judiciales y suspendió la diligencia.

fue posible comunicarse con su prohijado, seguido, el ponente relacionó los motivos de la investigación disciplinaria, que li mitó a la inasistencia del encartado a varias audiencias judiciales y suspendió la diligencia.

Sesión del 28 de abril de 2026 14. Acudió el defensor de oficio designado para el di sciplinable, quien no se presentó, así como tampoco compareció el delegado del Ministerio Público.

Instalada la diligencia, la Magistrada realizó un recuento fáctico y procesal del trámite disciplinario y realizó la calificación jurídica provisional de la actuación en contra de l investigado, y dispuso la formulación de cargos así:

12 Archivos digitales ‘027AUDIENCIAPRUEBAYCALIFICACION’ y ‘036ACTAAUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACION’ del cuaderno principal de primera instancia. 13 Archivos digitales ‘035AUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACION’ y ‘036ACTAAUDIENCIAPRUEBASYCALIFICACION’ del cuaderno principal de primera instancia. 14 Archivos digitales ‘039AUDIENCIACALIFICACIONPROVISIONAL’ y ‘040ACTAAUDIENCIACALIFICACIONPROVISIONAL’ del cuaderno principal de primera instancia.A 16173

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Imputación fáctica: el abogado RAFAEL GIOVANNI MACHADO

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Imputación fáctica: el abogado RAFAEL GIOVANNI MACHADO SALAZAR fungió como defensor de confianza de los acusados en el proceso penal radicado No. 2016 -01599, espacio judicial en el que el letrado dejó de asistir a las audiencias del 7 de septiembre de 202 1, 9 de diciembre de 2021, 10 de mayo de 2022, 7 de junio de 2022, 20 de septiembre de 2022, 15 de agosto de 2023 y 22 de diciembre de 202315, sin justificación aparente, pese a haber sido debidamente notificado de cada diligencia.

Imputación jurídica: Con su con ducta, el abogado pudo haber incurrido en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 , en tanto dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la gestión profesional , con lo que desconoció el deber contenido en el numeral 10° del artículo 28 de la misma codificación.

La conducta se calificó provisionalmente a título de culpa.

Sobre la inasistencia a las audiencias del 9 de septiembre de 2020 y el 8 de abril de 2021, la ponente advirtió que el Estado había perdid o la titularidad de la acción disciplinaria por la configuración del fenómeno de la prescripción, pues transcurrieron más de 5 años desde las mencionadas fechas, acorde con lo previs to en el artículo 24 del Código Disciplinario del Abogado. En consecuencia , ordenó la terminación anticipada por extinción de la acción disciplinaria, en

mencionadas fechas, acorde con lo previs to en el artículo 24 del Código Disciplinario del Abogado. En consecuencia , ordenó la terminación anticipada por extinción de la acción disciplinaria, en relación con la inasistencia a las audiencias mencionadas.

Dictada la calificación jurídica, la Magistrada cuestionó al defensor de oficio para que elevara su solicitud de pru ebas que se practicarían en

15 Minuto 12:33 de la audiencia del 28 de abril de 2024.A 16173

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la etapa de juzgamiento, pero este aseveró que no era su deseo hacerlo, por lo que se dio por terminada la diligencia.

3.- Audiencia de juzgamiento.

Celebrada el 14 de mayo de 2026 16, compareció el defensor de oficio del investigado, pero no este último, así como tampoco el delegado del Ministerio Público. Instalada la diligencia se realizó un recuento procesal y se le dio el uso de la palabra al defensor para que rendiera sus alegatos de conclusión.

Adujo que, en el plenario d el asunto penal se evidenció, mediante las comunicaciones allí remitidas por el abogado, que sus inasistencias a las audiencias obedecieron al cumplimiento de actividades relacionadas con el ejercicio profesional , por lo que se encontraba en ejercicio de u n deber legal de comparecer a otras diligencias

comunicaciones allí remitidas por el abogado, que sus inasistencias a las audiencias obedecieron al cumplimiento de actividades relacionadas con el ejercicio profesional , por lo que se encontraba en ejercicio de u n deber legal de comparecer a otras diligencias programadas, o circunstancias personales que podrían entenderse como de fuerza mayor , previst as, ambas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.

Asimismo, resaltó que la dilación dentro del proceso penal no se limitó exclusivamente a las inasistencias de su prohijado, sino que también concurrieron otras condiciones que impidieron la realización de las diligencias en las fechas previstas, al gunas atribuibles al juzgado y otras al ente acusador.

16 Archivos digitales ‘043AUDIENCIAJUZGAMIENTO’ y ‘044ACTAAUDIENCIAJUZGAMIENTO’ del cuaderno pr incipal de primera instancia.A 16173

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DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

En sentencia del 21 de mayo de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tolima resolvió SANCIONAR al abogado RAFAEL GIOVANNY MACHADO SALAZAR con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al incurrir a título de

resolvió SANCIONAR al abogado RAFAEL GIOVANNY MACHADO SALAZAR con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al incurrir a título de culpa en la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10° del artículo 28 ibidem.

Lo anterior en cuanto, encontró probado que en el proceso penal radicado No. 2016-01599, se declararon fallidas las siguientes audiencias:

Fecha de la diligencia Motivo de la no realización de la audiencia Despacho Fiscalía Defensor 7 de septiembre de 2021 El abogado indicó que se encontraba en otra audiencia. 9 de diciembre de 2021 El abogado manifestó no haber sido notificado. 21 de febrero de 2022 El despacho se encontraba en otra diligencia

10 de mayo de 2022 El abogado no se presentó ni justificó su inasistencia. 7 de junio de 2022 El delegado de la fiscalía estaba de vacaciones.

20 de septiembre de 2022 El despacho se encontraba en otra diligencia

6 de octubre de 2022 El fiscal estaba incapacitado 23 de marzo de 2023 El despacho se encontraba en otra diligencia

7 de junio de 2023 El despacho seA 16173

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El despacho se encontraba en otra diligencia

7 de junio de 2023 El despacho seA 16173

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encontraba en otra diligencia 15 de agosto de 2023 El abogado no se presentó ni justificó su inasistencia. 18 de octubre de 2023 El abogado no se presentó ni justificó su inasistencia. 22 de diciembre de 2023 La audiencia sí se realizó y el disciplinable compareció a ella.

En consecuencia, en sede de tipicidad el a quo halló responsable al profesional del derecho de haber incurrido en la falta establecida en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por haber dejado de hacer opor tunamente las diligencias propias de la gestión profesional, que no era otra sino comparecer a las audiencias del 7 de septiembre de 2021, 10 de mayo de 2022, 15 de agosto de 2023 y 18 de octubre de 2023, programadas por el Juzgado Cuarto Penal el Circuito de Ibagué, dentro del marco del proceso penal con radicado No. 73001 -60-004-50-2016-01599-00 y tampoco justificó oportunamente sus ausencias, pese a haber sido debidamente notificado de cada diligencia.

En sede de antijuridicidad se le reprochó el descon ocimiento

No. 73001 -60-004-50-2016-01599-00 y tampoco justificó oportunamente sus ausencias, pese a haber sido debidamente notificado de cada diligencia.

En sede de antijuridicidad se le reprochó el descon ocimiento injustificado del deber a la debida diligencia profesional, establecido en el numeral 10° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 , al haber dejado de asistir a las audiencias mencionadas. El a quo apuntó que, el deber de actuar con celosa diligenc ia result aba exigible durante todo el tiempo que el disciplinable tuviera a su cargo la gestión profesional encomendada y no admite intermitencia, pues la profesión de la abogacía conlleva un compromiso con enormes responsabilidades y elA 16173

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cumplimiento de un a función social, que implica que los apoderados ejerzan en todo momento el máximo de diligencia posible.

De igual forma, desestimó lo razonado por el defensor de oficio en sus alegatos de concl usión, respecto de la supuesta existencia de un a causal de ex clusión d e responsabilidad disciplinaria, porque presuntamente las inasistencias del letrado se debieron a circunstancias propias del ejercicio profesional . La Sala Dual advirtió que la valoración de la justificación de las inasistencias corresponde exclusivamente al juez de conocimiento, ante quien debió acreditarse

presuntamente las inasistencias del letrado se debieron a circunstancias propias del ejercicio profesional . La Sala Dual advirtió que la valoración de la justificación de las inasistencias corresponde exclusivamente al juez de conocimiento, ante quien debió acreditarse oportunamente las razones que impedían la comparecencia a las diligencias judiciales y esto nunca lo hizo el disciplinable.

En sede de culpabilidad, adujo la Seccional que el letrado no orient ó su cond ucta a una actuar prudente y diligente y, por el contrario, desconoció el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un mandato o en este caso una representación en un proceso penal.

Respecto de la graduación de la s anción, t uvo en cuenta la modalidad culposa de la conducta, producto de la negligencia inexcusable del abogado y, la trascendencia social de su conducta, pues la conducta del abogado no solo afectó a sus representados, sino que supe ró la esfera privada en relación con sus clientes y perturbó el curso normal del proceso penal, al punto que el juzgado de conocimiento se vio obligado a compulsar copias en su contra, lo que evidenció que la falta cometida no fue solo un mero incumplimientoA 16173

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formal, sino un obstá culo real para el funcionamiento del aparato

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formal, sino un obstá culo real para el funcionamiento del aparato judicial, lo que generó una pérdida de confianza en la profesión.

En consecuencia, y en virtud de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, el a quo impuso como san ción la suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses.

LA APELACIÓN

La sentencia de primera instancia fue notificada personalmente el 22 de mayo de 2026 17 por medios de comunicación electrónicos y, el defensor de oficio del disciplinable presentó recur so de alz ada el 26 del mismo mes y año18, en el que mencionó que compartía la decisión sobre la prescripción de la acción disciplinaria respecto de las audiencias del 9 de septiembre de 2020 y 8 de abril de 2021 , sin embargo, estaba en desacuerdo en relació n con la responsabilidad derivada de la inasistencia a las otras siete (7) audiencias convocadas entre septiembre de 2021 a diciembre de 2023 , pues la Sala Dual no evaluó el historial procesal del abogado.

Anotó que en el expediente penal obraban pruebas irrefutables del ánimo diligente del disciplinable, y ejemplificó su conducta respecto de la audiencia el 4 de enero de 2018 , donde no pudo asistir por razones de fuerza mayor y comunicó oportunamente al despacho sus motivos y la solicitó el aplazamiento.

17 Archivo digital ‘046COMUNICACION202400386’ del cuaderno principal de primera instancia.

de fuerza mayor y comunicó oportunamente al despacho sus motivos y la solicitó el aplazamiento.

17 Archivo digital ‘046COMUNICACION202400386’ del cuaderno principal de primera instancia. 18 Archivo digital ‘047MEMORIALRECURSOAPELACION202400386’ del cuaderno principal de primera instancia.A 16173

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En consecuencia, afirmó que el comportamiento del letrado no había sido con la intención dolosa de paralizar o entorpecer la administración de justicia, sino que actuaba con respeto a los estrados y, precisó que las ausencias a las audiencias respondieron a graves circunstancias ajenas a su voluntad, que no pudieron ser comprobadas en el disciplinario porque el investigado nunca tuvo conocimiento del asunto que se adelantaba en su contra y no pudo ejercer su derecho a la defensa.

Finalmente, aludió que el doctor RAFAEL GIOVANNY MACHADO SALAZAR ostentaba su tarjeta profesional desde el 23 de agosto de 2004 , por lo que sancionar a un abogado con más de 20 años de ejercicio profesional, por conductas derivadas de factores de fuerza mayor en un único proceso, atentaba contra el principio de proporcionalidad, afectaba su derecho su derecho al trabajo y al mínimo vital, máxime cuando no se probó la intención dañina de su actuación.

un único proceso, atentaba contra el principio de proporcionalidad, afectaba su derecho su derecho al trabajo y al mínimo vital, máxime cuando no se probó la intención dañina de su actuación.

Así, clamó por la absolución de su prohijado y, subsidiariamente por la sustitución de la sanción por una medida menos gravosa, como la “amonestación” o censura, debido a la falta de antecedentes de mala fe y en atención a las falencias de defensa material ocurridas durante el proceso disciplinario.

TRÁMITE DEL RECURSO

La sentencia de primera instancia fue notificada personalmente el 22 de mayo de 2026 por medios de comunicación electrónicos y, comoA 16173

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viene de verse, el defensor de oficio del disciplinable presentó recurso de alzada el 26 del mismo mes y año ; el Magistrado sustanciador de primera instancia lo concedió mediante auto del 10 de junio de 202619.

RECUENTO PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante acta individual de reparto del 12 de junio de 2026 20, le correspondió el conocimiento de las presentes diligencias a l Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, cuya ponencia no obtuvo las mayorías requeridas en Sala Ordinaria No. 25 del 29 de

correspondió el conocimiento de las presentes diligencias a l Magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, cuya ponencia no obtuvo las mayorías requeridas en Sala Ordinaria No. 25 del 29 de julio de 2026 21 para ser aprobada, en consecuencia, por acta de reparto de la misma calenda 22, el conocimiento de estas diligencias fue asigna do a quien hoy funge como ponente en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1.- De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el art ículo 257 A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Igualmente, es competente en virtud de lo dispuesto en el pará grafo transitorio de la misma disposición que señala que: “ (…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del

19Archivo digital ‘053CONCEDERECURSODEAPELACIONRAD 2024-00386’ del cuaderno principal de primera instancia. 20 Archivo digital ‘001ActaReparto’ del cuaderno de segunda instancia. 21 Archivo digital ‘007AUTO NEGADO 2024 00386 01’ del cuaderno de segunda instancia. 22 Archivo digital ‘008ActaNegado’ del cuaderno de segunda instancia.A 16173

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Consejo Superior de la Judicatura ”. Lo anterior , en armon ía con lo establecido en el artículo 112 numeral 4° de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024, y lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

2.- De la legitimidad para apelar.

Al tenor de lo regl ado en los artículos 65, 66 y 81 inciso 1° de la Ley 1123 de 2007, el disciplinado y el representante del Ministerio Público están legitimados para apelar la sentencia de primera instancia, así dispone la referida norma:

“ARTÍCULO 65. INTERVINI ENTES. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio Público podrá hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales.

ARTÍCULO 66. FACU LTADES. Los intervinientes se enc uentran facultados para: (…)

2. Interponer los recursos de ley.

(…).

ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la

contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia ”. (Subrayado fuera del texto original).

En vista de lo anterior, y una vez verificado que el defensor de oficio está habilitado para interponer recurso de alzada, se evidencia que se cumplen a cabalidad con los preceptos legales, pues, además, se hizo dentro del término establecido.A 16173

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3.- Del caso concreto. Procederá esta Comisión a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el defensor de oficio del disciplinado en su escrito de apelación, para determinar si estos revisten la contundencia suficiente que obliguen a revocar la decisión apelada, o si, por el contr ario, no prestan mérito para desvirtuar la misma. N o obstante, es válido recordar que el operador j udicial en segunda instancia solo está habilitado para analizar las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.

De manera que «si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior, es preci so que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en

ámbito de competencia material del superior, es preci so que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación»23.

Bajo esta premisa, esta Comisión procede a pro nunciarse respecto de los argumentos planteados en el recurso:

Sobre la tipicidad.

Adujo el apelante que estaba en desacuerdo con la responsabilidad derivada de la inasistencia a las siete (7) audiencias convocadas entre septiembre de 2021 a diciembr e de 2023, pu es no se evaluó el

23 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C -968 del 21 de o ctubre de 2003. Magistrada

Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente; D-4607.A 16173

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historial procesal del abogado. Recalcó que obraban pruebas del ánimo diligente del disciplinable, como la presentación oportuna de la solicitud de aplazamiento de la audiencia del 4 de enero de 2018 , porque no pudo asistir por razones de fuerza mayor.

Al respecto, se aclara que el fallo apelado no le endilgó responsabilidad disciplinaria al abogado por la inasistencia a siete (7)

porque no pudo asistir por razones de fuerza mayor.

Al respecto, se aclara que el fallo apelado no le endilgó responsabilidad disciplinaria al abogado por la inasistencia a siete (7) audiencias, solo le fue cuestionada la no comparecencia a cuatro (4), porque de las demás fue absuelto en la parte motiva de la providencia de primera instancia, como se procede a evidenciar:

Fecha de la diligencia Motivo de la no realización de la audiencia 9 de diciembre de 2021 El abogado manifestó no haber sido notificado. 7 de junio de 2022 El delegado de la fiscalía estaba de vacaciones. 20 de septiembre de 2022 El despacho se encontraba en otra diligencia 22 de diciembre de 2023 La audiencia sí se realizó y el disciplinable compareció a ella.

Por tanto, no se aprecia sustento en lo dicho por el recurrente, pues no todas las inasistenci as que fueron mencionadas en la compulsa de copias del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué, dentro del marco del proceso penal con radicado No. 73001 -60-004-50-201601599-00, fueron efectivamente o bjeto de repr oche disciplinario en el fallo sancionatorio.

Sin embargo, sí se advierte que la inasistencia a la audiencia del 18 de octubre de 2023 no fue relacionada en la formulación de cargos , pero sí formó parte del reproche disciplinario reali zado en la sentencia de primera instancia. Si bien se dijo en líneas anteriores que esta instancia estaba supeditada al principio de limitación, en materia disciplinaria, el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019, aplicable porA 16173

República de Colombia Rama Judicial

instancia estaba supeditada al principio de limitación, en materia disciplinaria, el artículo 234 de la Ley 1952 de 2019, aplicable porA 16173

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COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS Radicación No. 730012502000202400386 01

Referencia: ABOGADOS EN APELACIÓN

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