CNDJ - 76001110200020200036001
Detalles
- Título
- CNDJ - 76001110200020200036001
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A 16253
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado ponente: CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
Radicación No. 76001110200020200036001 Aprobado según Acta No. 029 de la misma fecha.
ASUNTO
Negada la ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla1, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado ANDRÉS FELIPE SOLORZANO GÓMEZ2 contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca3, donde lo sancionó c on suspensión de cinco (5) meses en el ejercicio de la profesión y multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al encontrarlo responsable de infringir el deber descrito en el artículo 28 numeral 8° de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en las faltas descritas en los numerales 3° y 4° del artículo 35 ibidem en la modalidad dolosa.
1 En Sala N° 022 del 8 de julio de 2026. 2 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 072. 3 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 066. Decisión dictada en sala de decisión dual conformada por los magistrados Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez (ponente) y Luis Rolando Molano Franco.A 16253
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por los magistrados Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez (ponente) y Luis Rolando Molano Franco.A 16253
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M.P. CARLOS ARTURO RAMÍREZ VÁSQUEZ
RADICADO NO. 76001110200020200036001
ABOGADO EN APELACIÓN
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SITUACIÓN FÁCTICA
El 28 de febrero de 2020, Giovanni Mora Bernal presentó queja disciplinaria4 contra los abogados Andrés Felipe Solórzano Gómez y Carlos Andrés Heredia Fernández5, por presuntas irregularidades en la gestión de un proceso ejecutivo contractual, cuya atención había contratado inicialmente con el primero, quien ex post, la encomendó al segundo, debido a circunstancias laborales que le impedían atender el asunto directamente, en ese contexto, indicó que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, mediante auto interlocutorio n.º 088 del 3 de febrero de 2020, ordenó entregar el dep ósito judicial n.º 469030002482497 a favor del profesional Heredia Fernández.
Manifestó que, al preguntar a Solórzano Gómez por qué el título no había sido expedido a su nombre, le respondió que obedecía a razones legales y que facilitaría el desembolso, añadió que, después de consultar el proceso en la dependencia judicial, le dijo al profesional que no retiraría el dinero hasta revisar la liquidación de honorarios y que esperaba contar con su presencia al momento del recibo, frente a lo cual aquel le ind icó que ello se había retrasado porque la jueza estaba incapacitada.
no retiraría el dinero hasta revisar la liquidación de honorarios y que esperaba contar con su presencia al momento del recibo, frente a lo cual aquel le ind icó que ello se había retrasado porque la jueza estaba incapacitada.
Señaló que el 13 de febrero de 2020 se reunió con el disciplinado y conoció que el dinero ya había sido obtenido, según este, debido a la proximidad de un paro, luego examinó la liquidac ión y advirtió la deducción del impuesto sobre las ventas del 19 % y de otros conceptos que no fueron acordados, por lo que consultó a su contador, quien le
4 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 01, folios 2 y 3. 5 Respeto a este profesional, en audiencia de pruebas y calificación del 29 de noviembre de 2022 se ordenó la terminación anticipada.A 16253
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manifestó que no debían cobrarse, pese a ello, aceptó conceder al abogado una semana para revisar n uevamente las cuentas y procurar un acuerdo, lo que no se logró, pues transcurridos quince días, intentó comunicarse telefónicamente sin obtener respuesta, dado que el profesional solo contestaba mediante mensajes y audios de WhatsApp en los que aplazaba l a revisión del ajuste de cuentas, situación que lo llevó a acudir a la jurisdicción disciplinaria.
comunicarse telefónicamente sin obtener respuesta, dado que el profesional solo contestaba mediante mensajes y audios de WhatsApp en los que aplazaba l a revisión del ajuste de cuentas, situación que lo llevó a acudir a la jurisdicción disciplinaria.
Como anexos 6, aportó el contrato de prestación de servicios para la atención del proceso ejecutivo, el auto interlocutorio n.º 088 del 3 de febrero de 2020 , mediante el cual se ordenó la entrega del depósito judicial n.º 469030002482497 a favor de Carlos Andrés Heredia Fernández, la providencia de corrección n.º 062 y la liquidación inicial de honorarios entregada por el abogado.
ACTUACIÓN PROCESAL
Acreditada la calidad de abogado 7, en proveído del 26 de marzo de 20208 se ordenó la apertura del proceso disciplinario . La audiencia de pruebas y calificación provisional se llevó a cabo en sesiones del 12 de julio9, 12 de octubre 10 y 29 de noviembre de 2022 11, oportunidad en la cual se recaudó la versión de los investigados 12, y luego se calificó la actuación mediante decisión de terminación anticipada en favor del
6 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 01, folios 4 a 9. 7Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 01, folios 11 y 12. 8 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 01, folio 14. 9 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 21 y 22. Fracasó por inasistencia de los disciplinables. 10 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 35 y 81. Sesión fracasada por inasistencia del abogado
9 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 21 y 22. Fracasó por inasistencia de los disciplinables. 10 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 35 y 81. Sesión fracasada por inasistencia del abogado Solórzano. 11 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 47 y 82. 12 Subcarpeta digital de primera instancia, subcarpeta de segundo nivel 76001250200020220055900, archivo 021 audiencia (récord 0:15:21 a 0:31:09).A 16253
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profesional Carlos Andrés Heredia 13 y de imputación frente a Andrés Felipe Solórzano Gómez.
Los cargos se estructuraron en la presunta inobservancia del deber previsto en el artículo 28, numeral 8 14, de la Ley 1123 de 2007, relacionado con la obligación de estipular con claridad el objeto del mandato, sus costos, la contraprestación y la forma de pago, así como la comisión, en concurso homogéneo, de las faltas previstas en los numerales 3° y 4° del artículo 3515 ibidem, por haber descontado de los dineros recibidos con destino a su cliente sumas correspondientes a papelería y seguridad social, entre otros gastos no previstos contractualmente ni acreditados como causados, además de conservar
dineros recibidos con destino a su cliente sumas correspondientes a papelería y seguridad social, entre otros gastos no previstos contractualmente ni acreditados como causados, además de conservar tales valores sin reintegrarlos, reproche atribuido a título de dolo, al considerar que conocía la ausencia de pacto y de justificación para efectuar esas deducciones.
La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo los días 24 de enero16 y 7 de febrero de 2023, en la primera sesión se recaudó prueba testimonial seguida de la ampliación de queja17, y en la segunda se prosiguió con la presentación de los alegatos de conclusión18.
13 El a quo concluyó que dicho abogado no tuvo relación con los descuentos efectuados, lo que corroboró al escuchar en ampliación bajo juramento al quejoso, razón por la cual no le resultaba atribuible reproche. 14 ARTÍCULO 28. DEBERES PROFESIONALES DEL ABOGA DO. Son deberes del abogado: (…) 8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. 15 ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…)3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.
contraprestación y forma de pago. 15 ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…)3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas. (…)4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo. 16 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 51 y 83. 17 Se escuchó bajo juramento a Adriana Rodríguez Leal y en ampliación al quejoso, prueba decretada a solicitud del disciplinado. La primera refirió no recordar los montos del contrato ni las sumas entregadas al doctor Solórzano. 18 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivos 58 y 59. Presentó argumento s finales el disciplinable y luego su defensor.A 16253
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de abril de 202319, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca declaró al disciplinado responsable por la comisión de las faltas enrostradas en el cargo, y le impuso sanción de suspensión de cinco (5) meses en el ejercicio de la profesión y multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con los argumentos que a continuación se relacionan.
cinco (5) meses en el ejercicio de la profesión y multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con los argumentos que a continuación se relacionan.
Para establecer la existencia de las faltas y la responsabilidad del abogado, la Comisión Seccional partió del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, conforme al cual se requiere certeza sobre ambos presupuestos, y anunció el examen de legalidad, antijuridicidad y culpabilidad, con fundamento en que el letrado Andrés Felipe Solórzano Gómez recibió, como resultado del proceso ejecutivo contractu al adelantado en representación de Giovanni Mora Bernal y de la Fundación Territorio, el título judicial número 469030002482497, por valor de $119.309.325, del cual descontó sus honorarios, impuestos, $3.500.000 por papelería y $4.389.015 por seguridad soc ial, para un total de $7.889.015 que no entregó al cliente.
Se valoró el contrato de prestación de servicios del 12 de julio de 201620, los autos números 062 y 088 del Juzgado Tercero Administrativo de Cali21, las liquidaciones elaboradas por el abogado, el recibo correspondiente a la entrega de $67.000.000, al mandante22, lo expuesto
19Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 66. 20 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, carpeta de segundo nivel # 44, archivo 5. 21 Aportados por el quejoso. (Ver, nota al pie #6). 22 Expediente digital, archivo 45 A, también subcarpeta de primera instancia, carpeta de segundo nivel # 44, archivo 15, y carpeta de segundo nivel # 46, archivo 17.A 16253
21 Aportados por el quejoso. (Ver, nota al pie #6). 22 Expediente digital, archivo 45 A, también subcarpeta de primera instancia, carpeta de segundo nivel # 44, archivo 15, y carpeta de segundo nivel # 46, archivo 17.A 16253
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en versión por Carlos Andrés Heredia y el disciplinado, lo dicho bajo juramento en sede de ampliación de la queja, el testimonio de Adriana Rodríguez Leal y las comunicaciones de WhatsApp23 , elementos con los cuales tuvo por acreditada la recepción del título, los descuentos practicados y la omisión en entregar los valores discutidos.
En cuanto a la papelería, el a quo señaló que Giovanni Mora y Adriana Rodríguez Leal habían convenido que los gastos ocasionados por los procesos serían atendidos con los recursos que obtuviera, sin embargo, precisó que dicho acuerdo no relevaba al profesional de demostrar la efectiva realización de las erogaciones, por lo que, ante la inexistencia de facturas, recibos o comprobantes relativos a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC) y a los juzgados, calificó como irreal la expensa de $3.500.000 24 y sostuvo que, una vez descontada sin respaldo, debía ser reintegrada al cliente.
Respecto de la seguridad social, consideró que la vinculación contractual
como irreal la expensa de $3.500.000 24 y sostuvo que, una vez descontada sin respaldo, debía ser reintegrada al cliente.
Respecto de la seguridad social, consideró que la vinculación contractual de prestación de servicios profesionales excluía la existencia de una relación laboral y establecía honorarios netos, libres de descuentos tributarios, de mo do que aquellos aportes constituían una obligación personal del abogado como trabajador autónomo, no una carga trasladable al contratante, conclusión que apoyó en información consultada en la página web oficial del Ministerio del Trabajo 25, en la sentencia T-251 de 2022, de la cual invocó lo alusivo a los deberes de afiliación y cotización de los independientes, en la sentencia T -501 de
23 Expediente digital, archivo 50 A, folios 3 a 11. 24 Resultante de sumar los descuentos “CVC papelería” por $ 2.500.000 y “Juzgado papelería” por $ 1.000.000., anotados en la liquidación aportada por el quejoso. Expediente digital, archivo 45 A, folio 4. 25 Ver, sentencia de primera instancia, folio 49.A 16253
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2018, relativa a la posibilidad de efectuar aportes extemporáneos sin alterar la responsabilidad del trabajador frente al sistema, y en la
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2018, relativa a la posibilidad de efectuar aportes extemporáneos sin alterar la responsabilidad del trabajador frente al sistema, y en la sentencia C-040 de 1993, que diferenció las contribuciones parafiscales de los impuestos, razón por la cual descartó que el concepto alegado por el inquirido pudiera incluirse entre los descuentos tributarios.
A partir de esas premisas, se estimó que el disciplinado había exigido u obtenido dinero para gastos o expensas irreales e ilícitas, en los términos del numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto descontó valores que no acreditó o que no podía cargar al cliente, y que, además, omitió entregar tales recursos recibidos con ocasión de la gestión profesional, conducta prevista en el numeral 4 de la misma disposición, al mantener una suma que pertenecía a Giovanni Mora y que debía serle transmitida, por lo que enrostró c oncurso homogéneo y vinculó ambos cuestionamientos con la infracción del deber de obrar con lealtad y honradez previsto en el artículo 28, numeral 8.
Al responder las explicaciones defensivas, la Colegiatura de primera instancia sostuvo que no estaba controvertida la existencia de un acuerdo general sobre el reconocimiento de gastos procesales, sino la falta de prueba sobre la aplicación, y descartó que el concepto tributario allegado justificara el descuento por aportes al sistema aludido, pues aquel documento versaba sobre el impuesto de renta, ítem que además ya había sido incluido en la liquidación, por lo que, con apoyo en las
justificara el descuento por aportes al sistema aludido, pues aquel documento versaba sobre el impuesto de renta, ítem que además ya había sido incluido en la liquidación, por lo que, con apoyo en las sentencias C-086 de 2006 y T-733 de 2013 de la Corte Constitucional, y en un pronunciamiento de esta Comisión, afirmó que, si bien la carga de la prueba corresponde al Estado, cada parte debe acreditar los hechos en que sustenta sus pretensiones o explicaciones, exigencia que el abogado no satisfizo.A 16253
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En materia de antijuridicidad, se invocó la providencia del 12 de julio de 2012, radicado 170011102000201100085 01, de la entonces denominada Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para señalar que la responsabilidad disciplinaria se configura ante la infracción de los deberes propios del ejercicio profesional, también citó la sentencia C -540 de 1993 de la Corte Constitucional, de la cual extrajo que la abogacía cumple una función social que impone exigencias de idoneidad, eficiencia, moralidad y responsabilidad, con base en ello, concluyó que la conducta afectó la honradez profesional y el patrimonio del cliente, sin que se hubiera acreditado una justificación atendible.
En cuanto a la culpabilidad, el a quo concluyó que el abogado actuó con
concluyó que la conducta afectó la honradez profesional y el patrimonio del cliente, sin que se hubiera acreditado una justificación atendible.
En cuanto a la culpabilidad, el a quo concluyó que el abogado actuó con dolo, porque conocía los deberes éticos inherentes a la aboga cía, descontó de modo consciente sumas que no podía acreditar ni deducirle al cliente y decidió conservarlas pese a que debía proceder a su entrega, lo que relacionó con su experiencia profesional, la naturaleza de los conceptos cobrados, los requerimientos formulados por el cliente y la inexistencia de prueba sobre su recibo por parte del destinatario, mientras que, para dosificar, valoró la trascendencia social de la conducta, los perjuicios materiales y morales padecidos por el mandante, la gravedad de d os comportamientos dolosos, la necesidad de una finalidad preventiva y correctiva, la proporcionalidad de la medida, la ausencia de antecedentes y la falta de devolución de los recursos, por lo que declaró responsable a Andrés Felipe Solórzano Gómez y le impuso el correctivo ya anotado.A 16253
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RECURSO DE APELACIÓN
El defensor del disciplinado interpuso y sustentó oportunamente 26 el recurso de apelación, que fue concedido con proveído del 29 de mayo de 202327, los argumentos expuestos se sintetizan a continuación:
El defensor del disciplinado interpuso y sustentó oportunamente 26 el recurso de apelación, que fue concedido con proveído del 29 de mayo de 202327, los argumentos expuestos se sintetizan a continuación:
Solicitó revocar la sentencia sancionatoria y absolver a su representado de las faltas previstas en los numerales 3° y 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que la primera instancia no alcanzó el grado de certeza exigido por el artículo 97 ibidem, pues las conclusiones sobre la realidad de los gastos, la procedencia de las deducciones, la titularidad del capital y la supuesta apropiación se sustentaron en hipótesis apenas probables, no en elementos demostrativos suficientes.
Frente a la descripción del numeral 4, cuestionó que la Comisión Seccional hubiera reconocido la existencia de un acuerdo para sufragar los gastos procesales y, a la vez, exigido recibos o comprobantes como única forma de acreditación, además de reprochar el descuento por seguridad social sin establecer si el valor permaneció en el patrimonio del abogado o fue destinado al sistema correspondiente, por lo que objetó la conclusión según la cual este se había apropiado de recursos ajenos y debía reintegrar $7.889.015, máxime cuando entregó el dinero conforme a lo pactado, rindió un informe, expidió un recibo y discriminó cada uno de los descuentos practicados.
26 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 70 (constancia secretarial de término de ejecutoria transcurrido entre los días 5 y 9 de mayo de 2023). El memorial de apelación se remitió por mensaje de datos el 9 de
26 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 70 (constancia secretarial de término de ejecutoria transcurrido entre los días 5 y 9 de mayo de 2023). El memorial de apelación se remitió por mensaje de datos el 9 de mayo de 2023 a las 3:59 pm. 27 Expediente digital, subcarpeta de primera instancia, archivo 78.A 16253
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Precisó que la censura no se centraba en los honorarios profesionales, los cuales se pactaron netos y libres de descuentos tributarios, ni en los valores de remuneración, sino sobre los gravámenes, retenciones y aportes parafiscales derivados del cobro de valores pertenecientes a un tercero, de modo que la controversia no correspondía a una retención indebida con ocasión de la gestión profesional, sino a la determinación de las cargas generadas por la operación tributaria y por la forma en que se produjo la entrega.
Para explicar esa postura, sostuvo que hubo dos contratos de prestación de servicios, celebrados el 3 de diciembre de 2014 y el 16 de julio de 2016, cuyos términos permitían sostener que los dineros derivados del proceso ejecutivo pertenecían a la Fundación Territorio, identificada con NIT 900137730-2, mientras Giovanni Mora Bernal actuó como su representa nte legal, por lo que invocó la sentencia T -889 de
derivados del proceso ejecutivo pertenecían a la Fundación Territorio, identificada con NIT 900137730-2, mientras Giovanni Mora Bernal actuó como su representa nte legal, por lo que invocó la sentencia T -889 de 2013 para diferenciar la titularidad de los derechos de la persona jurídica de aquellos propios de quien la representa, así como para señalar que la actuación de esta última no podía confundirse con la def ensa de intereses personales.
A partir de esa distinción, afirmó que la obligación inicial fue novada con el bilateral suscrito por Adriana Rodríguez Leal, autorizada por el representante legal, y que después Giovanni Mora modificó la forma de cumplimiento al solicitar que los recursos le fueran entregados por vía directa como individuo, en lugar de ingresar a las cuentas de la Fundación Territorio, circunstancia que configuró una subrogación o una simple diputación para el pago, y alteró la obligación inicial (aunque no extinguió) y dio lugar a una operación de recaudo de ingresos para terceros.A 16253
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Planteó que los ingresos recibidos para otros no integran el patrimonio de quien los percibe 28, por lo que el importe del título judicial, cuya cuantía estimó en $ 117.401.125, debía transferirse a la Fundación Territorio, entidad a la que atribuyó obligaciones tributarias por
de quien los percibe 28, por lo que el importe del título judicial, cuya cuantía estimó en $ 117.401.125, debía transferirse a la Fundación Territorio, entidad a la que atribuyó obligaciones tributarias por $8.778.030 y retenciones por $14.785.200, mientras calculó en $8.778.030 el valor correspondiente a la seguridad social, cuya naturaleza parafiscal apoyó en las sentencias C -711 de 2001 y C -155 de 2004, así como en una providencia del Consejo de Estado del 26 de marzo de 2009.
Puntualizó que debe distinguirse entre la constitución de un depósito judicial, que surge del resultado del proceso y no constituye todavía una entrega a favor del beneficiario, y el momento posterior en que se hace efectiva, supuesto en el cual puede proceder la retención en la fuente, salvo que el destinatario se encuentre expresamente exceptuado, por lo que reprochó que la primera instancia desconociera las implicaciones fiscales de la modificación en la forma de pago, así como las consecuencias de que el dinero se hubiera entregado en efectivo a Giovanni Mora y no a la Fundación Territorio.
Con base en lo anterior, cue stionó la imputación, arguyendo que el descuento de tributos, retenciones o aportes derivados del cobro de ingresos para terceros no están comprendidos en la descripción del artículo 35.4, razón por la cual invocó los principios de legalidad y tipicidad de sarrollados en la sentencia C -030 de 2012, además de sostener que las controversias relativas a la procedencia, pago y distribución de esas cargas debían resolverse en sede civil o tributaria.
tipicidad de sarrollados en la sentencia C -030 de 2012, además de sostener que las controversias relativas a la procedencia, pago y distribución de esas cargas debían resolverse en sede civil o tributaria.
28 Invocó al respecto Con fundamento en el oficio n.º 907500 de la DIAN, el artículo 553 del Estatuto Tributario, los artículos 11 y 123 del Decreto 2649 y el Concepto n.º 1053 de 2016 de la DIAN.A 16253
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Disintió de que se tuviera por acreditada la apropiación de $4. 389.015 sin contar con certificaciones de la DIAN o de la UGPP, documentos financieros del abogado o estados de cuenta que demostraran que el dinero permaneció en su patrimonio, dado que debió establecerse si los aportes fueron efectivamente trasladados al sistema de seguridad social, si los tributos y retenciones se pagaron, quién debía asumirlos y si pudo producirse un doble pago.
En materia probatoria, objetó que se aplicaran de manera indiferenciada las reglas civiles sobre carga de la prueba, pues en su criterio, el proceso disciplinario tiene naturaleza predominantemente inquisitiva y exige una actuación oficiosa del juzgador, de manera que el principio onus probandi no podía utilizarse para trasladar al abogado la obligación
proceso disciplinario tiene naturaleza predominantemente inquisitiva y exige una actuación oficiosa del juzgador, de manera que el principio onus probandi no podía utilizarse para trasladar al abogado la obligación de acreditar su inocencia , además, invocó las sentencias T -264 de 2009, T-772 de 2003 y C-070 de 1993 para destacar la regla actore non probante, reus absolvitur.
Respecto de la falta prevista en el numeral 3 del artículo 35, sostuvo que Adriana Rodríguez Leal reconoció bajo jura mento la existencia de gastos procesales asumidos por el abogado, cuyo reembolso había sido autorizado con cargo a las resultas del proceso ejecutivo, debido a la situación económica de la Fundación Territorio, circunstancia que también encontraba respaldo en el correo del 18 de junio de 2016, en la liquidación presentada al cliente y en la posibilidad de corroborar las erogaciones dentro de los expedientes tramitados ante la CVC y los juzgados, por lo que la ausencia de recibos no permitía concluir per se que los gastos fueran irreales o ilícitos.A 16253
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En esa línea, reprochó que la Comisión hubiera concentrado el análisis en la falta de comprobantes y dejara de valorar integralmente el testimonio mencionado, las explicaciones del disciplinado, el informe
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En esa línea, reprochó que la Comisión hubiera concentrado el análisis en la falta de comprobantes y dejara de valorar integralmente el testimonio mencionado, las explicaciones del disciplinado, el informe rendido al cliente, la liquidación de los conceptos descontados y las gestiones desarrolladas durante más de 7 años, ya que tales elementos permitían sostener que el profesional asumió expensas en calidad de préstamo y que estas fueron reconocidas y descontadas conforme a lo convenido, de modo que subsistía duda sobre la configuración de la conducta y debía aplicarse el principio in dubio pro disciplinado.
En lo que concierne a la culpabilidad, negó tanto el elemento cognitivo como el volitivo del dolo, con sust ento en que su prohijado informó de manera clara el dinero recibido, los honorarios, los costos y erogaciones, los tributos, las retenciones y la suma entregada, conducta correspondiente a la actuación esperable de un profesional que presenta cuentas discriminadas y susceptibles de contradicción ante la jurisdicción ordinaria, agregó que no existía una acción positiva dirigida a lesionar los intereses del cliente ni prueba de un propósito fraudulento, pues quien asumió durante años los costos de los proceso s se encontraba, conforme a las reglas de la experiencia, lejos de actuar con esa finalidad, de modo que dicha atribución se edificó sobre conjeturas y no a partir de la demostración de una voluntad consciente de transgredir el deber de honradez.
Por último, anunció la incorporación de documentos recaudados para respaldar la existencia de lo que había pagado ante la CVC y los juzgados, soportes que adjunta y están dados por seis recibos
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