CNDJ - 76001250200020230161201
Detalles
- Título
- CNDJ - 76001250200020230161201
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
A - 16128
1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026) Magistrado Ponente: ALFONSO CAJIAO CABRERA Radicación No. 760012502000 2023 01612 01 Aprobado según Acta de Sala No.27 de la misma fecha Referencia: Abogado en apelación sentencia.
ASUNTO
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en ejercicio de la competencia conferida en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, procede a resolver el recurso de apelación promovido por el abogado EDWARD URBANO GÓMEZ contra la sentencia del 12 de julio de 20241 mediante la cual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo declaró disciplinariamente responsable con SUSPENSIÓN del ejercicio profesional por el termino de dos (2) meses, por haber incurrido en la falta consagrada en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007, concordante con el numeral 8 del artículo 28 ibidem, a título de dolo.
HECHOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES
La presente investigación tuvo su origen en la queja2 presentada por Claudia Patricia Girón Villarreal contra el abogado EDWARD URBANO GÓMEZ, ya que, el profesional del derecho recibió la suma de $2.000.000 el 22 de enero de 2018 para adelantar un proceso declarativo de pertenencia, y posteriormente la suma de $800.000 el 22 de diciembre de 2018 para tramitar un proceso de disolución de
$2.000.000 el 22 de enero de 2018 para adelantar un proceso declarativo de pertenencia, y posteriormente la suma de $800.000 el 22 de diciembre de 2018 para tramitar un proceso de disolución de
1 H.M Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez (Ponente) y Luis Rolando Molano FrancoCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
2
A - 16128
unión marital de hecho, sin que a la fecha de radicación de la queja hubiese obtenido resultado alguno ni efectuado devolución de los dineros entregados.
Refirió además que, ante la falta de avances en el segundo asunto, en octubre de 2022 acudió a un centro de conciliación en la ciudad de Cali para resolver directamente la disolución, incurriendo en un costo adicional de $350.000, y que durante el tiempo de gestión el abogado se limitó a manifestar que los procesos estaban en trámite, sin acreditar actuaciones concretas encaminadas a respaldar sus intereses, presentando dificultades reiteradas de comunicación y suministrando fechas de solución que nunca se materializaron.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia certificó que el profesional EDWARD URBANO GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 16.499.564 se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la tarjeta profesional No. 89.4683, vigente.
Agotado el requisito de procedibilidad señalado en el artículo 104 de la
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura con la tarjeta profesional No. 89.4683, vigente.
Agotado el requisito de procedibilidad señalado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, mediante auto del 11 de septiembre de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca4 ordenó apertura del proceso disciplinario contra el abogado EDWARD URBANO GOMEZ y convocó a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional, que se llevó a cabo en sesión del 29 de mayo5 de 2024, en las cuales se recaudaron las siguientes pruebas y actuaciones:
- Se incorporaron como pruebas las aportadas por la quejosa 6,
entre ellas, copia de recibo de caja menor No. 1 del 22 de enero de 2018 por valor de $200.000, copia de recibo de caj a menor No. 2 del 17 de febrero de 2018 por valor de $800,000, copia de recibo de caja
2 003CorreoQueja3 010CertificadoURNA 4 012Auto-Apertura
5 018Audiencia29-05-2024COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
3
A - 16128
menor No. 3 del 17 de marzo de 2018 por valor de $1.000.000, todos ellos correspondiente a abonos de honorarios profesionales realizados por el proceso declarativo de pe rtenencia, copia de recibo de caja
A - 16128
menor No. 3 del 17 de marzo de 2018 por valor de $1.000.000, todos ellos correspondiente a abonos de honorarios profesionales realizados por el proceso declarativo de pe rtenencia, copia de recibo de caja menor No. 01 del 22 de diciembre de 2018 por valor de $200.000, copia de recibo de caja menor No.2 del 9 de febrero de 2019 por valor de $200.000, copia de recibo de caja menor del 2 de marzo de 2019 por valor de $200.000, copia de recibo de caja menor del 30 de marzo de 2019 por valor de $200.000 correspondiente a abonos de honorarios profesionales realizados por el proceso de disolución y liquidación de unión marital de hecho , copia del acta de acuerdo de disolución de sociedad conyugal de hecho y liquidación patrimonial del 13 de octubre de 2022 ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Fundecol, chats de WhatsApp sostenidos entre la quejosa y el disciplinable desde el 22 de octubre de 2018 hasta el 23 de marzo de 2023, copia del poder especial concedido por la quejosa al disciplinable para iniciar y tramitar proceso de declaración, disolución y liquidación de sociedad patrimonial de hecho, entre otras.
- Versión libre del disciplinable: manifestó la intención de dev olver a la quejosa los dineros a él entregados por concepto de honorarios con el fin de resarcir los perjuicios.
En esta misma audiencia se declaró cerrada la etapa probatoria y realizó la calificación jurídica de la actuación formulando cargos en contra del abogado EDWARD URBANO GOMEZ por haber
con el fin de resarcir los perjuicios.
En esta misma audiencia se declaró cerrada la etapa probatoria y realizó la calificación jurídica de la actuación formulando cargos en contra del abogado EDWARD URBANO GOMEZ por haber presuntamente incurrido en las conductas descritas en los artículos 34 literal c) y 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el deber consagrado en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley ibidem, ambos a título de dolo.
Normas que en lo pertinente consagran: “(…) Artículo 28. Deberes profesionales del abogado . Son deberes del abogado:
6 004AnexosCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
4
A - 16128
8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos , el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.
Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente: (…) c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicacione s jurídicas o
concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago. Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente: (…) c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicacione s jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto; (…) Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: 1.Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos. (…) (Cursiva propia de sala) En cuanto a la falta de lealtad con el cliente, el a quo consideró que el abogado alteró la información veraz sobre el estado de los asuntos encomendados con el ánimo de desviar la libre decisión de su poderdante respecto del manejo de los mismos, pues, pese a haber recibido la suma de $2.000.000 para tramitar un pro ceso declarativo de pertenencia y $800.000 para iniciar un proceso de disolución y liquidación de unión marital de hecho, no realizó gestión alguna, limitándose a mantenerla en incertidumbre mediante información tergiversada pues le indicaba a la quejosa q ue ya se estaban tramitando los encargos, “que estaba en notaria y en el juzgado”, “que era mejor en notaria”, “que lo iba a retirar”, “que ya había salido sentencia”, aun cuando existía necesidad apremiante de definir tales situaciones. Todo esto por aproximadamente 4 años, entre el 26 de marzo de 2019
era mejor en notaria”, “que lo iba a retirar”, “que ya había salido sentencia”, aun cuando existía necesidad apremiante de definir tales situaciones. Todo esto por aproximadamente 4 años, entre el 26 de marzo de 2019 y el 16 de noviembre de 2022 cuando el abogado le manifestó a su poderdante que las gestiones inicialmente contratadas no se había n adelantado en los términos señalados. Lo cual fue evidente porque en relación con la disolución de la unión marital de hecho la quejosa fue quien la realizó. En lo que respecta a la falta de honradez, la autoridad judicial consideró acreditado que el profesional acordó y obtuvo de su clienteCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
5
A - 16128
las sumas de $2.000.000 por el proce so de pertenencia y $800.000 por el proceso de liquidación de unión marital de hecho, sin que se tuviera razón de su destinación ni gestión efectiva, aprovechándose de la necesidad de la poderdante. Seguido a ello, se procedió con la etapa de juzgamiento d e conformidad con el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, en sesión del 5 de junio de 20247. - Alegatos de conclusión del disciplinable: manifestó que, mediante consignación efectuada a través de Bancolombia S.A., realizó la devolución de los dineros previam ente entregados por su cliente mediante consignación realizada el 4 de junio de 2024 razón
mediante consignación efectuada a través de Bancolombia S.A., realizó la devolución de los dineros previam ente entregados por su cliente mediante consignación realizada el 4 de junio de 2024 razón por la cual solicitó la aplicación de los criterios de atenuación previstos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, particularmente en lo relativo a la reparación del perjuicio causado.
- Se anexo al expediente la prueba allegada por el quejoso consistente en la Copia de la consignación No. 520922105 del 4 de junio de 2024 que realizó el disciplinable a la quejosa por valor de
$2.800.0008.
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia del 12 de julio de 2024 9, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca declaró la prescripción de la conducta prevista en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el deber consagrado en el artículo 28 numeral 8 ibídem, y con fundamento en el artículo 24 de la citada norma en favor del profesional EDWARD URBANO GÓMEZ al considerar que los hechos ocurrieron entre el 22 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, periodo en el cual el abogad o acordó y obtuvo la suma de $2.800.000 por concepto de honorarios en “ aprovechamiento de la necesidad de que tenía la quejosa para tramitación de los procesos.”
7 022Audiencia05-06-2024 8 021ReciboPagoDisciplinable 025DisciplinableAportaPruebas
9 027SentenciaPrimeraInsCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
7 022Audiencia05-06-2024 8 021ReciboPagoDisciplinable 025DisciplinableAportaPruebas
9 027SentenciaPrimeraInsCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
6
A - 16128
configurándose así el fenómeno prescriptivo conforme al artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Por otra parte, declaró disciplinariamente responsable al profesional con dos (2) meses de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión de abogado por haber incurrido en la falta consagrada en el artículo 34 literal c) en concordancia con el numeral 8 del artí culo 28 ibidem, a título de dolo. En punto a la tipicidad de la falta de lealtad con el cliente, el a quo concluyó que el profesional alteró la información suministrada a su poderdante al manifestarle que los asuntos encomendados, esto es, el proceso dec larativo de pertenencia y el proceso de disolución y liquidación de unión marital de hecho, se encontraban en trámite, incluso indicando que se adelantaban ante notaría y juzgado, por aproximadamente 4 años, entre el 26 de marzo de 2019 y el 16 de noviembre de 2022 cuando “el abogado le manifestó que frente al proceso de declaración de la unión marital de hecho le haría la devolución de los dineros, dado que la quejosa adelantó la gestión a través de un centro de conciliación, indicándole que frente al proc eso de pertenencia continuaría la actuación en el
declaración de la unión marital de hecho le haría la devolución de los dineros, dado que la quejosa adelantó la gestión a través de un centro de conciliación, indicándole que frente al proc eso de pertenencia continuaría la actuación en el juzgado, situación que tampoco acreditó haber10”. Por el contrario, se estableció que los trámites contratados nunca fueron ejecutados por el jurista, pese a lo cual, en las distintas conversaciones sosteni das con la señora Claudia Patricia Girón, continuó afirmando que los procesos estaban en curso, ocultando la verdadera situación y generando una percepción contraria a la realidad, faltando con ello al deber de obrar con lealtad en su relación profesional. Ello con el conocimiento y voluntad de su actuar. Al momento de dosificar la sanción, se tuvieron en cuenta los criterios generales de graduación previstos en el literal a), numerales 1, 2 y 3 del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 11. En cuanto a la trascendencia
10 027SentenciaPrimeraIns, pg. 13. 11 Artículo 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:
A. Criterios generales
1. La trascendencia social de la conducta.
2. La modalidad de la conducta.
3. El perjuicio causado.
4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
cuidado empleado en su preparación.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
7
A - 16128
social, la instancia consideró que con dicha circunstancia se afectó la confianza de los usuarios en la profesión y en la recta administración de justicia y con el conocimiento y voluntad, al ocultar y alterar información relevante con el propósit o de encubrir la falta de gestión y desviar la libre decisión de su cliente sobre el asunto encomendado, se causó un perjuicio al generar una expectativa a la señora Claudia Patricia Girón Villareal, quien permaneció durante aproximadamente cuatro años con la creencia de que sus asuntos estaban en trámite, con la consecuente pérdida de tiempo y recursos, al no recibir información veraz sobre el estado real de las gestiones. Asimismo, tuvo en cuenta la gravedad de la conducta “ de cara a la afectación de los intereses de su cliente, es grave, pues con ello se generó un posible perjuicio moral y material a su cliente, quien tuvo que soportar que el profesional del derecho no actuara con lealtad frente a la información que le brindaba sobre los tramites encomen dados”12 y finalmente, tuvo en cuenta el criterio de atenuación señalado en el numeral 2 del literal B) ibidem13 “debiéndose tener en cuenta que el togado no cuenta con antecedentes disciplinarios y que intento resarcir el daño causado14”.
Por lo tanto, en atención a los criterios de graduación y los principios
“debiéndose tener en cuenta que el togado no cuenta con antecedentes disciplinarios y que intento resarcir el daño causado14”.
Por lo tanto, en atención a los criterios de graduación y los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad se decidió imponer la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses. DE LA APELACIÓN La referida sentencia fue n otificada a las partes el 14 de agosto de
2024. Inconforme con la decisión, el disciplinado interpuso recurso de apelación el 16 de agosto de la anualidad, fundamentando su inconformidad en la dosificación de la sanción , sosteniendo que el a
5. Los motivos determinantes del comportamiento.
12 027SentenciaPrimeraIns, pg. 25. 13 B. Criterios de atenuación
1. La con fesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.
2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. E n este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
8
A - 16128
quo no aplicó correctamente el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en particular el numeral 2 del literal b), pues afirmó haber reparado
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
8
A - 16128
quo no aplicó correctamente el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en particular el numeral 2 del literal b), pues afirmó haber reparado integralmente el perjuicio mediante la devolución total de los dineros recibidos. En consecuencia, consider ó que dicha circunstancia atenuante, sumada a la ausencia de antecedentes disciplinarios, imponía la sanción de censura y no la suspensión de dos (2) meses, por lo que solicitó la modificación de la decisión en ese sentido.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
De la competencia.
Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia15, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión.
Ahora, la órbita de competencia de la autoridad judicial de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el juzgador que los tópicos no discutidos no suscitan inconformidad. Respecto de la órbita de conocimiento esta Corporación, no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión recurrida y desatar los puntos de disenso esbozados por el apelante. De la prescripción
Antes de abordar los reparos realizados a la decisión de primer grado,
realizar un control de legalidad de la decisión recurrida y desatar los puntos de disenso esbozados por el apelante. De la prescripción
Antes de abordar los reparos realizados a la decisión de primer grado, esta Colegiatura estima necesario precisar que la conducta prevista en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007, consistente en “alterar
14 027SentenciaPrimeraIns, pg.26. 15 Inciso quinto del artículo 257A C.P. “La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.”COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
9
A - 16128
la información correcta” suministrada al cliente “con el ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto”, que le fue formulada al profesional EDWARD URBANO GÓMEZ es de naturaleza instantánea. De manera que se consuma en el momento mismo en que el profesional transmite una información contraria a la realidad respecto del estado de la gestión encomendada. En ese sentido, es de anotar que sentencia recurrida estructuró la responsabilidad disciplinaria con fundamento en diversas manifestaciones efectuadas por el investigado a lo largo de 4 años, entre el 26 de marzo de 2019 y el 16 de noviembre de 2022 a través
responsabilidad disciplinaria con fundamento en diversas manifestaciones efectuadas por el investigado a lo largo de 4 años, entre el 26 de marzo de 2019 y el 16 de noviembre de 2022 a través de las cuales informó a la quejosa que los procesos encomendados se encontraban en trámite, pese a que no existía actuación alguna que respaldara tales afirmaciones. Así, cada una de esas alteraciones informativas constituye un hecho autónomo para efectos del cómputo del término prescriptivo. Del material probatorio16 valorado por el a quo se encuentran acreditadas las siguientes alteraciones a la información suministrada por el disciplinado a la quejosa respecto del trámite impartido al proceso declarativo de pertenencia y al proceso de disolución y liquidación de la unión marital de hecho que le fueron encomendados, conforme se desprende de las conversaciones sostenidas a través de WhatsApp17 y de la certificación expedida por el jurista a Vehículos y Servicios S.A.S
1. Chat del 26 de marzo de 2019: “ya se presentó, estoy pendiente que revisen el documento y que me informen para cuando está la sentencia”
2. Chat del 25 de abril de 2019: “ Ayer estuve preguntándola y están averiguando si hay necesidad de llamar a los testigos o si pueden sacar la sentencia así, el viernes vuelvo a arrimar” “¿¿¿Eso es l o del divorcio???” “si, ese es que estoy hablando para ver si no hay necesidad de llamar testigos”
16 004Anexos 17 Sobre el valor probatorio de las conversaciones de WhatsApp, consultar sentencia de 30 de noviembre de
es que estoy hablando para ver si no hay necesidad de llamar testigos”
16 004Anexos 17 Sobre el valor probatorio de las conversaciones de WhatsApp, consultar sentencia de 30 de noviembre de 2022; M.P., Carlos Arturo Ramírez Vázquez, Rad. 11001110200020200008801.COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
10
A - 16128
3. Chat del 21 de mayo de 2019: “ Cómo va el proceso de anulación marital????” “buenos días, que pena que no te pude contestar, pero estoy fuera de la ciudad, en la tarde que llegue arrimo al juzgado haber lo de la audiencia”.
4. Chat del 19 de junio de 2019: “ Buenas tardes Dr. ¿Cómo va con el proceso del divorcio...? Me avisa si ya tiene el documento, y también para pagarle los 200 que le debo” (…) “Buenos días Claudia, que pena que no te había podido contestar, pero es que estaba pendiente de noticias nuevas del proceso. Te informo que hable hoy otra vez con la secretaria del juzgado y me recomendó mejor seguir el proceso por Notaría, ya que tienen ellos muchas audi encias pendientes y el llamado de los testigos se va a demorar, entonces me fui a la Notaría y ellos me dicen que ya los han autorizado para hacer esos trámites, entonces como tú necesitas rápido lo del Divorcio, entonces voy a seguirlo por Notaría para ver si a finales de mes ya tenemos la decisión, lo único es que con el Poder que tenemos no me dejan terminarlo en Notaría, por eso te voy a mandar
entonces como tú necesitas rápido lo del Divorcio, entonces voy a seguirlo por Notaría para ver si a finales de mes ya tenemos la decisión, lo único es que con el Poder que tenemos no me dejan terminarlo en Notaría, por eso te voy a mandar por correo electrónico otro para terminar el proceso”
5. Chat del 26 de julio de 2019: “ Buenos dias Dr. Cómo va e l proceso de la separación???” (…) “Bien, quedó en la notaría 3 ahora que llegue de buenaventura, arrimo para ver cuándo me entregan la escritura. Yo te aviso”.
6. Comunicación del 19 de septiembre de 2019 dirigida al área de Gestión Humana de Vehículos y Se rvicios S.A.S “Primero. Que en la actualidad estoy adelantando ante los Juzgados de este Circuito un PROCESO DECLARATIVO DE PERTENENCIA en favor de la señora CLAUDIA PATRICIA GIRON VILLAREAL, identificada con la Cedula de Ciudadanía número 66.906.721 en su condición de heredera y poseedora de los derechos sobre el inmueble ubicado en la Avenida 7B Oeste No. 19 -186, cuyo propietario inicial era su Padre de nombre ALSELMO GIRON (q.e.p.d)”
7. Chat del 16 de noviembre de 2022: “ Buenos días, respecto a lo del proceso de la unión marital, si te voy a hacer la devolución del dinero, entonces envíame por aquí una cuenta bancaria para empezar a consignar ese valor de $ 800, lo del proceso eso está en el juzgado y solamente hay que esperar la fecha de audiencia, ya que la anterior no se pudo hacer” Con fundamento en lo expuesto, se concluye que respecto de las alteraciones a la información suministrada a la quejosa, consumadas
800, lo del proceso eso está en el juzgado y solamente hay que esperar la fecha de audiencia, ya que la anterior no se pudo hacer” Con fundamento en lo expuesto, se concluye que respecto de las alteraciones a la información suministrada a la quejosa, consumadas durante el año 2019, operó el fenómeno de la prescripción, por haber transcurrido el término de cinco (5) años previsto en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, el cual señala que el ius puniendi estatal fenece en el plazo de cinco (5) años, contados para las faltas instantáneas desdeCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
11
A - 16128
el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.
Así lo refiere la norma: “Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, constituye causal de extinción de la acción disciplinaria “2. La prescripción”. No ocurre lo mismo con la manifestación realizada el 16 de noviembre
artículo 23 de la Ley 1123 de 2007, constituye causal de extinción de la acción disciplinaria “2. La prescripción”. No ocurre lo mismo con la manifestación realizada el 16 de noviembre de 2022, oportunidad en la cual el disciplinado informó a la quejosa que el proceso de pertenencia "está en el juzgado y solamente hay que esperar la fecha de audiencia", afirmación respecto de la cual no obra prueba alguna de que correspondiera a la realidad y que, por tanto, constituye una alteración a la información sobre la cual no ha operado la prescripción. Por lo tanto, respecto de este comportamiento la acción disciplinaria permanece vigente, razón por la cual el análisis de los reparos a la sentencia de primera instancia realizadas por el disciplinado se circunscribirá exclusivamente a este hecho. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-556 del 31 de mayo de 2001, con ponencia del honorable magistrado Álvaro Tafur Galvis, refirió sobre el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria:
“La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva -ius puniendipor el cumplimiento del término señalado en la ley. (…) Dentro del proceso disciplinario, la prescripción permite tener certeza de que a partir de su declaratoria la acción disciplinaria iniciada deja de existir. En este sentido, la necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub judice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente,
necesidad de un equilibrio entre el poder sancionador del Estado, y el derecho del servidor público a no permanecer indefinidamente sub judice y el interés de la administración en ponerle límites a las investigaciones, de manera que no se prolonguen indefinidamente, justifica el necesario acaecimiento de la prescripción de la acción (…)”.
En este punto, es importante resaltar que la seguridad jurídica exige que, transcurrido el término legal para ejercer la acción disciplinaria, elCOMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M. P. ALFONSO CAJIAO CABRERA RAD. No. 760012502000 2023 01612 01
REF. ABOGADO EN APELACIÓN DE SENTENCIA
12
A - 16128
profesional tenga certeza de que no será objeto de nuevas investigaciones por los mismos hechos.
Del asunto en concreto. Habiéndose establecido en el acápite precedente que respecto de la información suministrada por el disciplinado EDWARD URBANO GÓMEZ a la quejosa durante el año 2019 tipificado en el artículo 34 literal c) de la Ley 1123 de 2007 operó el fenómeno jurídico de la prescripción, el estudio que sigue se circunscribirá exclusivamente al comportamiento atribuido a este el 16 de noviembre de 2022, por ser el único respecto del cual la acción disciplinaria permanece vigente. En este sentido, el disciplinado apela la dosificación de la sanción impuesta y sostiene que, al haber efectuado la devolución de las sumas de dinero recibidas de su cliente y ante la ausencia de antecedentes disciplinarios, debió imponérsele la sanción de censura y
impuesta y sostiene que, al haber efectuado la devolución de las sumas de dinero recibidas de su cliente y ante la ausencia de antecedentes disciplinarios, debió imponérsele la sanción de censura y no la suspensión por el término de dos (2) meses. Al respecto, es importante iniciar señala
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.