CNDJ - 85001250200020240009401
Detalles
- Título
- CNDJ - 85001250200020240009401
- Autor
- Comisión Nacional de Disciplina Judicial
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Magistrada Ponente: Dra. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS
Radicación No. 85001250200020240009401 Aprobado según Acta N. 27 de la fecha.
ASUNTO
Procede la Comisión a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de septiembre de 2025 , proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare1, en la que resolvió SANCIONAR a la abogada ADRIANA MILENA MEDINA CHAURA, con SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión, al incurrir en la falta culposa contemplada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem.
SITUACIÓN FÁCTICA
La presente actuación disciplinaria tuvo origen en la compulsa de copias2 ordenada por el Juez Tercero Penal del Circuito de Yopal, Casanare contra la abogada Medina Chaura, por la inasistencia a la audiencia de juicio oral programada para el 4 de abril de 2024 en el proceso penal No 85001610547320188030400, seguido contra Leonel
1Sala dual conformada por los magistrados María Nidian Larrotta Rodríguez (Ponente) y Oscar Fernnado Mesa Granados.
2Archivo virtual 39 contenido en el que se denomina “04_Anexo queja_2024085507252” de la carpeta de primera instancia.A 16115
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Parra Adán por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en el que actuó como defensora pública de este.
ACREDITACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA DISCIPLINABLE Y
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Mediante certificado de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del 6 de noviembre de 2024 3, se constató que la doctora Adriana Milena Medina Chaura, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 53’130.865, y se halla inscrita como abogada, titular de la tarjeta profesional No. 218.546, documento que a la fecha se encontraba vigente. De igual manera , se allegó certificado de antecedentes discip linarios No 20241106-615692 expedido en la misma fecha por el Secretario de la Com isión Nacional de Disciplina Judicial4, en el que consta que la abogada no registraba sanciones.
RECUENTO PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
1.- Etapa de investigación y calificación.
El asunto fue asignado por reparto del 4 de abril de 2024 5, a la Magistrada María Nidia Larrota Rodríguez de la Comisión Seccional de
1.- Etapa de investigación y calificación.
El asunto fue asignado por reparto del 4 de abril de 2024 5, a la Magistrada María Nidia Larrota Rodríguez de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, quien luego de verificar la calidad de disciplinable de la implicada, emitió auto el 13 de diciembre de 2024 6, en el que dispuso la apertura de proceso disciplinario y fijó fecha de
3Folio 1 del archivo virtual 07 ibidem. 4Folio 2 ibidem. 5Archivo virtual 03 ibidem. 6Archivo virtual 09 ibidem.A 16115
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audiencia de pruebas y calificación provisional para el 4 de marzo de 2025 a las 2:30 p.m., data en la que se celebró.
2.- Audiencia de pruebas y calificación provisional.
La referida diligencia se realizó en sesiones del 4 de marzo7, 3 de julio8 y 9 de septiembre de 20259.
- Sesión del 4 de marzo de 2025.
Compareció el doctor Gonzalo Ramos Rojas en calidad de defensor de confianza de la disciplinad a, a quien la Magistrada le reconoció personería para actuar conforme al poder que le fue otorgado10.
Intervino el defensor de confianza de la inculpada y solicitó la terminación anticipada del procedimiento en favor de esta . Luego de
personería para actuar conforme al poder que le fue otorgado10.
Intervino el defensor de confianza de la inculpada y solicitó la terminación anticipada del procedimiento en favor de esta . Luego de hacer el recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal No 85001610547320188030400, señaló que la encartada solo actuó como defensora del procesado del 31 de julio de 2023 al 22 de mayo de 2024, es decir, que ingresó al proceso cinco años después de que había iniciado y a un año de que prescribiera la acción penal , por lo que no podía imputarse la configuración de ese fenómeno jurídico. Adujo que para imput ar el resultado al tipo objetivo no era suficiente que la implicada produjera un riesgo que pudiera ser parte de la cadena causalidad que condujo al resultado, pues se requería además
7Archivo virtual 014 y 015 ibidem. 8Archivo virtual 022 y 061 ibidem. 9Archivo virtual 044 y 045 ibidem. 10Archivo virtual 013 ibidem.A 16115
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que ese riesgo no permitido fuera el que se materializara y no otro, como en este caso que otros defensores solicitaron aplazamientos.
Sostuvo que la conducta de la disciplinada no e ra antijurídica, porque la solicitud de aplazamiento que presentó ante el juzgado estaba justificada debido al compromiso contractual que esta t enía con la
Sostuvo que la conducta de la disciplinada no e ra antijurídica, porque la solicitud de aplazamiento que presentó ante el juzgado estaba justificada debido al compromiso contractual que esta t enía con la Defensoría del Pueblo y reanudada la audiencia se adelantarían los alegatos conclusivos y el proceso terminaba, es decir, al juzgado le quedaban 3 meses y 14 días para fijar audiencia sin que hubiera acaecido la prescripción de la acción disciplinaria.
- Sesión del 3 de julio de 2025.
Asistió el defensor de confianza de la disciplinada, la Magistrada reiteró pruebas y suspendió la audiencia.
- Sesión del 9 de septiembre de 2025.
Con la presencia del defensor de confianza de la encartada , Magistrado realizó la calificación jurídica prov isional y formuló cargos contra la doctora Medina Chaura, de la siguiente manera:
Cargo único.A 16115
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Imputación fáctica: Las pruebas que obran en el expediente dieron cuenta de que la encartada dejó de hacer 11 las diligencias propias de la actuación profesional, porque intervino desde el 31 de julio de 2023 al 22 de mayo de 2024, en calidad de defensora pública del procesado Leonel Parra Adán, al interior de l proceso penal No
la actuación profesional, porque intervino desde el 31 de julio de 2023 al 22 de mayo de 2024, en calidad de defensora pública del procesado Leonel Parra Adán, al interior de l proceso penal No 85001610547320180030400 que se adela ntó en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal contra este por el delito de fabricación, tráfico, por te o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; de tal suerte que recaía sobre esta la obligación de asistir a la audiencia de juicio oral programada para 4 de abril de 2024 ; sin embargo, no compareció , sino que horas antes allegó solicitud de aplazamiento, la cual no fue aceptada.
Imputación jurídica: Presunta infracción del deber contenido en el numeral 10º del artículo 28 y comisión de la falta disciplinaria tipificada en el numeral 1º del artículo 3 7 de la Ley 1123 de 2007, atribuida a título de culpa.
3.- Etapa de juzgamiento.
11 En relación con la determinación de los verbos rectores de la norma referida, se deb e reiterar que, conforme lo ha sostenido esta Comisión en decis iones semejantes, “se debe valorarse la riqueza con que se describe la conducta en la formulación de cargos, y verificar si con ella se permite al disciplinable recrear la conducta objeto de r eproche para estructurar su estrategia defensiva. Por lo anteri or, la exigencia de diferenciar los verbos rectores no puede constituir un camino hacia la impunidad, máxime cuando en sus acepciones unos aparecen como sinónimos de otros”.
estructurar su estrategia defensiva. Por lo anteri or, la exigencia de diferenciar los verbos rectores no puede constituir un camino hacia la impunidad, máxime cuando en sus acepciones unos aparecen como sinónimos de otros”. Sentencia aproba da en Sala No. 25 del 17 de abril de 2024. Magistrado Ponente: Alfonso Cajiao Cabrera. Radicado: 11001-25-02-000-2021-01572-01; sentencia probada en Sala No. 29 del 8 de ma yo de 2024. Magistrado Ponente: Juan Carlos Granados Becerra. Expediente: 70001 -11-02-000-2019-00323-01; sentencia aprobada en Sala No. 67 del 14 d e noviembre de 2024. Magistrada Ponente: Magda Victoria Acosta Walteros. Expediente: 63001 -25-02-000-2021-00198-01; providencia aprobada en Sala No. 73 del 4 de diciembre de 2024. Magistrada Po nente: Magda Victoria Acosta Walteros.
Expediente: 41001-25-02-000-2022-00192-01; providencia aprobada en Sala No. 08 del 19 de febrero de 2025. Magistrada Ponente: Magda Victoria Acosta Walteros. Expediente: 11001-25-02-000-2022-0465-01.A 16115
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La referida audiencia tuvo lugar sesión del 19 de septiembre de
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La referida audiencia tuvo lugar sesión del 19 de septiembre de 202512, en la que el defensor de confianza de la disciplinada rindió alegatos de conclusión.
DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
Mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2025, proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare 13, en la que resolvió SANCIONAR a la abogada ADRIANA MILENA MEDINA CHAURA, con SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión, al incurrir en la falta culposa contemplada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 ibidem.
Señaló el a quo que las pruebas allegadas a este proceso disciplinario dieron cuenta de que la doctora Medina Chaura intervino desde el 31 de julio de 2023 al 22 de mayo de 2024 , en calidad de defensora pública del procesado Leonel Parra Adán, al interior del proceso penal No 85001610547320180030400 que se adela ntó contra este en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; de tal suerte , que recaía sobre esta la obligación de asistir a la audiencia de ju icio oral programada para 4 de abril de 2024; sin embargo, no compareció, sino que horas antes allegó
partes o municiones; de tal suerte , que recaía sobre esta la obligación de asistir a la audiencia de ju icio oral programada para 4 de abril de 2024; sin embargo, no compareció, sino que horas antes allegó solicitud de aplazamiento, la cual no fue aceptada.
12Archivo virtual 052 y 053 ibidem. 13Archivo virtual 055 ibidem.A 16115
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Refirió que el juzgado no dio trámite positivo a la solicitud de aplazamiento y notificó por medio d e correo e lectrónico a la investigada que no era posible acceder porque la acción penal se encontraba próxima a prescribir , y si bien se allegó certificación expedida por el Defensor del Pueblo, Regional de Casanare, la encartada se encontraba obligada a comparecer a la audiencia de juicio oral programada para el 4 de abril de 2024.
Bajo ese entendido, consideró que la inculpada incurrió en la falta de diligencia profesional descrita en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, al desconocer el deber de l numeral 10° del artículo 28, porque dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional sin justificación.
Frente a la culpabilidad, señaló que la conducta se imputó a título de culpa, en virtud de la naturaleza de la misma y como quiera que la
28, porque dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional sin justificación.
Frente a la culpabilidad, señaló que la conducta se imputó a título de culpa, en virtud de la naturaleza de la misma y como quiera que la disciplinable no actuó con la diligencia que debe imprimir a los asuntos todo profesional que se encontraba en re presentación los intereses de del procesado, especialmente en aquellos en los que debido a su ausencia se impedía el desarrollo del trámite judicial.
Respecto de la dosificación de la sanción, la Seccional de instancia consideró que , en atención a los principios de necesidad, proporcionalidad y r azonabilidad, y a los criterios generales de trascendencia social de la conducta , porque se desdibujó la profesión y se puso en tela de juicio el recto proceder de los profesionales del derecho; la modalidad de la conducta , pues la inculpada no justificó su inasistencia a la audiencia programada por elA 16115
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Juzgado Tercero Penal del Circui to de Yopal, en el proceso seguido contra del señor Leonel Parra Adán, es decir, de manera culposa dejó de actuar como cualquier profesional del derecho en condiciones normales lo haría, con lo que contrarió los deberes y principios establecidos en el esta tuto deontológico del abogado; el perjuicio
de actuar como cualquier profesional del derecho en condiciones normales lo haría, con lo que contrarió los deberes y principios establecidos en el esta tuto deontológico del abogado; el perjuicio causado, pues “ con la omisión del disciplinable ocasionó una detención a los deber de respeto con la administración de justicia y con el cumplimiento de las normas que rigen los procesos ” (sic); así como la inexi stencia de antecedentes disciplinarios, la sanción a imponer a la abogada era la de SUSPENSIÓN de DOS (2) MESES en el ejercicio de la profesión.
LA APELACIÓN
En la alzada 14, el defensor de confianza de la disciplinada solicitó se revoque la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:
- Error de subsunción jurídica e indebida aplicación del juicio de imputación objetiva.
Señaló el apelante que en la sentencia de primera instancia el a quo indicó que la falta se configur ó “a título de culpa” y que la conducta reprochada consistió en no asistir a una audiencia de juicio oral , lo cual supuestamente “creó un riesgo jurídicamente desaprobado” que se materializó en la prescripción de la acción penal ; sin embargo,
14Archivo virtual 057 y el que se encuentra en la carpeta denominada “Anexos_057_58 APELACION DISCIPLINABLE.pdf” ibidem.A 16115
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confundió la imputación objetiva con mera causalidad fáctica, por lo que incurrió en una falacia de la falsa causa , en tanto asumió que, porque la prescripción ocurrió después de la inasistenc ia, ésta fue su causa determinante, dicho en otros términos , esta falacia se cometía cuando al asumir que, solo porque un evento ocurrió después de otro, el primero causó el segundo, es decir, la relación causal se asumió sin evidencia sólida.
Refirió que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia “ para atri buir responsabilidad en una conducta culposa no basta la causalidad natural; se requiere la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que dicho riesgo se haya realizado en el resultado típico” , y en el sub lite el riesgo supuestamente creado (aplazamiento injustificado) no era jurídicamente desaprobado porque la ley lo autorizaba y el resultado (prescripción) no fue producto de esa omisión sino del cúmulo de dilaciones del despacho judicial y de la aparición de la intervención de los abogado Luis Ricardo Mesa Palomo y Carlos Torres, es decir, que se cometió una falacia non sequitur, de la premisa inicial no se sigue la conclusión, por lo tanto, y no podía predicarse imputación objetiva ni culpa disciplinaria.
y Carlos Torres, es decir, que se cometió una falacia non sequitur, de la premisa inicial no se sigue la conclusión, por lo tanto, y no podía predicarse imputación objetiva ni culpa disciplinaria.
- Vulneración del principio de culpab ilidad (artículos 5 y 21 de la Ley 1123 de 2007).
Afirmó que el fallo de primera i nstancia desconoció que el derecho disciplinario proscribía la responsabilidad objetiva, y aunque reconoció que la conducta fue culposa, en realidad no identificó una previsibilidad exigible ex ante. Sostuvo que la disciplinada actuó bajoA 16115
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la creencia legít ima de que su compromiso con la Defensoría del Pueblo — aunque posteriormente se acreditara que no era obligatorio— representaba una razón profesional de cumplimiento contractual, lo cual excluía toda forma de culpa grave o dolo eventual.
Añadió que aplicar una sanción con base en la simple consecuencia (prescripción) sin demostrar previsibilidad ni voluntariedad equivalía a una forma de responsabilidad objetiva proscrita por la ley y la jurisprudencia constitucional.
- Ausencia de antijuridicidad material.
Señaló que en l a decisión impugnada se afirmó que no se requ ería daño ni resultado para configurar antijuridicidad disciplinaria ; sin
jurisprudencia constitucional.
- Ausencia de antijuridicidad material.
Señaló que en l a decisión impugnada se afirmó que no se requ ería daño ni resultado para configurar antijuridicidad disciplinaria ; sin embargo, se confundió desvalor de acción con desvalor de resultado , pues si bien la antijuridic idad disciplinaria no ex igía lesión material, sí requería que la conducta careciera de justificación suficiente, y en este caso, la abogada presentó solicitud formal de aplazamiento, con comunicación oportuna y motivo verificable, lo cual constitu ía una causa de justificación , de conformidad con el numeral 2° del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 , referente al cumplimiento de un deber contractual de mayor relevancia, lo que omitió valorar el a quo y por el contrario trasladó el peso probatorio a la discipl inada, en pleno desconocimiento del principio in dubio pro disciplinable.
- Desconocimiento del principio de proporcionalidad y trascendencia del deber ético.A 16115
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Refirió que el juicio de re sponsabilidad debía considerar la relevancia de la falta en el contexto del caso y la afectación real al interés jurídico protegido; no obstante, la sanción se impuso por una única inasistencia, sin antecedente ni perjuicio direc to demostrable en un
de la falta en el contexto del caso y la afectación real al interés jurídico protegido; no obstante, la sanción se impuso por una única inasistencia, sin antecedente ni perjuicio direc to demostrable en un proceso penal ya prescrito por causas ajenas. Ello vulneró el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 13 del CDA, pues se castigó con igual severidad un acto aislado y que desde la perspectiva de la imputación objetiva, el presunto riesgo jur ídicamente desaprobado no se realizó, no se concretó en el resultado que fue la prescripción de la acción penal
- Defecto en la valoración probatoria.
Adujo que se desconoció: i) el certificado de la Defensoría del Pueblo que acreditaba la naturaleza instit ucional del evento de defensores públicos; ii) el informe del nuevo defensor y del Juzgado Tercero Penal, que demostraron que la prescripc ión dependió del retardo previo de más de cinco años y iii) la actuación activa y oportuna de la disciplinada en las a udiencias preparatorias y de juicio , lo que apreciado integralmente bajo las reglas de la sana crítica desvirtuaban la existencia de culpa grave o negligencia.
TRÁMITE DEL RECURSO
La sentencia fue notificada el 2 de octubre de 202515, y el disciplinado presentó el recurso el 7 del mi smo año 16, por lo que , al estar en
15Archivo virtual 056 ibidem. 16Archivo virtual 057 y el que se encuentra en la carpeta denominada “Anexos_057_58 APELACION DISCIPLINABLE.pdf” ibidem.A 16115
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16Archivo virtual 057 y el que se encuentra en la carpeta denominada “Anexos_057_58 APELACION DISCIPLINABLE.pdf” ibidem.A 16115
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término, el Magistrado sustanciador de primera instancia lo concedió el 29 de octubre de 202517, y ordenó el envío a esta Comisión.
RECUENTO PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
1. Mediante acta indi vidual de reparto de data 11 de diciembre de 202518, le correspondió el conocimiento del asunto a quien hoy funge como ponente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
1.- De la competencia. Es competente la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para conocer del presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 257 A de la Constitución Política, que señala que esta Corporación será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Igualmente, es competente en virtud de lo dispuesto en el parágraf o transitorio de la misma disposición que señala que: “(…) una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ”. Lo anterior, en armonía con lo
posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ”. Lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 112 numeral 4 ° de la Ley 270 de 1996 modificado por el canon 56 de la Ley 2430 de 2024, y lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
17Archivo virtual 060 ibidem. 18Archivo virtual 001 de la carpeta de segunda instancia.A 16115
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2.- Procedencia del recurso de apelación y legitimación de los intervinientes para recurrir. El medio vertical es procedente contra la sentencia de primera instancia emitida en los procesos disciplinarios adelantados contra los profesionales del derecho, de acuerdo con lo reglamentado en el inciso 1º del artículo 81 de la Ley 1123 de 2007:
“ARTÍCULO 81. RECURSO DE APELACIÓN. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad dec retada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”. (Negrilla fuera del texto original).
Igualmente, en su calidad de interviniente, el defensor de confianza de
momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”. (Negrilla fuera del texto original).
Igualmente, en su calidad de interviniente, el defensor de confianza de la disciplinada está facultado para interponer lo s recursos que sean procedentes contra la decisión adoptada en cada caso, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 66 de la Ley 1123 del 2007:
“ARTÍCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para:
(…)
2. Interponer los recursos de ley.”
Ya que se logra verificar que la sentencia fue notificada el 2 de octubre de 2025 y el recurso presentado el 7 del mismo mes y año, se entiende presentado dentro del término, en atenc ión a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 81 de la Ley 1123 del 2007.
3Del caso concreto. Procederá esta Comisión a revisar los argumentos expuestos por el defensor de confianza de la discipl inada para determinar si estos revisten la contun dencia suficiente queA 16115
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obliguen a revocar la decisión de primer grado , o si, por el contrario, no prestan mérito para desvirtuar la misma; no obstante, es válido recordar que el operador judicial en segunda i nstancia solo está
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obliguen a revocar la decisión de primer grado , o si, por el contrario, no prestan mérito para desvirtuar la misma; no obstante, es válido recordar que el operador judicial en segunda i nstancia solo está habilitado para analizar las i nconformidades planteadas en el recurso de apelación.
Al fin y al cabo, “si la pretensión del apelante fija, en principio, el ámbito de competencia material del superior es preciso que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la [providencia] de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”19.
A continuación, se procederán a desatar los argumentos que sustentaron el recurso de apelación, que fueron ordenados de la siguiente manera para mejor comprensión:
- Del error de subsunción jurídica e indebida aplicación del juicio de imputación objetiva y defecto en la valoración probatoria.
Señaló el apelante que confundió la imputación objetiva con mera causalidad fáctica, por lo que incurrió en una falacia de la falsa causa, en tanto asumió que, porque la prescripción ocurrió después de la inasistencia, ésta fue su causa determinante; sin embargo, ese fenómeno jurídico ocurrió por el cúmulo de dilaciones del despacho judicial y de la intervención de los abogado Luis Ricardo Mesa Palomo
19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C -968 del 21 de octubre de 2003. Magistrad a
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente; D-4607.A 16115
19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de constitucionalidad C -968 del 21 de octubre de 2003. Magistrad a
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente; D-4607.A 16115
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y Carlos Torres, por lo tanto, no podía predicarse imputación objetiva ni culpa disciplinaria.
Al respecto, es necesario referirnos a las pruebas que obran en el expediente, y que acredit aron que en el proceso penal No 8500161054732018803040020, adelantado en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, Casanar e, contra Leonel Parra Adán por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, la disciplinada asumió la representa ción del procesado el 31 de jul io de 2023 por sustitución que le hizo el defensor público Carlos Alberto González Camargo, en esa fecha asistió a la audiencia preparatoria y se fijó el 4 de diciembre de 2023 para celebrar audiencia de juicio oral.
En la fecha programada la inculpada p uso de presente que el procesado tenía la intención de llegar a un preacuerdo o negociación con la Fiscalía y solicitó la reprogramación de la diligencia ; en consecuencia, el juez accedió y dejó la siguiente constancia:
“El día de hoy la defensa nuevamen te expresa la intensión del procesado de
con la Fiscalía y solicitó la reprogramación de la diligencia ; en consecuencia, el juez accedió y dejó la siguiente constancia:
“El día de hoy la defensa nuevamen te expresa la intensión del procesado de someterse a una figura de terminación anticipada del trámite, el señor Juez accede a la reprogramación de esta vista pública, deja claro que en la siguiente fecha debe venir preparada la defensa para la sustentación de ese preacuerdo o de otra parte venir preparada para el juicio oral, porque el proceso se encuentra en riesgo de prescripción”.
La audiencia se instaló el 1 de marzo de 2024, únicamente presentó teoría del caso la Fiscalí a, y la encartada solicitó que se fijara nueva fecha para ubicar al procesado y a los testigos , por lo que el juez señaló:
20Archivo virtual denominado “Anexos_017_17 RTA J03 P CTO YOPAL.pdf” de la carpeta de primera instancia.A 16115
República de Colombia Rama Judicial
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
M.P. DRA. MAGDA VICTORIA ACOSTA WALTEROS
Radicación No. 85001250200020240009401
Referencia: ABOGADOS EN APELACIÓN
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“con el ánimo de garantizar el derecho a la defensa y contradicción al derecho de defensa, el señor Juez accede a la solicitud prese ntada, pero aclara que este proceso prescribe en julio de 2024, la defensa debe ubicar a sus testigos,
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